Mi primer acercamiento al sector seguridad fue a mediados de la década de los noventa. Durante mis estudios de maestría en la Universidad de Delaware, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la agencia mexicana de inteligencia, me contrató para que llevara a cabo un monitoreo en la prensa norteamericana sobre las negociaciones del TLC y para que elaborara reseñas de las novedades editoriales en materia de inteligencia y seguridad nacional. Al regresar a México, acepté la invitación de los directivos del CISEN para incorporarme a su equipo.
Durante los noventa, México enfrentaba desafíos distintos a los actuales. El proceso democratizador y los grupos radicales tenían una prioridad mayor en la agenda pública y en las labores de inteligencia del gobierno federal que los pleitos entre narcotraficantes. Las jornadas laborales eran interminables. Sin embargo, en las largas noches que pasé en las instalaciones del CISEN, inmersas en una zona boscosa al sur de la Ciudad de México, el análisis de inteligencia me cautivó. En la década siguiente fui funcionario en otras agencias públicas, cursé un doctorado y colaboré con instituciones académicas, pero mi pasión por los temas de seguridad permaneció.
Para 2006 trabajaba como Director Ejecutivo del Servicio Profesional del IFE. La contienda electoral de ese año ha sido tal vez la más divisiva en la historia contemporánea. Cuando las aguas se calmaron después de ese intenso proceso, quedó claro que la renovación del Consejo General que había aprobado mi nombramiento sería una de las condiciones que se impondrían dentro de los acuerdo políticos postelectorales. En ese contexto decidí salir del IFE y explorar de nuevo mi pasión por los temas de seguridad.
En 2008, fundé una empresa de consultoría. Mi primer tarea fue reclutar y coordinar a un grupo de analistas para realizar un monitoreo diario de los medios de comunicación y construir bases de datos sobre variables que pudieran resultar relevantes para entender la operación de las organizaciones criminales: decomisos, arrestos, mensajes, presencia de grupos en distintas ciudades y eventos en penales. Asimismo, incluimos un grupo de variables que desafortunadamente se tornarían centrales en los años siguientes: el uso de distintas formas de violencia: amenazas, ejecuciones, ataques y enfrentamientos.
Contrario a lo que suele pensarse, los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI en México se caracterizaron por la reducción constante de la violencia. A pesar del levantamiento zapatista y del error de diciembre, de 1992 a 2007 la tasa de homicidios se redujo a la mitad. Con ocho homicidios por cada cien mil habitantes durante el primer año de gobierno de Felipe Calderón, México se acercaba a países como Estados Unidos (donde se registran cinco por cada cien mil habitantes).
En el verano de 2008, algunos conocidos que trabajaban en las dependencias del sector seguridad me comentaron que en sus oficinas el clima se había tornado hermético y sombrío. Pocas semanas después, al hacer un corte en nuestro seguimiento de medios, fue claro por qué. Los homicidios vinculados con el crimen organizado habían repuntado de forma acelerada, principalmente en Chihuahua, Durango y Sinaloa. La crisis alcanzaba magnitudes insospechadas. A partir de ese verano las ejecuciones iniciaron una espiral ascendente que se prolongó hasta entrado 2011, año en que se registraron 24 homicidios por cada cien mil habitantes. Es decir, en tan sólo cuatro años México triplicó su tasa de homicidios. En algunas ciudades, la crisis alcanzó dimensiones colosales. Ciudad Juárez, por ejemplo, se convirtió en la metrópoli más violenta del mundo al pasar, de 2007 a 2009, de 29 a 142 homicidios por cada cien mil habitantes.
La epidemia de violencia en Juárez y otras ciudades, con su enorme costo en vidas humanas y deterioro social, fue una anomalía histórica. Un incremento tan abrupto de la tasa de homicidios en un periodo tan breve es un fenómeno excepcional en un país de ingreso medio que no alberga un conflicto armado formal. En la superficie, la violencia se explicaba por un conjunto de nebulosas guerras entre cárteles: los Beltrán Leyva contra Sinaloa, Juárez contra Sinaloa, Tijuana contra Sinaloa y Golfo contra Zetas. Los factores de fondo incluyendo la política de arrestos de capos, la coyuntura demográfica y económica, o los vaivenes del mercado trasnacional de drogas seguirán siendo materia de debate por muchos años.
