–Me dijeron que el niño venía pequeño y que ese centro estaba más cerca del hospital si había problemas.

La atendía una cohorte de asistentas sociales, le regalaron ropa para el niño. Creyó que su suerte, por fin, había cambiado. Le programaron el parto y el 18 de junio se montó en un taxi con el novio de su hermana y una asistente social, que le dio unas píldoras «para los nervios». Cuando despertó, sola, en una habitación de la Dexeus, la ginecóloga Victoria López–Rodó –hermana del ministro franquista Laureano López-Rodó– le contó que su niño no había sobrevivido. «Venía mal, pero no te preocupes que eres muy joven y ya tendrás más», le dijeron. Nunca le enseñaron el cuerpo y ella tampoco pidió verlo.

Pasó dos días sola, llorando en aquella habitación lujosa. Las monjas, las asistentes sociales y las atenciones se habían esfumado. Salió y, a la semana, le dijeron que tenía que marcharse del centro de la acción católica, porque ya no estaba embarazada ni tenía un menor a su cargo. El Tribunal de Menores, responsable de su tutela, se desentendió. Tenía que volver a empezar, pero no sabía por dónde. El mismo 18 de junio, horas después del supuesto fallecimiento del bebé, por la puerta trasera del hospital donde ella había parido, una pareja se iba con una bebé de menos de 24 horas de vida y 2.1 kilos. Días más tarde, la mujer, una profesora universitaria inscribió a la bebé en el Registro Civil con el nombre de Marina, el apellido de su pareja y el suyo, como si fuera hija de ambos. Había pagado por ella dos millones y medio de pesetas (15 mil euros) en concepto de gastos hospitalarios. Sabía que la madre era menor y creía que con ellos, una importante familia de la alta burguesía catalana, al bebé nunca le faltaría nada. Hicieron trámites para legalizar la adopción de la niña cuando ésta tenía 2 años. Aunque en España no es posible adoptar legalmente a un menor bajo tutela del Tribunal de Menores, nadie se lo impidió.

Pero hubo un pequeño detalle que nadie supo calcular: cuando Marina creció, quiso buscar a su madre biológica. Y la encontró con la ayuda de su padre adoptivo.

–Nunca más podré vivir tranquila sabiendo que cuando mi hija no está conmigo se abraza a la mujer que la compró y me la robó. Descubrir esa traición me rompió la vida para siempre –dice Alfonsa.

* * *

La historia de Alfonsa se ha estado repitiendo durante casi medio siglo en España. Cambian los protagonistas, los hospitales (públicos y privados), las fechas, las ciudades, pero los elementos son siempre los mismos: la madre daba a luz; le decían que su hijo había muerto aunque nunca le mostraban el cadáver. Muchas veces el bebé era entregado o vendido a otra familia que lo registraba como hijo propio, quien en la mayoría de los casos nunca conocería su origen.

La práctica comenzó en 1939, durante el franquismo: a las rojas republicanas –las mujeres del bando perdedor– les arrebataban a sus hijos en las cárceles para exterminar lo que el psiquiatra español Vallejo Nájera llamó «el gen rojo». Lo describía así en su ensayo «Psiquismo del fanatismo marxista», publicado en la revista Semana Médica Española en 1939: «Las personas defensoras del marxismo, el anarquismo, la igualdad o la libertad tienen una patología que les lleva a defender tales ideales». Utilizó su formación alemana para experimentar con un grupo de presas de las Brigadas Internacionales de Málaga, y señaló que ese gen «podría ser curado si se separaba a los hijos de sus progenitores, incapaces de criar sanamente a su descendencia». Siguiendo esos postulados, se redactó la Orden Ministerial del 4 de diciembre de 1941, que permitió destruir la documentación del Registro Civil del nacimiento y sustituirla por la nueva filiación. Esta orden facilitó que de 1939 a 1943 unos 12 mil hijos de presas republicanas fueran arrebatados a sus madres y entregados a familias «de bien», según documenta Ricard Vinyes, historiador experto en desapariciones de niños en el franquismo en Irredentas (Ed. Temas de Hoy, 2002).

Durante la dictadura de Franco, entre 1939 y 1975, lo que había comenzado en las cárceles como una purga ideológica para establecer un orden social se multiplicó. En aquel momento, el auxilio social, las maternidades, la tutela de menores y las adopciones estaban en manos privadas. En concreto, eran órdenes religiosas las encargadas de esa asistencia. Disfrazando el hecho de caridad, estas religiosas entregaban a los niños que tutelaban en esas instituciones a familias afines al régimen, en ocasiones sin consentimiento de las madres biológicas, que dejaban a sus hijos en esos centros hasta tener recursos para mantenerlos, y en otras engañándolas, diciéndoles que sus hijos habían muerto.

