Poco antes de la una de la madrugada del 17 de julio, un avión de las fuerzas armadas aterrizó en el hangar de la Fiscalía General de la República, en la capital mexicana. Después de 14 horas de vuelo, de su interior descendieron agentes custodiando al que será quizá el detenido más relevante del sexenio: el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir sobornos, lavado de dinero y asociación delictuosa, cargos por lo que fue detenido cinco meses antes en España donde se encontraba prófugo.
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En diciembre de 2012, Lozoya se convirtió en el director de Pemex durante la administración de Peña Nieto. Sin experiencia en la paraestatal o en el sector petrolero, tomó el volante de la empresa más grande del país y una de las diez petroleras más grandes del mundo. Según declaraciones filtradas, él asegura que Pemex fue usado como el instrumento perfecto para llevar a cabo los planes de los partidos PRI y PAN, como oposición y gobierno en distintos momentos, para implementar un paquete de reformas estructurales en distintos sectores de la economía que incluían al energético y, más importante aún, para fungir como brazo operador del gobierno federal.
Al arranque de la gestión de Lozoya, Pemex tenía una deuda de poco más de 2.2 billones de pesos, que en cuatro años aumentó 60% para ubicarse en una deuda de 3.6 billones. Hoy, el pasivo total de esta empresa es de más de 3.8 billones (equivalente a más de 15% del PIB corriente de 2019. Pemex acumula pérdidas al cierre de sus operaciones año con año. Hace mucho tiempo que Pemex está técnicamente quebrada en los libros contables, pero sigue produciendo y vendiendo, con lo que sale a flote.
“El diseño institucional de Pemex está hecho desde el día uno para servir al gobierno en turno y este gobierno no ha hecho ningún cambio ni les interesa hacerlo. Si tienes control de la empresa más grande de México y su destino depende de la voluntad del presidente y el gobierno en turno, tienes entonces un Pemex absolutamente imposibilitado a ser una empresa rentable”, explica la hoy consultora en temas de energía y anterior directora en el área de combustibles de la Secretaría de Energía, Rosanety Barrios, sintetizando así el acuerdo al que llegaron todos los expertos, analistas y trabajadores de Pemex consultados para esta investigación.
Este uso “instrumental” no se lleva a cabo sólo en términos financieros (es decir, utilizando su capital para compensar los ingresos del gobierno cuando es necesario, como una especie de ajuste de las finanzas nacionales), sino que también ha permitido elaborar redes de lavado de dinero, corrupción y sostén de campañas políticas. Y a la vez, permitido que aumente o se reduzca su producción, para que el país se adapte a negociaciones, pactos y condiciones internacionales.
El tamaño de Pemex, con un aproximado de 111,500 empleados, que son 7% de la administración federal, permite la operación de un sindicato capaz de movilizar a cientos de miles de empleados en favor de algún interés político a cambio de prebendas que incluso restan productividad a la operación. Basta observar la productividad en ingresos comparables por empleado, que en Pemex es 5.5 veces menor que en petroleras como BP, 4.3 veces menor que Chevron, 2.5 veces más baja que la francesa Total, e incluso 2.3 veces menor que en la estatal brasileña Petrobras.
El origen de Pemex
La historia de Pemex es la historia de la industria petrolera en México. Luego de los descubrimientos de los primeros yacimientos a partir de 1859 en el sur de Estados Unidos, productores de California inspeccionaron Tampico y San Luis Potosí, donde la población denunciaba emanaciones de líquidos junto al paso del tren, las llamadas “chapopoteras”. En el histórico campo Ébano —que todavía produce al día de hoy— se formó la Mexican Petroleum Company of California en 1900, la primera petrolera que se asentó en México, antes de la creación de una petrolera nacional.
