Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, siglas de sus vocablos correspondientes en inglés: environmental, social y governance) son un conjunto de reglas para evaluar si las operaciones de una empresa cumplen con estándares deseables sobre el impacto que tienen sus actividades en estos tres ámbitos. A raíz de la conciencia que se ha creado en los mercados financieros globales sobre la importancia de que los procesos productivos de las empresas se adhieran a estos principios, el público inversionista los toma en cuenta cada vez con mayor frecuencia y convicción. Por lo tanto, el conjunto de estos tres factores comienza a formar parte de los elementos para decidir la conveniencia de hacer cierta inversión, aunque las preguntas sobre si este enfoque se alinea con los criterios de rentabilidad tradicionales se mantienen en el centro de la controversia.
Como ocurrió en algún momento con la visión clásica del análisis de costo-beneficio a nivel microeconómico, los inversionistas también deben reconocer las fallas de mercado que generan costos o beneficios para terceros, es decir, para quienes no están directamente relacionados con el proceso de producción e intercambio de un bien o servicio. Así, el objetivo de ESG consiste en transformar la visión tradicional de rentabilidad, que sólo contempla las utilidades que obtienen algunos agentes privados, para ampliarla de modo que sea igualmente importante evaluar su sostenibilidad desde un enfoque social, esto es, incluyendo a todas las personas, empresas, ambientes y autoridades que resulten afectadas por dichas actividades productivas.
En el centro yace la idea de que las empresas reciban los incentivos necesarios para que cambien sus métricas de éxito corporativo. La idea –en principio, simple– es buscar la rentabilidad de la empresa, pero internalizando los efectos indirectos de aquellos grupos involucrados en su cadena productiva.
El epicentro del terremoto ESG
Hay una variedad de motivaciones detrás de la sacudida que se ha propiciado a partir del diseño y la implementación de los criterios ESG. Una forma de aproximarse a este fenómeno es a través de las estrategias de financiamiento que atraen al público de inversionistas. Desde este enfoque, existen al menos tres variedades de incentivos que dibujan el perfil de quienes toman decisiones. En primer lugar, están los idealistas, quienes desean que sus recursos se asignen a empresas y proyectos que buscan “cambiar el mundo”. En segundo lugar, están los minimalistas, aquellos que buscan minimizar el daño que sus inversiones puedan generar en las comunidades y ecosistemas en los que se ejecutan. Finalmente, un tercer grupo, los oportunistas, incorporan parte de los principios ESG en el diseño de la estrategia de su portafolio para minimizar el daño que sus propias inversiones puedan ocasionar en el rendimiento de sus activos.
Hoy en día, los criterios ESG se vinculan tanto con la gestión de riesgos como con el activismo social y el medio ambiente. En cuanto a su relación con el ecosistema que los rodea, el análisis debe cuestionar si las empresas consideran la huella ambiental de sus procesos productivos, el impacto que tienen en la comunidad con la que cohabitan y si su cadena de suministro y proveedores se conducen con base en estos principios. A su vez, deben analizar si en las entrañas de la organización se respetan principios de diversidad, si operan con normas que no replican o refuerzan patrones de desigualdad o si disponen de criterios para prevenir y erradicar el acoso y el hostigamiento sexual. Mientras mayor sea el número de principios que ignoren, más grande será la probabilidad de que los efectos negativos de no considerarlos se manifiesten de forma acelerada.
En el nivel de las agencias calificadoras de riesgo crediticio, aunque los criterios y su profundidad pueden variar entre una y otra, la evaluación de una empresa en función de los criterios ESG toma en cuenta una amplia gama de aspectos. Sin embargo, es importante señalar que en este momento no existe un conjunto único de definiciones o métricas ESG que sea exhaustivo y sea aceptado a escala global. En principio, esto se debe a que la definición de los criterios ESG es dinámica, pues aquello que la sociedad clasifica como aceptable evoluciona con el tiempo, como resultado de la información que se actualiza continuamente o de los cambios en las preferencias de las personas sobre qué resulta aceptable y qué no.
