En el camino al Ajusco, al sur de la Ciudad de México, se encuentra un pequeño puesto de birria de res. Al inicio tenía una estufa vieja y una sola mesa bajo un toldo recuperado de alguna campaña política. Con el transcurso de los años y mucho esfuerzo, la familia propietaria, originaria de Puebla, añadió otras dos mesas largas y renovó los enseres para cocinar; el negocio también pasó de ser atendido por un padre y su hijo adolescente a darle empleo a tres personas. Como sucede en tantos puestos de comida y en tres de cada cuatro hogares mexicanos, en éste se utiliza el gas licuado de petróleo (gas LP), más o menos, un cilindro de diez kilogramos al día.
Sobre los precios del gas, el encargado me respondió: “Pues, mira, en enero andábamos pagando entre 220 y 250 pesos por el tanque de diez kilos, pero hace un mes nos llegó hasta 300 o más”. Sus datos no están lejos de los que ha presentado la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que en enero reportaba un precio promedio en la Ciudad de México de 23.83 pesos por kilogramo, sin embargo, para el 30 de junio era de 27.18. De acuerdo con la misma fuente, pero a nivel nacional, el precio se incrementó 30% en un año.
¿Por qué subieron tanto los precios del gas LP en el país? Para entenderlo, primero hay que recordar los componentes del precio; a pincelada gruesa son: el costo de la producción (lo que en la jerga del sector se conoce como el precio de la molécula); los costos del transporte para cruzar el gas por la frontera y llevarlo hasta los centros de distribución, así como los costos de almacenamiento y logística, de los permisos, la administración y demás; también se suman los costos para que el gas llegue desde los centros de distribución hasta los lugares de consumo; se agregan, finalmente, los impuestos, sobre todo, el IVA.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que México se ha integrado cada vez más al mercado internacional de ese energético y ya importa el 70% de su demanda. En particular, a partir de 2016, año en que se liberalizó la importación de gas LP en el país, las importaciones por parte de empresas privadas han crecido. Si algo nos indica esto es que el gas LP está más disponible y es más barato si se importa que si se produce en Pemex.
La apertura y la dependencia del mercado internacional, sin embargo, ponen al precio en México –que lo liberó en 2017 como parte de la implementación de la reforma energética de 2013– a merced de la volatilidad provocada por las condiciones de oferta y demanda en otros lugares. En específico, el precio del gas LP está muy ligado al del indicador Mont Belvieu (y al tipo de cambio entre el peso y el dólar), mostrado en la Gráfica 1. El día 15 de junio de 2020 el precio de referencia era de 2.94 pesos por litro y el precio promedio en México era de 9.99 pesos por litro. Un año después el Mont Belvieu se cotizó en 5.02 y el precio mexicano promedió 12.94 pesos por litro[1]. Así, el precio internacional subió 2.08 pesos y el precio nacional subió 2.95 pesos[2].
Por lo tanto, más o menos dos terceras partes de la subida del precio en México se explican por las condiciones internacionales de oferta y demanda. Éstas, a su vez, se entienden por dos motivos principales: el primero es la reactivación económica, tras los frenos a la producción global impuestos por la pandemia, que implicó el aumento de precio de todos los energéticos y, particularmente, el de los hidrocarburos; el segundo es que el gas LP se utiliza cada vez más en la industria petroquímica china, donde su consumo se multiplicó casi por nueve entre 2013 y 2020, más que el consumo total de México y Brasil juntos (Gráfica 2) –para darle claridad a esta cifra, basta decir que México fue el sexto consumidor de gas LP en años recientes–. La demanda industrial creciente hace que el gas LP sea relativamente más escaso y, por lo tanto, más caro. Es importante reconocer que este efecto no es temporal, sino una modificación estructural, es decir: llegó para quedarse, al menos durante los años que vienen, por lo que podríamos observar incrementos subsecuentes en el precio internacional.
El resto del aumento en el precio –alrededor de la tercera parte– tiene al menos dos explicaciones posibles. La primera es que los costos de transporte y distribución también han incrementado, al igual que los costos de logística, administración y demás gastos generales en los que incurren las empresas distribuidoras. Sin embargo, este efecto es más difícil de calcular directamente porque los costos individuales de cada empresa no están disponibles para el público[3].
