Desde la llegada al poder de Morena en 2018, los ataques hacia el Instituto Nacional Electoral (INE) han sido constantes, desde declaraciones y descalificaciones a sus consejeros, hasta fuertes recortes presupuestales y una primera propuesta de reforma electoral para reducir su incidencia, presentada por el presidente López Obrador en abril del año pasado. En ella se proponían más de cien modificaciones, entre ellas cambiarle el nombre al INE, transformar la forma en que se eligen los consejeros electorales, para que ahora fueran electos por la ciudadanía mediante el voto; recortar el dinero a los partidos, y reducir el número de diputados y senadores, entre otras. En respuesta, el 13 de noviembre de 2022, miles de personas salieron a marchar a las calles en contra de la iniciativa, abanderadas por la frase: “El INE no se toca”. La marcha fue un éxito y el grupo de oposición en el Congreso, en un esfuerzo conjunto, desechó la iniciativa, que no alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. Sin embargo, el presidente ya se encontraba trabajando en una alternativa, a la que llamó “plan B”, un paquete de leyes secundarias que solo necesitaría una mayoría simple para ser aprobado, es decir, Morena y sus aliados podrían ratificarlo sin la necesidad de que la oposición estuviera de acuerdo.

Esta segunda propuesta se envió a la Cámara de Diputados por la vía rápida, también conocida como fast track, un mecanismo político usado en asuntos de “obvia resolución” que permite agilizar la aprobación de una iniciativa sin que tenga que pasar por procesos más lentos. La iniciativa fue aprobada primero en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores, así que está lista para entrar en vigor. Este «plan B» ha causado una enorme inconformidad, no solo entre los funcionarios del INE, sino también en buena parte de la opinión pública, que ha manifestado preocupación por los efectos que esto pueda tener en la democracia del país.

Para analizar el tema a profundidad quisimos responder las siguientes preguntas: ¿en qué consiste y cómo está estructurado este “plan B”?, ¿todo lo que plantea es negativo o hay aspectos rescatables? Y lo más importante, ¿qué consecuencias tendrá para el INE y para los procesos electorales en el país?

Primero que nada, hay que decir que a un año de las elecciones de 2024, parece casi imposible reconfigurar el funcionamiento del órgano encargado de organizarlas, ya que entre los principales cambios que plantea la reforma está la reestructuración interna del Instituto.

“Este es uno de los cambios que más ha sonado y tiene de dos puntos: el primero es una reducción al personal de base, es decir, que no plantea que se eliminen consejeros electorales o que se eliminen áreas directivas, sino que ataca directamente a la base del INE, que son las juntas distritales y las juntas locales. En el caso de las juntas distritales, las elimina, y en el caso de las juntas locales, las reduce”, explica Paula Sofía Sánchez Vázquez, especialista en materia electoral y analista política con más de 15 años de experiencia. “Esto evidentemente atenta contra la autonomía del Instituto, porque ellos tienen la facultad de ir organizando la estructura como mejor les convenga para ir cumpliendo con sus funciones, además, los mete en un embrollo sobre cómo van a operar ahora”.

Actualmente el INE cuenta con 32 juntas locales ejecutivas y 300 juntas distritales ejecutivas que se encargan de la operación interna de este organismo, o sea, de todo el trabajo de campo, que va desde la emisión de credenciales para votar, el manejo de la cartografía electoral y la capacitación de funcionarios, etcétera. Esta parte de la reforma propone que un sector importante de este personal de base del INE en los distritos, no este formado necesariamente por trabajadores permanentes, sino que se contraten únicamente cada tres años, cuando se organizan elecciones.

Dania Ravel Cuevas, consejera electoral del INE y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, explica la importancia del trabajo de este sector cuando no hay periodo electoral. “Actualmente hay 2571 plazas del Servicio Profesional Electoral y se está previendo que se eliminen 2175, es decir, que únicamente nos quedemos con 396 personas. Si te preguntas qué es lo que hace esta gente cuando no hay proceso electoral, bueno, por ejemplo, la Vocalía del Registro General de Electores se dedica a hacer la actualización de la cartografía y esto es fundamental para que la gente tenga una casilla cerca de su domicilio”, explica. “En el tema de capacitación, el vocal no solo se dedica a ello en el marco de un proceso electoral, sino que también se dedica a temas de educación cívica. Tenemos que construir ciudadanía de manera cotidiana, no podemos pensar que si dejamos de hacer un trabajo constante con las y los mexicanos, van a ir a votar de manera masiva”.

El Servicio Profesional Electoral tiene el propósito, a través de la profesionalización exhaustiva de sus miembros, de que exista una perfecta coordinación en la institución, desde el momento en que los ciudadanos obtienen su credencial de elector, hasta el día de la jornada; además, evita que los partidos puedan corromper de manera sencilla a los funcionarios, ya que los ascensos se consiguen a través de concursos y experiencia demostrada. Modificar esto podría poner en riesgo, no solo la capacidad operativa del INE, sino también su imparcialidad, ya que al contratar personal de manera temporal, estas personas tendría que buscar otras formas de completar sus ingresos.

