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La noción de que aquellos nacidos en la parte más baja de la pirámide socioeconómica pueden ascender “echándole ganas” es un mito, al igual que la idea de que quienes están en la cúspide llegaron ahí por sus “méritos”. Al margen de su esfuerzo, numerosas circunstancias influyen de manera decisiva en las oportunidades que los individuos tienen, o no, en la vida.

Entre los mexicanos, solo tres de cada cien nacidos en el 20% más pobre de la población llegan ascender al 20% más rico. En el extremo opuesto, apenas dos de cada cien personas que nacen en ese quintil más alto de la población terminan en el 20% más pobre.

¿Por qué es tan baja la movilidad social en México?, ¿qué consecuencias tiene ese hecho en términos de justicia social y eficiencia económica?, ¿cómo construir un país menos desigual? Para responder a esas y otras preguntas, Carlos Bravo Regidor entrevista a Roberto Vélez Grajales y a Luis Ángel Monroy Gómez-Franco, coautores del libro Por una cancha pareja. Igualdad de oportunidades para un México más justo, coeditado por Grano de Sal y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Carlos Bravo Regidor (CBR): Su libro busca sintetizar y difundir una agenda de investigación e incidencia que tiene varios años. Ustedes pertenecen, si no a una misma generación, a un grupo de especialistas que ha generado conocimiento desde las ciencias sociales, en particular desde la Economía y la Sociología, sobre las desigualdades y la movilidad social. ¿Cómo se fue gestando esa agenda?, ¿y dónde se encuentra hoy?

Roberto Vélez Grajales (RVG): Sobre la primera pregunta, contaría dos versiones de esa historia: una larga y otra corta. La larga se refiere a la evolución del análisis de la desigualdad y la enseñanza de la Economía. La licenciatura en Economía que estudié a finales de los noventa tiene muy poco que ver con la que estudió Luis en los años posteriores a la crisis de 2008. Cuando yo estudié el tema se concentraba en una clase sobre desarrollo económico. La relación entre el crecimiento y la desigualdad del ingreso apenas comenzaba a debatirse seriamente. Para cuando Luis estudió, las cosas habían avanzado. Había mejores fuentes de información y se empezó a sofisticar la discusión sobre la desigualdad: en lo conceptual, con contribuciones como las de Amartya Sen o John Roemer; en lo empírico, con trabajos como el de Tony Atkinson. Además, la desigualdad comenzó a pensarse en varias dimensiones, no solo la del ingreso sino también en cuanto a los resultados de vida, el trato, las oportunidades.

La historia corta es la del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, fundado en 2005. Casi de inmediato encarga una primera encuesta sobre movilidad social intergeneracional, una fuente de información primaria fundamental para comenzar a responder qué tanto las condiciones de origen socioeconómico de las personas determinan su destino. Esa encuesta, que se ha hecho cada seis años, se convirtió en un instrumento importante para el análisis de movilidad social. En sus inicios medía empíricamente cuánta movilidad había en México; a partir de 2017, añadimos preguntas para analizar cuáles son los mecanismos que están detrás de la baja movilidad social. Fue así como llegamos al tema de la desigualdad de oportunidades, es decir, al peso que las circunstancias fuera del control de las personas (como las características socioeconómicas del hogar donde nacen y crecen, la región donde viven, su adscripción étnica, su género o su tono de piel) tienen en su probabilidad de ascender o descender en la escalera socioeconómica.

Luis Ángel Monroy Gómez-Franco (LAMGF): Sobre la segunda pregunta, podemos decir con cierto grado de certeza tres cosas. La primera, que la movilidad social en México es baja. De las personas que nacieron en el quintil más bajo de la distribución de recursos económicos (entre el 20% más pobre de la población), la probabilidad de no superar la condición de pobreza al llegar a la adultez (permanecer, digamos, entre el 40% más pobre) es casi de 75%. En contraste, para las personas que nacieron en el quintil más alto (el 20% más rico), la probabilidad de mantenerse ahí (ubicarse entre el 40% más rico) es de 83%.