A partir de 1901, Porfirio Díaz expidió la Ley del Petróleo para impulsar las inversiones en estas actividades, otorgando facilidades para el arrendamiento de terrenos federales durante periodos de más de 20 años a exploradores dispuestos a aventurarse. De manera natural, comenzaron las actividades de refinación y la instalación de plantas para el tratamiento del petróleo y su comercio, como una forma de integración vertical del negocio como se ha llevado a cabo en la industria petrolera de todo el mundo.
Al iniciar la Revolución Mexicana, y con una producción de unos 12,000 barriles diarios, fue necesario establecer una participación cada vez más alta como regalías de la venta de petróleo para el gobierno por parte de quienes extraían en México. Con al menos 20 empresas internacionales operando en el país y una capacidad de refinación de 20,000 barriles diarios en Tamaulipas concluyó la Revolución, mediante la promesa de una reconstrucción institucional, la Constitución Política de 1917, cuyo Artículo 27 restituyó a la nación la propiedad absoluta sobre todas las riquezas del subsuelo.
En 1934 llegó al poder el candidato del partido de la restauración, el PNR, Lázaro Cárdenas, quien decretó la creación de Petróleos de México, encargada de fomentar la inversión nacional en la industria petrolera. Petromex, como se llamó, recibió una pequeña planta de refinación primaria para 1,500 barriles diarios de crudo en Tamaulipas, para iniciar su competencia frente a las empresas extranjeras en el territorio. Para entonces, sería inimaginable la capacidad de 1.6 millones de barriles que Pemex tiene hoy.
En el histórico campo Ébano —que todavía produce al día de hoy— se formó la Mexican Petroleum Company of California en 1900, la primera petrolera que se asentó en México, antes de la creación de una petrolera nacional. Colección Estelle Doheny / Archivo de la arquidiócesis de Los Ángeles.
Un año después se crearía el Sindicato de Trabajadores Petroleros en México, con empleados de todas las empresas y, desde luego, de Petromex.
Como el acuerdo nacional de reconstrucción conseguía cada vez más soporte en los gremios de trabajadores, estalló una huelga de empleados que exigían indemnización en caso de accidentes y jornadas de máximo 40 horas a la semana a las 17 grandes empresas extranjeras que, junto con sus filiales, abarcaban la industria nacional. Entre éstas destacaban nombres como Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, propiedad de Royal Dutch Shell, California Stantdard Oil Company, hoy Chevron, y Sinclair Oil, dueña del conglomerado gasolinero del norte del país vecino. El paro provocó desabasto de gasolinas durante 12 días, por lo que intervino el presidente Cárdenas, que logró suspender la huelga y llevar el caso a la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Y la que sigue es una de las historias más contadas: la Junta se pronunció a favor de los trabajadores, y las compañías se ampararon ante la Suprema Corte, que a su vez emitió su sentencia respaldando también a los trabajadores. De todas formas, las extranjeras se negaron a cumplir el mandato judicial. En consecuencia, el 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas decretó la expropiación del petróleo a favor de la nación. Para explotar y administrar los hidrocarburos, creó Petróleos Mexicanos el 7 de junio y las decisiones directivas quedaron en manos del Sindicato, por lo menos en el comienzo.
“Pemex no nace como decisión racional de negocios, sino como un golpe de autoridad del general Cárdenas que se llama expropiación petrolera contra las empresas que estaban en desacato”, reflexiona el fundador de la consultora especializada en energía GMEC, Gonzalo Monroy. “Ni siquiera fue la Corte que determinó la salida de las extranjeras, fue el Ejecutivo, de manera unilateral. No hubo negociación, sólo se tomaron todas las actividades de la industria y la indemnización demoró. La fuente de la corrupción va directamente a la génesis”. Así nació Pemex.
El 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas decretó la expropiación del petróleo a favor de la nación. Para explotar y administrar los hidrocarburos, creó Petróleos Mexicanos el 7 de junio y las decisiones directivas quedaron en manos del Sindicato, por lo menos en el comienzo.
