En el momento en que la reportera Karla Silva Guerrero levantó la mirada al escuchar su nombre, recibió el primer puñetazo de una brutal golpiza. Era el 4 de septiembre de 2014, y tres hombres habían ido a buscarla, a la redacción de El Heraldo de León, un diario de Silao, Guanajuato. Todos los golpes y patadas que recibió fueron en la cara, no le tocaron otra parte del cuerpo. Los atacantes tenían la intención de destruirle el rostro, y lograron perforárselo hasta el cráneo. «Para que le bajes de huevos a tus pinches notas, o si no, te va a cargar la chingada», le gritó uno de ellos mientras la golpeaba. Desde que la reportera, de 24 años, comenzó a trabajar para el diario, en agosto de 2013, abordó temas policiacos y de seguridad, documentando abusos de policías. Cubrió también, a través de varias notas, casos que vinculaban a Enrique Benjamín Solís Arzola, alcalde de Silao por el PRI, con centros nocturnos y grupos de seguridad clandestinos. «Creo que empecé a destapar varias cloacas», le dijo Silva Guerrero a Artículo 19, para el informe que la organización presentó en marzo de 2015, bajo el nombre “Estado de Censura”. Cuando Karla llegó al Ministerio Público cubierta de sangre, le dijeron “primero ve y lávate,” y después le pidieron que se fuera “porque estaban muy ocupados”.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hizo una solicitud formal para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) atrajera su caso, pero la FEADLE se negó a hacerlo, porque la investigación iba muy avanzada. Por la agresión, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato se limitó a recomendar al alcalde de Silao ofrecer una disculpa pública, puesto que la periodista fue golpeada bajo órdenes del Director de Seguridad Pública de la localidad, Nicasio Aguirre Guerrero. Uno de los cuatro inculpados obtuvo beneficios de condena provisional, y posteriormente, la condonación de la pena, por aceptar su culpabilidad. Su único castigo fue pagar una multa de 1 499 pesos. Tres de los inculpados se encuentran en prisión preventiva y uno más, precisamente Nicasio Aguirre Guerrero, está prófugo de la justicia.
El juicio por parte de las autoridades estatales está aproximadamente a la mitad del proceso, pero no se ha iniciado ninguna investigación por la implicación del alcalde en el caso. Karla Silva ha tenido que entrevistarlo varias veces desde entonces. “De mi parte, el trato hacia él es igual: saludo y pregunto. Pero él rehúye mis preguntas y me hace esperar mucho para darme entrevistas. Cuando hay autoridades estatales o federales, me atiende muy bien, pero cuando estamos solos o está acompañado de su equipo es muy grosero”, afirma Silva en entrevista telefónica, un día antes de someterse a una cirugía de vesícula, necesaria después de que sus problemas de salud en el sistema digestivo se agravaran por el estrés. “El trato hacia las mujeres por parte del alcalde es muy despectivo. Me ha tocado ver cómo les levanta la voz, se mofa, etc. No sé si pueda atribuírselo a eso, pero soy la única mujer en Silao que cubre temas de políticos y cuestiones de gobierno, que requieran un trato con él”, afirma. En este contexto, según Silva, además de los periódicos Al Día y El Heraldo de León, donde ella trabaja, no hay más medios críticos en Silao.
El gobierno de Guanajuato destinó escoltas para garantizar la seguridad de Karla. Desde que salió del hospital en septiembre, dos elementos de seguridad estatal la siguen 24 horas al día. Aunque sigue reporteando para el mismo diario, desde la misma silla y cubriendo los mismos temas, su trabajo no está del todo a salvo: “He tenido que limitarme mucho en cuanto a los lugares a los que acudo a atender notas, porque no es lo mismo ir sola, caminando, que estar acompañada todo el tiempo. Ya no me puedo meter a zonas conflictivas o a comunidades rurales, porque ya una vez tuvimos un incidente en el que la gente apedreó a los elementos de seguridad”.
En el sexenio de Felipe Calderón se agredía a un periodista cada 48.1 horas, en el de Enrique Peña Nieto la cifra se disparó, y se agrede a un comunicador cada 26.7 horas. Para dejarlo aún más claro, Artículo 19 añade en su informe otra cifra comparativa: en el sexenio anterior se documentó un promedio anual de 182 ataques. En el actual, del que apenas han transcurrido dos años, el promedio subió a 328 ataques al año. Pero incluso más alarmante que esos datos, es saber que de 326 agresiones a la prensa documentadas en el año 2 014, 156, casi la mitad (47 %), vienen de un funcionario público.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, se creó en 2010 para proteger la seguridad de periodistas y comunicadores. Según sus propias cifras, la FEADLE arrancó operaciones con un rezago de 18 casos en términos de averiguaciones previas, por delitos cometidos en contra de periodistas. Actualmente ese rezago suma ya 177 casos. Su informe de labores reporta 31 averiguaciones previas iniciadas entre enero y marzo de 2015. De ese número de casos, solamente en cuatro se ha determinado el ejercicio de acción penal, y no hay información de que alguno de ellos haya resultado en sentencia. Durante la redacción de este reportaje se solicitó varias veces una entrevista con autoridades de la fiscalía sobre este tema, pero no hubo respuesta.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene 433 expedientes de queja por agresiones a periodistas o medios de comunicación, de 2010 a la fecha, y tiene registro de 97 asesinatos de periodistas o trabajadores de medios, por razones vinculadas con su trabajo. Además, de 2005 al cierre de esta edición, ha documentado la desaparición de 22 comunicadores y, desde 2006, registra 42 atentados a instalaciones de medios de comunicación.