Diálogos en el desierto
La respuesta del presidente Calderón a los desafíos que el crimen organizado planteaba a principios de su administración fue principalmente el uso de la fuerza, sobre todo militar, por medio del despliegue de miles de soldados, marinos y elementos de la Policía Federal en una serie de operativos conjuntos. Éstos lograron contener temporalmente algunos fuegos, pero el incendio se expandió cada vez a más estados y municipios. Aunque la estrategia de Calderón despertó simpatías en Washington, al interior del país muy pocos actores acompañaron al Ejecutivo Federal. Por regla general, la actitud de los gobernadores y alcaldes fue omisa. Por aquellos años, las voces alarmistas hablaban de México como un Estado fallido.
El aislamiento del gobierno federal fue un reflejo de la fractura política que había ocasionado la contienda electoral de 2006, pero también de la soberbia con la que Calderón y su equipo más cercano y poderoso implementaron la estrategia de seguridad. En más de una ocasión mi trabajo como analista independiente y las críticas que manifesté me valieron respuestas hostiles del gobierno.
En enero de 2010, Joaquín Villalobos, consultor del presidente en temas de seguridad, publicó en la revista Nexos un artículo en el que simplificaba las críticas de distintos observadores en relación con la estrategia del gobierno (las tildaba de meros mitos). Entre otras cosas, Villalobos desestimaba que la violencia imperante fuera una mala señal, y afirmaba que:
la mayor parte de las bajas de los delincuentes resultan del proceso de autodestrucción de los cárteles. En este tipo de guerra esto es un progreso
.
La noción de que la violencia que vivía el país pudo evitarse y debió evitarse generaba un profundo malestar al presidente y su círculo inmediato. En 2010, asistí a los Diálogos por la Seguridad, un foro convocado por la Secretaría de Gobernación (Segob) con el que se buscaba revertir la percepción, cada vez más arraigada, de que el gobierno desdeñaba las preocupaciones de distintos sectores de la sociedad ante el deterioro acelerado de la seguridad.
El presidente escuchó, entre paciente y distraído, las opiniones de una docena de académicos e intelectuales. Sin embargo, me interpeló cuando sugerí que los operativos debían buscar de forma simultánea el debilitamiento de las organizaciones criminales y la reducción de la violencia: ¿Y cómo se logra ese milagro?, preguntó, si no recuerdo mal. El tono irónico del presidente dejaba claro que, en su concepción, la simple idea era un rotundo disparate.
La preocupación por el crecimiento de la violencia asociada al crimen organizado fue ganando espacios en la agenda pública. Durante el proceso electoral de 2012, los equipos de candidatos presidenciales de los tres principales partidos políticos me buscaron para hablar sobre las causas del aumento de la violencia y las acciones que habrían de impulsarse para disminuirla. Algunos cambios sutiles en la política de seguridad sugieren que, incluso durante el último año del gobierno de Calderón, la reducción de la violencia se planteó como un objetivo estratégico. Sin embargo, el viraje no llegó a tiempo. El saldo de muertes y los niveles alarmantes de incidencia de delitos de alto impacto destacan entre las principales causas del lejano tercer lugar que el PAN obtuvo en la elección federal de 2012.
El auge de las autodefensas
En el ámbito nacional, las ejecuciones alcanzaron su máximo a mediados de 2011. Desde entonces se mantiene una tendencia de disminución: en el segundo trimestre de se registraron mil 956 ejecuciones. Esta cifra fue la más baja desde el primer trimestre de 2009. Asimismo, el número de ejecuciones registrado en el segundo trimestre de es 15% menor al registrado en el trimestre previo, y 57% menor al número de ejecuciones en el segundo trimestre de 2011, que hasta la fecha, mantiene el récord de ejecuciones a nivel nacional.
En Chihuahua y Nuevo León, los dos estados más violentos del país, en el primer trimestre de 2012, las ejecuciones disminuyeron de forma significativa. Hay rumores de que en el caso de Nuevo León los grandes empresarios le pusieron un ultimátum al gobernador Rodrigo Medina: o mejoraban las cosas, o ellos se encargarían de removerlo del puesto. El ultimatúm, si existió, fue eficaz. Las ejecuciones en el estado han disminuido 92% en los últimos 10 trimestres.
En contraste, en Guerrero, otro de los estados con mayor número de ejecuciones, no se ha registrado aún una tendencia sostenida de reducción de la violencia. En los últimos dos años sólo dos estados presentan un deterioro significativo: Tamaulipas principalmente en virtud del conflicto entre facciones del Cártel del Golfo y Guanajuato.
