A las 7:36 horas del 28 de abril la lideresa comunitaria, defensora de derechos humanos y del medioambiente, Francia Márquez Mina, actual candidata a la Presidencia de Colombia por el movimiento independiente Soy Porque Somos –una candidatura además respaldada por los feminismos de su país– publicó en su cuenta de Twitter: “Hoy yo paro por la vida, la dignidad y la paz”. En el primer día del Paro Nacional que hoy suma tres semanas, ella, de 39 años, vestida con un pantalón ajustado, una camiseta con la frase “Las vidas negras importan”, una mochila tejida, aretes y pulseras artesanales y el pelo recogido en una moña alta, ensortijada, imponente, fue una más de los miles de jóvenes que salieron a las calles a protestar contra el proyecto de reforma tributaria que entonces cursaba en el Congreso y que, gracias a la presión social, fue retirado el 2 de mayo por el presidente Iván Duque.
—La impresión que me queda es que hay un pueblo que a pesar de las adversidades se levanta en dignidad y toma las calles como su escenario de resistencia frente a una política de la muerte impuesta por el Estado. Ver a tantos jóvenes que lloraban, me abrazaban y decían: gracias por caminar con nosotros, estamos cansados, hay una pandemia que no es solamente la del Covid: es la del hambre, la de las balas, para mí fue doloroso, pero también me llenó de esperanza […]. Vi a un pueblo dispuesto a cambiar y a hacer su propia historia.
En la entrevista que sucede por Zoom, Francia Márquez tiene un turbante amarillo, azul y rojo. Su expresión es atenta, recia, su tonada cadenciosa. A diferencia de lo que podría ocurrir con otros aspirantes a la Presidencia, no se repite, no usa fórmulas ni hace promesas estruendosas. Piensa cada respuesta y con frecuencia evoca sus orígenes.
Nació en 1982 al suroccidente de Colombia, en el departamento del Cauca, en el municipio de Suárez, en la vereda de Yolombó, en el corregimiento de La Toma, un territorio ancestral habitado por descendientes de africanos esclavizados, una red de ríos y montañas de todas las alturas y tonos –rico en oro–, donde la gente se dedica a la minería artesanal, la agricultura y la pesca desde 1636, y que con la Ley 70 de 1993 fue reconocido por el Estado como propiedad colectiva de una comunidad negra.
—A veces uno no puede explicar cómo es que vive, cómo es que siente, simplemente vive y siente. Yo me construí en comunidad, nosotros no nos pensamos como individuos. A mí me importa lo que le pasa al vecino, si alguien se muere, no es problema de la familia, es problema de todos, si alguien se enferma, las mujeres buscan desde sus saberes ancestrales cómo curar a esa persona. Es solidaridad, es tejer relaciones, juntanza, comadreo […]. Tal vez nacer en la escasez nos permita ver eso, pero la escasez en términos materiales porque nosotros hemos crecido en la abundancia.
Para referirse a su tierra, utiliza la expresión: “donde se tiene el ombligo sembrado” porque en la comunidad el cordón umbilical de quien nace se entierra para establecer un arraigo, un lazo con los ancestros y, así las llama, las ancestras.
La vocación por la defensa del territorio y la convicción feminista llegaron entonces muy temprano en su vida. En su familia, de manera práctica, vital, todos eran activistas del medioambiente. De su abuela aprendió a relacionarse, de su abuelo a compartir, a conmoverse con las necesidades de los demás.
—Mi mamá se iba al río a pescar cuando no había qué poner en la olla porque tenía que garantizar que sus hijos no se acostaran con hambre. Ella perdió las huellas de sus manos trabajando en la mina y a veces en casas de familia para darnos lo básico para vivir. Yo creo que eso es feminismo: es cuidar la vida. Las mujeres me enseñaron a cuidar el territorio como un espacio de vida […]. Con los hombres de mi casa también aprendí a sembrar la tierra, aprendí la solidaridad en las minas porque nadie podía irse para su casa sin llevar un poquito de oro.
Pero esa riqueza, la abundancia hídrica y sobre todo de oro que ya en el siglo XV fue explotada por la corona española con mano de obra esclavizada y desde entonces por distintas empresas mineras, ha sido también la razón por la que, dice Francia Márquez, “nos matan, nos destierran, nos amenazan, nos desplazan y nos hacen la vida miserable”.
A los 12 años participó en una acción colectiva para evitar el desvío del río Ovejas bajo cuyo arrullo muchas noches durmió.