En cuanto a los criterios medioambientales, se pueden incluir, por ejemplo, el tipo de la energía y su uso, los desechos, la contaminación, la conservación de los recursos naturales, así como estrategias para evaluar cualquier riesgo ambiental que pueda enfrentar una empresa y los recursos que está utilizando para gestionarlos.
Por su parte, los criterios sociales se enfocan en las relaciones de la empresa. Con base en ellos, se evita, por ejemplo, invertir en empresas con controversias recientes o en curso relacionadas con la discriminación en el lugar de trabajo. Asimismo, se evalúa si la empresa se relaciona con proveedores que comparten sus valores. También se considera si la empresa dona un porcentaje de sus ganancias a la comunidad local o si las condiciones de trabajo muestran respeto por la salud y la seguridad de sus empleados.
Con respecto a la gobernanza, los inversionistas están interesados en conocer si una empresa usa métodos de contabilidad precisos y transparentes. También pueden requerir garantías de que las empresas evitarán conflictos de interés en la elección de los miembros de la junta de gobierno, anticipar que no aprovechen contribuciones políticas para obtener un trato indebidamente favorable y, por supuesto, que no se involucrarán en prácticas ilegales o fraudulentas.
Como veremos a continuación, los criterios ESG han demostrado el importante papel que pueden jugar las y los inversionistas para ayudar a enfrentar los desafíos sociales, económicos y ambientales.
Eslabones en la cadena
Es irónico, pero a la vez necesario, que esta serie de principios haya cobrado mucha más fuerza en el ámbito de los mercados financieros. En las relaciones de intercambio donde se privilegian los criterios de rentabilidad, pareciera que una mirada crítica a las fallas de mercado –particularmente, a las externalidades negativas y la provisión de bienes públicos– no tiene cabida. De ahí que el principal reto de los criterios ESG sea coexistir de forma armónica con los principios que hoy por hoy rigen estos mercados, primero, para que su aparición e implementación no sea efímera, y segundo, para que trasciendan como un conjunto de incentivos a otros ámbitos de operación y permeen como normas que transformen el comportamiento de diferentes actores y actoras económicas en distintos mercados e industrias.
Pese a que, en general, las personas podrían convenir en que el cuidado del medio ambiente, el respeto a los derechos sociales y los principios de gobernanza son metas deseables, en realidad, la implementación resulta costosa y contiene múltiples contradicciones. Muchas de las barreras de estos criterios es que su ámbito de aplicación, para ser congruente, encara diferentes dimensiones que pueden contradecirse entre sí. A continuación enumeramos los cuatro ejes centrales para entender lo que parecen ser contradicciones inherentes al diseño de los ESG.
- Los bienes y servicios producidos
Esta es quizá la capa más evidente del problema y aborda de forma directa el conjunto de principios ESG. Cuando se ejecutan los criterios, podemos discernir, entre productos similares, si alguno afecta uno de los principios. El dilema clásico es entre un automóvil eléctrico o uno que funciona con un motor de combustión interna impulsado por combustibles fósiles: en este caso, es importante analizar si los productos derivados del proceso de producción se alinean con un enfoque de rentabilidad que incorpora las afectaciones que éstos ocasionen al ecosistema con su consumo.
- Las fuentes de energía requeridas
Una segunda capa del análisis consiste en entender la cadena de suministro de energía, es decir, el tipo de fuentes que alimentan a las industrias que producen los bienes. Ciertamente, los productos que se obtienen del proceso reciben el primer embate relacionado con el cumplimiento de los principios ESG, sin embargo, es necesario entender la huella ambiental que se genera. Si retomamos el ejemplo de los automóviles eléctricos, ¿cómo se pondera, bajo estos principios, que la energía requerida para producirlos se obtiene a partir de la quema de gas natural o carbón mineral?, ¿hasta qué punto el balance entre ambas es el adecuado? Porque, a pesar de que los criterios de emisiones pueden ser un punto de partida correcto, los procesos productivos están desmembrados entre diferentes regiones del planeta y eso puede ocasionar desbalances significativos en la emisión de partículas y en la salud de las sociedades que cohabitan con las múltiples caras de los proyectos.