Hay otros matices importantes en la evolución reciente de la violencia del crimen organizado. Por ejemplo, mientras que en las grandes ciudades la violencia parece ser una enfermedad aguda, fuera de ellas se comporta como un mal crónico. La disminución se ha concentrado en los municipios que integran las 59 zonas metropolitanas. Del primer trimestre de 2012 al primer trimestre de , las ejecuciones en municipios que no forman parte de una zona metropolitana permanecieron relativamente estables, y pasaron de representar el 39 al 53% del total. Por otra parte, las ejecuciones se han desplazado de la frontera norte al centro y sur del país. En 2010, 50% de las ejecuciones tuvieron lugar en los seis estados fronterizos. En 2013 se redujo a 30%.
Una consecuencia de la continua violencia e inseguridad en el ámbito rural (y de la incapacidad de las autoridades para enfrentarlas) ha sido la multiplicación de grupos de autodefensa. De los 150 municipios en los que hay autodefensas a lo largo del país, sólo en 22 hay evidencia que sugiere que mantienen nexos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Aunque la expansión de los grupos de autodefensa se ha concentrado en Michoacán y Guerrero (en respuesta al crimen organizado), también han surgido grupos en otros estados, en algunos casos para hacer frente al robo de productos agrícolas por parte de criminales con baja capacidad de fuego. En cualquier caso, esta expansión evidencia la debilidad o pasividad de las instituciones locales de seguridad pública en amplias regiones del país.
El nuevo panorama del crimen organizado
Con el arresto de Joaquín Guzmán Loera, la era de los capos legendarios probablemente llegó a su fin en México. En los últimos años, el Estado se ha impuesto a la mayor parte de las figuras que personifican en los medios masivos la violencia y el folklore criminal. Es poco probable que en el futuro próximo surjan otras de talla equiparable a los capos depuestos, o al menos que operen con el mismo grado de notoriedad. Éste es un éxito que es justo reconocer.
Sin embargo, el declive de los capos no implica que el crimen organizado haya sido derrotado. Por el contrario, las organizaciones criminales han demostrado una gran capacidad de adaptación.
Hoy, México enfrenta organizaciones muy distintas a los grandes cárteles que existían en 2007. Durante los últimos años, los cárteles reclutaron enormes brazos armados. Se estima que en el clímax de la violencia el crimen organizado contaba con 900 células (de entre cinco y diez elementos cada una). Con la desarticulación de los cárteles muchas de estas células se han transformado en mafias locales, que generalmente operan con el apoyo de pandillas o autoridades municipales, y que se dedican primordialmente al cobro de cuota. Abundan ejemplos de células de este tipo que con una decena de sicarios y un reducido grupo de halcones han logrado imponer el pago de cuota a los negocios de municipios enteros (por ejemplo, células de La Familia Michoacana que salieron de su estado de origen después del surgimiento de Los Caballeros Templarios, y que se han instalado en Guanajuato, el Estado de México y Morelos).
Estas mafias locales se vinculan de forma estrecha con el mal crónico antes descrito; han proliferado en ciudades pequeñas y en el ámbito rural, sobre todo ahí donde la presencia del Estado es menor. En estas regiones las mafias generalmente operan por debajo del radar de la opinión pública nacional y sin afectar a grupos de interés con la capacidad para articular una repuesta. Sin embargo, su asedio a la población y los negocios locales es constante. Ante la crisis de los grandes cárteles han surgido grupos más compactos, que generalmente operan sólo en escala regional, pero que ejercen un control territorial sin precedentes, lo que frecuentemente implica la colusión con la policía y otras autoridades. El principal desafío para el gobierno de Peña Nieto será evitar que las mafias continúen su expansión y se arraiguen en las comunidades en las que ya están presentes. Pero los esfuerzos todavía no han dado en el blanco.
Gendarmes y prevención social de la violencia
Allá por 2012, el entonces candidato Peña Nieto necesitaba propuestas en materia de seguridad. Sobre todo, en la campaña hacían falta ideas frescas para marcar distancia frente a la desastrosa estrategia de Calderón y la institución que se vio más favorecida durante su sexenio: la Policía Federal. De esta necesidad nació el proyecto de crear una Gendarmería. La idea era relativamente sencilla, establecer un cuerpo civil con la capacidad para combatir delitos de alto impacto, incluyendo los del fuero común, en los lugares de mayor conflictividad y riesgo (instalaciones estratégicas y estados y municipios con las peores policías). La promesa era atractiva: los nuevos gendarmes estarían mejor capacitados, serían menos corruptibles y triunfarían ahí donde la Policía Federal había fracasado. De esta forma, los soldados y los marinos podrían regresar gradualmente a los cuarteles. Además, bien encauzada, la Gendarmería podría restablecer el predominio del Estado donde actualmente mandan las mafias.