El segundo punto importante de esta reforma tiene que ver con el tema jurisdiccional, ya que se busca transformar la Ley de Medios de Impugnación. ¿Qué significa esto? El sistema jurídico mexicano cuenta con un aparato de jueces y leyes especializadas en materia electoral, que disponen de los mecanismos para proteger las elecciones y los derechos políticos de los ciudadanos. Lo que se busca con esta modificación es simplificar los más de 30 procedimientos que actualmente existen para agruparlos en solo cuatro. Este cambio no es necesariamente negativo, ya que sintetiza los procesos, pero debido a la premura en su aplicación, todos los abogados y trabajadores del sistema judicial electoral deberán aprender en cuestión de meses una nueva ley, con nuevas categorías y supuestos, para poder juzgar todos los incidentes que ocurran en el próximo proceso electoral, lo que podría poner en duda su capacidad jurisdiccional.

El tercer punto relevante es la afectación directa al padrón electoral al reducir la estructura interna del instituto electoral. En la reforma inicial se buscaba limitar el control que el INE tenía sobre este, sin embargo, el apartado fue puntualmente desechado por el congreso debido a la importancia de los datos que almacena. Sin embargo, en un informe creado por el INE sobre las implicaciones del “plan B”, se señala que estas modificaciones afectarán de forma directa la actualización del padrón electoral y la cartografía electoral, ya que ante la gran reducción de personal, ambos instrumentos se verán comprometidos en su calidad, alcance y en los trámites asociados a ellos, particularmente a nivel distrital, afectando el vínculo de la ciudadanía con el Estado mexicano.

Pero esto no es todo lo que ha generado especial preocupación en torno a la reforma. Otro aspecto que ha encendido alarmas es que tras la entrada en vigor del “plan B”, será imposible negar la candidatura a los precandidatos que no presenten su informe de gastos de precampaña, tal como se hizo con Félix Salgado Macedonio en 2021, quien fue removido de su candidatura por no presentar sus gastos correspondientes.

En aquella ocasión, Morena señaló que el INE estaba actuando de manera parcial, aprovechándose de un pequeño argumento de procedimiento para impedir que candidatos de Morena compitieran y en consecuencia ha propuesto limitar al Instituto para que ya no pueda negar el registro en situaciones similares. Este apartado es sumamente problemático, ya que podría permitir la entrada a las campañas de recursos de proveniencia desconocida y que romperían las condiciones de equidad en la contienda.

Sin embargo, no todo lo que propone este nuevo paquete de reformas son puntos negativos o violatorios a la autonomía del INE, sino que a la par se han planteado aspectos que sin duda mejorarían su funcionamiento. Carla Humphrey, consejera Electoral del INE y doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, nos habla de ello: “yo propuse en agosto de 2020 una Comisión de Modernización e Innovación porque creo que es un instituto que, aunque ha cambiado de idea, prácticamente mantiene la misma estructura y creo que, internamente, me refiero a los órganos centrales, debe maximizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales”.

Carla hace énfasis en que, además de la modernización, hay otros planteamientos interesantes en la reforma que podrían ser positivos, por ejemplo, una de las modificaciones planteadas les permitirá a todos los consejeros tener una mayor supervisión sobre el presupuesto, tarea que ya no solo le corresponderá al consejero presidente. Además, también se busca ajustar asuntos que ya estaban completamente fuera de uso como, por ejemplo, el presupuesto destinado cada año a los partidos para mandar telegramas.

El análisis en conjunto de las reformas arroja que este “plan B” está enfocado en, por un lado, reducir el poder del INE y, por el otro, ahorrar más dinero a base de quitarle personal. Aquí valdría la pena preguntarse si en México la democracia es verdaderamente costosa. La respuesta es, sí, ya que, al comparar el presupuesto del INE con cualquier otro instituto similar en América Latina, se confirma que es mucho más alto. Sin embargo, también es cierto que el INE cumple muchas más funciones que las instituciones de su tipo en otros países.

“No sobra decir que el no tener democracia es muchísimo más caro que lo que pueda invertirse en un proceso democrático justo y libre, en donde se puedan hacer transiciones pacíficas en el poder.  Yo creo que lo que hay que comparar con otras instituciones, llámense tribunales, porque en algunos países son los tribunales los que llevan las elecciones, son las atribuciones que tenemos en cada una de las instituciones. Me parece que no existe otra institución electoral en el mundo que tenga tantas atribuciones como las que se le han dado al INE”, confirma la consejera Dania Ravel.

Actualmente el INE no solo está encargado de administrar elecciones, sino que con el tiempo se le han sumado muchas funciones adicionales, tales como el monitoreo de medios, la administración del padrón electoral, la fiscalización de todas las campañas, etc., por lo que su presupuesto se ha vuelto, progresivamente, más robusto.

Sin duda, el INE es una de las instituciones más importantes del país y al igual que todos los organismos del Estado, con el paso del tiempo debe transformarse para brindar un mejor servicio a los ciudadanos. En ese sentido, el dilema no es si tocar o no al INE, sino el hacerlo a través de procesos muy cuidadosos y blindados de intereses políticos, para nunca debilitar, sino fortalecer a la institución que hizo posible la transición democrática.

Para saber más del tema, escucha el episodio completo de Semanario Gatopardo, en voz de Fernanda Caso.