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Gustavo Hernández García, quien trabajó en la industria petrolera hasta alcanzar el cargo de director general de Pemex Exploración y Producción, que es la subsidiaria más grande de la empresa, relata que a finales de los cuarenta, las compañías petroleras expropiadas se llevaron casi todo, “no se pudieron llevar los pozos, instalaciones, ductos y edificios, pero se llevaron todos los archivos y los técnicos mexicanos tuvieron que hacerse cargo”.
En 1940, cuando Pemex operaba seis refinerías heredas pero desmanteladas por sus dueños (que recibieron indemnizaciones diferidas a lo largo de dos décadas) se reformó la Constitución, y en el párrafo sexto del Artículo 27, se asentó legalmente que ninguna empresa distinta a la que explotaba los recursos petroleros (que era Pemex) podría participar en la industria. Faltaba determinar cómo operaría.
Dos años después, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 estableció que para la explotación de los hidrocarburos “podrán celebrarse contratos con particulares o sociedades para que lleven a cabo los trabajos respectivos, a cambio de compensaciones en efectivo o de un porcentaje de los productos que se obtengan”. Esto significó la posibilidad de contratar servicios, pero con distintas limitantes de legislación y frenos al capital extranjero.
En el afán de planear para el futuro, el gobierno de Ruiz Cortines volvió a echar mano al reglamento, estableciendo que sólo el Estado podría llevar a cabo las explotaciones de los hidrocarburos, instaurando un monopolio que incluyó a las gasolinas, gas y hasta la elaboración, almacenamiento y transporte de los derivados.
Así, el funcionamiento de Pemex como monopolio nacional, se ha regido desde su formación por su propia Ley que dicta que su director general será colocado y removido por el Presidente de México, y sus relaciones laborales son definidas por el sindicato de trabajadores. Aunque el petróleo es de la nación, la empresa estatal es la única que lo administra y puede contratar según sus propias disposiciones, que son distintas a las del resto de los organismos de la administración pública.
Empleado de PEMEX llena el tanque de un taxi en la Ciudad de México. Al frente un cartel anunciando la campaña de Francisco Labastida. 30 de junio de 2000 / Reuters.
Incluso en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, tuvo que incluirse el Anexo 602 que reservaba a México todas las actividades del sector energético en materia petrolera. Esto consolidó a Pemex como el único posibilitado para manejar los recursos de hidrocarburos, mientras empresas canadienses y estadounidenses repartieron sus inversiones entre ambos países. De haberse logrado un acuerdo en este sentido, el TLC habría gozado de mayor jerarquía que la Ley de Pemex, con lo que ésta hubiera tenido que competir. Pero el gobierno no pudo darse el lujo de perder el mando de los recursos del país.
A partir de entonces, y hasta la reforma energética del 2014, hubo cambios legales como una nueva Ley Orgánica que dividió a la empresa en subsidiarias, pero ninguna modificación al mando o a su esquema financiero.
Hoy, aún tras los cambios constitucionales y de todo el esquema legal energético de 2014, a Pemex lo siguen rigiendo su propia Ley y Reglamento, lo que le permite elaborar, actualizar y aplicar sus propias disposiciones administrativas de contratación, lineamientos generales, así como políticas y lineamientos para procuración y abastecimiento. Y por encima de todo esto, está la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que determina cada año los impuestos que la empresa debe pagar, estimando el volumen de petróleo que venderá, con cálculos sobre sus precios y costos (aun antes de conocer sus ingresos) conforme lo requiere la Secretaría de Hacienda en la Ley de Ingresos del paquete presupuestario.
“En todos los cambios legales que hemos visto, que han sido muchísimos, nadie se ha aventado el tiro de presentar una verdadera reforma fiscal en un país donde los impuestos tributarios no superan 16% del PIB frente a 23% del promedio de Latinoamérica. El Estado mexicano no tiene autonomía sobre los poderes económicos y su dependencia de los ingresos petroleros lo han llevado a quitarle más del 100% de sus utilidades a la empresa nacional”, explica Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero profesional de Pemex.