- Los insumos que se requieren en la producción
Pese a que la energía es el insumo de la producción que, por antonomasia, captura el enfoque ambientalista, no se trata de la única arista a la que hay que ponerle atención. Muchos otros insumos pueden generar sus propias huellas ambientales y sociales. Pensemos, por ejemplo, en los polímeros derivados del petróleo, cuya producción ocasiona daños severos al ambiente, o bien, en el proceso extractivo de decenas de minerales industriales en países emergentes y en desarrollo, que además enfrentan grandes retos de impacto social y gobernanza.
- La energía que requieren para ser consumidos
Si las tres capas anteriores no parecen suficientes, existe una cuarta: la generación de energía que se requiere para consumir el bien durante su vida útil. No sólo se trata, por ejemplo, de la recarga eléctrica de muchos productos para evitar la dependencia de combustibles fósiles, sino también de si las fuentes de generación de dicha electricidad son renovables o producen una gran afectación ambiental. En este rubro habría que añadir la discusión sobre la producción, el uso y el desecho de baterías, ya que esto implica que la producción dependa de otros bienes que se generan en la economía y cuyos procesos no necesariamente se adhieren a los criterios ESG.
- La vida útil de los productos
Quizá uno de los aspectos menos explorados, y más alineado con los principios promovidos por grupos ambientalistas para el reuso de los productos, sea el análisis sobre el periodo de vida útil de los bienes que se consumen, algo que también es crucial. Éste no se refiere únicamente a que la huella ambiental y social en los diferentes eslabones de la cadena productiva sea mínima; es necesario, a su vez, un enfoque que contemple si el desecho masivo de estos productos ocasionará mayores problemas en el futuro, con impactos sociales diferenciados y muchas veces regresivos, puesto que el manejo de desechos genera posiciones desventajosas para los países de menores ingresos.
- Los medios de financiamiento
En la parte nuclear de estos niveles se encuentran los medios de financiamiento. A fin de cuentas, los propios inversionistas o las empresas mismas recurren a diferentes instrumentos para financiar sus operaciones, ya sea desde el enfoque convencional de los mercados de capitales, deuda y derivados o incluso recurriendo a nuevos instrumentos como las criptomonedas, cuyo consumo de energía para la operación de su ingeniería es considerablemente demandante. En este punto es más evidente que mientras más esferas del impacto social y ambiental se exploran, también se multiplican las interacciones entre ellas.
En general, el análisis de riesgo de los modelos de negocio que se adhieren a los criterios ESG falla en atender alguno o varios de estos puntos. Hoy en día es casi imposible para una inversionista encontrar un índice o activo de inversión que sea congruente a lo largo de todos estos eslabones. Aunque esto no es deseable desde una ética de máximos –y, de hecho, parece más cercano a un conjunto mínimo de criterios–, es la restricción central con la que operan quienes desean invertir basándose en los ESG. De una u otra forma, también es la confirmación de una realidad inexorable sobre la condición humana y su coexistencia con el hábitat: en cada momento, la producción de una huella ambiental resulta inevitable.
Dentro del acrónimo, la “S” nos recuerda un aspecto poco explorado
Se puede decir que la “S” dentro de los criterios ESG es la más compleja y la menos explorada, pues no existe un consenso sobre lo que las empresas deberían divulgar sobre sus compromisos “sociales”, lo que no necesariamente ocurre respecto al impacto ambiental o a la gobernanza.