El sociólogo Francisco González de Tena, autor del libro Nos encargamos de todo. Robo y tráfico de niños en España (Ed. Clave Intelectual, 2014), explica cómo fue posible que esto ocurriera en un informe que redactó para el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

–Había un caldo de cultivo social que permitía que esto pasara, basado sobre todo en el autoritarismo y la impunidad de las clases dominantes (burguesía, terratenientes, la Iglesia y el Ejército), a la vez que las clases sometidas vivían inmersas en el miedo por la indefensión.

En este contexto se creó una red informal pero efectiva en la que las religiosas actuaban como enlace con las víctimas, contactaban con los adoptantes (siempre familias adineradas) y mantenían pisos o pensiones en las que escondían a las madres embarazadas que no contaban con respaldo familiar. Luego, se trasladaba a los bebés en función de la oferta y la demanda. González de Tena describe cómo se camuflaban los robos en las clínicas y maternidades en los años cincuenta:

«En esos años, las víctimas más frecuentes eran mujeres que las monjas no consideraban adecuadas para ser madres.»

–Contaban con unos medios técnicos más sofisticados que los partos en las casas, pero las tasas de mortalidad eran muy altas. Un análisis de los datos halla causas insólitas. En la Maternidad de O’Donnell, en Madrid, por ejemplo, el mismo día de 1956 fallecen siete recién nacidos por «otitis», una dolencia muy extraña en recién nacidos y pese a que según la OMS no hay ninguna epidemia entonces. Muchos no morían, sino que eran sustraídos y registrados como muertos.

En esos años, las víctimas más frecuentes eran mujeres que las monjas no consideraban adecuadas para ser madres: menores, solteras, analfabetas, jóvenes asustadas que huían de la vergüenza. Muchas eran también sirvientas embarazadas por el señorito de la casa, que contaba con las religiosas como aliadas para borrar las huellas de sus travesuras sexuales. Con el argumento caritativo de que a los pequeños se les podía ofrecer «una vida mejor», se trazó, para miles de niños, un destino distinto al que les hubiera tocado.

El abogado Guillermo Peña lleva cinco años defendiendo casos de víctimas de sustracción de bebés desde la Asociación SOS Bebés Robados de Madrid. Para poder entender lo ocurrido recurre al contexto social de la época.

–En una sociedad sin anticonceptivos, donde el aborto estaba prohibido, no existía el divorcio, ¿cuántas infidelidades y embarazos no deseados habría? La madre gestante no tenía ningún apoyo, y cuando una mujer se quedaba embarazada fuera del matrimonio, el autor de la gracia desaparecía. Ella buscaba auxilio en la única red de asistencia social del momento: la Iglesia.

La orden de las Hijas de la Caridad, encargada del auxilio social en las maternidades, en ese momento atendía a cientos de mujeres desesperadas, alojándolas en viviendas provisionales sin que su familia lo supiera.

–Pero tenían que dar una salida al niño, porque las madres no tenían ni dinero, ni casa, así que recurrían a la inclusa –el orfanato de la época– o le buscaban otros padres. Ése fue el punto de partida hasta que se dio el salto hacia el abuso, porque la gente cada vez recurría más a las religiosas para solicitar un niño –dice Peña.

Este sistema se perpetuó más allá de 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco y tras la aprobación de la Constitución democrática en 1978. Las religiosas se convirtieron entonces en la vía rápida para adoptar niños en un contexto que, con la llegada de la educación sexual, los medios anticonceptivos y la despenalización relativa del aborto, dejaba muy pocos para adoptar, y siguió siendo así durante muchos años, al punto que existen denuncias datadas en 1992. Las poderosas redes tejidas durante el franquismo, en las que aparecen involucradas familias adineradas –cuyos apellidos se repiten en las denuncias– o afines al régimen, médicos, matronas, religiosas y funcionarios públicos, siguieron actuando con la aparente connivencia de las administraciones. Las víctimas ahora ya no eran madres solteras, analfabetas o sirvientas: podía ser cualquiera. A veces era una simple cuestión de suerte. De mala suerte.