La segunda explicación tiene que ver con lo que los economistas llaman “estructura del mercado”, es decir, con el número de competidores, su naturaleza jurídica, dónde se ubican, a qué mercado atienden y cómo compiten con sus rivales; y con el comportamiento de los consumidores, si tienen alternativas al gas LP (por ejemplo, la leña o el gas natural) y acceso a más vendedores (no da igual comprarlo en zonas urbanas que en zonas rurales). Al respecto, el mercado de gas LP está muy concentrado: cinco empresas efectúan alrededor del 50% de la distribución en el territorio nacional.
En una entrevista para Semanario Gatopardo, la especialista Susana Cazorla explicó cómo fue ocurriendo esta concentración a lo largo de varias décadas en que Pemex y el gobierno federal dejaron la distribución del gas LP en pocas manos. Además, en un estudio publicado en 2018, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó que estos grupos económicos están integrados verticalmente, es decir, participan en varias actividades del mercado (importación, comercialización, transporte, almacenamiento y distribución), lo cual podría generar prácticas contrarias a la competencia y, con éstas, un precio que resulta ventajoso para ellos, en perjuicio de los consumidores. Otras prácticas anticompetitivas derivan de la colusión, es decir, de la coordinación de los grandes competidores para mantener los precios demasiado elevados.
Con todo, que el precio sea alto no significa, de suyo, que el comportamiento de esas empresas sea anticompetitivo. Eso hay que probarlo y la Cofece mantiene sus investigaciones abiertas. Los procedimientos legales deben seguirse por las instancias correspondientes, por lo que las declaraciones del presidente López Obrador, tanto al decir que los márgenes de las empresas son excesivos como que la Cofece es un cero a la izquierda, sólo contribuyen a una degradación institucional mediante la cual se pretende sustituir a los órganos colegiados y especializados con la opinión de un hombre.
¿El control de precios del gobierno federal es una buena solución?
Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de que los precios del gas LP subieran tanto? La estructura del mercado nos da pistas y los poblanos que venden birria en el Ajusco las confirman. Cuando le pregunté al encargado en turno qué tan grande es el problema que les ocasiona el aumento, me respondió: “Es casi como pagar un salario más, o sea, pagar casi cuatro salarios para tres trabajadores; pero eso no es lo peor, porque la carne, que es lo más caro entre nuestros gastos, ha estado peor este año y nosotros nomás no podemos subir los precios porque se nos van los clientes”. Efectivamente, la carne de res alcanzó precios récord en abril pasado y yo pagué en esta visita los mismos sesenta pesos por un plato de birria que en noviembre de 2020.
Las consecuencias del aumento de precio en este energético de uso tan amplio afectan en mayor medida a las personas en situación de pobreza o en riesgo de caer en ella, ya sea porque gastan una proporción alta de su ingreso en adquirirlo para consumo doméstico o porque el ingreso de su trabajo depende directamente del precio del gas –como tantas personas en el sector de servicios–. Esto hace que el precio se vuelva un asunto de políticas públicas, pero también una arena de luchas discursivas.
Los fundamentalistas del “libre mercado” –del mercado que de tan libre no hay posibilidad de librarse– dicen que es mejor no hacer nada porque los precios libres son eficientes, representan bien las condiciones del mercado y las señales de sus participantes y si provocan que un pequeño negocio quiebre, esos trabajadores serán empleados en empresas más resistentes y productivas, mejores. Cuando mucho, afirman, hay que esperar a que la autoridad correspondiente halle las distorsiones y las sancione para volver a un mercado que funciona como una máquina bien engrasada.
En el otro extremo, los falsos profetas del Estado –con el exceso de confianza que los caracteriza tanto como su desprecio por la evidencia y la técnica– dicen, sonriendo a la cámara y con una mano en la cintura, que el asunto es político, que los empresarios son abusones y que la solución está, desde luego, en la voluntad de quien enarbola el poder, representa al pueblo y dirige el gobierno.
Si la primera clase de fundamentalistas ocasionó que el gobierno no invirtiera suficiente en almacenamiento, ductos y demás infraestructura necesaria para tener un mercado de gas más ágil y, sobre todo, más cercano a quienes llevan las de perder por su ubicación o nivel de ingreso, las soluciones dispuestas por el presidente, en cambio, se quedarán cortas y tienen el potencial de empeorar la situación.
La creación de una empresa de gas LP, propiedad del Estado, que compita para bajar los precios en la distribución es una quimera. Primero, porque para lograr su cometido tendría que dominar el mercado, situación que es imposible en el corto y mediano plazo debido a la existencia de las empresas dominantes. Más aún, si por algún medio lograse crecer rápido, probablemente esta filial de Pemex tendría que incurrir en prácticas anticompetitivas e ilegales para bajar significativamente los precios, prácticas que además tendrían que costearse con dinero público.
