Tiempo de lectura: 4 minutosLa avidez del gasto público ha sido históricamente el motor de las reformas fiscales. La debilidad estructural de las finanzas públicas, agravada ahora por la caída abrupta de la recaudación federal, revive el debate sobre el aumento de impuestos y la cruzada contra los contribuyentes ricos de México.
En 2020, diversas causas agudizaron los apremios hacendarios: la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, las insondables pérdidas operativas de Pemex y CFE, los interminables intereses de la deuda pública, la electrizante evasión fiscal y la bomba latente de las pensiones. Las empresas fantasma y el outsourcing perturban al erario. La austeridad del gobierno federal y la fiscalización sobre grandes contribuyentes —FEMSA, Toyota y Walmart, a la cabeza— son insuficientes para contener el tsunami que arrasa las finanzas públicas. Con un decremento de 50 mil millones de pesos respecto a mayo de 2019, los ingresos petroleros no dan más de sí. Además, el último informe de la Secretaría de Hacienda reporta una caída de los ingresos tributarios por 31 mil millones de pesos, destacando el IVA con un saldo negativo de 30.5 mil millones.
La generación de ingresos adicionales es urgente. La propuesta lógica es aumentar tanto el ISR como el IVA, así como cumplir con el principio constitucional de que quienes más tienen, más paguen. Ambas ideas son irrebatibles. El problema es su implementación de cara a un escenario electoral a corto plazo, sin olvidar la promesa del presidente López Obrador de que en su sexenio los impuestos no se incrementarán.
CONTINUAR LEYENDO
La efectividad de la recaudación depende de diversos factores en México. El crecimiento económico es de gran incidencia: entre más grande es el pastel, mayores son los ingresos tributarios por vía de la renta y el consumo. Es una recaudación sencilla y barata. Pero en contra juegan dos elementos enraizados en el sistema: la informalidad y la evasión fiscal, que no se combaten con reformas legales sino con estrategias y acciones específicas del gobierno federal.
Para quienes operan en la informalidad, la peor decisión es darse de alta en el SAT, contar con registro federal de contribuyentes, llevar contabilidad, operar transferencias bancarias, emitir facturas (CFDI), declarar ingresos, pagar impuestos e inscribir a sus trabajadores en el IMSS e Infonavit. Las desventajas son mayores que los beneficios materiales. En automático, los informales incorporados a la formalidad se excluyen de sus cadenas de producción y suministro, al construirse barreras entre unos y otros. Cualquier beneficio fiscal (potencial) les resulta draconiano. Por esta razón, la ampliación de la base de contribuyentes sigue siendo una ilusión.
La evasión fiscal enfrenta un problema similar. La efectividad de su combate no depende de reformas legales que incrementen las penas. Es una solución reduccionista que suele enmascarar la inoperancia —incluso la corrupción— del sistema de procuración e impartición de justicia. Por ejemplo, las penas de prisión para el secuestro, el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas son muy severas; no obstante, los índices delictivos no menguan.
La reforma penal-fiscal que entró en vigor en enero de 2020 calificó la evasión como delincuencia organizada que amenaza a la seguridad nacional, pero corre el riesgo de no dar resultados. Por la naturaleza de los procedimientos legales, que son lentos y onerosos, la persecución de los delitos puede ser frustrante para el SAT y la Procuraduría Fiscal. Los recursos humanos y materiales a su disposición son limitados, y una parte importante del fraude tributario escapa de su rango de fiscalización.
Una propuesta reiterada por el parlamentarismo social, con amplio respaldo en México, es que los contribuyentes ricos paguen más impuestos. La idea es subir entre cinco y diez puntos porcentuales a la tarifa del 35% del ISR, gravar los dividendos y establecer el impuesto a las herencias. La justicia constitucional lo fundamenta.
Bill Gates y Warren Buffet, poseedores de grandes fortunas, abogan por eliminar las lagunas legales que permiten pagar menos impuestos, elevar las tasas sobre la propiedad inmobiliaria y aumentar los gravámenes a los dividendos para que se igualen a los rendimientos del trabajo (salarios). Su planteamiento, sin embargo, choca con la resistencia del statu quo mundial.
El movimiento internacional tiende a la creación de un impuesto solidario. Su efectividad en México dependería de mecanismos de fiscalización que combatan planeaciones agresivas y que echan mano de paraísos fiscales. Dichas estrategias no son necesariamente ilegales, como lo demuestra una decisión reciente del Tribunal General de la Unión Europea que anuló un adeudo fiscal de Apple con el gobierno de Irlanda por 13 mil millones de euros. En México, un impuesto solidario tendría que evitar el simplismo de establecer tasas adicionales de ISR. Hace más de 30 años, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las utilidades brutas extraordinarias y de las cargas tributarias adicionales a ciertos contribuyentes. El diseño legal tendría que ser más sofisticado.
La modificación de la tarifa del ISR debe considerar los efectos negativos sobre los trabajadores. En ellos, como contribuyentes cautivos, recae la mitad de la recaudación del impuesto, una disfuncionalidad del sistema. La experiencia del pasado es que, al aumentarse el ISR, la retención sobre la nómina es mayor y, por tanto, los salarios netos disminuyen.
En lo que respecta al IVA, cualquier propuesta sería explosiva. En términos recaudatorios, por ejemplo, es urgente eliminar la tasa del 0% sobre alimentos y medicinas. Una reforma de ese calado podría transitar en tiempos ordinarios, aunque con un alto desgaste político y social. Dada la crisis actual, lo aconsejable es no moverle. Hace 20 años, en un mejor escenario, Fox y su propuesta de un IVA “copeteado” fracasaron estrepitosamente.
Es un anatema recordarlo, pero en el gobierno salinista, con Pedro Aspe y Gil Díaz como promotores, el IVA se disminuyó del 15% al 10%, y en el ISR las tarifas del 42% para personas morales y 55% para personas físicas —hoy estrambóticas— se redujeron sustancialmente; y se exentaron los sueldos de trabajadores de bajos ingresos. La paradoja fue que en ese sexenio la recaudación se incrementó un 39%.
Como decía León Tolstói: “Es más fácil hacer leyes que gobernar”.
