La regulación mexicana del cannabis beneficiará sólo a grandes empresas

¿Por qué importaría semillas de marihuana el segundo productor de cannabis en el mundo?

Esto podría pasarle a México si en abril se aprueba el dictamen de ley que privilegia los intereses de grandes empresas, excluyendo a campesinos y pequeños productores.

México podría ser el tercer país del mundo en emitir una regulación del uso personal de cannabis, después de Uruguay y Canadá, sin embargo el dictamen aprobado en lo general por el Senado del país tiene varios aspectos por arreglar, pues se inclina a beneficiar principalmente a las grandes farmacéuticas e industrias extranjeras, algo que acentuaría la criminalización de su venta y consumo en México fuera de sus parámetros; es decir, el mercado negro continuaría. 

Las políticas públicas que México requiere en cuanto a la regulación del uso del cannabis empiezan con la despenalización, que disminuiría los problemas de violencia, además de traer beneficios en temas de salud entre sus consumidores. De acuerdo con varias organizaciones que se especializan en el tema, aún estamos lejos de una regulación justa.

“Se deber dar prioridad a una despenalización efectiva, porque mientras el cannabis sea una sustancia prohibida, habrá un mercado negro y mientras exista ese mercado tan grande, habrá enfrentamientos entre grupos delictivos. Hay que quitarles ese cacho del pastel”, explica Víctor Gutiérrez de la asociación Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD).

MUCD junto a la asociación Regulación Por la Paz, denuncian que la Ley General para el Control de Cannabis aprobada el 4 de marzo del 2020 vulnera los derechos de las personas consumidoras, de pacientes que usan el cannabis de forma medicinal y de las comunidades campesinas dedicadas al cultivo de esta planta, pues prohibe el autocultivo al estipular que las semillas de cannabis tienen que importarse de lugares donde ya está regulado y legalizado. Cumplir con ese requisito muy complicado y tiene un costo promedio de 170 mil pesos, una inversión que la gran mayoría de los campesinos mexicanos no puede costear.

“Yo no digo que se cancele la industria como en otros países, pero deberían priorizarse los intereses de la sociedad civil, no criminalizar al usuario y saldar la deuda con los grupos afectados por la guerra contra el narco”, dice Gutiérrez.

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