La segunda, que tenemos un buen mapa de las diferencias regionales en cuanto a movilidad social. En los estados del sur (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), 67 de cada cien personas que nacen en el quintil más pobre no salen de ahí en la adultez; mientras que en los estados del norte (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) ese porcentaje se reduce a 23 de cada cien personas.

La tercera, que tenemos más conocimiento sobre los factores que explican por qué la movilidad social es tan baja. Doy dos datos para ilustrarlo. Uno, al menos la mitad de la desigualdad en la distribución de los recursos económicos se explica por circunstancias que no tienen que ver con el esfuerzo de las personas. Y dos, la circunstancia más importante es la diferencia en los recursos económicos y educativos del hogar de origen. Cerca de dos terceras partes de la desigualdad de oportunidades se explican por ese factor, mientras que el otro tercio se explica por la región donde está su hogar, su adscripción étnica, género y tono de piel.

CBR: Ustedes proponen definir la igualdad de oportunidades a partir de una distinción entre lo que en la academia suele llamarse la “agencia” y la “estructura” —o dicho en términos más llanos, entre la libertad o el esfuerzo particular de las personas y el sistema general de relaciones sociales en el que se desenvuelven—. ¿En qué consiste esa definición?

RVG: Tiene mucho que ver, entre los economistas, con el trabajo de Roemer. Sen definió la libertad efectiva como qué tan amplio es el espacio que tienen las personas para elegir libremente lo que quieren ser y hacer, de manera que sean sus decisiones y su esfuerzo lo que determine sus resultados de vida. Luego vino Roemer y propuso la igualdad de oportunidades como una concepción que hace responsables a las personas de su esfuerzo, pero reconociendo que hay una serie de circunstancias que actúan como interferencias —ya sea en un sentido positivo, como los privilegios, o negativo, como las desventajas— que impiden que su esfuerzo se traduzca en movilidad social. Entre más pesan las circunstancias, menos pesa el esfuerzo y la igualdad de oportunidades se reduce. Un ejemplo para ilustrar el peso de una circunstancia (en este caso, la adscripción étnica) sobre la movilidad social: de las personas que nacen en el quintil más bajo y se identifican como indígenas, 60% permanecen en ese mismo lugar en la edad adulta; para las personas no indígenas, en cambio, ese porcentaje se reduce a poco más del 40%. El enfoque de la igualdad de oportunidades se trata, en suma, de identificar el peso de ese tipo de circunstancias y de diseñar mecanismos niveladores para contrarrestarlas y garantizar que el esfuerzo sea el principal motor de la movilidad social.

LAMGF: Se suele pensar en las circunstancias como factores restrictivos, es decir, como obstáculos o desventajas que afectan de forma negativa las recompensas o los resultados de vida de las personas. Pero el enfoque de la igualdad de oportunidades también supone que las circunstancias pueden jugar a favor, como privilegios o ventajas. La poca movilidad social que hay en México no se debe solo a que las personas que nacen en la parte más baja de la distribución tienen muchas dificultades para ascender, sino a que también es muy difícil que desciendan de la parte más alta quienes nacen en ella. Para una persona que nace en el quintil más bajo, la probabilidad de ascender al más alto en la adultez es apenas de 3%; y a la inversa, para quien nace en el quintil más alto, la probabilidad de descender al más bajo es solo de 2%. Entonces, el enfoque de la igualdad de oportunidades busca maximizar el peso de la agencia de las personas, es decir, de su libertad, de la relación entre su esfuerzo y sus resultados de vida, y minimizar el peso de factores estructurales que están fuera de su control, circunstancias que no dependen de ellas pero que operan a favor o en contra suya. Ese es uno de los principales mensajes de nuestro libro: para lograr un México más justo necesitamos emparejar la cancha, es decir, intervenir para corregir las desigualdades estructurales —privilegios y desventajas— que impiden que el esfuerzo sea justamente recompensado.

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CBR: ¿Por qué importan la igualdad de oportunidades y la movilidad social? ¿Cuáles son sus virtudes o beneficios, individuales o colectivos, morales pero también materiales? 