Un ejemplo claro de cómo han mutado los aspectos que se analizan dentro del ámbito social son los temas de acoso, hostigamiento sexual y violencia de género. Lo anterior se ha propiciado, en buen medida, gracias a la valentía de miles de mujeres y el movimiento #MeToo. Antes de que estallara el movimiento, la mayoría de los comités ejecutivos pensaban que cuestiones como el acoso y el hostigamiento sexual no requerían atención específica. Sin embargo, tras las consecuencias tangibles que trajo el #MeToo, sobre todo en cuanto a la reputación de las empresas, los consejos directivos se dieron cuenta del poder y el impacto que puede tener una comunidad responsable de todas y todos sus integrantes.
La violencia de género, el acoso y el hostigamiento sexual son problemas estructurales y, desafortunadamente, se encuentran en todos los países; sólo varían en función de la gravedad con la que se manifiestan. Su ocurrencia constituye un problema grave y generalizado que afecta a las mujeres en su lugar de trabajo, sus comunidades y su hogar. Dada la importancia del tema, varias instituciones financieras han tomado acciones para mejorar los estándares que previenen y sancionan la violencia de género y el acoso sexual tanto en sus organizaciones como en las operaciones en las que se ven involucrados. Hoy en día se reconoce que el sector privado tiene un papel crucial en este asunto.
Si bien existen obligaciones legales que toda empresa debe cumplir para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, es importante que tanto las empresas como los inversionistas entiendan que hay situaciones en las que sus inversiones y operaciones pueden contribuir a aumentar los riesgos que traen aparejados la violencia de género, el acoso y el hostigamiento sexual. De ahí la importancia de que las reglas de ESG operen como una alternativa con el objetivo de crear los incentivos necesarios para acelerar la implementación de medidas preventivas y correctivas de estas conductas.
De no abordarse adecuadamente estos riesgos, los problemas para las empresas las y sociedades se pueden multiplicar exponencialmente:
- Litigios, indemnizaciones y daños reputacionales: El acoso sexual puede llevar a los trabajadores, miembros de la comunidad o usuarios de servicios a emprender acciones legales contra empresas e inversionistas. En este sentido, los costos inesperados por litigios, la pérdida de confianza entre inversionistas y socios, las relaciones dañadas con comunidades locales y usuarios de servicios son algunos de los riesgos que encara una empresa que no se toma en serio la violencia de género y el acoso sexual. En última instancia, esto puede reducir el acceso a determinados mercados y flujos de capital.
- Disminución en la productividad: Los efectos en la salud física y mental que provocan la violencia de género y el acoso sexual en las personas pueden resultar en un desempeño deficiente en el trabajo, mayor ausentismo y rotación de personal.
- Reducción del acceso al talento y la retención de trabajadores: La violencia de género, o el miedo a vivirla, puede afectar las decisiones que toman las personas sobre dónde, cuándo y con quién trabajan.
En la actualidad, las empresas están bajo un escrutinio cada vez mayor por parte de potenciales inversionistas sobre sus políticas de igualdad salarial, diversidad y de beneficios no pecuniarios en apoyo a las familias de sus trabajadores y trabajadoras. La adopción de políticas incluyentes, con las cuales se fomente la igualdad de género y la paridad –por ejemplo, en contrataciones– puede traer beneficios a la reputación de una empresa, ampliar su base de empleados y permitirle acumular las ventajas de contar con una fuerza laboral que tiene diversas experiencias.
Recientemente, se ha investigado sobre los vínculos entre las métricas relacionadas con el género y los indicadores de riesgo crediticio. Al respecto, destacan los beneficios macroeconómicos de reducir las brechas de género, así como la correlación positiva que existe entre la diversidad de género a nivel directivo y las calificaciones crediticias altas de las empresas. Un análisis realizado por Moody’s Investors Service en 2019 encontró que de 1,109 empresas estadounidenses que cotizan en bolsa, las empresas que tienen juntas directivas con mayor diversidad de género tienden a conseguir calificaciones crediticias más altas.
