La tarde del viernes 31 de julio de 2015, Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Rubén Espinosa fueron torturados y asesinados en el departamento 401 del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.  A cuatro años de los homicidios aún queda aclarar el móvil de los crímenes y señalar a los autores intelectuales.

Las autoridades de la Ciudad de México solo han detenido -con base en procesos irregulares-, a tres presuntos autores materiales, de los que apenas uno tiene sentencia confirmada, reporta el informe “La verdad como ‘exquisitez’”, que es parte de la Plataforma para la Memoria del Caso Narvarte de Article 19.

El informe denuncia que tampoco se exploraron a profundidad las principales líneas de investigación del móvil, como son la libertad de expresión y derecho a la información y las amenazas que Ruben y Nadia recibieron en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, obligándolos a huir del estado.

Rubén era amigo de Nadia, quien compartía el departamento con Mile y Yesenia. Alejandra era la trabajadora del hogar. Aquel día, Rubén visitó a Nadia, Mile y Yesenia no habían salido a trabajar y Alejandra llegó por la mañana para hacer sus labores. De acuerdo con la investigación de la PGJDF, una de las víctimas permitió el acceso libre al edificio y al departamento a tres sujetos, identificados como Daniel Pacheco Martínez, Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas, quienes actualmente están presos por su presunta responsabilidad en el crimen. Solo el segundo está sentenciado.

Cuando las autoridades hallaron los cinco cuerpos, presentaban una herida de bala en la cabeza hecha con una sola arma calibre 9 milímetros, nueva. Además, dos cuerpos tenían huellas de violencia sexual y, en dos casos, habían sido asfixiados.

Las autoridades capitalinas concluyeron que la línea de investigación a seguir y difundir, fue una que asumía que Mile se dedicaba a la prostitución y narcomenudeo y que ella fue quien abrió la puerta a los presuntos agresores, quienes se dedicaban también a la venta de drogas. Sin embargo, el informe exhibe la falta de pruebas para llegar a esa relación determinante y la discriminación contra Mile, a quien trataron a partir de estereotipos de género y por su nacionalidad colombiana.

El informe denuncia que tampoco se exploraron a profundidad las principales líneas de investigación del móvil, como son la libertad de expresión y derecho a la información, el narcotráfico y la trata de personas.

El asesinato de Rubén significó la primera agresión fatal en el gremio en la Ciudad de México y, así, dejó de ser el “oasis de seguridad” para periodistas amenazados del país. Quienes conocían a Rubén comentaron días después de su asesinato, que habían pasado apenas unas semanas desde que huyó de Xalapa,  Veracruz, por las amenazas y el hostigamiento en su contra, presuntamente a cargo el entonces gobernador, Javier Duarte, y su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.

Bermúdez dijo en las diligencias del caso Narvarte que tenía conocimiento de que Rubén era fotoperiodista por una investigación que integró la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR). Rubén trabajó por un tiempo en el área de Comunicación Social del municipio de Xalapa, pero fue despedido por colaborar con la revista Proceso.

El informe de 2019 de Article 19 cita a una periodista de Veracruz que conocía al fotoperiodista y recordó que el motivo del despido de Rubén del gobierno municipal fue por publicar fotos de Duarte en la revista Proceso. “Me dijo que su jefa le dijo que tuviera cuidado, que se acordara que ya Regina (Martínez) estaba muerta”, declaró la periodista que omitió su nombre.

En febrero de 2017 Arturo Bermúdez fue detenido por los delitos de enriquecimiento ilícito y desaparición forzada y fue ingresado a la prisión del municipio veracruzano de Coatepec. A finales de marzo de 2017, se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) investigar las empresas de seguridad de Bermúdez asentadas en la capital, según lo revelado por un reportaje del periodista Juan Omar Fierro en el portal Aristegui Noticias.  Una de esas empresas estaba ubicada a escasos seis minutos de recorrido en auto del departamento de Luz Saviñón, sin embargo, esta información fue omitida en la investigación del caso Narvarte.

Ni una semana había pasado de los cuatro feminicidios y el homicidio, cuando reporteros que cubrían la fuente de la PGJDF fueron convocados a una reunión “extraoficial, de amigos, sin cámaras ni micrófonos” con el procurador Rodolfo Ríos. Algunos asistentes, que pidieron el anonimato, contaron que Ríos les pidió que “le bajaran” el tono a sus notas. Luego, les dijo que el asesinato de Rubén no era como ellos lo estaban manejando, puesto que “no iban por él”.

Cuando las autoridades hallaron los cinco cuerpos, presentaban una herida de bala en la cabeza hecha con una sola arma calibre 9 milímetros, nueva. Además, dos cuerpos tenían huellas de violencia sexual y, en dos casos, habían sido asfixiados.