* * *

A Eusebio Caballero no se le olvida la conversación que tuvo con aquella monja, mientras esperaba a que naciera su hijo en 1981:

–Me preguntó cómo nos íbamos a hacer cargo del niño siendo tan jóvenes, y le dije muy confiado: «¡Pero si es el segundo, esto ya nos lo sabemos!» –explica, apartando su pancarta en medio de un acto de protesta, en Madrid.

Su mujer dio a luz en la Clínica de La Milagrosa, en esta ciudad. Llevaba varios días ingresada y Eusebio había podido ver a su bebé, incluso tenerle en brazos.

–El tercer día me dijeron que había muerto porque había sufrido durante el parto, luego que tenía el cráneo aplastado. Dije que lo quería ver, pero el que me enseñaron no era mi hijo. El mío era rubito, blanquito y muy chiquitín, y ese bebé envuelto en telas era muy moreno y mucho más grande. Ni siquiera sé si era un varón o una niña. Lo toqué y estaba helado.

La revista Interviú publicó en 1981 un amplio reportaje gráfico en el que se mostraba cómo en la Clínica San Ramón, por ejemplo, donde se han denunciado numerosos casos de sustracción de bebés entre finales de los años setenta y principios de los ochenta, guardaban un bebé en la nevera. El reportaje aseguraba que lo usaban para mostrárselo a los padres insistentes. Sin embargo, algunos investigadores explican que en la época no se enterraba a los bebés todos los días, y es posible que hubiera varios niños en la nevera, esperando para ser trasladados al cementerio. Por aquel escándalo hubo seis detenidos y la clínica se cerró a principios de los ochenta, pero ninguno llegó a ser juzgado.

A Esteban no le dejaron enterrarlo. Le dijeron que ellos se encargaban. Pero cuando empezó a escuchar en los medios, en 2010, historias de bebés robados, Eusebio recordó a aquella monja y empezó a buscar el rastro de su hijo. Sin suerte. Ni en el hospital, ni en el cementerio había información, pero él está seguro de que se lo robaron.

* * *

La cifra de afectados es incalculable. El juez Baltasar Garzón, cuando estaba en la Audiencia Nacional, llegó a denunciar el robo de cerca de 30 mil niños durante el franquismo, entre los años 1944 y 1954. Y el robo se mantuvo durante 50 años más. ¿De cuántos niños, de cuántas madres sin hijos estamos hablando? En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no aciertan a ofrecer un dato, aunque señalan que constan mil 500 desapariciones entre 1960 y 1992. Las víctimas podrían ser decenas de miles. Hoy hay varias familias tratando de localizar a sus bebés desaparecidos, siguiendo el rastro del ADN: los tres principales laboratorios españoles almacenan, entre los tres, 3 mil 600 perfiles de ADN de personas que buscan a sus hijos, aunque algunos pueden estar duplicados. Sólo han encontrado a 14.

Durante años han estado llegando a los tribunales casos de afectados por robos de bebés, y durante años sus causas, aún cuando se presentan evidencias de falsificación documental y diversas irregularidades, han sido archivadas alegando falta de pruebas o prescripción del delito, ya que tanto la falsedad documental como la adopción irregular prescriben en España a los cinco años. Y estos casos a veces tienen más de 30.

–Hay muchos padres que creían que su hijo había muerto en el hospital y que no dan con la documentación o encuentran contradicciones en el Registro Civil, el hospital, la iglesia o el cementerio. Hay muertos antes de nacer, enterramientos sin bautizo o niños sin certificado de defunción, que no están enterrados pero se archivaban –explica el abogado de SOS Bebés Robados de Madrid, Guillermo Peña.

Sólo unos pocos de estos casos llegaban a los juzgados, porque la mayor parte de las víctimas ni siquiera sabían que lo eran. Los robos perpetrados durante el franquismo no se llevaron a juicio debido a la Ley de Amnistía de 1977, una ley de punto final aprobada con la idea de que los presos políticos pudieran salir de la cárcel pero que acabó protegiendo a los agresores. La catedrática Soledad Luque, de la asociación Todos los Niños Robados son También Mis Niños, lo explica:

–En España no vivimos una transición democrática, sino una transmisión, de actitudes y gente en los mismos puestos y organismos de poder, y las mismas élites que ejercían el poder en el franquismo han seguido ejerciéndolo en la democracia y sólo ahora está empezando a cuestionarse esa supuesta transición.

