El Senado analiza la desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato. Ahora está en manos de la Comisión de Gobernación decidir si los poderes están funcionando en estas entidades o no.
Desapariciones, fosas clandestinas, robos, extorsiones y asesinatos son el cultivo que ha crecido a lo largo de los años y ha puesto en crisis a los estados de Guerrero y Guanajuato. En marzo el Partido Acción Nacional (PAN) propuso desaparecer los poderes de Guerrero, gobernado por Evelyn Salgado, de Morena. Tiempo después este partido propuso lo mismo para Guanajuato, gobernado por Diego Sinhue Rodríguez, del PAN. Ahora está en manos de la Comisión de Gobernación decidir si los poderes del Estado están funcionando en estas entidades o no.
Con la desaparición de poderes la o el gobernador en turno es removido de su cargo, también pueden pedir quitar al Congreso o el Poder Judicial. El Senado de la República es quien tiene la facultad para llevar a cabo la discusión sobre la “desaparición de poderes”, de acuerdo con el artículo 76 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Leslie Jiménez Urzua, coordinadora de proyectos en la organización Impunidad Cero, explica que los motivos por los que se puede solicitar la desaparición de poderes son: cuando los representantes de alguno de los tres poderes del estado quebranten los principios del orden Federal del país; cuando los representantes de alguno de los poderes abandonen el ejercicio de sus funciones, sin que medie causa de fuerza mayor; o cuando estén imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones y esto impida la plena vigencia del orden jurídico del Estado.
También se puede solicitar la desaparición de poderes “cuando extiendan su permanencia en los cargos más allá del período para el que fueron electos o nombrados; cuando promuevan o adopten una forma de gobierno o base de organización política distintas de las que establece la CPEUM”, según se lee en la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República. Esta petición puede ser formulada por senadores, diputados federales o ciudadanos de la entidad, pero será el Senado quien analice y decida si la solicitud procede o no.
“La discusión se realiza en el Senado debido a que es el órgano legislativo que representa a las entidades federativas”, puntualizó Jiménez Urzua. Este procedimiento inicia en la Comisión de Gobernación, la cual tiene la función de declarar si la solicitud es procedente atendiendo al artículo 3 de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76.
“La Comisión de Gobernación también deberá realizar un dictamen en el que se estudiará la procedencia para turnarlo en la discusión y votación al pleno. Si ahí las personas senadoras estiman que sí es procedente, lo turnará a la Comisión de Justicia. Si no, lo tendrá por concluido”, explica Leslie Jiménez Urzua.
La Comisión de Justicia tiene un plazo de cinco días hábiles para emitir una resolución. Si el Senado determina la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la entidad, esta comisión hará la declaratoria para nombrar al titular del Poder Ejecutivo provisional. Para poder nombrar al gobernador temporal se le solicitará al Presidente de la República mexicana que envíe una terna dentro de los tres días posteriores.
Ya existe el precedente de qué ocurre en un estado cuando desaparecen los poderes que lo gobiernan. Sucedió en 1920 en Campeche, Yucatán, Oaxaca y Morelos pues el Poder Ejecutivo había designado a un gobernador provisional, pero esta tarea correspondía al Senado. Diez años después, a consecuencia de la guerra cristera, se transformó el orden constitucional en Jalisco, de acuerdo con el Estudio Teórico Doctrinal, de Antecedentes Constitucionales e Históricos, y de Iniciativas presentadas.
¿Qué está pasando en Guanajuato y Guerrero?
Los ojos de todo México estuvieron atentos en Guerrero después del asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez, a manos de la policía, a esta crisis se le sumaron las imágenes de extorsiones contra transportistas en Acapulco, y los homicidios de aspirantes a un puesto de representación popular, hasta el 14 de marzo, la consultora Integralia registró 318 víctimas de violencia política en México, dentro del contexto electoral.
El sacerdote Filiberto Velázquez, del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, acompaña a la familia del normalista que fue asesinado en un hecho que involucra a tres agentes de la policía estatal, dos de los cuales se entregaron a la Fiscalía General de la República, y uno más que está prófugo, asegura que los agentes alteraron la escena del crimen.
El tercer agente involucrado estaba bajo custodia de la policía cuando huyó, según lo informó el presidente López Obrador. Y los agentes involucrados, tanto en el asesinato como en la presunta alteración de la escena, pertenecen al grupo Centauro, un cuerpo de élite dentro de las fuerzas estatales, de acuerdo con el diario El Sur de Acapulco.
El pasado 14 de marzo después del asesinato de Yanqui Kothan, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció que Sandra Valdovinos sería removida como titular de la Fiscalía General del estado. Mientras que el general brigadier, Rolando Solano Rivera, renunció a su cargo como Secretario de Seguridad Pública de Guerrero, y Ludwig Marcial Reynoso presentó su renuncia como Secretario General de Gobierno.
La fiscal Valdovinos quiso agotar los procedimientos constitucionales, tener una audiencia y defenderse. Sin embargo, fue destituida por el Congreso de Guerrero el 19 de marzo.
Abel Barrera, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, considera que la actuación de la policía en el homicidio de Yanqui Kothan no es un caso aislado y que responde a un lógica de reprimir la protesta social, como sucedió en el caso de Aguas Blancas en 1995, donde murieron 17 campesinos, o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014.
El antropólogo considera que el crimen organizado ha absorbido la esfera política como la económica en Guerrero. “No hay controles en términos de aplicar el Estado de derecho, de garantizar justicia, de que la gente se sienta segura”, explica en entrevista, “ y más bien hay un poder fáctico paralelo en las diferentes regiones que lo ejercen grupos del crimen organizado, que además cobran piso, someten a la población e imponen sus normas, controlan giros comerciales, venta de carne, venta de refrescos y productos también básicos”.
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En tanto, en Guanajuato la inseguridad y violencia fueron los factores que promovieron la desaparición de poderes. El periodista Arnoldo Cuéllar, codirector del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, explica que desde 2015 se ha registrado un incremento de la violencia relacionada con el robo de combustibles en la entidad. “Llevó a Guanajuato de ser un estado con una bajísima tasa de incidencia delictiva, a posicionarse en los primeros lugares del país en homicidios en 2019 y 2020. Ya en este gobierno, con Andrés Manuel López Obrador se constituyó un cártel [Santa Rosa de Lima] que tuvo su principal actividad en el robo de combustible”, explicó.
Según Cuellar, el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, no ha logrado combatir a la delincuencia en el estado: “ Zamarripa se convertiría en un agente que rompería todos los récords en la materia en el país, al haber ejercido la función de procurador y de fiscal durante prácticamente 19 años. Dos décadas, no hay antecedente de esto”.
A esto se suma que las autoridades estatales se han negado a reconocer que existen 2,643 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y fosas clandestinas en Guanajuato, lo que ocasionó el surgimiento de colectivos de madres buscadoras que han protestado en el Festival Cervantino para que se les reconozca. “Esta lucha hizo posible que, por primera vez, Guanajuato reconociera que tenía fosas, pero no porque la autoridad las haya descubierto, sino porque fueron estos colectivos los que lo hicieron”, dijo Cuéllar.
Tendremos que esperar la decisión que se tome en el Senado para saber si Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero y Diego Sinhue Rodríguez, mandatario de Guanajuato, continuarán o serán separados de su cargo. Después de que la Comisión de Gobernación lo evalúe sabremos si pasa a la Comisión de Justicia o si termina el conflicto.
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