Los bandos en guerra de Colombia firmaron un acuerdo para dar fin a la más grande guerra civil del hemisferio occidental, la cual se ha prolongado durante más de medio siglo. El saldo oficial de víctimas a la fecha es de 218,000 muertos y 45,000 desparecidos; pero hay cálculos de muchísimos más. Un número incalculable de gente ha sido herida, torturada y encarcelada, y cerca de siete millones han sido desplazados al interior (la cifra más alta alcanzada por un país en el mundo). El pacto se cerró en La Habana, Cuba, tras cuatro años de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla armada conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC. El 2 de octubre, Colombia llevará a cabo un plebiscito para ratificar el acuerdo. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que no pase. Tal como el mundo ha aprendido en los últimos tiempos, los referendos pueden ser propuestas riesgosas.
Desde el principio de las negociaciones con las FARC, el expresidente Álvaro Uribe ha atacado el esfuerzo pacificador del presidente Santos, su antiguo ministro de defensa. Últimamente ha intensificado su campaña en contra del plan de paz acordada, alegando que favorece y hasta recompensa a los “terroristas” de la FARC por sus crímenes porque no impone castigos punitivos, sino un plan de justicia transicional en el que los responsables de crímenes de guerra pagarán por sus pecados con labores de rehabilitación; otro punto que enardece a Uribe y sus seguidores es la posibilidad de que exguerrilleros participen en política en el futuro. Para coincidir con el plebiscito convocado por el gobierno (a favor del Sí), Uribe montó una contracampaña (a favor del No), bajo la consigna “la paz sí, pero no así”.
El conflicto en Colombia se remonta a 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, un candidato presidencial de tendencia popular que comenzó la guerra civil conocida como La Violencia; los liberales de Gaitán y sus rivales conservadores se vieron envueltos en una viciada sangría que duró una década y dejó más de 300,000 muertos. Mientras tanto, los marxistas conformaban comunidades armadas de autodefensa campesina. A principios de los sesenta, el gobierno, temeroso de la expansión de una insurgencia comunista al estilo cubano, envió a su ejército a atacarlos, dando como resultado la proliferación de guerrillas armadas. Con el paso de los años, algunas guerrillas han renunciado a la lucha en diferentes acuerdos de paz, pero las FARC y el Ejército de Liberación Nacional o eln, de menor presencia, inspirado y respaldado originalmente por Cuba, han permanecido en el campo de batalla, con alrededor de siete mil y dos mil combatientes, respectivamente. (Además, las FARC también han calculado más de diez mil miembros en su milicia.) Éstos se han expandido por todo Colombia, pero principalmente se encuentran en áreas rurales donde sobreviven del cobro de impuestos a comerciantes y a quienes cultivan coca; en los últimos años también se han visto envueltos directamente en el negocio de producción y tráfico de cocaína. Asimismo ambos grupos se han financiado a través del secuestro con recompensa y extorsión; durante años, compañías mineras y petroleras han pagado a las guerrillas para evitar el sabotaje de sus pipas. Las FARC finalmente accedieron a sentarse en la mesa de negociación después de varios golpes a sus principales líderes, el más reciente en 2011, cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos, entonces en su primer periodo, lanzó una operación militar en la que fue asesinado Antonio Cano, jefe máximo de las FARC.
En mis visitas a Colombia y Cuba en años recientes, me he reunido con Santos y miembros de ambos bandos de la negociación. Dado que la guerra civil continuaba su curso —con frecuentes ataques de las guerrillas a las patrullas armadas y ataques aéreos y terrestres a gran escala por parte de las fuerzas armadas colombianas— me impresionó el respeto que las partes se mostraron, y cómo parecían igualmente comprometidos en la causa por la paz.
He estado en muchas conflictos y he pasado mucho tiempo con hombres cuyas vidas se han entregado a la misión de matar a sus enemigos y, de ser necesario, de morir en la hazaña. La guerra tiene su propia lógica, y este síndrome de muerte voluntario es parte de él, y hasta que algo ocurre para desvirtuarlo, la paz ni entra en consideración en las mentes de los combatientes. Lo que pasaba con los colombianos era algo muy distinto y, para mí, refrescantemente nuevo: no importaba si estaba en el Palacio de Nariño o en un restaurante en La Habana, siempre había una sola conversación: seria, profunda, y a veces claustrofóbica —tanto con curtidos guerrilleros como con hombres del mero establecimiento colombiano— y era cómo lograr la paz. Por eso, por su singular intensidad, nunca dudé que lo lograrían.
Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño (alias Timochenko) firmaron el acuerdo final en Cartagena de Indias.
El pasado septiembre en La Habana, pasé la tarde con el sucesor de Cano, conocido como Timochenko, con su segundo al mando, llamado Pastor Alape, y el vocero de la fuerza insurgente, Iván Márquez (quien firmó el acuerdo final por las FARC), en una cena donde celebraban con cerdo asado en el jardín de uno de sus amigos cubanos. Los guerrilleros se ufanaban de una ceremonia que había tenido lugar el día anterior: en presencia del presidente Raúl Castro, Timochenko y Santos se habían estrechado las manos y jurado firmar un acuerdo de paz en seis meses. El momento relucía con insignias de voluntad de paz: los tres hombres llevaban guayaberas blancas y su reunión inclusive había recibido la bendición pública del papa Francisco mientras terminaba una gira en la isla. (El plan de los seis meses resultó ser demasiado optimista; la fecha acordada del 31 de marzo iba y venía entre negociaciones postergadas por las garantías de seguridad para las guerrillas.)
Durante nuestra cena, Timochenko, un hombre bajo, corpulento y con barba de 57 años, reconoció que el día previo, antes de encontrarse con Santos, sintió algo así como pánico escénico, pero que pasó tan pronto llegó el momento. Mencionó su emoción al ver a Castro por vez primera, y contó cómo el líder cubano lo presionó para que estrechara la mano del presidente colombiano. Para Timochenko y sus amigos que han pasado la mayor parte de las últimas cuatro décadas en la jungla, la paz era un extraordinaria perspectiva a contemplar. Son, de alguna manera, verdaderos Rip van Winkles, que regresarían a ciudades y pueblos donde no habían podido mostrarse abiertamente desde su juventud. Cuando le pregunté a Pastor Alape, larguirucho y con gafas —y, como Timochenko, de 57 años de edad—, qué película pasaban en 1979 cuando se unió a las FARC e iba a la preparatoria, contestó con una sonrisa de oreja a oreja, Fiebre del sábado por la noche.
El verdadero nombre de Timochenko es Rodrigo Londoño Echeverri, y el de Pastor Alape, Félix Antonio Muñoz Lascarro. Márquez, el mayor de ellos, de 61 años, es Luciano Marín Arango. La cabeza de los tres tiene un precio para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, recompensas por información para su captura que oscilan entre dos millones y medio hasta cinco millones de dólares; se les acusa de una variedad de crímenes que van desde del tráfico de cocaína coordinado por las guerrillas hasta las ejecuciones de aquellos campesinos de coca que se atrevían a vender productos a los rivales paramilitares de las FARC.
Los líderes de la guerrilla niegan haber estado directamente involucrados en el negocio de la cocaína, insisten en que los narcotraficantes colombianos son sus peores enemigos y se dicen del lado político correcto. Pero no es tan simple como esto. Como Pastor Alape explicó a mi amigo Patricio Fernández del periódico chileno The Clinic: “En un principio, las FARC tenían una política represiva contra los campesinos que sembraban mariguana o coca. Incluso desarraigaban sus plantíos. Pero esto nos acarreó muchos problemas. Después de una larga evaluación concluimos que no debíamos hacerlo pues provenía de un problema social. Así que en su lugar simplemente les pedíamos que colaboraran con una parte de su producción, una suerte de política de impuestos. Eso fue lo que hicimos. En otras palabras, cualquier capital que circulara en nuestro territorio tenía que pagarnos algo”. A medida que la guerra mengua, es más fácil para las guerrillas reconocer que dichas políticas fueron contraproducentes. El mes pasado, al visitar con otros reporteros un campamento en la jungla al sur de Colombia, un alto jefe de las FARC, Mauricio Jaramillo, aceptó que la política de tributación en las drogas había causado “un enorme daño” a los rebeldes.
Ahora los negociadores de las FARC han firmado un acuerdo en el que reconocen tácitamente su parte en el tráfico de drogas al aceptar cortar todo vínculo en el mismo. En cuanto en qué medida dicho acuerdo puede incidir en el problema de las drogas en Colombia, Santos me comentó en abril que, incluso si las FARC saliera del negocio, no se sentía muy optimista al respecto: “Con frecuencia me considero como alguien en una bicicleta fija”, me dijo. “A pesar de todo lo que hacemos por combatir el narcotráfico, Colombia sigue siendo el primer exportador mundial de cocaína.” Entonces comenzó a decir que la única manera de empezar a solucionar el problema global de la droga era despenalizarla pero, para ello, admitió, falta un largo trecho.
