Tiempo de lectura: 7 minutosAyer, 21 de febrero, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana veinticuatro de gestación, con lo que el país pasa a ser el octavo en América Latina en legalizarlo. Aunque desde hace meses un grupo de mujeres vestidas de verde se plantó casi diario frente a la sede de la Corte Constitucional para exigir que tomara una decisión, la noticia llegó por sorpresa. Todo empezó hacia las tres de la tarde, cuando unos pocos tuits de medios de comunicación feministas anunciaron un fallo inminente. Había, sin embargo, que mantener la calma porque aún no se había votado. La cautela incluso fue la postura que asumió el movimiento Causa Justa; creado hace tres años, agrupa a más de cien organizaciones feministas y en septiembre de 2020 presentó una demanda para que el artículo del Código Penal que entonces tipificaba el aborto como delito fuera declarado inconstitucional.
Este lunes, a media tarde, había incertidumbre. Poco después circularon videos de chicas saltando y agitando pañuelos verdes. “¡Estoy llorando!”, tuitearon muchas. Hasta las cinco se confirmó: con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Constitucional retiró el delito del Código Penal y legalizó el aborto en Colombia. A partir de ahora ninguna mujer será juzgada por abortar antes de la semana veinticuatro; de ahí en adelante, el aborto se permitirá bajo las tres causales vigentes desde 2006: malformación del feto, abuso sexual y riesgo de que la mujer pierda la vida.
Ya al caer la tarde, las reacciones no se hicieron esperar: desde integrantes de organizaciones feministas que celebraron el avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, hasta expresidentes, referentes de la iglesia católica y grupos autodenominados “provida” que anunciaron acciones para revertir la más reciente decisión sobre el tema. Por ejemplo, Gustavo Petro, el precandidato presidencial por la coalición de izquierda Pacto Histórico, quien además lidera las encuestas, celebró el fallo en su cuenta de Twitter, pero el aborto no ha sido un tema central de su campaña y en una entrevista reciente con la Radio Nacional habló, en cambio, de la importancia de la educación sexual para lograr el “aborto cero”.
Una nota de prensa emitida por la Corte Constitucional recuerda, justamente, la sentencia C-355 de 2006 en la que, además de eliminar el delito por esas tres causales, se exhortó al Congreso y al gobierno nacional a formular, en el menor tiempo posible, una política pública integral que evite “los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes”, así como los obstáculos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
La etapa más reciente de la despenalización del aborto en Colombia comenzó en septiembre de 2020, con la presentación de dos demandas ante la Corte Constitucional, de cuyas ponencias se encargaron los magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos, y que dieron lugar a una extensa discusión interrumpida por una serie de impedimentos contra algunos de los magistrados encargados de votar, pues habían hecho pública su postura ante el tema. La decisión, por momentos, pareció empantanarse e incluso se vio opacada por la contienda electoral que el país atraviesa. Apenas un puñado de candidatas y candidatos –en particular, la precandidata a la Presidencia por el partido Polo Democrático Alternativo, Francia Márquez, y el movimiento de mujeres Estamos Listas, que aspira llegar al Congreso– planteó una postura a favor de la despenalización del aborto. Las organizaciones feministas agrupadas en el movimiento Causa Justa y otras, a título individual, no se rindieron y durante casi quinientos días continuaron posicionando el tema.
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En agosto de 2021 Gatopardo publicó una entrevista a Ana Cristina González, doctora en Bioética, Ética Aplicada y Salud, consultora de ONU Mujeres y exdirectora nacional de Salud Pública. Es también cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, un colectivo feminista integrado por diversas organizaciones y personas que trabajan por la despenalización del aborto en Colombia, del que nació el movimiento Causa Justa.
Cuando, entre 1997 y 1998, se creó La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Ana Cristina ejercía como médica y solía preguntarse: si a una mujer la violan e interrumpe el embarazo, ¿la respuesta del Estado es meterla a la cárcel?, ¿de verdad? Entonces regía el Código Penal de 1980, según el cual cuando una mujer se causaba un aborto o permitía que otro lo causara, recibía entre uno y tres años de cárcel. Si el embarazo era producto de “acceso carnal violento o de inseminación artificial no consentida”, la pena disminuía. Con ligeras variaciones, el lejano Código Penal de 1936 estipulaba lo mismo y también el del año 2000. Ana Cristina recuerda su “indignación permanente”, como feminista y profesional, al no contar con “las condiciones y la capacidad para asegurar un servicio igual a cualquier otro que requiriera una mujer durante su vida reproductiva”.
“Aquí hubo un grupo de investigadoras muy valientes y valiosas”, dice. “Quiero destacar a Lucero Zamudio y Lucy Wartenberg, que hicieron el primer análisis sociodemográfico del aborto en Colombia. Su pregunta era: ¿quiénes son las mujeres que abortan?, una pregunta llena de mitos: [por ejemplo,] abortan las locas irresponsables. No. Abortan las mujeres que tienen hijos, las pobres, las ricas, todas. Fue un estudio revelador”.
Pero en ese momento todavía no había avances en materia legislativa. Según el documento “Causa Justa: argumentos para el debate sobre la despenalización total del aborto en Colombia” (2019), elaborado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, hacia 1975 el aborto empezó a ser un tema de debate público. A partir de ese año y hasta 2006 el Congreso discutió seis proyectos de ley a favor de la despenalización –ninguno aprobado– en debates donde, continúa el documento, “las voces de las feministas fueron poco escuchadas, aunque por fuera de este escenario movilizaron el tema”.
Entonces llegó 2006. Ese año la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias: cuando el embarazo sea resultado de “acceso carnal” o de un acto sexual sin consentimiento, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto; cuando la continuación del embarazo ponga en riesgo la salud física o mental de la mujer, certificada por un médico o psicólogo; y cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida.