Detrás estaba la empresa española Unión Fenosa para aumentar la capacidad productiva de la represa La Salvajina, construida en 1985 en el municipio de Suárez con el objetivo de producir energía eléctrica y evitar las inundaciones al controlar el caudal del río Cauca, el segundo más importante del país. La Corporación Autónoma Regional del Cauca emprendió la obra y prometió a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas un desarrollo integral: educación, salud, infraestructura. Menos de la mitad se cumplió, se lee en una nota de la revista Semillas, publicada por la organización ambiental del mismo nombre. En una entrevista para el diario El País de Cali, Francia Márquez contó: “A la comunidad simplemente le dijeron: necesitamos construir una represa, les vamos a pagar algo por la tierra […] y los obligaron a vender”. Ella tenía tres años, pero vio a sus tíos y abuelos oponerse, los escuchó hablar sobre los daños que la represa trajo: la sequía de humedales, la inundación de tierras, el extraño microclima que menguó el cultivo local.
Por eso en 1993 protestó junto a sus vecinos y parientes a quienes llama su familia extensa contra el desvío del río. Lograron frenar el proyecto mediante el primer ejercicio de consulta previa de una comunidad étnica. Sin embargo, un problema quizás mayor surgía: el auge de la minería ilegal y legal, aquella ejercida por empresas con títulos de explotación otorgados por el Estado que ella denomina como inconstitucional puesto que no respeta los derechos ancestrales sobre el territorio.
La década del 2000, en la que Francia Márquez estudió Derecho en la Universidad Santiago de Cali, estuvo marcada por su lucha como representante del Concejo Comunitario de La Toma. Una lucha jurídica e institucional contra el modelo de extracción minera y a favor de la consulta previa, cruzada de amenazas de grupos paramilitares. En 2014 caminó 538 kilómetros hasta Bogotá con otras 15 mujeres, que terminaron siendo 80, a exigir garantías del gobierno en la Movilización de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales, también conocida como Marcha de los Turbantes. Tras una protesta de 22 días, el Ministro del Interior por fin las escuchó, lo que permitió el retiro de 200 retroexcavadoras dedicadas a la minería ilegal.
—Los derechos de afrodescendientes e indígenas siempre han llegado tardíamente después de una lucha—dice en entrevista a Gatopardo—. La visión colonial de la élite que nos gobierna considera que nuestros derechos obstaculizan el progreso. Ese pensamiento no es de ahora, viene desde que se pensó un Estado nación racial y patriarcal […]. Cuando surgió la necesidad de hacer un acuerdo de paz, fui a La Habana y llevé una carta de la población negra diciendo que queríamos participar en una subcomisión étnica. Primero me dijeron: no es posible, tendríamos que traer a todos los sectores a negociar la paz. Después, con esfuerzo, logramos el capítulo étnico. Pero esos derechos siguen siendo vistos como una amenaza para el Estado. La campaña de Duque se basó en hacer trizas las posibilidades de paz para los que padecemos lluvias de balas en los territorios. El Acuerdo de Paz no está siendo implementado.
Además de ser representante del Concejo Comunitario de La Toma hasta 2016, se lanzó en 2018 a la curul de la Cámara de Representantes para comunidades afrodescendientes y, aunque no fueron suficientes, obtuvo 13,352 votos. Desde el año pasado preside el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, un ente consultor del gobierno en temas de paz y en el que está bloqueada, según comenta: no la dejan hacer nada, no hay presupuesto ni espacio para voces que cuestionen. La primera garantía para la paz es la vida, dice, y hoy eso también está fallando.
Ese mismo año, 2014, las amenazas por su oposición a los proyectos de minería se hicieron constantes y en octubre Francia Márquez tuvo que dejar su casa en La Toma y mudarse a Cali, desde donde recuerda:
—El destierro daña, el destierro afecta a las personas y tristemente ese destierro que hemos vivido con mis hijos nos ha dañado, ha sembrado el miedo entre nosotros. Volver a nuestra casa nos da miedo, ir a dormir una noche allá nos genera intranquilidad, zozobra. El día que nos tocó irnos, dormimos en una casa ajena, qué dormir, pasamos la noche mientras llegaba la madrugada y si regresamos mis hijos dicen: no quiero estar aquí, tengo miedo de que vengan por nosotros. Eso es el destierro: la imposibilidad de que la gente vuelva a pensarse en su territorio, de que vuelva al lugar donde tiene el ombligo sembrado. Cuando llegamos a Cali a mi hijo le resultaba extraño que un plátano costara mil pesos. Terminamos asumiendo una vida en torno a la economía, mientras que en nuestra casa podíamos comer sin necesidad de tener dinero.