Sin embargo, el proyecto original no resultó viable. La meta era contar con una fuerza de entre 40 mil y 50 mil elementos para 2 018, es decir crear una fuerza similar en magnitud a la Policía Federal. El costo total anual por gendarme (contando sueldos, prestaciones, vehículos, equipamiento, viáticos, etc.) es cercano al millón de pesos. Simplemente no hay dinero que alcance para crear desde cero una fuerza de esas dimensiones y características.
Establecer la Gendarmería con base en recursos y elementos transferidos por otras dependencias tampoco ha sido tarea fácil. Como es bien sabido, los burócratas defienden a capa y espada sus presupuestos, y disponen de un impresionante repertorio de herramientas administrativas, políticas y legales para evitar los cambios que no les convienen. En su momento se argumentó que los propios soldados habían rechazado incorporarse a la Gendarmería por una posible afectación a sus derechos laborales (pero es probable que la oposición de los mandos castrenses sea el verdadero motivo de que no se concretara la transferencia de 7 mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 2 mil 500 de la Secretaría de MarinaArmada (SEMAR). El compromiso era arrancar a finales de 2013 con 10 mil elementos. Aunque el despliegue inicial se redujo a cinco mil gendarmes, a mediados del año en curso sigue sin concretarse el inicio de operaciones. Al parecer, la Gendarmería será una división más de la Policía Federal, sin un mandato claramente diferenciado al de otras divisiones.
Otra de las grandes apuestas del Ejecutivo ha sido el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. El diagnóstico de ese programa parece acertado. Las mafias locales proliferan en las comunidades en las que tienen la capacidad para desarrollar una base social, lo que les permite ejercer el control territorial necesario para sus operaciones. Pero el diseño del programa en el que la mayor parte de los recursos se canalizan a proyectos operados de forma conjunta por los gobiernos de estados y municipios ha propiciado que el esfuerzo se diluya. Muchas de las intervenciones que se han financiado no cuentan con indicadores que permitan evaluar su impacto en materia de prevención del delito. Tampoco queda claro que logre alcanzar a la población más vulnerable es decir, quienes tienen más probabilidades de ser reclutados por el crimen organizado ni que la selección de las demarcaciones en las que se distribuirán recursos contribuya a dicho fin. Se trata primordialmente de un programa destinado a colonias urbanas, que a la luz de las cifras sería conveniente fortalecer en el medio rural.
Yo también formé parte del nuevo gobierno. El primero de diciembre de 2012 me incorporé a la (ahora extinta) Secretaría de Seguridad Pública. Había conocido al que sería mi nuevo jefe, Manuel Mondragón y Kalb, apenas unos días antes. Mondragón cree en la disciplina militar, y su figura genera gran respeto entre los policías (sin duda, una clave de su exitosa gestión en el DF, que le valió ser el primer Comisionado Nacional de Seguridad). Yo no me acostumbré a su estilo ni coincidí con su visión de la política de seguridad y preferí retirarme en buenos términos para seguir impulsando una agenda de transformación del sector seguridad desde la consultoría y los medios de comunicación.
El mito de la coordinación y la llegada del Virrey
Con el regreso del PRI a Los Pinos se puso de moda la palabra coordinación. Las respuestas del presidente y del secretario de Gobernación a todas las interrogantes sobre la política de seguridad pasaban en algún momento por sugerir que habría un trabajo más cercano con los gobiernos estatales y municipales. En la práctica, la dinámica que ha prevalecido durante el primer año y medio ha sido similar a la que siguió Calderón: mandar al Ejército y a la Policía Federal a atender las crisis más severas de inseguridad y violencia, generalmente cuando ya representan una amenaza grave para el orden público y la gobernabilidad. En lo que va de este año, han tenido lugar al menos cuatro reforzamientos de los operativos federales con base en esta lógica reactiva (Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y el Estado de México).
“La llegada de Alfredo Castillo para enfrentar la crisis en Michoacán podría ser un parteaguas.”