Las cifras sobre este tema varían, dependiendo de la organización que las genere. El Comité para la Protección de Periodistas, CPJ (por sus siglas en inglés), registra el asesinato de 32 periodistas, desde 1992. Por otro lado, documenta 41 asesinatos de periodistas, en los que su trabajo no ha podido comprobarse como la causa del homicidio, también de 1992 a la fecha.
Según Darío Ramírez, director de Artículo 19, no hay un solo caso en el que se haya hecho justicia. «En el caso de Regina Martínez, por ejemplo, que tanto presumía como resuelto el gobernador Javier Duarte, detuvieron a una persona que confesó el homicidio –extrañamente en Veracruz los asesinos suelen autodelatarse– pero después esa persona declaró ante su abogado y la CNDH que fue torturada para la confesión», dijo Ramírez a pocos días de presentar el informe citado.
En términos de justicia, los resultados de este esfuerzo parecen ser nulos, pero en la labor de crear conciencia sobre el tema, se ha avanzado considerablemente. “Hace cinco años colocar en los medios una nota sobre un periodista desaparecido era prácticamente imposible”, afirma. Actualmente, casos como el asesinato de Moisés Sánchez y Gregorio Jiménez, ambos en Veracruz, han alcanzado una cobertura nacional e internacional amplia. “El problema es el cómodo remanso de la supuesta neutralidad de los medios de comunicación. No toman una posición política al respecto, lo toman sólo como un hecho noticioso”, dice. Y concluye: “En España, Irlanda y Colombia los medios ejercen una posición y una presión a los responsables para que haya resultados, y sean resultados creíbles; en México estamos muy lejos de que eso pase”.
Alejandro Páez Varela, director de Sin Embargo
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Desde que el priista Roberto Borge Angulo tomó posesión como Gobernador del Estado de Quintana Roo en 2011, quedan apenas un par de medios críticos de su administración. Uno de ellos es Luces del Siglo, semanario que dirige Norma Madero desde hace 13 años y que se distribuye a través de la cadena de tiendas Oxxo. Bajo el gobierno de Borge la revista ha sido clonada siete veces en su versión impresa, conservando los temas de cada nota, pero cambiando por completo la línea editorial para favorecer al gobierno priista. Luces del Siglo se sube también cada semana a su página de internet en versión pdf, y su portada ha sido reemplazada digitalmente durante 69 semanas consecutivas, de nuevo, para favorecer al gobierno de Borge. La última vez que cambiaron su portada, fue precisamente la semana en la que Artículo 19 publicó su informe de violencia contra la prensa, evidenciando a Quintana Roo como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo. Desde hace más de mil días, el equipo de Norma Madero ha estado bajo ataque permanente por medio de amenazas, intimidación, espionaje, acoso, auditorias fiscales, y bloqueos informativos a sus reporteros. Además de la confusión de sus lectores, esto le ha ocasionado al medio la rescisión de varios contratos publicitarios.
“Aproximadamente 43 millones de pesos en perdidas”, dice Madero, quien para proteger su vida, la de su familia y de su equipo, ha tenido que instalar cámaras de seguridad en sus oficinas y rentar casas cercanas a las oficinas del semanario para que sus reporteros no tengan que trasladarse muy lejos por las noches, al salir de la redacción. “Para mí esto ya se volvió un reto. Esta es mi empresa, es mi modo de vida y no voy a permitir que bloqueen nuestro trabajo, no nos van a doblegar”, continúa. Norma Madero fue recientemente nominada por la Embajada de Estados Unidos en México, para recibir el premio Mujeres con Valor, que otorga ese país.
Por otro lado, solamente un medio de Quintana Roo se ha solidarizado con Luces del Siglo durante esta crisis. Se trata del portal Noticaribe, de Playa del Carmen, cuyo equipo también ha sido objeto de intimidación y amenazas por su línea editorial.
Daniel Lizárraga, director de la unidad de Investigaciones Especiales de Aristegui Noticias.
