El pasado 19 de julio dos hombres asesinaron a Zenaida Pulido en Aquila, Michoacán. Su esposo también resultó herido cuando Ricardo C.P., y Enoc C.M., presuntos autores materiales, abrieron fuego contra la pareja que recorría la carretera federal Lázaro Cárdenas-Tecomán.

Zenaida Pulido, que tenía 43 años de edad al momento de su asesinato, llevaba mucho tiempo buscando a su primer esposo desaparecido y era una activista por los derechos de las víctimas y sus familias. Ella participó como coordinadora de la Caravana “Buscando Encontraremos” de 2019, que descubrió una fosa clandestina con 43 restos óseos en la costa de su estado.

“Su asesinato nos deja una profunda tristeza e indignación, porque el caso de Zenaida se une ahora a la lista de decenas de víctimas que, por buscar a sus seres queridos, han recibido la muerte como castigo”, se pronunció el colectivo Familiares Caminando Por Justicia.

Quienes se dedican a la defensa de Derechos Humanos saben que se enfrentan a intereses de grupos violentos, explica Valentina Peralta, acompañante y defensora de familias de personas desaparecidas.

“Sabemos que defender a alguien te compromete y te pone en la línea de fuego. No es que lo busquemos, pero no podemos atemorizarnos e inmovilizarnos. Se espera y se recibe la violencia. Y no solamente de los frentes que uno ya conoce”, dice Valentina, también directora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos en entrevista con Gatopardo.

En México existen 790 personas dentro del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de los cuales 498 son personas defensoras de derechos humanos (63 por ciento) y 292 periodistas (37 por ciento).

Durante el #EPU2018 México recibió 264 recomendaciones para mejorar sus obligaciones en derechos humanos. Los temas más urgentes son: desaparición de personas, periodistas y defensores de derechos humanos y migrantes. / Fotografía vía @movNDmx.

Activistas y periodistas son un blanco constante

Entre los obstáculos que enfrentan los activistas que buscan a familiares desaparecidos esta la falta de voluntad de ciertos servidores públicos para ayudar a encontrarlos. En ocasiones, estos funcionarios limitan su quehacer por miedo a poner su vida en peligro, por temor a que se vulnere su imagen o se les exhiba en negligencia u omisiones.

Pero entre los “frentes inesperados” de los que habla Valentina Peralta, hay algunos casos en los que los propios familiares de las víctimas tienen también carreras delictivas.

“Cuando una persona nos pide ayuda, nosotros se la damos porque no tenemos ningún prejuicio, pero a veces nos damos cuenta que viven de secuestrar o torturar, y al enterarnos, corremos mucho riesgo”, cuenta Valentina.

Junto a los activistas, los periodistas son también un blanco de ataque de estos grupos al denunciar la corrupción, la impunidad y el marco de violaciones a los derechos humanos en el que suceden estos delitos, indica Ana Cristina Ruelas, directora de Article 19 para México y Centroamérica.

“La palabra es el enemigo de mantener el poder y el status quo. Decimos que las agresiones contra periodistas son intencionales porque se busca generar un mensaje de silencio”, explica Ruelas en entrevista.

México fue en 2018 el segundo país más peligroso para los periodistas y comunicadores después de Afganistán, según la organización no gubernamental Press Emblem Campaign (PEG). Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la organización Article 19 registró 2,502 agresiones contra periodistas, de las cuales el 48 por ciento venían de agentes del estado.

El 22 de julio -en la misma semana del asesinato de Zenaida Pulido- dos sujetos allanaron el domicilio de la periodista y defensora de derechos humanos, Lydia Cacho. Los agresores robaron equipo, información periodístico y mataron a dos perras que vivían con ella. Hace cinco meses, el Estado mexicano se disculpó públicamente con Lydia y reconocieron que sus derechos humanos habían sido violados en 2005. El ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, fue señalado como presunto autor intelectual de las agresiones contra la periodista en esa ocasión, junto a dos funcionarios locales más y el empresario Kamel Nacif.

Junto a los activistas, los periodistas son también un blanco de ataque de estos grupos al denunciar la corrupción, la impunidad y el marco de violaciones a los derechos humanos en el que suceden estos delitos, indica Ana Cristina Ruelas, directora de Article 19 para México y Centroamérica.

Doble lucha

Aunque el Mecanismo protege a cualquier persona que sea víctima de agresiones por sus labores como defensores de derechos humanos o periodistas, en ocasiones las autoridades revictimizan a los activistas y comunicadores. En otras, descartan sus actividades profesionales como líneas de investigación de los ataques.

A cuatro días del asesinato de Zenaida, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que la investigación del homicidio versaría sobre una “posible relación” de la víctima con sus agresores, con los que tenía “diferencias por la posesión de un predio”.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció a finales de marzo que se rediseñaría el Mecanismo, luego de un análisis que le hicieron al inicio del sexenio de López Obrador.

Ana Ruelas dice que uno de los problemas que tiene el Mecanismo es la poca coordinación entre las instituciones que conforman su junta de gobierno. Otra omisión es que tampoco se coordinan con los estados, cuando deberían firmar convenios de colaboración.

Una falla más que reporta la directora de Article 19 es la falta de medidas preventivas cuando se detectan campañas de desprestigio.

“Hoy el gobierno y la delincuencia organizada tienen un manual para matar periodistas: te asesinan y te vinculan a la delincuencia organizada, esto sumado a la negligencia de la investigación del caso”, expresa Omar Bello de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados.

Todos coinciden en que hace falta humanizar el trato de los servidores públicos al interior del Mecanismo, así como más transparencia en la gestión de los recursos asignados.

“En el caso de los defensores lo que pasa es que tratamos de impulsar la garantía, pero también nos vemos amenazados. Es un círculo vicioso”, opina Ana Ruelas.

Para Omar Bello, los desplazados y activistas lidian con una doble lucha: una por su propia causa -que muchas veces es contra las mismas autoridades- y la lucha contra quien se supone debería salvaguardar los derechos humanos y la integridad de las personas.

Omar Bello vive y trabaja atrapado en esa compleja dualidad. “Hoy yo tengo una dualidad. Sigo siendo periodista, nunca voy a dejar de serlo, pero hemos emprendido con muchos compañeros una lucha por la defensa de los derechos humanos de nuestros mismos compañeros. Porque como víctima, te puedo decir que sé lo que un compañero perseguido está viviendo”, afirma.

*Fotografía de portada: Cortesía de Movimiento por nuestros desaparecidos en México

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