En cuanto a la regulación de precios que comenzó a inicios de agosto, ésta es una mala decisión porque no considera la realidad del mercado mexicano, y no porque se trate de una regulación de precios. En la Unión Europea hay regulaciones exitosas implementadas para beneficiar a productores agrícolas con un precio mínimo y para ayudar temporalmente a los hogares más pobres a lidiar con los precios elevados de la electricidad. Pero México no es la Unión Europea y aceptarlo no es pesimismo.
¿Por qué si funciona en otros países, la regulación de precios del gas LP en México tomó el camino equivocado? Para empezar, porque se salta la autoridad de la Cofece en la materia, establecida en la Ley de Hidrocarburos, abonando con ello a la desconfianza en la política energética del gobierno: si hay una institución encargada del asunto y, de pronto, el presidente la desconoce, se envía una señal de incertidumbre.
Además, la medida puede ser contraproducente si no se cuidan las formas ni los incentivos que se generan en los participantes del mercado. Al joven encargado del puesto de birria le pregunté qué pasó cuando hubo una huelga entre los comisionistas que reparten gas en la Ciudad de México: “El primer día, el compa que pasa diario vino y nos dio el cilindro en 400 pesos y al día siguiente ya no vino. Yo creo que lo cacharon y ya no vino, sino hasta el otro día”. Dicho de otra manera, un vendedor ofreció el producto a un precio mucho más alto –basta recordar con que el puesto pagaba cien pesos menos–. Un mercado negro con precios abusivos, la falta de abastecimiento o la venta con cilindros que no contienen el producto completo pueden llegar a ser prácticas comunes que terminen afectando, una vez más, a quienes menos tienen.
El presidente López Obrador ha dicho que la medida de los precios controlados es de emergencia y transitoria, y él mismo aceptó que el aumento del precio del gas LP no se resuelve de raíz por medio de ella. Como mencioné antes, el precio podría mantenerse alto en los próximos años, debido al mercado de China, pero no es claro que el gobierno tenga una estrategia para esa situación.
Las soluciones a estos asuntos son usualmente más aburridas y requieren menos heroísmo y más conocimiento técnico. Lejos de proponer el Gas Bienestar como empresa pública, la Cofece hizo cuatro recomendaciones muy sensatas en 2018 para incrementar la competencia y dirigir más producto a los hogares con menos ingresos: fomentar la venta de cilindros en tiendas de autoservicio, vender gas LP a la población vulnerable en los almacenes de Diconsa, aligerar la normatividad en el ámbito local para la instalación de plantas de distribución de modo que se entregue el gas LP a los clientes en recipientes transportables o portátiles, y fomentar la sustitución del gas LP por el gas natural que, además, es un combustible menos contaminante. Otras opciones, pero éstas requieren inversión pública y privada, son construir más plantas de almacenamiento y mejorar la red de ductos, tanto para gas LP como para gas natural, de tal forma que los costos asociados al transporte, logística, almacenamiento y distribución se reduzcan, además de que se incremente la oferta de energéticos.
Así, las medidas anunciadas y adoptadas en las últimas semanas para reducir los precios del gas LP evidencian la falta de un diagnóstico realista y profesional que dé pie a mejores políticas públicas. En este sentido, se enmarcan en una política energética que consume muchos recursos –escasos– del erario en obras cuestionables desde la perspectiva económica y la ambiental. Encima, la promesa de aumentar la inversión pública en la infraestructura del gas natural y el gas LP sigue sin cumplirse. Mientras en un puesto de birria del Ajusco los costos suben sin un apoyo que amortigüe el golpe, en Palacio Nacional se toman las mismas medidas que en los gobiernos priistas y panistas le ocasionaron pérdidas masivas a Pemex y a la ciudadanía cuando también estos partidos controlaron los precios en lugar de darle alternativas reales a la población.
[1] Para convertir el precio de referencia, establecido en dólares por galón, utilicé el tipo de cambio reportado por el Banco de México.
[2]Insisto en que el precio en México es un promedio ponderado estimado por la CRE, que primero hace un promedio simple de los registros reportados para cada entidad federativa y luego, una ponderación a nivel nacional con el número de registros en cada una de ellas. Para más detalles, en este sitio se hallan los promedios estatales y el nacional para cada quincena.
[3]Existen técnicas econométricas que utilizan las y los economistas para estimar estos efectos, pero requieren de más tiempo y disponibilidad de datos, por lo que quedan fuera del objetivo de este texto; en todo caso, suponen un buen reto de investigación académica.