Pero, tras medio siglo de ostracismo judicial, algo cambió a partir de 2010. Con la posibilidad de hacer pruebas de ADN, las sospechas podían convertirse en pruebas y, a través de las redes sociales, las víctimas, repartidas por toda España, encontraron la posibilidad de organizarse. Antonio Barroso, un zaragozano que había descubierto que él y su mejor amigo no eran hijos de sus padres, y que a ambos los habían comprado en cuotas, se movilizaron para poner una denuncia conjunta. Habían localizado a la religiosa que los había vendido. Barroso logró reunir a más de 300 personas en unos meses para plantear una denuncia conjunta y crearon una asociación: ANADIR. Hoy, cuatro años después, son más de 2 mil 300 miembros. Hasta entonces, habían sido las madres las que denunciaban las desapariciones, pero ahora eran los hijos los que buscaban sus orígenes. Empezaron a salir en los medios y eso tuvo un efecto dominó. Las redes sociales les aportaron lo que las administraciones llevaban años negándoles: la posibilidad de contactar con otros afectados y cruzar perfiles de ADN. Otros siguieron su ejemplo y se crearon, en unos pocos años, 28 asociaciones por toda España, que empezaron a ser escuchadas por los medios. Las familias lograron reunirse con el Fiscal General del Estado, Cándido Conde–Pumpido, que en 2011 dio un paso trascendental y ordenó a los fiscales de todo el país investigar todos los casos de niños robados. A la Fiscalía llegaron unas 3 mil denuncias de toda España. Pero sólo algunas decenas han prosperado. En el principal juzgado de Madrid, apenas están abiertos 20 casos. En toda España, no llegan al centenar, y hasta el momento no ha habido ningún procesamiento.

–Sin pruebas, la fiscalía no puede formular querella, ni denuncia y los casos quedan archivados porque el juez, tras las diligencias, no puede seguir adelante –explica un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Eduardo Esteban, de 56 años, era en 2011 el Fiscal Jefe de Madrid. A su despacho del lujoso barrio de Salamanca llegaron entonces más de 300 casos y destinó a nueve fiscales a investigar las denuncias. Ahora define todo el proceso de investigación con una palabra: frustración.

–Personalmente creo que sí que hubo robo de bebés. También creo que son muchos menos que las denuncias presentadas, pero tras dos años investigándolo no pudimos demostrarlo.

Dice que 90% de los casos que recibieron eran de madres que habían dado a luz hacía 30 ó 40 años, a las que les habían dicho que su bebé había muerto, y que al salir a luz las denuncias de anadir buscaron el rastro de su hijo.

–Investigamos cada caso hasta chocar con el muro del tiempo. Para que un caso pudiera prosperar judicialmente como sustracción ilegal, se necesitaba al menos una madre y un hijo que se hubieran reencontrado, o unos restos que no fueran del hijo buscado. Y apenas pudimos sacar adelante uno de esos casos. En el resto, nunca sabremos qué ocurrió. Siempre nos pasaba lo mismo: llegábamos a un punto en el que no se podía seguir. Se pedía al hospital, al Registro Civil y a los cementerios la documentación. Y casi siempre se encontraba que había un niño nacido, que ese niño había fallecido y un certificado de defunción. Y, con posterioridad, un certificado del cementerio que nos decía que el bebé, transcurridos 10 años, se pasaba a una fosa común, donde los restos se incineraban cada cierta cantidad de años. Ése era el fin de la investigación.

El Fiscal General que sucedió a Conde Pumpido, Eduardo Torres Dulce, especificaba en una instrucción de 2012 que había que tratar la sustracción de bebés como un secuestro –detención ilegal con carácter permanente–, lo que implica que, mientras no aparezca el niño, el caso no puede archivarse. Desde el lado de las víctimas, Soledad Luque, denuncia que esta orden no se está cumpliendo y que la Fiscalía General del Estado «no está haciendo que se cumpla». Antonio Barroso, presidente de ANADIR, se muestra indignado por el archivo de las causas.

–Para engañar a una madre que va a dar a luz, alojarla en una pensión, dar el bebé a otra, falsificar la documentación en el hospital y en el Registro Civil y falsificar una licencia de enterramiento hace falta una red, eso no lo hace una persona. En un hospital trabajan miles de personas. ¿Por qué no declaran? ¿Y los médicos? ¿Y los funcionarios que falsificaban la documentación? Hay una voluntad evidente de que los casos desaparezcan.

El fiscal Eduardo Esteban asegura que tiene la conciencia tranquila.