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El periodista de origen maya Pedro Canché fue uno de los personajes de portada durante esta larga serie de Luces del Siglo, que ha sido clonada de forma digital. Aquella semana, la del 1 de marzo de 2 014, se remplazó una foto en la que el periodista aparece tras las rejas, en una cárcel de Carrillo Puerto, donde está preso desde hace siete meses por ejercer su oficio. Se colocó en su lugar una serie de fotografías tomadas de su cuenta de Facebook, donde el periodista aparece vacacionando en distintos escenarios. El balazo de portada que las acompaña dice: «Pedro Canché, el agitador social número uno de Felipe Carrillo Puerto, lleva una vida de opulencia y placeres; nunca ha representado la comunidad maya de la entidad». Desafortunadamente, Pedro Canché está muy lejos de vivir en la opulencia. Él y su familia subsisten gracias a una carpintería, en la que hacen sillas y camastros. Canché ejerce el periodismo sin obtener por él ningún ingreso, y a pesar de ello ha logrado convertirse en una de las voces más importantes de su comunidad, al luchar contra la marginación y pobreza en la que viven los indígenas mayas en Carrillo Puerto. Además, es pionero del videoperiodismo en su comunidad y difunde gran parte de su trabajo a través de las redes sociales.
El 16 de agosto de 2014, inició la cobertura de una serie de protestas por los altos precios del agua, afuera de las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Carrillo Puerto. Para entonces, Canché ya había compartido su información sobre distintos temas con los corresponsales de medios como Proceso, Aristegui Noticias, La Jornada y Reforma, por lo que había ganado notoriedad. «Cuídate Pedro, porque te quieren meter a la cárcel» le dijeron varias personas de su comunidad. Lo arrestaron el 30 de agosto de 2014, bajo el cargo de sabotaje. Se le acusa de boicotear el servicio de agua potable en la zona, algo que nunca sucedió.
En la cárcel Pedro Canché tuvo que olvidarse del videoperiodismo y volver a la pluma y al papel para seguir contando su historia y defender su causa, en forma de cartas que entregaba a su abogada Araceli Andrade, quien también defendió a la periodista Lydia Cacho. Artículo 19 publica desde entonces el blog de Pedro Canché. Tras las primeras publicaciones, y la atención mediática que atrajo el caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, paradójicamente, exigió a las autoridades de la prisión retirar todo objeto con el que Canché pudiera escribir sus ideas. La orden fue desechada, puesto que el reglamento interno no prohíbe a los presos usar hojas de papel, plumas o lápices. El periodista sigue escribiendo desde prisión.
Dentro de la cárcel las amenazas no han cesado. Lo han golpeado ya dos veces y en consecuencia tiene el hombro derecho dislocado desde hace varios meses. Vive con fuertes dolores y no puede escribir ni sostener objetos con el brazo derecho. El periodista decidió no presentar una denuncia por lo que ha vivido al interior de la cárcel ya que sus agresores siguen ahí adentro y teme por su vida.
«Es una decisión que tenemos que respetar, pero sabemos quiénes son, tenemos sus nombres, y ya conseguimos que lo trasladaran a un área distinta, para que no esté tan cerca de sus agresores,» dice su abogada, Araceli Andrade, en una llamada telefónica en la que antes de empezar a hablar, advierte: «Tengo el teléfono intervenido, así que saben que me estás llamando».
Andrade, quien tomó el caso cuando un primer abogado decidió dejarlo por amenazas e intimidación, es una abogada especializada en Derechos Humanos con mucho prestigio en el estado. En el proceso penal ha presentado pruebas que acreditarían la falsedad de cada una de las siete supuestas evidencias en contra de Canché y presentó además 20 pruebas de su inocencia, con las que no ha conseguido nada. «La orden, que viene desde arriba, es que Pedro permanezca en la cárcel el mayor tiempo posible», dice, «pero lo tienen que dejar ir tarde o temprano.»
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Sandra Rodríguez Nieto trabajó como periodista de investigación en El Diario de Ciudad Juárez, entre 2003 y 2012, el periodo más crítico de la violencia en la ciudad. Abordó temas de corrupción, desarrollo urbano, procuración de justicia y crimen organizado. Entre 2008 y 2010 cubrió el despliegue militar denominado Operación Conjunta Chihuahua, periodo en el que más de diez mil personas fueron asesinadas. Ha obtenido, entre otros reconocimientos, el premio 2013 para la Valentía y la Integridad en el Periodismo, por parte del Club de Prensa de los Ángeles, y la beca Nieman, por la Universidad de Harvard. Pero a pesar de venir de una de las ciudades más peligrosas para ejercer el periodismo en el mundo y haber vivido el asesinato de dos de sus compañeros en El Diario de Juárez –Armando Rodríguez y Luis Carlos Santiago, asesinados en 2008 y 2010, respectivamente– Rodríguez Nieto está segura que la manipulación de la publicidad oficial es una forma mucho más efectiva para callar a la prensa.