Finalmente, desde 2008, la petrolera tiene un consejo de administración que hoy cuenta con cinco miembros independientes, que también llegan por ordenamiento presidencial (aunque deben contar con aval por mayoría absoluta del Senado), y con un presidente que es el secretario de Energía, o sea, el mayor interesado en dirigir la política energética del gobierno en turno. En este consejo se sientan también los titulares de Economía y Hacienda, para que las decisiones se tomen a favor de lo que el gobierno considere mejor para la nación, no para la empresa. Así se decide en Pemex.
Vista general de la refinería de Pemex en Reynosa, Tamaulipas. Fotografía de Daniel Becerril / Reuters.
El proceso de Lozoya
Emilio Lozoya solicitó por escrito su extradición ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España, así como ser entregado a las autoridades mexicanas con quienes aceptó colaborar. Iniciaron así las diligencias para traerlo de vuelta, lo que detonó que resonaran nuevamente los cuestionamientos de corrupción de la institución que dirigió.
Un funcionario de la administración pasada, que participó en la implementación de la reforma energética de 2014 desde uno de los órganos reguladores de energía —y que pidió anonimato—, relató a Gatopardo que él mismo tuvo que negarse a pagar la cuota que se le solicitó a la entrada de las oficinas de Pemex para sostener una audiencia con el director general, cuando era necesario revisar distintos aspectos del funcionamiento de la empresa. Durante cuatro años corrió el secreto a voces de firmas de empresarios que competían en su gestión para ser potenciales socias de la petrolera. Se hacían rifas para desayunar con él o para ser recibidos en su lujoso despacho del piso 42 de la Torre de Pemex, en la avenida Marina Nacional.
Una vez que Lozoya dejó Pemex, en 2017, el grupo de investigación periodística Quinto Elemento Lab evidenció un depósito de 3.7 millones de dólares por parte de la empresa Altos Hornos de México, propiedad de Carlos Ancira (también preso) a una cuenta offshore, dentro de un paraíso fiscal de un banco no obligado a rendir cuentas en Europa, vinculada a la constructora brasileña Odebrecht. Esto poco después de la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, en Cosoleacaque, Veracruz, que realizó Pemex. Salió a la luz la decisión del director (avalada por un consejo de administración) de comprar esa planta “chatarra” fuera de operaciones desde hacía 15 años, que costó 275 millones de dólares, más otros 443 millones en rehabilitaciones, y que jamás entró en operación.
Emilio Lozoya entonces director ejecutivo de la petrolera mexicana PEMEX. Ciudad de México, 18 de diciembre de 2014. Fotografía Henry Romero / Reuters.
Poco después, Pemex compró Fertinal, otra empresa del mismo giro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que costó 635 millones de dólares. Y además, durante la administración de Lozoya, Pemex otorgó tres contratos de obras que no fueron concluidas, por más de 240 millones de dólares a Odebrecth en las refinerías de Tula y Salamanca. Las tres fueron otorgadas mediante adjudicación directa en amparo de la Ley de Pemex (modificada en la reforma energética) y de las Disposiciones Administrativas en Materia de Adquisición, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de la estatal. Desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), se denunció que no se llevó a cabo un concurso abierto. No hubo un proceso competitivo ni transparente. Pemex contrató y punto.
“En Pemex todo son contratos. Te puedo decir que por lo menos 60% de los trabajos se hacen por contratos. Aunque a veces exista la capacidad de que se hagan entre el personal de la empresa (que en muchos casos está muy bien capacitado) las obras salen por contratos. Así es en todas las áreas y todo el mundo lo sabe”, explica la trabajadora jubilada de la estatal, María Elena González.