–Investigamos todo lo que se pudo. Pero sin pruebas de un delito no se puede montar un caso. Las asociaciones a veces nos pedían que hiciéramos pruebas de ADN o que interrogáramos a señoras que habían dado a luz en la clínica al mismo tiempo que las denunciantes, pero sin tener pruebas de que hubiera habido un robo, y en un estado de derecho es imposible hacer eso. La gente tiene derecho a una intimidad.

El sociólogo González de Tena no coincide con él:
–La investigación ha sido muy precaria. Se siguen destruyendo archivos fundamentales. El 30 de mayo de este año un incendio intencionado en la Casa del Niño de Las Palmas –el tercero en un año– destruyó todo el archivo. En el Hospital La Paz pasó algo similar con unas inundaciones, y los libros de partos llegan amputados a los archivos regionales. En todos esos archivos hay sospechas de niños robados.

Una parte del colectivo de víctimas (10 asociaciones de las 28 que existen) se ha unido a la denominada Querella Argentina, promovida desde Argentina, y que busca juzgar los crímenes del franquismo y la causa de los bebés robados como un crimen más de la dictadura.

El abogado Carlos Slepoy, que trabaja en este caso, cree que hay una relación directa y demostrable entre las redes de apropiación sistemática y generalizada, creadas en las entrañas del régimen, que se perpetuaron casi hasta hoy.

–Me sorprende el oscurantismo y el silencio social, tratándose de decenas de miles de casos. En Argentina, por ejemplo, hubo una potente tarea educativa de concienciación y respaldo social, que aquí no se ha hecho. Incluso, se sigue negando que existió.

* * *

El Ministerio de Justicia creó en 2013, tras la presión social y mediática, una oficina para dar respuesta a las víctimas y ayudarlas en su búsqueda. La directora, Carmen de Troya, recibe en su despacho en el 8 de la Calle de la Bolsa, e insiste en que ellos no están «para buscar responsables, sino para ayudar a la gente que busca su origen». Este organismo, donde trabajan cuatro personas, nació para tramitar la documentación y evitar el peregrinaje de la gente por registros, ayuntamientos, hospitales o cementerios. Carmen de Troya explica que muchos archivos de los hospitales privados se han perdido, y que en los cementerios se perdió el rastro de la mayoría de las denuncias. De Troya duda que el caso tenga la dimensión que se ha dado a conocer a través de los medios.

–Llegué a leer que había 300 mil desaparecidos. Si fuera cierto, aquí habría cola. Muchos llegan intentando encajar sus casos en lo que han visto en la tele, y a lo mejor a su hijo no se lo robaron y no hubo irregularidades, pero los hijos prefieren pensar que les han robado a pensar que les han abandonado. También hay quien estaba muy a disgusto con su familia adoptiva y ahora, cuando han encontrado a la biológica, ya sabes… a lo mejor ya no está tan a disgusto –dice, con una sonrisa de complicidad.

La directora invita a los afectados a que incorporen sus perfiles de ADN al banco público. Para ello deben realizarse el estudio en un banco privado (las pruebas cuestan de 120 a 180 euros), y aportar su perfil a la base de datos pública. Pretenden que este banco de ADN unifique todos los privados para facilitar los reencuentros. Pero en un año sólo han recibido 200 perfiles. ¿Qué ha fallado?

–Eso pregúnteselo a los afectados, nosotros aquí estamos esperándolos.

Soledad Luque, de la asociación Todos los Niños Robados son También Mis Niños, cuenta que las víctimas no se fían de esa Oficina:
–Lo primero que te preguntan es para qué quieres la información. ¿Y qué más da? Su obligación es facilitarla. No nos fiamos porque ellos no nos creen. ¿Cómo van a ayudarnos o defendernos si nos siguen tomando por locos?

El fiscal Eduardo Esteban cree que no se trata de una trama organizada, sino que tiene que ver con el hecho de que no existiera una gestión pública de las adopciones hasta los años noventa, lo que generó abusos, y con el hecho de que la Iglesia Católica tenía un papel paternalista en la sociedad española.

–La Iglesia Católica se había acostumbrado durante más de 50 años a decirle a la sociedad lo que tenía que hacer y cómo hacerlo, y tras ello había una caridad muy mal entendida que se confundía con decidir por los otros. Eso se unía a que las monjas se dieron cuenta de que tenían en sus manos una cuestión importante y abusaron de ello, a lo mejor sin un afán lucrativo, porque en la mayoría de los casos las cantidades que se pagaban servían efectivamente para cubrir gastos médicos, pero sí buscando favores o generando deudas con gente influyente. Y muchas veces intentaban convencer a las madres, y seguramente acudieron a lo delictivo engañándolas, haciéndoles creer que su hijo había muerto. Pero todo eso no hemos podido demostrarlo.