A la pregunta sobre cómo forjó su candidatura a la Presidencia, anunciada en agosto de 2020, retorna a eso, al pasado:
—Yo he sido parte de los pueblos afrodescendientes, pero también de voces diversas que luchan contra situaciones de injusticia. Soy de una región donde el conflicto armado ha afectado en términos históricos y de racismo. No nos llega el agua, pero nos llegan las balas. Ser parte de un pueblo que se construye en resistencia, que resuelve la cotidianidad en medio de tanta incertidumbre, es lo que nos empuja a alzar la voz, aunque cada vez que alzamos la voz el establecimiento nos violenta porque el Estado ha sido secuestrado por una élite, una supremacía blanca con vínculos con las mafias que se ha mantenido en el poder a costa del detrimento de las mayorías […]. Es desde ahí, desde la periferia y las mayorías, que tomamos la decisión: vamos para la Presidencia, vamos a ocupar ese espacio que hemos cedido por muchos años.
Francia Márquez integra el Proceso de Comunidades Negras, una red de organizaciones del Pacífico, Caribe y centro del país que desde 1993 trabaja por la cultura afrocolombiana y el reconocimiento de derechos étnicos, territoriales y políticos. El movimiento con el que aspira a ser Presidenta proviene de la filosofía sudafricana Ubuntu, basada en la solidaridad, que en lenguas zulú y xhosa significa Soy porque somos. Cuando el pasado 5 de abril su candidatura fue respaldada por la Convención Nacional Feminista dijo: “Soy un eslabón de la cadena y la cadena no se rompe aquí”.
—El primer reto es construir un programa de gobierno colectivo. La mayoría de candidatos se reúne en una mesa de cuatro, cinco personas, consigue expertos y los expertos definen qué es lo que sueña el país. Cuando digo de manera colectiva es que la participación sea real, incluso en términos de reparación histórica de las injusticias raciales, patriarcales y climáticas. En el Proceso de Comunidades Negras tenemos la experiencia de construirnos en colectivo con un gobierno comunitario, propio, puesto en planes de etnodesarrollo, de vivir sabroso. Los pueblos indígenas tienen una gran trayectoria en cómo hacer gobierno propio, colectivo y diverso. Yo creo que esa es una experiencia que este país no conoce y que debería conocer.
Si su candidatura se definiera en una frase podría ser: cuidar la vida, eso que le enseñaron de chica. Apunta a un gobierno genuinamente inclusivo, antirracista y antipatriarcal pero es consciente de que, en medio de la pandemia que atraviesa un nuevo pico de contagios, entrar a una campaña de lleno es difícil.
A un año de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está prevista para el 29 de mayo de 2022, ni el panorama electoral ni la lista de contendientes están del todo definidos. Según las primeras encuestas, el senador Gustavo Petro —candidato del Pacto Histórico, una coalición de partidos y movimientos progresistas y de izquierda— lidera la intención de voto. Y aunque Francia Márquez lo apoyó en su aspiración a la Presidencia en 2018, por el momento ella se mantiene como independiente, lo que le ha valido críticas por parte de seguidores del petrismo quienes consideran que la única forma de derrotar en las urnas al uribismo, hoy en el poder, es consolidar una alianza fuerte.
—Queremos un gobierno puesto al servicio de la vida, desde abajo, que sepa lo que significa aguantar hambre o que una lideresa sea asesinada, que reconozca la necesidad de transitar de la guerra a la paz. Este año se cumplen 200 años de la ley de vientres, una ley que lograron las ancestras para liberar nuestros vientres de la esclavitud. Pero el Estado patriarcal nos esclavizó nuevamente y nos puso a parir hijos para la guerra. Somos las mismas mujeres empobrecidas y racializadas y nuestros vientres siguen esclavizados en favor de la guerra.
En 2018 ganó el Premio Medioambiental Goldman, el más importante para quienes defienden la naturaleza. En su discurso dijo: “Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud”. Esas dos palabras hicieron eco: soy parte. Ahora, al terminar la entrevista, mira a la cámara igual que al comienzo, sin perder la concentración. En sus correos electrónicos suele despedirse con “un abrazo ancestral”. Dice:
—Tenemos la experiencia de cuidar el territorio. Eso es lo esencial y de eso sabemos. Yo no me creo el cuento de la experticia, de tener que ir a Harvard para gobernar. Los que han ido aprendieron mal. Fueron allá para aprender cómo se cuidaba la vida y lo que han hecho es reproducir la política de la muerte.