En Chihuahua, por ejemplo, la prensa se enfrentó a la violencia durante el gobierno de José Reyes Baeza, entre 2004 y 2010. Sin embargo, con la llegada de César Duarte, la situación en los medios ha cambiado mucho. Según cifras de fundar y Artículo 19, publicadas en la tercera edición del Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial, Chihuahua aparece, gracias a Duarte, como uno de los estados que más gasta en este rubro. Esto se debe a que entre 2010 y 2011, último año de Reyes Baeza en el cargo y el primero de Duarte en el gobierno, el monto gastado en publicidad se disparó más de 400%: de 163 a 501 millones de pesos. Lo que coloca a Chihuahua en el tercer lugar nacional en este tema, por debajo de Nuevo León y Coahuila, sin tomar en cuenta a aquellos estados que no enviaron su información de gastos para este informe.
En total, las 26 entidades que compartieron su información con fundar, gastaron 5 377 millones de pesos en publicidad oficial, y de ese monto, solamente se conoce el destino de 2 544 millones de pesos; mientras que no hay registro de en qué se gastó el resto: un monto de 2 833 millones pesos (53 % de lo reportado). Respecto a las 15 entidades que otorgaron información completa desde 2005 hasta 2012, el gasto ha aumentado 85 % en los últimos ocho años, al pasar de 1 092 millones a 2 021 millones de pesos. Además, 25 entidades gastaron 72 % más de lo aprobado. Por si fuera poco, las lagunas legales continúan permitiendo que todos los niveles de gobierno influyan en la línea editorial de los medios a través de la asignación de estos recursos. «El estudio muestra un despilfarro de recursos que año con año se incrementa sin justificación alguna […] Las audiencias, por lo tanto, están sujetas a la información que el gobierno autoriza que se publique», concluye el informe.
«No es cuestión de que los reporteros tengan miedo o se autocensuren, pero puede más un cañonazo de millones de pesos para el dueño, que lo que nos hicieron los balazos, porque aún rodeada de violencia, la prensa había logrado mantenerse en pie en Ciudad Juárez», dice Rodríguez Nieto. «Lo más indignante es que ocurre con dinero público: el dinero que pagamos se revierte contra nosotros, para que no podamos hacer nuestro trabajo,» afirma la periodista, quien actualmente trabaja en la unidad de investigación del portal SinEmbargo, ahora desde la capital del país.
Daniel Moreno, director de Animal Político.
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Bajo la dirección de Jorge Zepeda Patterson y Alejandro Páez Varela, el portal noticioso SinEmbargo tampoco ha logrado escapar a ataques encaminados a amedrentar y desprestigiar al medio y sus periodistas y a boicotear su operación. En octubre de 2 014, tras la publicación de una fotografía donde Adrián Rubalcava, delegado con licencia de Cuajimalpa, aparecía fuertemente armado, como parte de un reportaje sobre las poco ecológicas aficiones de cinco políticos del Partido Verde, Páez Varela, director de contenidos del portal, recibió una serie de correos agresivos, demandando que la fotografía se eliminara de la página. Posteriormente, un hombre acudió a las oficinas del medio, cuya dirección no es pública, a reiterar la exigencia. Mientras tanto, el medio estaba siendo atacado por usuarios anónimos en redes sociales. Ese mismo mes, el sábado 24 de octubre, la cuenta de la cantante Belinda en Facebook, con 7.5 millones de seguidores, publicó un mensaje acusando a Páez Varela de haber amenazado a una persona y a su familia, además de llamarlo «escritor violador». Días después se aclaró que la cuenta había sido hackeada. Posteriormente, el portal sufrió un ataque DDoS, que bloqueó cualquier intento de acceso a la página durante dos días.
SinEmbargo presentó la denuncia ante la FEADLE, y ha presentado desde entonces varias ampliaciones al caso, incluyendo el testimonio de Carlos del Valle, un ex colaborador cercano a Rubalcava, que no solamente lo identifica como autor intelectual de los ataques, sino que lo vincula con una red de extorsión y acoso político a restaurantes, bares y otros negocios de la delegación, así como de mantener vínculos cercanos con «Los Claudios», una banda de secuestradores detenida recientemente. Del Valle, quien fungió como director de Desarrollo Social cuando Rubalcava era jefe delegacional, presentó una denuncia penal en contra del ex delegado, ahora aspirante a una diputación local por el PRI-PVEM, por su presunto vínculo con la banda de secuestradores. Pocos días después se difundió en la red una fotografía de Rubalcava en compañía de uno de los secuestradores detenidos, según informa una nota de Humberto Padget, en el portal de SinEmbargo.
Páez Varela no ha recibido ninguna respuesta a su denuncia por parte de la fiscal Laura Angelina Borbolla, quien está al frente de la FEADLE, y como tal, recibió la documentación del caso y sus posteriores ampliaciones. Por otro lado, la Secretaría de Gobernación le ofreció al periodista seguridad personal, pero él decidió no aceptarla, al considerarlo innecesario.
“Que me pusieran una escolta me parecía sinceramente ridículo, cuando sabemos que la mitad de las agresiones a la prensa vienen de servidores públicos”, afirma levantando la voz, con su acento norteño. Páez Varela es oriundo de Ciudad Juárez.