Sin embargo, el nombramiento de un Comisionado especial para atender la crisis de violencia en Michoacán Alfredo Castillo, apodado El Virrey podría ser un parteaguas. El Comisionado no sólo coordina el despliegue de las fuerzas de seguridad en el estado, sino que también encabeza las negociaciones con los grupos de autodefensa y otros actores políticos, y en los hechos toma decisiones en otros ámbitos de política pública.
El reforzamiento del operativo estuvo acompañado del arresto de importantes figuras políticas michoacanas por sus presuntos vínculos con Los Caballeros Templarios, incluyendo a Jesús Reyna, quien fuera gobernador interino, y a los alcaldes de Aguililla, Apatzingán y Lázaro Cárdenas. La renuncia del gobernador Fausto Vallejo parece la culminación de una purga al gobierno de una entidad federativa como no se veía desde tiempos del viejo PRI. Independientemente de la eficacia del Comisionado Castillo para solventar la crisis, este nombramiento podría poner fin a la dinámica perversa que hasta ahora dominó los operativos conjuntos. Ahora que la intervención política es un riesgo tangible, es poco probable que otros gobernadores se arriesguen a solapar una situación de deterioro similar a la que vimos en Michoacán durante el conflicto entre las autodefensas y Los Caballeros Templarios.
Otra deficiencia importante de la estrategia de seguridad de la federación sigue siendo la falta de indicadores que permitan evaluar los resultados. En la mayoría de los casos, las cifras de incidencia delictiva que se publican con base en los reportes de las procuradurías de justicia estatales simplemente no reflejan la realidad. Como sabemos, la mayor parte de los delitos no se denuncian. Por otra parte, en las estadísticas se observan inconsistencias que sugieren que los datos no se recopilan con un mínimo de rigor, y que incluso apuntan a manipulaciones de mala fe.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública que el INEGI elabora con base en una muestra muy amplia es probablemente el único indicador confiable que tenemos hoy para evaluar el desempeño de las autoridades en materia de seguridad pública. Sin embargo, sus alcances son limitados (es representativa a nivel estatal, no municipal, y sólo se levanta una vez al año). Es urgente multiplicar esfuerzos en esta materia e invertir recursos en la generación de estadísticas confiables en los sistemas de procuración e impartición de justicia, así como en el de readaptación social. Sin estos elementos, nuestras políticas de seguridad seguirán siendo una colección de buenas intenciones e iniciativas azarosas, pero no una verdadera estrategia.
Vecinos distantes
A pesar de los altibajos, la presidencia de Calderón marcó el momento de mayor cercanía en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en temas de seguridad; la Iniciativa Mérida, establecida en 2008, es el acuerdo más ambicioso de colaboración que se haya alcanzado entre ambos países en la materia. Más importante todavía, en el sexenio pasado Washington intensificó sus labores de inteligencia en territorio mexicano. Por ejemplo, ha trascendido que el Cártel de Sinaloa entregó a agentes de la DEA en nuestro país información muy precisa sobre las actividades de sus rivales. Cuando convenía a sus intereses, las agencias norteamericanas canalizaban la información a las dependencias mexicanas. Éste fue el origen de la mayor parte de los numerosos arrestos y decomisos de alto perfil que tuvieron lugar durante el gobierno de Felipe Calderón.
Desde que inició el actual gobierno, varios factores han coincidido para reducir el perfil de la colaboración entre las agencias de seguridad de México y Estados Unidos. En primer lugar, el PRI se mostró receloso desde un comienzo de la excesiva libertad con la que los agentes norteamericanos trabajaban con sus contrapartes mexicanas en tiempos de Calderón. La Segob, en su nueva calidad de cabeza del sector seguridad, centralizó la comunicación entre las agencias mexicanas y norteamericanas, lo que acotó la capacidad de los norteamericanos para usar su ventaja informativa al servicio de sus propios intereses. En segundo, con la disminución de la violencia en la frontera norte también bajó el lugar que México ocupa en la escala de prioridades de seguridad de Estados Unidos (al menos hasta la crisis por el éxodo de menores migrantes este año).
