La reforma eléctrica de AMLO beneficia a CFE y deteriora la democracia

La reforma eléctrica de AMLO: de regreso a 1960

Uno de los aspectos más perniciosos de la reforma eléctrica de López Obrador es la destrucción institucional que afectaría la regulación de actores públicos y privados en el sector. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía son órganos técnicos y su participación es crucial para mejorar las decisiones que se toman.

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Quien controla la energía controla el insumo más esencial de toda la actividad económica y, con ello, crece el sustento de su poder político. La reforma eléctrica que ha propuesto el presidente López Obrador debe analizarse a partir del arreglo institucional que abandona y del que quiere implementar. El fondo de la cuestión no está en el monto del recibo de luz que nos llega cada bimestre, sino en cuáles son los caminos por los que anda nuestra democracia. Hay que ser claros: la supresión de controles institucionales y el poder que se pretende otorgar a la CFE corroen la vida democrática de México.

Las instituciones –es decir, las leyes, reglas y códigos de conducta– nos ayudan a identificar a la autoridad y delinear sus límites, establecen quién puede participar en una actividad, en este caso: quién puede generar electricidad en el territorio nacional, en qué condiciones, con qué derechos y obligaciones, qué instancias dirimen conflictos. De ahí que la importancia de la reforma eléctrica de López Obrador se encuentre, en gran medida, en su contenido institucional y no sólo en sus implicaciones económicas más inmediatas o directas.

Su contenido no se limita a la materia eléctrica, busca un cambio en el diseño institucional del sector energético completo, incluyendo modificaciones sustantivas en la exploración y extracción de hidrocarburos. Digo que es lo más importante porque no se trata nada más de un pésimo intento por hacer más efectivo el control del gobierno sobre el funcionamiento del sector eléctrico, sino de modificar el balance de poder político para favorecer la discrecionalidad y el control del ejecutivo federal.

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