¿Por qué la iniciativa presidencial de someter a consulta popular el juicio a expresidentes tiene tanto eco y legitimidad entre buena parte de la población? ¿Por qué consiguió tanta atención y no se le descartó simplemente como un acto proselitista, a meses de un gran proceso electoral a nivel federal y en varios estados del país? Si se aceptan la ignorancia o el fanatismo como explicación, no se está entendiendo de qué tamaño es la deuda del sistema de justicia con la ciudadanía, afectada por la corrupción desde los estratos más altos del gobierno federal. Una encuesta telefónica del diario El Universal a nivel nacional arrojó que 78.1% de la población está a favor de que “se investigue y enjuicie a los expresidentes de México”.
Hacer pasar por acto de justicia el mero hecho de llevar a cabo la consulta popular que propone el presidente López Obrador distrae la atención pública de la búsqueda de una solución de fondo, que pasa por la compleja tarea de sanear el sistema de procuración de justicia a nivel federal y en los estados, y de articular efectivamente a las unidades de inteligencia financiera con las autoridades facultadas para investigar delitos. La aspiración debería ser que la justicia se impartiera no sólo en casos excepcionales, sino que el estado de derecho avanzara de manera tangible para la generalidad de las víctimas en el país.
En este sentido, vale la pena ahondar en el concepto de la consulta como medio de ajusticiamiento más allá de lo evidente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta que promovió el presidente, aunque con un replanteamiento (hoy cuestionado) de la pregunta inicialmente propuesta. López Obrador declaró en su conferencia de prensa matutina: “Si se vota por el sí, es ya un sentimiento en contra de los expresidentes. Ya sólo ese señalamiento es un juicio; es el tribunal popular enjuiciándolos, juzgándolos. Si dicen no, ya están exonerados. Independientemente de cómo venga la pregunta, ya es un juicio. Acuérdense que no todo es jurídico”.
Esto último ha provocado que el asunto no siga el cauce de un proceso penal en forma, como dando por sentado que la autoridad encargada de procurar justicia a nivel federal no está en condiciones –como no lo estuvo al terminar cada una de aquellas administraciones– para iniciar las investigaciones de oficio contra expresidentes.
Surgen entonces los siguientes cuestionamientos: ¿Por qué habríamos de conformarnos con la sola manifestación popular de descontento vía la consulta o con un juicio simbólico?; ¿para éstos y cuántos casos más se recurrirá a consultas para eximir a las autoridades de su obligación de investigar delitos? Más aun, ¿por qué no es prioridad del Ejecutivo ni del Legislativo reformar las instancias y el marco legal de la investigación criminal y agilizar así el acceso a la justicia? Sin una discusión seria sobre cómo arreglar nuestros sistemas de justicia, el ejercicio de la consulta popular está incompleto como proceso de transformación contra la impunidad.
A fin de cuentas, quienes están a favor de la consulta y quienes mantenemos serias reservas en torno a ella coincidimos en que el sistema de justicia en México tiene que cambiar. Justamente en esta demanda radica la coincidencia a partir de la que se puede iniciar un diálogo productivo. La falta de sanciones a los responsables de delitos de corrupción a gran escala es de conocimiento público; lo es también, por ejemplo, que madres y padres de víctimas de desapariciones forzadas se ven obligados a suplir en sus funciones de investigación a fiscalías, procuradurías y policías.
En los meses que viene se definirá si nos inclinamos por la justicia simbólica o aspiramos a transformar las instituciones para saldar la deuda que el Estado mexicano tiene con las víctimas.