* * *

«Vengo a denunciar que yo compré a mi hijo». El padre de Carlos, ya anciano, se plantó así en una comisaría de Toledo. A su hijo se lo habían dado en 1986, en la Plaza Mayor de Toledo por 150 mil pesetas (casi mil euros), como un coche viejo.

–Llegó la monja, a la que habían contactado a través del cura del barrio, con el bebé en un Citröen. Les entregó al niño, le dieron un sobre con dinero e inmortalizaron el momento en una Polaroid que Carlos aún conserva. En ella se ve a la monja con la familia, el coche y un sobre en la mano –dice el abogado Guillermo Peña, de SOS Bebés Robados.

Todo eso sucedió a mediados de los ochenta, en pleno mediodía en una bulliciosa plaza de la ciudad. Cuando en 2012 empezó a ver en la televisión testimonios de niños sustraídos, torturado por el remordimiento, el padre de Carlos se comprometió a ayudar a su hijo a buscar su origen. Pero la causa fue archivada. No encontraron rastro de las religiosas ni del sacerdote. Sólo tenían la foto.

La Agencia Española de la Protección de la Adopción, fundada en 1969 por el fiscal del Supremo Gregorio Guijarro, figura en multitud de relatos de apropiadores que cuentan que ellos los remitían a las religiosas. En los años ochenta, el diario El País y la revista Interviú publicaron varias investigaciones acerca de redes que recolocaban bebés. Ya a principios de esa década cayó una red, en la que estaba implicada la Clínica San Ramón y su director, el Doctor Vela, que vendía hijos de prostitutas a familias adineradas. Los medios entonces publicaron que la mitad de las adopciones en España eran ilegales. Pero nada sucedió. Más de 20 mil personas estaban en lista de espera oficial para una adopción, y algunos buscaron una vía más rápida. Gregorio Guijarro, padre adoptivo de gemelas, hablaba abiertamente de eso en una entrevista publicada en 1980 en El País: «El sistema más rápido para conseguir un niño en adopción es ganarse la simpatía de las personas relacionadas directamente con el tema: asistentes sociales, monjitas… En cuestión de adoptantes, un buen fichero está en manos de sor María Gómez Valbuena».

* * *

La mañana del 12 de abril de 2012, cientos de personas se arremolinaban en la puerta del juzgado de Plaza de Castilla de Madrid. Cuando se abrió la puerta, una escolta de dos policías y un abogado acompañaban a la Hermana de la Caridad sor María Gómez Valbuena. La monja salía de declarar por primera vez ante Adolfo Carretero, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Estaba acusada de detención ilegal y falsificación de documento público. «Sor María, ¿actuaba usted sola o era parte de una red?» Los periodistas la asaltaban a preguntas que ella no respondía. Tampoco le había respondido al juez, ante quien había guardado silencio. «¿Por qué la protegéis? ¿Policías, dónde estabais cuando robó a nuestros hijos? ¡No hay derecho!», gritaba una de las víctimas, mientras la monja desaparecía en un imponente Mercedes negro.

La religiosa, de 87 años, no había abierto la boca ante el juez, pero horas después hacía un comunicado: «Son falsos los hechos que me atribuyen. Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas. He dedicado toda mi ya larga vida a ayudar a los más necesitados de manera desinteresada, como forma de hacer realidad mis profundas convicciones religiosas».

Sor María es uno de los nombres más repetidos en esta trama y el suyo uno de los pocos casos que el fiscal Eduardo Esteban sacó adelante. Fue la asistente social y encargada de las adopciones en la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid, desde 1970 hasta 1980, y ayudante del doctor Vela en San Ramón. El fichero –del que hablaba Guijarro en El País– era un cuaderno de tapas azules donde apuntaba los datos de las familias. Llegó a haber 500 nombres, según una enfermera que trabajó con ella.

Al día siguiente de la declaración frustrada de sor María, frente al mismo juez, Alejandro Alcalde contó cómo en 1982 había pagado cerca de 80 mil pesetas (500 euros) por las facturas del nacimiento de la que luego sería su hija, el primer caso por el que sor María se enfrentaba a la justicia. «Eran en concepto de hospitalización, el paso por la incubadora, la anestesia de la madre…». Alejandro Alcalde aseguró que sor María les había contado que la mamá daba a la niña en adopción «porque era muy joven y no tenía posibilidades económicas». Cuando su hija cumplió 15 años, empezaron a buscar a su verdadera madre. Dieron con ella gracias a un programa de testimonios en la televisión. Se llamaba María Luisa Torres y llevaba años buscando a su hija. Ella le contó al juez que sor María la había coaccionado y le había arrebatado al bebé, en marzo de 1982. «Si no me das a ésta te quito a la otra por adúltera», le dijo. Aterrada, la mujer, entonces camarera, separada y madre de otra niña de 2 años, salió de Santa Cristina con las manos vacías.