RVG: Importan porque tienen que ver con la relación entre las reglas y los resultados del juego, tanto en términos de justicia social como de eficiencia económica. Cuando hay una alta desigualdad de oportunidades que se refleja en una baja movilidad social, dos cosas no están funcionando como deberían. Por un lado, es injusto que haya personas cuyo esfuerzo no es recompensado por las desventajas que enfrentan y personas cuyos privilegios les permiten obtener recompensas mayores a su esfuerzo. Por el otro, es ineficiente que haya factores estructurales que impiden aprovechar el capital humano, los talentos, todo el potencial con el que cuenta la población. Eso impacta negativamente en la productividad y el crecimiento económico. Es un problema desde la perspectiva de la justicia y la economía. Añadiría un tercer punto de vista, el de la política, porque la desigualdad de oportunidades y la falta de movilidad social pueden tener múltiples implicaciones en la cohesión social, la gobernabilidad y la representación democrática.

CBR: Me gustaría ahondar en que la igualdad de oportunidades también sirve para tener una economía más eficiente.

LAMGF: En una sociedad donde las circunstancias no desempeñen un papel tan determinante, las personas elegirán especializarse en lo que más les guste o en lo que sientan que son mejores. En México hay talento y esfuerzo desperdiciados porque la desigualdad de oportunidades no permite que millones de personas en la parte baja de la distribución se desarrollen plenamente. Pero no solo se trata de identificar a los Einsteins y Mozarts potenciales, sino también de pensar más allá de esos individuos extraordinarios, en términos mucho más amplios, incluso de mayorías sociales. Un ejemplo son las mujeres con educación universitaria: ya son la mayoría de la población con ese nivel de escolaridad. Sin embargo, debido a las normas de género, su participación laboral es menor comparada no solo con países de tamaño similar al nuestro, sino también con otros de la región. En un análisis costo-beneficio, eso significa que estamos haciendo una inversión que al final no estamos capitalizando como sociedad. Ahí hay una pérdida de eficiencia que tiene un impacto negativo en la economía.

CBR: Ustedes dedican una parte de Por una cancha pareja a polemizar con el “echaleganismo”, una versión diluida (una vulgata, diría Marx) de la meritocracia, que asume que los pobres lo son “porque quieren” o porque “no le echan ganas” para dejar de serlo.

LAMGF: Al “echaleganismo” hay que entenderlo como una ideología que justifica ciertas desigualdades, ya que adjudica los resultados de vida directamente a las personas sin tomar en cuenta el papel tan determinante que juegan las circunstancias fuera de su control. Como sucede con muchas ideologías, no busca cotejarse con la evidencia empírica; lo que intenta es naturalizar las desigualdades estructurales ocultando o minimizando su existencia. De ahí la importancia de polemizar en su contra, para quitar el velo que tiende sobre la realidad.

RVG: A veces los “echaleganistas” aceptan la existencia de la desigualdad de oportunidades, pero pareciera que prefieren no admitirla públicamente, porque piensan que al decirles a las personas que su esfuerzo hace menos diferencia de lo que debería, se corre el riesgo de que ya no le “echen ganas”. Para ellos lo importante es que la gente no deje de esforzarse. Nosotros no lo vemos así: no tenemos ninguna evidencia de que reconocer las desigualdades haga que la gente se deje de esforzar. No hay que ocultar las desigualdades, hay que atenderlas.

CBR: Respecto a la versión más refinada del argumento, ¿cuál es el problema, para ustedes, con la meritocracia (de organizar la sociedad de modo que sea el mérito lo que decida la distribución de recursos)?

LAMGF: El problema es la manzana envenenada que hay en el concepto del mérito; desde sus orígenes se ha referido a una cualidad deseable y reservada a cierta minoría, a un atributo cuyo valor depende de que no sea accesible para todos. Ese carácter restrictivo hace que el mérito sea muy cuestionable, dado que se asocia con una característica innata o una cualidad que solo pueden tener unos cuantos, lo cual desemboca en una lógica aristocrática. Thomas Jefferson decía que “el mérito es algo con lo que se nace”. Hoy es común definir el mérito como el logro educativo, aunque sepamos que el acceso a la educación no es igualitario. Una persona privilegiada que tiene buenos resultados educativos se considera meritoria; y una persona desaventajada cuyos resultados no son tan buenos, menos meritoria. Si esos privilegios y desventajas se acumulan de generación en generación, lo que tenemos son sociedades con poca movilidad social, muy estratificadas, como de Antiguo Régimen.