Sobre el tema de la solidaridad entre periodistas, coincide en que en la mayoría de los casos no hay tal, pero no por un asunto gremial, si no social. “¿Cuál es la razón por la que un gobierno puede asesinar, reprimir, ignorar, abatir, doblar y corromper? Pues por qué no hay solidaridad”, afirma. “Hay mucha corrupción en la sociedad y también entre los periodistas. Vamos a la par con ellos, cuando deberíamos de ser la vanguardia. Nosotros tendríamos que estar empujando por sanar y por exigir al Estado que sane, y que termine este periodo tan oscuro de impunidad.” Pero antes de eso, dice, el periodismo debe recuperar credibilidad.
Otro problema es que en México la solidaridad entre medios se confunde con la compatibilidad editorial. “El que las agresiones a periodistas no ocupen las portadas, es decisión de los directivos”, afirma Daniel Moreno, director del portal noticioso Animal Político. Él considera que entre reporteros se ha ido ganando terreno, pero no entre los empresarios al frente de la mayoría de los medios, gente cuyas agendas e intereses son muy distintos a los de los periodistas y la ciudadanía. Además, en el gremio y fuera de él, existe una percepción de que la muerte de un periodista no debería sobrevalorarse, en un país donde todos los años asesinan a miles de personas con otras profesiones y oficios.
“Bajo esa lógica, cinco periodistas asesinados no suenan a tantos”, dice. El portal de Animal Político también ha sido víctima de campañas de desprestigio en redes sociales, aunque en menor grado y Moreno ha decidido no darles demasiada importancia. “Yo sigo convencido de que frente a los problemas que se viven en Veracruz o en Tamaulipas, que haya un ocioso que contrate bots para atacarte es un asunto menor. No quise hacerlo público porque no me pareció relevante. Además, yo no tengo forma de demostrar quién está financiando eso, que sería lo importante”, explica.
En busca de independencia económica y alternativas para financiar el periodismo de investigación, Animal Político inició hace poco tiempo un ejercicio que se llama “Amigos de Animal;” en el que invita a los lectores a aportar, mes con mes, una suma que permita realizar investigaciones y becar a periodistas. “El proyecto lleva tres meses y ya hay 540 personas que han dicho que sí. No está diseñada como una plataforma que nos resuelva el gasto operativo, pero sí para financiar proyectos especiales, y ya hemos hecho investigación con ese dinero”, afirma Moreno, quien pensó en esta posibilidad, inspirado en el modelo de eldiario.es, de Madrid, que es financiado en su totalidad por lectores; una posibilidad que en México aún está muy distante.
Darío Ramírez, director regional de Artículo 19.
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El pasado jueves 12 de marzo la empresa MVS anunció el despido de los periodistas Daniel Lizárraga e Irving Huerta, miembros de la Unidad de Investigaciones Especiales del noticiero de Carmen Aristegui, argumentando un mal uso de marca, y la creación de un alianza entre la empresa y el portal de Mexicoleaks sin autorización de sus directivos. Lizárraga, al igual que otros compañeros de la Primera Emisión, trabajaba en MVS bajo el concepto de honorarios y sólo se le notificó que habían decidido prescindir de sus servicios, sin otorgarle ninguna liquidación. Le dieron cinco minutos para subir a su oficina, rodeado de guardias, a recoger sus cosas y lo escoltaron a la salida. Ese domingo por la noche, la estación anunció también el fin de su relación laboral con la periodista Carmen Aristegui.
El lunes 16 de marzo, Rafael Cabrera, también miembro de la Unidad de Investigaciones Especiales, llegó a la estación acompañado de su compañero Sebastián Barragán. Aunque sabían que muy probablemente sería su último día en la empresa, se presentaron a trabajar un poco más temprano de lo habitual. Ese día, una empleada de Recursos Humanos le extendió a cada uno un folder color azul pálido con una propuesta de liquidación y un aviso de confidencialidad. El monto de la liquidación era el que establece la ley. «En ese sentido la empresa no escatimó. No nos querían y punto», dice Cabrera.
La condición era firmar un acuerdo de renuncia o separación voluntaria. Ambos decidieron no firmar los documentos en ese momento, para tomarse el tiempo de evaluarlos con calma. Después de darles unos minutos para recoger sus cosas, les quitaron los celulares y gafetes de la empresa y les pidieron que se retiraran. Tres días después, en una conferencia de prensa, Carmen Aristegui pidió a los directivos de MVS reconsiderar su decisión para que el equipo completo pudiera volver al aire. Apenas unas horas después, el vicepresidente de MVS, Felipe Chao, anunció que no habría reconciliación; pero que «Rafael Cabrera, el verdadero autor del reportaje de la Casa Blanca», aún formaba parte de la empresa, y seguiría siendo bienvenido.
