Uno de los aspectos más perniciosos de la reforma eléctrica de López Obrador es la destrucción institucional que afectaría la regulación de actores públicos y privados en el sector. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía son órganos técnicos y su participación es crucial para mejorar las decisiones que se toman.

Todo es posible si volteamos a ver al futuro y no al pasado, por lo tanto, hay que rechazar la nueva ley energética y apoyar el desarrollo tecnológico, científico, y la inventiva mexicana, antes que nos alcance un futuro donde Mérida esté bajo el agua.

Las consecuencias de la reforma eléctrica son numerosas y negativas. Una comparación precisa entre la situación previa a la reforma y la nueva versión de la ley basta para constatar los efectos perniciosos en el medio ambiente, en la salud de los mexicanos y en el presupuesto del gobierno.