La detención de Lozoya aporta un rostro responsable, un funcionario más que pagará por el día a día en la operación de Pemex. Hasta su huida a Málaga, donde fue capturado en febrero de 2020 por la Interpol, el poder de haber dirigido una empresa con 10,000 contrataciones anuales, impedía a Lozoya sentirse frágil. Sorteó la serie de investigaciones sobre su uso del helicóptero de la empresa para vacacionar con la familia en una de las zonas más exclusivas de Ixtapa, Guerrero, donde por 1.9 millones de dólares adquirió una casa con playa privada, presuntamente con dinero aportado por Carlos Ancira, director de AHMSA. Durante su huida, se le incautaron sus cuentas y se dictó prisión domiciliaria a su propia madre, Gilda Austin, de 71 años, que enfrenta en libertad su propio proceso por participar en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Emilio Lozoya es escoltado por policías españoles tras ser detenido. España, 13 de febrero de 2020. Fotografía de Jon Nazca / Reuters.
Ahora detenido, Lozoya se une a la lista de caras que deben rendir cuentas por escándalos de corrupción y adjudicaciones que resultan de sobornos destinados a usos partidarios y políticos. Su juicio se une a la lista de casos de corrupción más emblemáticos en la historia de Pemex:
En 1983, Jorge Díaz Serrano, director en el sexenio de López Portillo, fue desaforado y arrestado por la compra a sobreprecio de dos barcos petroleros. Permaneció cinco años en prisión.
Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana fue detenido luego de amenazar con huelgas del organismo si continuaba el proceso de privatización de la empresa, en 1989, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Fue acusado de homicidio y acopio de armas y pasó ocho años en prisión.
Tiempo después, Rogelio Montemayor, quien ocupó la dirección de la empresa durante el último año del gobierno de Ernesto Zedillo, fue acusado de peculado electoral y uso indebido de atribuciones por desviar fondos de la petrolera para la campaña de Francisco Labastida en el llamado Pemexgate. Pasó dos años en libertad en Estados Unidos durante su proceso de extradición y al llegar a México en 2004 fue exonerado por la PGR.
Ese mismo año Raúl Muñoz Leos, quien dirigió Pemex bajo el gobierno de Vicente Fox, fue acusado de transferir 8,000 millones de pesos al Sindicato y de gastar a cuenta de la empresa la cirugía estética de su esposa, entre otros cargos. A pesar del presunto quebranto de 1,724 millones de pesos, ganó en 2007 el juicio contra la Secretaría de la Función Pública.
“No sólo las decisiones que se toman en Pemex, sino el marco jurídico que las permite, son el reflejo de la debilidad institucional que existe en México, de la fragilidad del estado de derecho y la complejidad para combatir la corrupción del país”, dice Arturo Carranza, analista del sector energético mexicano.
Aparece entonces esta pregunta: ¿Hay entonces una razón estructural para que cada determinado tiempo se repitan escándalos de corrupción en Pemex?
La detención de Lozoya aporta un rostro responsable, un funcionario más que pagará por el día a día en la operación de Pemex. Fotografía de Luis Cortes / Reuters.
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Lozoya cumplió 10 días en el hospital sin ser presentado ante un juez. Entonces se filtraron los nombres de quienes recibieron sobornos en el sexenio pasado, que se han difundido en los medios de todo el país. En la lista aparecen los candidatos a la presidencia José Antonio Meade y Ricardo Anaya; los exdirectores de la petrolera, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina; el líder de la bancada panista en la legislatura anterior, Ernesto Cordero; el presidente de la Comisión de Energía del senado, David Penchyna; Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, y los panistas Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas.
La recepción y entrega de sobornos se hizo por órdenes de “Número 1” y “Número 2”, como Lozoya llamó a Peña Nieto y Videgaray.
La fallecida Fabiola Tapia Vargas, hermana del director de construcciones Tapia, que es una constructora mexicana que se asoció con Odebrecth para los trabajos que le asignó Pemex, entregó los sobornos en billetes de 200, 500 y 1,000 pesos a legisladores en una oficina de Pemex de la calle Montes Urales en Lomas de Chapultepec. Todo ocurrió por órdenes de Número 1 y Número 2.