«Lo entendí como una forma de presentarme como traidor, dividir al equipo, y sobre todo como una manera de exculpar al gobierno de la influencia que pudo tener en el caso», dice Cabrera. Esa misma noche el equipo se reunió con Aristegui para comentar lo sucedido: «Decidimos que era imperante que yo firmara la renuncia, por la forma en que estaban utilizando mi caso».
Cuando el periodista Daniel Lizárraga le presentó a los hermanos Vargas, dueños de la empresa MVS, el proyecto de la Unidad de Investigaciones Especiales, en febrero de 2014, les habló de la intención de vincularla, a través de alianzas periodísticas y editoriales, con organizaciones internacionales como la Fundación Knight, el Consejo de Redacción de Colombia y la Fundación García Márquez (FNPI), con la finalidad de generar mejores investigaciones. Les puso el ejemplo de Chinaleaks, un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que diarios como The New York Times, The Washington Post y The Guardian, entre otros, publicaron al mismo tiempo información que constituyó un fuerte golpe al gobierno chino. »Aceptaron el proyecto y se destinó un presupuesto y número de plazas para que empezáramos a trabajar», dice Lizárraga desde la oficina del portal de Aristegui Noticias, lugar donde la Unidad de Investigaciones Especiales, examina las posibilidades y alternativas para seguir trabajando juntos.
Entre diciembre y enero de 2015, la Unidad de Investigaciones trabajó junto con el National Security Archive, una organización especializada en desclasificar archivos de interés público en Estados Unidos. Carmen Aristegui habló al aire de esta colaboración, y la Unidad de Investigaciones presentó la serie, «Estados Unidos nos espía desde casa», para el premio de periodismo de la FNPI. Al anunciarse los finalistas, entre los que estaba este trabajo, se mencionó una vez más que se trataba de un trabajo de MVS Radio y el National Security Council.
A la entrada de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, que se realizó en México en octubre de 2014, había mantas con logos de todos los medios participantes, incluyendo el de MVS. Tampoco hubo por ello ningún problema. «Para entonces, parecía claro que podíamos movernos con libertad. Los lineamientos que prohibían eso los sacaron hasta después de despedirnos», aclara Lizárraga. Cuando Mexicoleaks lo contactó para invitar a la Unidad de Investigaciones a colaborar con ellos, el periodista lo consultó con Aristegui, y tras su aprobación, le pidió al reportero Irving Huerta que asistiera a las reuniones. En el primer boletín de prensa que difundió Mexicoleaks, no aparecía el logo de MVS, tampoco en su página de internet. «Me pidieron enviarles uno, ya que todos los otros medios habían mandado el suyo. Yo les dije que no existía ningún logo de la Unidad de Investigaciones Especiales, así que no envié nada», afirma. Sin embargo, Lizárraga aparece en un video en la página web de Mexicoleaks, hablando desde el interior de la estación y detrás de él puede verse el logo de MVS. «Todo se hizo de forma muy abierta y con la única intención de llevar a la estación a hacer mejores contenidos. Era un compromiso editorial de buena fe, y nunca se firmó una alianza legal o por escrito, con Mexicoleaks», explica el periodista.
De cualquier forma, fue bajo ese argumento que MVS decidió despedir a Daniel Lizárraga e Irving Huerta. Posteriormente, tras la petición de Aristegui de recontratarlos como condición para continuar al aire, decidieron cancelar el noticiero más escuchado del país y de paso la primera Unidad de Investigaciones Especiales en la radio de América Latina.
El martes 14 de abril, el juez federal Fernando Silva, hijo del ministro Juan N. Silva Meza, ordenó a Grupo MVS negociar con la periodista Carmen Aristegui, con la intervención de un conciliador imparcial, para reanudar la transmisión del noticiero. La suspensión provisional, dictada en el juicio de amparo 672/2015 promovido por la propia Aristegui, ordenaba también que se dejaran de aplicar en un plazo de 24 horas los lineamientos que la empresa MVS impuso recientemente a sus conductores. El juez advirtió en su suspensión que si MVS no llegaba a un acuerdo con la periodista antes de la audiencia incidental del juicio, a efectuarse el 27 de abril, analizaría la posibilidad de ordenar el regreso del noticiero al aire. Es la primera vez que un juez considera a un particular –en este caso MVS– como una autoridad, lo cual sienta un precedente jurídico importante.
El diario La Jornada reportó al día siguiente que, según fuentes del Poder Judicial Federal, MVS impugnó la decisión del juez. Mientras tanto, integrantes del equipo de Aristegui arrancaron una campaña para la promoción de amparos en defensa de la audiencia, para la restitución del noticiero de la periodista. Los promotores de este amparo colectivo, entre los que están Lorenzo Meyer, Denise Dresser y Mardonio Carballo, aseguran que se han descargado ya más de cinco mil formatos de amparo a través de las páginas change.org y el sitio de Aristegui.