Las cinco empresas a las que Moody’s otorga la calificación Aaa, la más alta posible, tienen las juntas directivas con mayor diversidad de género entre todas las compañías calificadas; en ellas, las mujeres representan en promedio al 28% de sus directores corporativos. Las mujeres constituyen aproximadamente el 25% de los consejos de administración de las empresas con calificación Baa1 o superior, y la diversidad de género se reduce en gran medida por categoría de calificación a menos del 5% para las empresas con calificación Ca.
Finalmente, las empresas con calificaciones más altas también son aquellas en las que más mujeres ocupan puestos ejecutivos de alto nivel, ya que los puestos ejecutivos de las empresas con calificación Aaa son ocupados casi en un 25% por mujeres, frente a un 10% para las empresas con calificación Ca.
Reflexiones a manera de cierre
Hemos enumerado en este texto varios retos que enfrentan las reglas ESG. Destacan, entre ellas, la creación de un conjunto coherente de principios que considere los diferentes aspectos del proceso productivo de las empresas, pero también la adopción de enfoques más amplios que reivindiquen muchas de las demandas sociales que son impostergables y a la violencia de género en el centro de ellas. No obstante, el hecho de que estos principios presenten retos de implementación y diseño no debe interpretarse de ninguna forma como un llamado a su cancelación o abandono. Su complejidad requiere que se trabaje cada vez más en incentivar su aplicación, pues, aunque parezca que los criterios se encuentran limitados a un concepto restringido de rentabilidad, la evidencia empírica demuestra cada vez con más regularidad que los criterios ESG no están disociados de ella.
Prueba de lo anterior es que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha tomado con absoluta seriedad la aplicación de estos criterios, al grado de crear un grupo de trabajo especializado en cambio climático y ESG. Asimismo, en marzo de este año, el Departamento de Trabajo de ese país anunció que no continuará con una serie de normativas, aprobadas por la administración pasada, que empujaban a los fondos de pensiones a no adoptar criterios ESG en sus políticas de inversión.
Aquellas normas obligaban a los fondos de pensiones a tomar en cuenta únicamente criterios como el retorno de la inversión al momento de evaluar y seleccionar los activos en los que se invertiría; este mismo criterio habría de seguirse en las votaciones de las juntas de accionistas. Tanto la F“inancial Factors in Selecting Plan Investments” como la “Fiduciary Duties Regarding Proxy Voting and Shareholder Rights” se construyeron como normas que buscaban limitar el desarrollo de la inversión responsable al poner como único objetivo de los inversionistas un beneficio privado: exclusivo y excluyente. Para la industria financiera, esas normas tuvieron un sentido muy claro: evitar que se adoptaran modelos de inversión con apego a los estándares ESG.
Sin duda, el actual presidente de Estados Unidos tiene dentro de su agenda fomentar la inversión que parte de los criterios ESG y también buscará uniformar qué se entiende por estos criterios. Como hemos mencionado, el punto de partida está en brindar claridad sobre la forma en que se alinean los principios propios de la generación de valor con los del medio ambiente, las relaciones sociales y los vínculos con las autoridades. En muchos aspectos parece que existe una contradicción evidente entre éstos y la visión dominante de los mercados financieros, pero las diferentes llamadas de alerta de los efectos colaterales del cambio climático, las tensiones políticas y la desigualdad social han producido el espacio deliberativo necesario para cuestionarnos si en verdad hay una contradicción que no podamos conciliar.
Melissa Ayala García es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard. Se especializa en derecho constitucional, así como en temas relacionados con la violencia de género, el acoso y hostigamiento sexual y los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
Víctor Gómez Ayala es economista y politólogo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde desde hace siete años es profesor de Macroeconomía Avanzada. Tiene una maestría en Economía por la Universidad de Pensilvania. Se especializa en análisis de política fiscal y energética.