La permanencia de Meade en el gobierno federal en distintos cargos como secretario de Hacienda y luego de Desarrollo Social durante el cambio de gobierno del PAN al PRI, en 2012, garantizó la continuidad de los financiamientos por parte de la constructora brasileña, que desde el 2010 ya había entregado sobornos para obtener la adjudicación de Etileno XXI, la planta de precursores de plásticos en Nanchital, Veracruz. Ahí, por cierto, el gobierno se reservó el precio fijo por los siguientes 20 años en que Pemex le venderá el gas etano a la empresa Braskem, y gracias a esta condición ganó la licitación e inauguró la planta en 2016. Aunque la opacidad sobre el precio del insumo que estaría vendiendo Pemex fue denunciada en 2010, el presunto nexo de esta construcción con acusaciones de sobornos fue dado a conocer por Lozoya.
Todo eso ha declarado el exdirector, según la filtración. Después tuvo su audiencia inicial frente a un juez vía remota, por la emergencia sanitaria, en dos sesiones del 28 y 29 de julio, donde fue vinculado a proceso; primero considerado posible culpable gracias a las pruebas presentadas que lo acusaron de recibir sobornos de Altos Hornos de México para la compra de Agronitrogenados; y segundo, por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita al triangular estos sobornos entre sus hermanos, su esposa y su mamá en cuentas en el extranjero.
La recepción y entrega de sobornos se hizo por órdenes de “Número 1” y “Número 2”, como Lozoya llamó a Peña Nieto y Videgaray / Reuters.
El juez federal José Artemio Zúñiga Mendoza determinó que podrá seguir su proceso de juicio desde casa, con un brazalete electrónico que le impedirá salir del país. El juicio podrá durar meses, en los que se podrán seguir filtrando nombres. Porque, por ejemplo, según Lozoya, los 10.5 millones de dólares que recibió de Odebrecth se repartieron entre legisladores a quienes había de convencer para que votaran a favor de la reforma a la Constitución que permitió la entrada de operadores petroleros extranjeros en 2014, un planteamiento que grupos priístas y panistas persiguieron desde el sexenio de Salinas de Gortari y finalmente se materializó.
Aunque las obras que se adjudicaron a Odebrecth no fueron terminadas y no fue posible probar que se hayan utilizado para el bien público, no hay sanciones administrativas más allá de este juicio al exdirector. Tampoco hay discusiones sobre los urgentes cambios que habría que hacer al interior de la empresa para que estos procedimientos no se repitan.
Así, solo entre el 2003 y 2015, el organismo supervisor de las cuentas del país, que es la Auditoría Superior de la Federación, reveló que Pemex tuvo costos adicionales de 11,900 millones de dólares en poco más de 100 contratos donde se detectaron irregularidades de todo tipo: cotizaciones de trabajos de mala calidad, arrendamiento de equipos a precios por encima del mercado, refacciones que no fueron entregadas y contrataciones de personal inexistente. Tampoco hay seguimientos al respecto.
“Los nombres, los señalamientos, el circo que se está armando alrededor de la captura de Lozoya es anecdótico. Está colaborando con AMLO, no por el rescate de activo público de gran valor, sino para cobrar una venganza política. Cada determinado tiempo, lo que hoy vemos se repite en Pemex, así funciona. Los tomadores de decisiones han estado sangrando a la empresa por décadas y cada quien va y toma lo que puede”, lamenta la abogada experta en análisis energético, Miriam Grunstein.
La gravedad de lo que sucede se puede resumir en una cifra: sólo en el primer trimestre del 2020, perdió 6,247 millones de pesos por cada día de operación. Sus finanzas están en una situación crítica por el diseño institucional del organismo, por malas decisiones, por su cadena de mando o porque reflejan la realidad de la administración pública mexicana: funciona como instrumento para materializar los intereses del grupo en el poder.