El pasado sábado 18 de abril, el sitio Aristegui Noticias sufrió dos ataques cibernéticos que lo dejaron fuera de servicio. El problema se extendió hasta el domingo y se identificó como un ataque distribuido de denegación de servicio (DDoS), que saturó el enlace de red. Esto tuvo lugar a unas horas de la publicación del reportaje «Fueron los Federales» de la periodista Laura Castellanos, que reconstruye la masacre perpetrada por policías federales en contra de civiles desarmados en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero. La investigación estaba planeada para publicarse simultáneamente en los portales de Proceso, Univisión y Aristegui Noticias. Artículo 19 prestó espacio en su sitio para difundir este reportaje y el reporte de ataque por parte de Aristegui Noticias.
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Periodistas de a pie es una de las organizaciones que ha trabajado en los últimos años por la profesionalización del periodismo y la solidaridad entre sus colegas. Daniela Pastrana forma parte de ella y tras trabajar en varios medios de comunicación convencionales, antes de mudarse a medios independientes, tiene claro que hacer esta transición es un camino largo que no tendría por qué ser necesario. “Todos privilegian el derecho a la libre empresa, pero el espectro radioeléctrico es un bien público”, dice alzando la voz. “Si lo único que les interesa es hacer dinero, que se dediquen a hacer buques y a venderlos, pero si van a trabajar con bien público, tienen que entender que su deber es ser de utilidad a la sociedad. No nos están haciendo un favor”, afirma.
Javier Solórzano, quien ha trabajado en medios concesionados, privados, públicos, e independientes, coincide: “Lo único que no se puede hacer es dejar la batalla, y los que damos la batalla somos muchos, cada quien a su manera. Hay mucha gente que hace un esfuerzo honesto y genuino, pero que no tiene reflectores. Sin embargo, la relación entre los medios y el poder no ha cambiado en lo fundamental. Entre los concesionarios y los gobernantes, no hay necesidad de ponerse de acuerdo; porque tienen la misma visión del país, y lo ven desde la óptica de un empresario. Y si me preguntas si hay solidaridad entre periodistas, yo diría que no. El periodista en el fondo es un hombre o mujer que trabaja solo, y que compite, aún cuando trabaja en equipo”.
Mexicoleaks es una plataforma independiente de denuncia ciudadana al servicio de la sociedad mexicana, para revelar de forma segura y anónima, información de interés público. El proyecto está auspiciado por las organizaciones Free Press Unlimited y Associated Whistleblowing Press, que han lanzado ya plataformas similares en varias partes del mundo
—incluyendo España, bajo el nombre de Fíltrala— y hasta el momento ha tenido muy buenos resultados. Para su lanzamiento en México, se contactaron a ocho medios y organizaciones para garantizar que el manejo de la información recibida se dé de forma segura, responsable, profesional y al servicio de la sociedad. Estos ocho miembros son: Animal Político, las revistas Emeequis y Proceso, Aristegui Noticias, Periodistas de a Pie, el medio de comunicación independiente Más de 131, el Proyecto sobre Organización, Educación e Investigación, PODER, dedicada a investigar y transparentar las prácticas empresariales y fomentar la rendición de cuentas en América Latina, y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D.
«Independientemente de que la Ley de Transparencia no lo reconozca explícitamente, las personas que revelan información de interés público, incumpliendo el deber de secrecía, están protegidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos», afirma Luis Fernando García, director de R3D, quien reconoce que no existe ninguna herramienta 100% infalible, pero afirma que Mexicoleaks es actualmente la forma más segura y confiable que existe en el mundo para hacer este tipo de denuncias.
El pasado 24 de marzo, la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del cide organizó un foro titulado «Condiciones para el Periodismo de Investigación en México. El proyecto Mexicoleaks». En él participaron los periodistas Daniel Moreno por Animal Político, Daniel Lizárraga por Aristegui Noticias, Ignacio Rodríguez Reyna por Emeequis, Rafael Rodríguez Castañeda por Proceso y la periodista Ixchel Cisneros, egresada de la maestría de Periodismo del CIDE. El debate fue moderado por el escritor Ricardo Raphael.
«Para hablar de las condiciones para el periodismo de investigación en México, es necesario enmarcarse en lo que ha ocurrido desde el regreso del PRI al gobierno», dijo Rafael Rodríguez Castañeda, al inicio del evento. «Con este manotazo, MVS responde simplemente al ambiente, y es muy fácil deducir una acción concertada entre un poder político, ofendido por una serie de trabajos periodísticos, y una corporación que está evidentemente contra la pared, en su calidad de concesionario», dijo el periodista, al frente de una de las publicaciones críticas más longevas del país; que por cierto, nació de otro histórico embate a libertad de expresión: el golpe al periódico Excélsior en 1976, tras el que Julio Scherer fundó la revista Proceso. «Lo que pasó con el noticiero de Aristegui es el hecho más reciente, pero ni el periodismo de investigación acaba de nacer, ni el México autoritario acaba de nacer. El PRI regresó para quedarse mucho tiempo, y va a recurrir a lo mismo que recurrió durante sus primeros 70 años, ya que no puede responder más que a su naturaleza», reiteró, reflejando en su voz la experiencia de quien ha ejercido periodismo desde 1965 en este país. La revista Emeequis, que dirige Ignacio Rodríguez Reyna, también surgió a raíz de un caso de censura que provocó la renuncia del periodista y cerca de treinta colaboradores del diario El Universal en 2006. Uno de los textos censurados, era precisamente de la autoría de Daniel Lizárraga.