RVG: También circula mucho la idea de que como sociedad lo que debemos hacer es darle a la gente instrumentos para “lograrlo en la vida”, no resolvérselas, y la educación se concibe como la vía emblemática para hacerlo. Sin embargo, se asume que ese “lograrlo en la vida” ocurre en un espacio de igualdad de oportunidades. No es así, estamos lejos de eso. El “mérito”, educativo o de cualquier otra índole, entendido como una forma de asignar diferente valor a las personas, no da cuenta de que la cancha no está pareja. Incluso si lo estuviera, los “méritos” de una generación se convierten en los privilegios de la siguiente. Ese proceso acumulativo contradice la propia virtud que supone el “mérito”.

CBR: De ahí la importancia de lo que ustedes llaman perspectiva intergeneracional, esto es, de advertir que cada generación no empieza desde cero, sino con el equipaje de desventajas o privilegios que le dejan las anteriores. Ese equipaje representa, para las siguientes generaciones, un conjunto de circunstancias ajenas a su esfuerzo pero determinantes en sus resultados de vida.

LAMGF: Así es. Con frecuencia escuchamos aquello de que “hay que enseñar a pescar, no regalar pescados”. Teóricamente, se trataría de igualar oportunidades (que todos sepan pescar) y desentenderse de la igualdad de resultados (lo que pesque cada quién ya es cosa suya). El problema de esa fórmula es que separa cosas (las oportunidades y los resultados) que en realidad van juntas, porque lo que pesca o no una generación afecta lo que pesca la siguiente. Si de verdad queremos atender la desigualdad, debemos hacernos cargo de los mecanismos por los cuales los resultados de una generación afectan las oportunidades de las que vienen después.

CBR: ¿Cuál es la lógica de las políticas públicas que nivelan la cancha?

RVG: Es fundamental concebir las intervenciones niveladoras sin restringir el acceso de la gente a lo que le permita alcanzar su potencial. Es decir, la igualdad de oportunidades no busca generalizar las desventajas, sino establecer condiciones más favorables para todos. Por ejemplo, si en un barrio una familia tiene una buena biblioteca privada donde sus hijos leen todo el día, un mecanismo nivelador sería construir una pública en ese barrio que ofrezca la misma oportunidad al resto de los niños, no clausurar la privada. Esta es una lógica más demandante, porque busca igualar hacia arriba. No se vale igualar hacia abajo, eso tiene efectos negativos tanto para las libertades individuales como para el bienestar colectivo.

CBR: ¿Pueden mencionar alguna política pública que ilustre ese enfoque en la igualdad de oportunidades?

RVG: Yo diría que un buen ejemplo es el sistema de cuidados. En México, una mitad de la población, la femenina, tiene niveles promedio de escolaridad un poquito mejores que la otra mitad, la masculina, pero su tasa de participación en el mercado laboral es mucho menor: la de los hombres es 82%, la de las mujeres sin hijos es 43% y la de mujeres con hijos menores de seis años es 36%. ¿Por qué? Ellas se ocupan de la mayor carga de los cuidados: de la infancia, los adultos mayores, las personas con discapacidad o enfermedades crónicas, así como de las que se encuentran en la neurodiversidad. Esa gran disparidad en la distribución del trabajo de cuidados (que además suele no ser remunerado) se traduce en una gran desigualdad de oportunidades. ¿Cómo se corrige? Creando un sistema que amplíe el espacio de elección efectiva para las mujeres. Pero esa es apenas la mitad de la solución. Del lado de la demanda, no hay garantías de que aquellas que deseen trabajar sean efectivamente contratadas. Es necesario poner en marcha mecanismos para garantizar cierta paridad, contrarrestar la desigualdad de trato por género, cerrar la brecha salarial y que logremos tasas de participación laboral equivalentes a las de escolaridad.