Sor María fue citada por segunda vez a declarar, pero su abogado presentó un escrito, alegando motivos de salud para justificar su ausencia. Al día siguiente, la monja murió por una insuficiencia respiratoria en su cama del convento. Todas las causas en las que estaba implicada se archivaron con su muerte.

* * *

Paloma Ramírez cree que las mariposas dan buena suerte. Por eso, un día decidió cambiar su agenda negra por una en cuyas tapas hay mariposas estampadas. En ella apunta todos los datos que considera útiles para reconstruir su historia. Teléfonos, nombres, fechas; incluso le ha dedicado una página al artículo 39.2 de la Constitución Española: «Los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad». Dice Paloma que su madre nunca la quiso.

–Jamás me dio un beso, o un achuchón –dice en la sala de su casa en Alcorcón, una ciudad del extrarradio de Madrid, rodeada de fotos familiares y recuerdos.

Está arreglada, con unas sandalias de tacón medio, una camiseta rosa y una medalla de la virgen al cuello. Cuenta su historia de una década de búsqueda con un aluvión de papeles: sentencias judiciales, análisis de ADN, papeles del registro. Todo eso tiene una fecha de inicio: el 11 de febrero de 2004.

–Nunca se me olvidará esa maldita fecha, cuando fui a pedirle a mi madre que me dijera la verdad.

Paloma es ama de casa desde que volvió de Alemania, donde había emigrado con sus «falsos padres», como ella los llama. Madre de dos hijas, rubia, pelo corto, estaba a punto de cumplir los 47 cuando, durante una discusión, su madre le dijo, airada: «Si tú no eres ni de mi familia». La frase se le clavó y empezó a investigar. La pista definitiva se la dio el Registro Civil.

–Mi madre siempre me había contado que yo había nacido en la Maternidad de O’Donnell, pero en el registro decían que había nacido en casa.

Entonces, confrontó a su madre:
–Mamá, ¿yo dónde nací?
–Uy, espera que lo pienso, ¿dónde naciste tú…?
–¡No me puedo creer que se te mueran siete hijos en el parto y no recuerdes dónde nació la única que te ha sobrevivido! Aquí hay algo que huele muy mal y lo voy a averiguar.

Entonces su madre le dijo:
–No busques más. No soy tu madre.

«Una monja se le acercó con una niña en brazos: No arriesgues más tu vida. Si la quieres, es tuya, su madre no la quiere. Pero toma un taxi, que no te vean.»

La mujer que crió a Paloma, cuyas iniciales son P.B., tenía 27 años en 1957, cuando intentó por séptima vez ser madre. Y por séptima vez su bebé murió. Estaba desesperada cuando una monja se le acercó en la Maternidad de O’Donnell con una niña en brazos. «No arriesgues más tu vida. Si la quieres, es tuya, su madre no la quiere. Pero toma un taxi, que no te vean. En unos días la registras como tuya y di que la tuviste en casa», le dijo. Salió de allí con la niña y se montó en un taxi que apenas podía pagar rumbo a un poblado de infraviviendas en Batán, al sur de Madrid.

El día de la discusión P.B. le contó eso a Paloma, y Paloma, en su búsqueda, encontró cosas suficientes para llevar ante el juez a la mujer que la había criado. Los papeles oficiales acreditaban que su madre biológica había dado a luz a dos niñas en apenas 15 días. Habían pagado por ella 3 euros, 500 pesetas, un dineral en una época en la que el sueldo de sus «falsos padres» –ella trabajaba como limpiadora y él como pocero– apenas llegaba a 80 pesetas al mes. Casi por accidente, tropezó con otro dato: ella no había sido la primera niña que su madre compraba. Había una niña, Concepción, otro bebé robado, en este caso en la Clínica de la Concepción, que había muerto a los 3 meses de una bronconeumonía. Por ella habían pagado otras 500 pesetas en 1956. Cuando Paloma descubrió estas cosas, dejó de hablarle a P.B.