Por otra parte, en el mediano plazo podría llegar a su fin el virtual monopolio norteamericano sobre los informantes de alto perfil al interior de los cárteles. La información pública sobre el tema es limitada. Sin embargo, es revelador que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del presente año el Ejecutivo haya solicitado un incremento de 174% al presupuesto de CISEN. La mayor parte de los recursos adicionales (4 mil 600 millones de pesos) se destinarán a la creación de centros regionales de inteligencia. Lo abultado de la cifra hace suponer que estos centros contarán con personal y recursos para extraer la información detallada, idealmente, de las fuentes a las que hasta ahora sólo tienen acceso directo los estadounidenses.
El desafío político
En la medida en la que las organizaciones criminales se adaptan y buscan un entorno favorable donde las instituciones son más débiles, las capacidades y la voluntad política de las autoridades estatales se ha convertido en el factor determinante para la construcción y la preservación de la paz. En los últimos meses he tenido la oportunidad de observar de cerca el inicio de un proceso de reconstrucción institucional en Morelos, donde se observaba desde hace años un deterioro progresivo de la seguridad. En 2013, la incidencia de secuestros alcanzó niveles alarmantes.
El gobernador, Graco Ramírez, buscó fuera de su entidad a un mando policial con capacidad y autonomía para recuperar el control sobre las agencias de seguridad pública. Ha sido una decisión políticamente costosa, pero ya se observan los primeros resultados. En menos de seis meses se ha dado un importante impulso a la implementación del mando único, y las ejecuciones y los secuestros han disminuido.
La experiencia de Morelos es todavía incipiente, pero también existen casos de éxito que destacar. En Nuevo León he observado una sorprendente recuperación, ya consolidada, después de la severa epidemia de violencia que inició en 2010. En este caso es importante destacar el papel que la sociedad civil y la comunidad empresarial desempeñaron, junto con el gobierno del estado y los municipios, para implementar un programa muy ambicioso de reconstrucción institucional. De acuerdo a la encuesta de victimización que publica el INEGI, en un solo año, de 2012 a 2013, el porcentaje de la población en Nuevo León que manifestó confiar algo o mucho en la policía municipal escaló del 37 al 46 por ciento.
Asimismo, hay una notoria recuperación en Ciudad Juárez, aunque en este caso hay que reconocer el papel que la federación desempeñó mediante acciones de reconstrucción del tejido social. Mención aparte merecen las entidades donde las instituciones locales de seguridad pública han tenido la capacidad para no perder el control territorial frente al crimen organizado, como Querétaro y el Distrito Federal.
Sin embargo, en otras entidades las autoridades han optado por esperar al recrudecimiento de la crisis, y a la intervención del Gobierno Federal. En alguna medida, la federación ha propiciado esta negligencia. Al menos hasta el nombramiento del comisionado Castillo en Michoacán, los criterios de intervención generaban incentivos perversos: el estado y los municipios están solos cuando actúan de forma proactiva y oportuna contra los criminales. En contraste, si la crisis estalla y se refuerza la presencia federal, las consecuencias son mínimas en el ámbito político. Los incentivos que las autoridades locales tienen para ser omisas son particularmente altos si tomamos en cuenta que en muchas entidades los criminales han cometido impunemente atentados, principalmente en contra de alcaldes y mandos del sector seguridad. Para cambiar la lógica perversa que ha marcado los operativos conjuntos será necesario asumir enormes costos políticos.
En cierto sentido, lo peor de la crisis de inseguridad ha quedado atrás. Con la desarticulación de Los Zetas y Los Caballeros Templarios (los dos cárteles con mayor inclinación por la violencia) es probable que se reduzca la intensidad y la espectacularidad de los enfrentamientos y ataques. Lo más probable es que en los próximos años veamos un regreso del negocio del narcotráfico a manos de organizaciones de corte más o menos empresarial, con los inevitables ajustes de cuentas y conflictos territoriales, pero sin la guerra desbordada en la que todos los grandes cárteles participaron entre 2008 y 2012.
En las principales ciudades del norte (excepto en Tamaulipas) el fantasma de la violencia ha perdido protagonismo, pero si no se hace frente al desafío político en otras regiones, el mal crónico de las mafias se seguirá arraigando. Este escenario tendría dos graves repercusiones: la presencia prolongada de mafias tendría un impacto en la economía local por el cierre de negocios y al éxodo de la población; y es probable que la inseguridad, sumada a la ausencia del Estado y al deterioro económico, detone el surgimiento de nuevos grupos de autodefensa y de conflictos sociales. Así, el crimen organizado dejaría de ser un tema primordialmente militar y policial, y se consolidaría como una amenaza de primer orden para la gobernabilidad del país.\\
