La OMS advierte sobre la dificultad de controlar la propagación del virus en los centros de retención por el hacinamiento que se vive en muchas cárceles.
México reporta sobrepoblación en el 37 por ciento de los reclusorios y el 46 por ciento de las personas en reclusión comparten celda con más de 5 personas, en promedio.
En algunos estados el número de presos por estancia es mucho mayor, de acuerdo con distintas organizaciones en México que velan por los derechos humanos, como son Equis, Justicia para las Mujeres, Intersecta, México Unido contra la Delincuencia y Reinserta.
“Una política de sana distancia no es posible bajo estas circunstancias”, reportan los colectivos en un comunicado al cuestionar la campaña nacional que aplica el gobierno mexicano durante la cuarentena por el Covid-19.
Según el INEGI, actualmente hay 202,337 personas en las prisiones mexicanas y el Estado de México es la entidad que reporta una mayor población penitenciaria. Ahí las personas recluidas comparten la celda con hasta 15 personas.
Además, según el Instituto, el 11.2 por ciento de la población nacional carcelaria es mayor de 50 años de edad, lo cual los hace susceptibles a una alta incidencia de otras enfermedades que pueden agravar la enfermedad por Covid-19 en caso de contagio.
Secretaría del Sistema Penitenciario.
Al problema de la sobrepoblación se suma el de falta de servicios básicos de higiene como acceso al agua y a artículos de aseo personal al interior de los reclusorios. El 30 por ciento de los presos no cuentan con agua potable en su celda (en el Estado de México ese porcentaje aumenta a 52 por ciento).
Por si fuera poco, en centros de reclusión a nivel estatal y municipal, solo el 7.6 por ciento de las personas reciben artículos de limpieza provistos por el lugar.
Entre los factores que vulneran más a las personas recluidas al contraer coronavirus, están la adicción al tabaco y un sistema inmunológico más débil por el estrés que les genera el confinamiento, además de una dieta pobre y la prevalencia de otras enfermedades crónicas.
¿Qué medidas tomar?
Para frenar el incremento de las poblaciones carcelarias, las organizaciones defensoras de derechos humanos exhortan a las autoridades a adoptar una política de no detención por delitos no violentos como el transporte o posesión de sustancias ilícitas o por infracciones administrativas. Incluso, piden apegarse a la Constitución en asuntos penales para privilegiar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Alrededor del mundo distintos países han tomado acciones para mitigar los contagios dentro y fuera de las cárceles, lugares donde convergen reclusos, personal y visitas. Irán decidió liberar a 85 mil personas de sus prisiones por esta crisis; y en ciudades de Estados Unidos, como Ohio, también se liberaron detenidos en cárceles municipales. En Los Ángeles 678 personas recluidas en los últimas dos semanas fueran puestas en libertad, según explicaron las organizaciones mexicanas.
Mientras tanto, en México el 38.5 por ciento de personas recluidas ni siquiera tienen una condena, y buena parte de ellas podrían ser inocentes, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional consultada en octubre de 2019.
A escala mundial, la OMS pide no usar la pandemia de Coronavirus como justificación para violar Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, establecidas por Nelson Mandela.
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Estas reglas contemplan que, aún bajo restricciones extraordinarias, ninguna práctica disciplinaria debe traducirse en tortura, tratos crueles o degradantes, o el confinamiento solitario prolongado. Además, las decisiones clínicas solo deben tomarlas los profesionales de salud y no por el personal penitenciario.
Si bien el contacto familiar puede restringirse por circunstancias excepcionales, solo debe hacerse por un periodo limitado y con fechas claras.
“El aislamiento ya es total, entonces una medida de aislamiento en el aislamiento puede producir otros efectos que no queremos en las personas recluidas”, dijo el director de coordinación interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes, Francisco Castellanos.
Las organizaciones mexicanas pro derechos humanos explican que que la suspensión de visitas no es una medida suficiente y que, antes de optar por esa opción, deben pensar en que las familias y no las instituciones son quienes proveen alimentos, medicamentos, agua y otros enseres a la población carcelaria en algunos centros.
La antropóloga y psicoanalista Elena Azaola, especialista en sistemas penitenciarios y de justicia para adolescentes, pidió priorizar tanto la salud física de los reclusos, como la emocional. Sobre todo en los jóvenes que se encuentran en centros de detención ante la posible suspensión de visitas.
“Los jóvenes internos no solamente están preocupados por ellos mismos, también pueden estar preocupados por las posibilidades de contagio a su familia. Es importante que ellos sepan que van a estar en contacto con más personas y que deben estar informados”, recomendó Azaola durante una conferencia en línea organizada por la organización Justicia Juvenil Internacional en México.
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Azaola también pidió evitar que aumente la población en los centros de detención juveniles de manera temporal y que se agilice el proceso de las personas cuya reclusión pueda terminar de manera adelantada
Azaola enfatizó en la importancia de la transparencia en cuanto a toda acción tomada en los centros de detención para evitar situaciones de riesgo como motines internos o externos. “En la medida que se actúe con transparencia y con las mejores medidas, técnicamente sólidas y sustentadas, sin agravar las condiciones de encierro, que son ya de por sí difíciles, se darán mejores posibilidades de éxito para evitar motines”, recomendó la antropóloga.
Las organizaciones también piden liberar a mujeres privadas de la libertad por delitos no graves o que no involucran violencia, una propuesta que ya se hizo como parte de la Ley de Amnistía que sigue atorada en el Congreso. Otro llamado es a la excarcelación a personas adultas mayores, como lo señala la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 146, o con alto riesgo de desarrollar complicaciones por COVID-19, entre ellas, mujeres embarazadas, personas con diabetes, hipertensión y VIH.
Medidas emprendidas
El 14 de marzo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a las autoridades del sistema penitenciario para generar condiciones óptimas que protejan la salud de las personas privadas de su libertad.
En estados como Quintana Roo, se redujo a la mitad los días de visita a las personas recluidas de cuatro a dos días. Además, se toman medidas de detección del coronavirus para los ingresos de familiares y se informa sobre medidas higiénicas entre la población penitenciaria, de acuerdo con la organización Reinserta.
En el Estado de México, se pusieron cercos sanitarios durante las visitas familiares, pero ante la sobrepoblación se prevé la suspensión de las visitas hasta después de la cuarentena. Por otro lado, se ampliaron los horarios de contacto telefónico para acordar entregas de insumos.
En Nuevo León se puso material higiénico como mascarillas, guantes de látex y gel antibectarial a disposición del personal de recibimiento de visitas, y se hace una revisión a las personas privadas de la libertad para detectar síntomas y temperatura corporal.