–He vivido engañada 47 años. Me han cambiado mi vida. Nunca me faltó de nada pero viví una infancia que no era la mía, en una barriada humilde, en una casa sin agua ni baño, y todos en una habitación donde comíamos y dormíamos. Cada dos por tres tenía que salir a pedir auxilio porque mi papá pegaba a mi mamá cuando bebía. No sé cómo hubiera sido mi vida con mi madre, pero al menos habría sabido lo que es que tu madre te quiera.

Cuando intentó averiguar quién era su madre biológica, P.B. se cerró en banda: «Eso no te lo digo. Denúnciame si quieres, que de la cárcel se sale pero del cementerio no». Es inútil pedirle su versión de la historia. La mujer, de 84 años, es contundente antes de colgar el teléfono: «No. No me interesan los medios».

* * *

Son las 11 de la mañana del 14 de junio del presente año. En la sede del Partido Popular, de Madrid, el partido en el gobierno, un millar de personas se arremolinan con pancartas y lazos amarillos. Entre banderas gallegas, vascas, andaluzas, catalanas, canarias, gritan: «¡Somos familias de bebés robados!»; «¡Adoptados, haceros el ADN!». En sus camisetas y pancartas, algunas descoloridas, siempre se repiten dos datos: el nombre de un hospital y una fecha. «Busco hermano. Hospital La Paz. 5/4/1975». Algunos las acompañan de fotos antiguas de la madre o el bebé. «Busco mis hermanos nacidos en 1962. Clínica Fuensanta. Murcia». El pasado 14 de junio, las víctimas de sustracción de bebés, convocadas por las 28 asociaciones que las agrupan, salieron a la calle una vez más para reclamar justicia, exigiendo al Estado que cumpla con su obligación de buscar a los desaparecidos y que se investiguen como violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Teodoro Pimienta, de 58 años, se acerca sofocado.

–Por favor cuente mi historia, necesito ayuda para encontrar a mi hermano.

Lleva una gorra y varias pancartas y desde que se jubiló en 2011 está buscando a su hermano.

–Mi madre era analfabeta e inmigrante recién llegada desde el pueblo a Barcelona. Mi hermano nació el 29 de mayo de 1960. Mi madre Dolores llegó a tenerlo en brazos. Estaba perfecto y al día siguiente le dijeron que había muerto. Ella no lo creyó, pero no sabía defenderse. Toda la vida nos ha pedido que lo busquemos –cuenta, sacando sus papeles de una funda de plástico, que lleva «por si acaso»–. Pedí la documentación al hospital Clínic de Barcelona y no constaba como fallecido, ni como enterrado en el cementerio, ni había un legajo de aborto. Pero sí encontré una gráfica con su evolución de peso y estatura y un parte de alta del bebé.

Cuando Teodoro llevó su caso ante la justicia, se lo archivaron. Pero no se rinde y repite lo único que su madre les decía de él: «Era pelirrojo, como mi padre». Mientras, a su espalda, la manifestación corea: «Si no están enterrados, ¿a quién se los han dado?».

Alfonsa también ha viajado hasta Madrid esta mañana para unirse a la manifestación. Ha llegado con su hija Marina, que celebrará su cumpleaños número 27 cuatro días después, pero que ha preferido quedarse en el hotel. Sentada en una terraza junto a la Puerta del Sol, Alfonsa recuerda el reencuentro. Va vestida de blanco, con la manicura perfecta, el pelo recogido, piel morena, pendientes discretos. Conoció a su hija una semana más tarde de aquella llamada que le anunció que la habían encontrado. Se encontraron las dos, con un psicólogo.

–Lágrimas, risas, abrazos… no sabíamos ni qué hacer –dice Alfonsa.

Marina le había preparado un álbum con fotos de su infancia. Al abrirlo, Alfonsa se sobresaltó.
—¿Quién es esta mujer, Marina?
—Ésa es mi madre adoptiva.
—Pues es la supuesta asistente social que me acompañaba a las citas del ginecólogo…

Alfonsa, madre de otros tres hijos, no cree que la rabia se le pase hasta que los culpables mueran. Ni siquiera le sirve que sean juzgados.

–Este sentimiento terrible no se va a curar nunca. Aunque nos hayamos reencontrado esto ya no tiene marcha atrás. A mí me gustaría que ella compartiera conmigo esta lucha. Pero Marina nunca viene a las manifestaciones. Al fin y al cabo, ellos la han criado. Me duele. Pero mi hija siempre será un poquito de ellos.\\