—Al Estado, a los intereses corporativos y al crimen organizado los tiene sin cuidado el análisis, lo que les amenaza profundamente es la información; que haya fuentes que se atrevan a compartirla, y que haya reporteros que arriesguen la vida para tomar en serio esa información y la den a conocer. La amenaza, para ellos, es el periodismo de investigación— dijo el escritor Ricardo Raphael.
—Además, algo que preocupa mucho a este gobierno, es la idea de que los medios trabajen unidos, como lo hicieron varios al publicar de forma conjunta el reportaje sobre la Casa Blanca— agregó Daniel Lizárraga.
—Pero qué vergüenza, que haya tenido que venir una organización holandesa a sentarnos y decirnos, “a ver Rafael, Daniel, Carmen, vamos a ponernos de acuerdo para trabajar juntos”. No tuvimos la capacidad de comunicarnos para trabajar en equipo, y eso habla mal de nosotros— dijo Rodríguez Reyna.
De los documentos que han ido llegando a Mexicoleaks, todavía no se publica nada. La información que se ha recibido aún está en fase de revisión, pero queda claro que el mero anuncio de la plataforma, ya incomoda a varios sectores.
Sandra Rodríguez Nieto trabajó como periodista de investigación en El Diario de Ciudad Juárez.
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Los riesgos para un periodista pueden venir de un cacique local, de un diputado, de la delincuencia organizada o de otros grupos de poder; pero siempre está en medio el presidente y el gobernador.
El municipio de Las Choapas, al sur de Veracruz, está en la zona que limita con el estado de Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Allí cualquier investigación en torno a un crimen es muy complicada, porque es fácil que los culpables y cualquier evidencia crucen de un estado a otro, para perderse en la impunidad. Fue en busca de esa impunidad, que el cadáver del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, llegó a una fosa precisamente en este municipio, donde lo encontraron junto con otros dos cadáveres el 11 de febrero de 2014. Roberto Morales y su equipo, de alrededor de 10 personas, ejercen el periodismo en este municipio. El Diario Presencia, tiene vigilancia policiaca permanente en sus instalaciones desde las elecciones municipales de 2013, en las que resultó electo Miguel Angel Tronco Gómez. Pero tras acreditarse la violación a los principios de legalidad, certeza y objetividad que deben regir en toda elección, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inválida la elección y ordenó una elección extraordinaria. El candidato más fuerte, una vez más, era Tronco Gómez, por la coalición PRI-PVEM-PANAL. Sin embargo, y a pesar de ello, el candidato, hermano del diputado Renato Tronco Gómez, se retiró de la contienda repentinamente. Marco Antonio Estrada Montiel, actual presidente municipal por el PRD, gobierna el municipio en un estado de convulsión política y social.
«Los riesgos para un periodista pueden venir de un cacique local, de un diputado, de la delincuencia organizada o de otros grupos de poder; pero siempre está en medio el presidente y el gobernador», dice el periodista Roberto Morales, al teléfono, desde el estado donde Moisés Sánchez se convirtió en el onceavo periodista asesinado bajo el gobierno de Javier Duarte. Según Morales, el presidente ha desestimado las denuncias y el gobernador reprime y da cobijo a quienes agreden a la prensa. «En Veracruz, desde la administración anterior de Fidel Herrera, la práctica que impera es la de desprestigiar, y denigrar a los periodistas, antes y después de que aparecen muertos, como pasó con Regina Martínez. Parece una constante que a mí en lo personal me quieran involucrar con el crimen organizado. En febrero del 2010, junto con varios periodistas de Coatzacoalcos, entre los que estaban Tamara Corro, Mónica Ricárdez y Virginia Mejía, presentamos una denuncia ante la PGR y dimos conocimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por esa situación», afirma.
Los medios críticos en Veracruz ya son pocos. “El gobierno tiene controlada a la prensa. La publicidad oficial es una forma, pero ahí hay una paradoja, porque Duarte ya le debe mucho dinero a varios medios de televisión, radio y prensa escrita. Y ahora no asumen su trabajo periodístico porque tienen miedo a que definitivamente no les paguen”, dice Morales. La atención mediática que tuvo el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz no ha mejorado el escenario para los periodistas en Veracruz. “Es una situación de terror en la que muchos periodistas temen ser el próximo”, afirma. Y no son los únicos. Bajo estas condiciones, gran parte de los periodistas mexicanos trabajan amenazados.
ACTUALIZACIÓN: El 29 de mayo de 2015, el periodista Pedro Canché fue puesto en libertad después de que un Tribunal reconociera su inocencia.