En la sentencia C-355 de 2006, fruto, en particular, del trabajo de la abogada feminista Mónica Roa, directora de programas de la organización Women’s Link Worldwide, la Corte Constitucional reconoció que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho humano fundamental; que su penalización en todos los casos es una intromisión en el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las mujeres, además de ser una medida desproporcionada, irrazonable e inconstitucional; que el embrión no tiene categoría de persona humana ni es titular del derecho a la vida; que el Estado debe amparar la vida en gestación a través de la protección a la mujer gestante y garantizar su derecho a decidir la interrupción del embarazo de manera informada y segura.
A partir de entonces, en un giro paradójico, el aborto en Colombia pasó a ser un derecho, pero también se mantuvo como delito.
“Cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto en las tres circunstancias, nosotras decidimos trabajar para que la nueva regulación se implementara”, continúa Ana Cristina González. “Empezamos una labor de interpretación porque las causales dependen de requisitos. En el caso de salud, de un certificado médico, que no es una autorización, aunque algunos lo pretendan. Cuando a un médico le dicen: el aborto es permitido si la salud de las mujeres está en riesgo, la inclinación es equiparar el riesgo a la salud con el riesgo a la vida. [Para lograr la implementación,] durante quince años nuestro trabajo ha sido pedagógico, de investigación y acompañamiento”.
Sin embargo, Ana Cristina advertía que el modelo de las tres causales había demostrado ser insuficiente para garantizar un aborto seguro, oportuno y legal: “Es un modelo que permite la reproducción de desigualdades entre grupos de mujeres. La mayoría de los abortos en el país sigue siendo ilegal. Entre el 1% y el 9% son legales”, mencionó en septiembre del año pasado.
Además, las feministas han visto crecer las barreras al aborto en Colombia, “aunque la Corte también lleva quince años clarificando las regulaciones en varias sentencias”, especifica Ana Cristina. Tras un acompañamiento a más de mil quinientas mujeres, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres identificó tres grupos de barreras para acceder al aborto hoy. Así las define Ana Cristina:
“Las que tienen que ver con el desconocimiento del marco legal, desconocimiento en su doble acepción de no saber y de ignorar. Por ejemplo, hay un marco legal, pero yo sigo pensando que el aborto es un delito. Otro grupo es el de la interpretación restrictiva del marco legal. Se interpreta, por ejemplo, que estar deprimida no afecta gravemente la salud” y, por lo tanto, podría haber sido difícil que se permitiera el aborto a partir de esta enfermedad.
El tercer grupo, de acuerdo con Ana Cristina, son las barreras de carácter administrativo. Para explicarlas, recuerda un ejemplo: “A mí me impresiona el caso de una mujer que fue víctima de violación y un profesional le dijo: ‘no me coinciden tus semanas de embarazo con la fecha de la violación’. ¿Quién se cree ese médico? Muchas mujeres se demoran en denunciar, en reconocer el embarazo o en ser capaces de hablar. [Estas barreras] se refieren a la relación entre el profesional y la mujer, hay maltrato, desinformación, información imprecisa, dilaciones en la prestación del servicio y objeción de conciencia. Otras son institucionales: ‘Aquí no se hacen abortos porque el jefe es objetor’. Hay falta de rutas, de protocolos [ante] objeciones de instituciones enteras. Después están las barreras de las mujeres migrantes, aunque se supone que deberían atenderlas. Y también, debido al covid, las barreras que se profundizaron y las que aparecieron, como la pérdida de intimidad para las mujeres o la imposibilidad de hacer una denuncia y obtener una cita”.
Hasta antes de la última decisión de la Corte Constitucional, en Colombia las mujeres, adolescentes y niñas, así como las y los prestadores de salud, seguían siendo criminalizadas por interrumpir un embarazo de forma voluntaria. Así lo reveló un informe que La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres lanzó a finales de agosto, elaborado a partir de datos de la Fiscalía General de la Nación, y del que Ana Cristina comentó, el año pasado, lo siguiente:
“La criminalización del aborto en Colombia sí existe. A las mujeres se las denuncia principalmente desde las instituciones de salud; desde 1998 hay un número anual muy alto, pero a partir de 2006 la criminalización se dispara. O sea, dan las tres causales y se dedican a perseguirte incluso dentro de esas causales. Encontramos a niñas criminalizadas, cuando se supone que ese embarazo es el resultado de una violación. ¿Qué hace una niña de doce años criminalizada por aborto? La criminalización recae sobre los grupos que viven en mayor desventaja y, en este caso, son las mujeres rurales”. Agrega que el 53% de quienes sufren complicaciones por un aborto inseguro son también las mujeres que viven en entornos rurales y son las que enfrentan más obstáculos al momento de buscar un aborto.
En una encuesta polimétrica realizada en abril de 2021 por la empresa consultora Cifras y Conceptos, se les preguntó a 4,867 colombianos y colombianas si estaban de acuerdo o en desacuerdo con que las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente el embarazo fueran a la cárcel. El 40% estuvo en desacuerdo, otro 40% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo; sólo el 20% restante estuvo de acuerdo con la sanción penal.
Con todo, “la eliminación del delito penal no va a asegurar automáticamente el acceso [al aborto]. Hay que crear condiciones de legitimidad para que a las mujeres se les reconozca como sujetos morales, autosuficientes. Ésta es una discusión sobre el tipo de democracia que queremos. En una democracia las personas tenemos que ser iguales y libres, y las mujeres no somos ni iguales ni libres: si tú no puedes tomar decisiones sobre la reproducción, pues no eres libre”, concluye Ana Cristina.