LAMGF: Yo también pondría el ejemplo del sistema de cuidados, pero pensando a futuro. Primero, por la transición demográfica. Nos estamos convirtiendo en una sociedad que ya no se compone tanto de jóvenes. En el censo de 1995, la edad mediana de los mexicanos era veintiún años y había dieciséis adultos mayores por cada cien niños y jóvenes; en el censo más reciente, el de 2020, la edad mediana es veintinueve y hay casi 48 adultos mayores por cada cien niños y jóvenes. Esto tiene implicaciones importantes en términos de los servicios que se tendrán que proveer para garantizar el bienestar de la población. La demanda de cuidados será mayor, y de un tipo de cuidados que no existe a gran escala en México. Segundo, por el cambio climático. Si entendemos los cuidados en su acepción más amplia, incluyendo el sistema educativo y el de salud, entonces no solo necesitaremos crear más sitios para brindar cuidados sino acondicionarlos para amortiguar los efectos del cambio climático. Y, tercero, por el fenómeno de la automatización. Muchas cosas ya se están empezando a hacer con robots o con inteligencia artificial, pero algunas de las actividades menos propensas a ello son las que dependen del contacto humano. Y no hay cosa que sea más intensiva en contacto humano que el trabajo de cuidado.

CBR: Tengo la impresión de que en este tipo de discusiones nos atascamos en una paradoja. Tenemos más o menos claro qué está fallando y qué deberíamos hacer; sin embargo, nos falta claridad sobre cómo hacerlo. Los problemas están identificados, incluso sobrediagnosticados, pero las estrategias para influir en el proceso de toma de decisiones, para lograr que se implemente una solución, están subdesarrolladas.

LAMGF: Sí, coincido en parte. Muchas veces, en el debate público mexicano pensamos las respuestas técnicas sin pensar en la pregunta estructural. Por ejemplo, en la discusión del sistema de seguridad social, existe un consenso: lo mejor sería contar con un sistema de seguridad social universal. De ahí pasamos a cómo lo vamos a financiar y respondemos que es necesaria una reforma fiscal. Todo eso es muy importante, sin duda, pero tiene muchas implicaciones que deberían formar parte de la discusión. ¿Qué tipo de sistema de seguridad social universal queremos?, ¿uno como el de Estados Unidos, con proveedores públicos y privados?, o ¿uno como el de Suiza, donde solo hay proveedores privados? Son muy diferentes, desde sus presupuestos filosóficos hasta su diseño institucional y operación. En fin, a veces ponemos énfasis en ciertos aspectos técnicos, pero dejamos de lado la creación de acuerdos sobre qué queremos más específicamente y cómo lograrlo.

Otro ejemplo es la política social basada en transferencias. Algunos dicen que eso es de derecha y otros que de izquierda; la verdad, no hay un acuerdo sobre qué se busca con ella, para qué se hizo concretamente. La historia de Progresa es ilustrativa. Su diseño original se debió a que hacían falta recursos. Santiago Levy lo ha contado: hicieron aleatorio ese programa porque no había fondos para hacerlo universal. Entonces, sí, creo que a la discusión le falta mucha más especificidad. Una parte es muy técnica y la otra, muy impresionista o general. Nos brincamos la dimensión intermedia: para qué, por qué y cómo. Creo que en esa dimensión intermedia se generan los apoyos y se construyen las coaliciones políticas.

RVG: Yo tengo sentimientos encontrados al respecto. En términos históricos hay avances en la riqueza de la información y las discusiones, en los planteamientos técnicos, aunque también haya retrocesos. Si lo analizas a lo largo del tiempo, la discusión va avanzando. La pregunta, para mí, es si la velocidad es la adecuada, sobre todo en términos de persuasión, porque no hay un consenso político o demanda social en torno a una idea de desarrollo como la que proponemos en Por una cancha pareja. Pero la discusión existe, sin duda, por ejemplo, entre “echaleganistas” y “desigualdólogos”. Ciertamente, si no se genera una demanda social, quienes toman las decisiones no atenderán el problema. Mientras esa demanda no se formule con claridad y fuerza, no darán el paso que falta o no lo harán con la contundencia o la rapidez que necesitamos.

