Tiempo de lectura: 5 minutosLa primera reunión presencial entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y Andrés Manuel López Obrador fue exitosa en términos generales. El canciller Marcelo Ebrard destacó que la relación entre ambos países es cada vez más cercana. Sin embargo, el análisis de fondo revela varios asuntos que pueden causar roces en la relación bilateral.
Tras la reunión que se llevó a cabo entre ambas delegaciones, los distintos comunicados que salieron de la Casa Blanca y la presidencia mexicana muestran los compromisos que cada parte considera prioritarios. La publicación de la Casa Blanca dedica todo un apartado al tema de seguridad. Informa que establecerán un diálogo a nivel gabinete para generar una respuesta conjunta ante la presencia de organizaciones criminales transnacionales. Además, puntualiza que trabajarán juntos para reducir los homicidios y las muertes relacionadas con el trafico de drogas en ambos lados de la frontera. En el último párrafo, titulado “Alianza para resolver casos de desapariciones en México”, se lee que Estados Unidos ayudará a investigar los más de 82 mil casos de personas desaparecidas en el país. Esto jamás se menciona en el comunicado mexicano.
México, por su parte, destaca la reactivación del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), el cual fue creado en mayo de 2013 por los expresidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto para promover el crecimiento económico, la creación de empleo y la competitividad regional y global entre México y Estados Unidos. Resalta también la inversión estadounidense en el Istmo de Tehuantepec, la creación de un grupo operativo especializado en combatir el trafico y la trata de personas, la cooperación en vacunación contra covid-19 y la protección de los derechos laborales. Sin embargo, en materia de seguridad, México menciona que se sostendrá una reunión con Estados Unidos, “con fecha aún por definir”.
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En ninguna de las dos versiones se menciona la ampliación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que López Obrador promovió durante la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático en abril, organizada por Biden, para extender dicho programa con financiamiento estadounidense en el sureste de México y en Centroamérica y, así, sembrar tres millones de árboles y generar 1 millón 200 mil empleos, como un esfuerzo para regular el fenómeno migratorio con medidas no coercitivas. Sin embargo, AMLO firmó una carta de intención con el presidente Giammattei para aplicar estos dos programas en Guatemala.
Aún en los temas de convergencia, Estados Unidos y México adoptan enfoques diferentes. Por ejemplo, con relación al fortalecimiento y la cooperación en materia laboral, México indica que se respaldarán los derechos de los trabajadores en ambos países, mientras que Estados Unidos anuncia una inversión de 130 millones de dólares en los próximos tres años en asistencia técnica para implementar la reforma laboral de 2019 en México y financiar programas que apoyen a los trabajadores y mejoren las condiciones laborales. Es decir, para Estados Unidos el problema no es propio, sino de su vecino: México no ha cumplido con las nuevas disposiciones laborales plasmadas en el Capítulo 23 del TMEC, como la democracia sindical, la libertad de asociación y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva.
En meses recientes, sindicatos estadounidenses han presentado denuncias por presuntas violaciones laborales en contra de empresas que operan en México. En mayo, la central obrera más grande de Estados Unidos presentó la primera denuncia laboral contra la planta de autopartes Tridonex, en Matamoros, por negar a los trabajadores representación sindical independiente, violando el TMEC. A la vez, la representante comercial del gobierno estadounidense, Katherine Tai, sostuvo que recibió información de violaciones laborales graves durante una votación de un contrato sindical en la fábrica de camionetas de General Motors en Silao, Guanajuato. El gobierno de Joe Biden esta comprometido con apoyar al sector obrero del país porque una coalición de sindicatos importantes lo respaldó durante su campaña presidencial y el tema forma parte fundamental de la plataforma política y la base electoral del Partido Demócrata.
Como respuesta, el gobierno de México, por medio de su embajada en Washington, señaló incumplimientos en disposiciones relacionadas con trabajadores agrícolas mexicanos en territorio estadounidense bajo el TMEC. Estas tensiones se reflejan en el texto de los comunicados. En su conferencia de prensa desde el hotel Sofitel, Harris dejó clara la postura de Estados Unidos sobre el tema: el presidente Biden y ella se sienten orgullosos de ser el gobierno que más apoya a los sindicatos en su país. Estados Unidos defenderá a este sector de manera incondicional y la presión se sentirá en México.
Al contestar una pregunta de un periodista, la vicepresidenta dijo que conversó con López Obrador sobre la posibilidad de que México aumente el número de visas laborales para los migrantes que entran por su frontera sur, pero no llegaron a un acuerdo. Indicó que no discutió el Título 42 del Código de Estados Unidos, el cual fue puesto en marcha por el expresidente Donald Trump como una medida migratoria ante la crisis sanitaria de covid-19, y sigue vigente con Biden. Bajo el Título 42, las personas extranjeras que tratan de ingresar a Estados Unidos por vía terrestre son devueltas inmediatamente al país por el cual entraron, casi siempre a México, o a su país de origen. En contraste con la advertencia que lanzó a los migrantes en Guatemala, al decir que serían deportados si trataban de cruzar ilegalmente por la frontera de Estados Unidos, Harris evitó tocar puntos que podrían causar fricción con su contraparte mexicana.
Al respecto, la vicepresidenta Harris llegó a México después de visitar Guatemala. Este fue su primer viaje al exterior y el objetivo fue atender las causas fundamentales que impulsan la migración y refrendar el compromiso del gobierno de Joe Biden con la región. Por eso, en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard firmó con Estados Unidos un memorándum de entendimiento sobre cooperación internacional enfocado en atender la migración en el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Cabe señalar que éste es un acuerdo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la misma institución que AMLO señaló en su nota diplomática a la Embajada de EUA por financiar a organizaciones de la sociedad civil supuestamente opositoras a su gobierno.
La Casa Blanca impulsa la lucha contra la corrupción a nivel global como interés central para su seguridad nacional y, por lo tanto, fortalecerá la capacidad de instituciones nacionales e internacionales, al igual que a la sociedad civil y a los medios de comunicación que se dedican a investigar el tema. La vicepresidenta afirmó que lo que ocurre en el exterior le importa a Estados Unidos y subrayó la lucha entre la democracia y la autocracia en el mundo. Con un presidente mexicano en contra de organizaciones que lo critican y que muestra ciertas tendencias autocráticas –como el debilitamiento de contrapesos y la concentración del poder en una persona–, la estrategia de su vecino del norte podría resultar incómoda.
Finalmente, uno de los grandes retos que tiene el presidente Biden y, por ende, la vicepresidenta, es encontrar un balance entre cumplir su promesa electoral de implementar una política migratoria más digna y humana, por un lado, y arreglar el grave desorden que existe en la frontera, por el otro. Aunque Biden revirtió la mayoría de las políticas de su antecesor, la crisis migratoria se ha convertido en una batalla política en contra de los republicanos. Si no la soluciona rápido, podría poner en riesgo la mayoría demócrata en el Congreso en las elecciones intermedias de 2022. Por ello, los compromisos adquiridos por Guatemala y México serán fundamentales para el futuro éxito del mandatario estadounidense.