Santos también habló esperanzado del inminente acuerdo para la paz, pero agregó que “también hay quienes han hecho de la lucha contra las FARC una bandera, un estilo de vida, y buscan una nueva dialéctica en la cual sostenerse”. Esto parecía aludir a su predecesor Álvaro Uribe, un derechista cuyo padre murió en un fallido intento de secuestro por las FARC. Uribe ha hecho campaña contra la iniciativa de paz desde sus inicios. Con el eslogan “Paz sí, pero no así”, lanzó una instancia contra el movimiento por la paz, argumentando que el acuerdo ofrecido a las FARC “recompensaría a los terroristas” al permitirles postularse para un puesto público. De hecho, las FARC accedieron a un sistema de “justicia transicional” en el que el énfasis estaría en la confesión pública, la reconciliación y el servicio comunitario, pero aquellos que no confesaran sus actos o fueran culpables de crímenes de guerra serios estarían sujetos a penalización, incluyendo la cárcel. Sólo aquellos guerrilleros que pasen por este proceso podrán postularse para un cargo público.
Incluso si la mayoría de los colombianos vota a favor del acuerdo por la paz de Santos, otros actores violentos pueden continuar operando en las impunes trincheras colombianas. Colombia está en una tentativa de diálogo con el eln y se espera establecer rondas formales en Ecuador, pero las conversaciones iniciales han sido, según se sabe, más tensas que con las FARC. Los líderes del eln parecen más radicales ideológicamente y más recalcitrantes. También existe la sospecha de que pueden estar buscando ocupar el territorio al que las FARC ha renunciado o de donde se ha desplazado, especialmente en áreas donde los grupos han entrado en conflicto por el territorio previamente.
A lo lejos, un campamento de las FARC. El saldo a la fecha es de 218,000 muertos, pero hay cálculos de muchos más.
La derecha paramilitar colombiana también sigue siendo sumamente problemática. En principio postulados por acaudalados terratenientes, narcotraficantes y hacendados, con frecuencia bajo la protección secreta del Estado, estas bandas armadas hasta los dientes masacraron a civiles de quienes sospechaban colaborar con la guerrilla en una campaña de terror que se extendió desde los noventa a la primera década del dos mil. Para el 2002, cuando Uribe fue electo presidente, las milicias se habían convertido en poderosas organizaciones criminales, fuertemente involucradas en el negocio de la cocaína tanto como en el de secuestro, extorsión y usurpación de tierras. Uribe ofreció amnistía a los combatientes paramilitares a cambio del desarme, y decenas de miles de ellos aceptaron su oferta. A la mayoría se le permitió regresar a la vida civil sin castigo alguno. Desde entonces, miles han regresado al campo de batalla, donde operan abiertamente como narcoparamilitares y narcotraficantes organizados dentro de las filas militares. (En años recientes, docenas de oficiales y miembros originales del Congreso del partido de Uribe han sido condenados por conspirar con los paramilitares. Uno de los hermanos de Uribe actualmente se encuentra sujeto a juicio acusado de haber constituido su propio escuadrón de la muerte paramilitar.)
En abril, cuando hablé con Santos, se expresó con desprecio del más grande y poderoso de estos grupos, una amalgama de pandillas y paramilitares veteranos que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la cual, me dijo, suma aproximadamente 2,500 hombres armados. Él dice que este grupo intentaba presentarse como fuerza insurgente con la esperanza de ser legitimado con sus propios acuerdos de paz y un eventual amnistía. Santos me comentó que no iba a conceder a los autollamados Gaitanistas la legitimidad que anhelaban; en cambio, planeaba “darles duro, bien duro”.
Mientras tanto, un diplomático, que conoce bien a Colombia y sus actores, compartió conmigo su preocupación sobre el gran número de colombianos que se oponen al acuerdo de paz. “Piensan, como Uribe, que concede demasiado a las FARC. El problema de esta visión es partir de la suposición de que si se cancela el acuerdo de paz, las farc pueden ser eliminadas militarmente, y creo que eso es una pésima lectura de la realidad.”
La gran lección de la historia de Colombia siempre ha sido que se necesita violencia para ganarse un lugar en la mesa. Se requerirá no sólo una paz duradera sino un ejercicio efectivo de la ley para cambiar tal patología en los años venideros.
› Una versión de este texto fue publicada el pasado 25 de agosto en la revista The New Yorker / newyorker.com
© Jon Lee Anderson, 2016.
