El gobierno federal contrató a ONU-Hábitat para el diseño e implementación de planes de reordenamiento territorial y urbano en los cinco estados por los que transitará el Tren Maya. Afirman que su programa de relocalización consensuada tiene el fin de garantizar los derechos humanos, pero éstos no han sido respetados.

El Tren Maya, que se vende como una gran vía de desarrollo para el sur de México, le cambiará el rostro a la península de Yucatán atravesando nueve áreas naturales protegidas e ignorando por completo la voz de miles de mayas que están cansados de ver su patrimonio cultural y natural ser utilizado como moneda de cambio.