Tras ese encuentro a las salas de redacción de algunos diarios de circulación nacional llegaron en paquetes, partes del expediente FBJ/BJ-1/T2/04279/1507 con las primeras declaraciones ministeriales del caso. Entre las declaraciones estaban las de Esbeidy, la cuarta habitante del departamento, quien llegó al lugar a las 19:00 horas después de salir de su trabajo. También había fotos, dictámenes iniciales y los resultados de las necropsias. Los contenidos en las notas publicadas del caso llevaban la misma tendencia: que fueron tres los presuntos responsables, que conocían a las víctimas y convivieron con ellas antes del crimen y que, tras las ejecuciones, se robaron algo del departamento. “Parecía que había un intento por debilitar la hipótesis de que el crimen pudo haber sido por las amenazas contra Rubén y Nadia desde Veracruz”, denuncia el informe realizado por la periodista Sara Pantoja y el periodista y abogado, Michael Reed-Hurtado.

Cuando reproducen este tipo de discurso, los medios contribuyen a la estigmatización de víctimas y victimarios e incurren en una exhibición mediática, indica el análisis de discurso de la cobertura de medios del caso hecho por la profesora de literatura y género y crítica cultural, Lucía Melgar y la investigadora y periodista feminista, Emanuela Borzacchiello.

“La estigmatización desde el principio de una de las mujeres asesinadas, Mile Virginia Martín, como colombiana y, por tanto, desde el discurso oficial, sospechosa de estar ligada al narcotráfico, fue la línea que siguió gran parte del discurso oficial y mediático”, explica el análisis también disponible en la Plataforma de la Memoria.

En el análisis de medios, las periodistas encontraron que La Razón, por ejemplo, fue uno de varios periódicos que filtraron información de la PGJDF.

De igual forma, el tratamiento de la información se enfocó en Rubén Espinosa por el peso político que implicaba, y las víctimas mujeres pasaron a segundo plano. Emanuela Borzacchiello señaló en la presentación del análisis que a los medios les faltó “distancia de las autoridades” y perspectiva de género en la cobertura del caso Narvarte.

“A pesar de mi dolor le doy gracias a la vida que mi hija haya muerto ahí, estando Rubén, porque si no hubiera estado ahí hubiera sido una más y no se hubiera investigado”, dijo la madre de Yesenia Quiroz Alfaro, Indira Alfaro.

“La estigmatización desde el principio de una de las mujeres asesinadas, Mile Virginia Martín, como colombiana y, por tanto, desde el discurso oficial, sospechosa de estar ligada al narcotráfico, fue la línea que siguió gran parte del discurso oficial y mediático”, explica el análisis también disponible en la Plataforma de la Memoria.

“Exquisitez” de la verdad

Desde el inicio de la investigación, la PGJDF hizo filtraciones de partes del expediente a ciertos medios de comunicación con la intención de reforzar la versión del robo de droga, justificar el crimen y descartar u olvidar otras líneas de investigación. Sin embargo, no ha sido el único caso en el que hay filtración de material confidencial que se publica en medios de alcance nacional por medio de filtraciones.

“Las filtraciones han sido muy desgastantes y dolorosas para nosotros. Las familias tuvimos que ver evidencias del cuerpo por medios que los filtraron. Es algo que desgarra el alma encontrarte con una fotografía que no tendría que ser filtrada, porque se supone que están dentro de expedientes que están protegidos”, denunció Patricia Espinosa, la hermana de Rubén a cinco años de los homicidios.

Asimismo, el entonces fiscal central de Investigación del Delito de Homicidio, a la postre Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, Marco Reyes les dijo a las familias de las víctimas que, llegar a la verdad del móvil de los asesinatos, era una “exquisitez”.

“Llegó un momento en que las autoridades les dijeron que su labor era detener a los culpables, mas no establecer el móvil del crimen; y lo primero, ya estaba hecho, de acuerdo con conversaciones realizadas con los abogados coadyuvantes”, indica el informe.

Article 19 y las familias de las víctimas critican también la labor de la jueza 25 de lo Penal, Hermelinda Silva, quien en la primera sentencia del caso avaló todas las irregularidades y omisiones de la Procuraduría.  Con la intención de dar carpetazo al asunto, ella tomó como verdaderas las contradicciones que hicieron los señalados respecto al supuesto móvil del asesinato.

Ante las omisiones, Article 19 y los familiares de las víctimas exigen a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo que retome el caso de la colonia Narvarte y considere nuevamente todas las líneas de investigación. “Lo que debe hacer el próximo fiscal es un plan para garantizar la verdad y la justicia en todos los casos, conocidos o no”, concluye Leopoldo Maldonado, abogado y subdirector de Article 19 Oficina para México y Centroamérica.

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