La pregunta es cómo hacer que la demanda social crezca más rápido y cómo traducirla en decisiones políticas, pero en un contexto muy complicado, y no solo en México, dado el profundo desencanto respecto a la idea y la utilidad del Estado. Aunque por causas distintas en cada caso, lo que ha pasado en los últimos años tiene que ver con eso: el Brexit en Reino Unido, Trump en Estados Unidos, el 2018 en México, Milei en Argentina. Yo a veces me siento atorado ahí: considero que el Estado es el mejor instrumento que tenemos para resolver problemas de política pública pero reconozco que, como forma de organización, arrastra un gran desprestigio y le ha fallado a muchos. ¿Cómo reconstruir la confianza en la política pública y en la idea de que el Estado puede ser funcional?, ¿cómo derrotar el círculo vicioso de que el Estado no dará resultados si no tiene recursos, pero tampoco tendrá recursos si no da resultados?

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CBR: En Por una cancha pareja ustedes no se ocupan de las transferencias en efectivo, es decir, de los programas emblemáticos de este sexenio (por ejemplo, los apoyos para adultos mayores o personas con discapacidad; las becas para niños, adolescentes y madres solteras) como una política social que pueda impulsar significativa ni sostenidamente la igualdad de oportunidades, ¿por qué?

LAMGF: Porque creemos que no basta con garantizar un ingreso mínimo. Argumentamos que el objetivo debe ser maximizar la agencia de las personas, su libertad efectiva, y eso se logra garantizando la satisfacción de ciertas necesidades básicas mediante sistemas públicos y universales. Las transferencias en efectivo trasladan la satisfacción de las necesidades al mercado, es decir, dependen de la existencia de los mercados para funcionar. En México no tenemos suficientes mercados o no son lo suficientemente robustos, es decir, no hay un número suficiente de proveedores, por la desigualdad misma, como para que sea válido suponer que las personas podrán satisfacer sus necesidades básicas en ellos o efectivamente acceder a sus derechos. Las transferencias en efectivo no sustituyen los bienes y servicios públicos.

Un ejemplo son las estancias infantiles. Si hubiera un mercado de ese servicio, la transición de subsidiar la oferta a subsidiar la demanda no habría afectado tanto. El Estado dejaba de financiar estancias públicas, transfería esos recursos a las familias y ellas hubieran adquirido ese servicio en una estancia privada. No fue lo que ocurrió: la desaparición del subsidio llevó a una contracción de la oferta. Y el problema es que la oferta no se construye de un día para otro. Ese es otro aspecto que se nos olvida: hablamos de la oferta y la demanda como si no hubiera detrás procesos complejos y tiempos, a veces, muy largos. Nuestro énfasis está en construir sistemas porque creemos que sacar ese tipo de servicios de la órbita del mercado garantiza mejor el acceso a ellos.

Al volcar la política social hacia las transferencias para distintos grupos, se podría llegar a un ingreso básico universal: lo más fácil, al final, será unificarlo todo. ¿Y luego? Ese no es el inicio, es el final de la construcción de un Estado de bienestar enfocado en la igualdad de oportunidades. Cuando exista ese ingreso básico universal, los gobernantes tendrán un pretexto para no hacer nada más y dejarlo todo al mercado. No es casualidad que esa fuera la solución preferida de economistas liberales como Friedrich Hayek o Milton Friedman.

RVG: Yo veo otro problema conceptual. Por un lado, en el Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador dice que el Estado ya no será gestor de oportunidades, que eso era neoliberal, y que ahora será garante de derechos. Según su interpretación. las oportunidades son circunstancias azarosas, temporales y discrecionales, mientras que los derechos son inmanentes, universales y obligatorios. Por el otro, en diciembre pasado la precandidata Claudia Sheinbaum declaró que el enfoque en las oportunidades era individualista y neoliberal, y que ella prefería enfocarse en los derechos, porque no son meras mercancías, no se les puede poner un precio.

Nosotros no coincidimos en que haya que tomar partido entre los derechos o las oportunidades; al contrario, los entendemos como parte de la misma discusión. Tampoco creemos que los derechos se garanticen por decreto ni mediante transferencias monetarias. Primero, porque es incorrecta esa definición de “oportunidades”. Las están confundiendo con las circunstancias, es decir, con lo que en nuestro libro identificamos como el peso injusto que tienen las condiciones socioeconómicas del hogar, la región de origen, la adscripción étnica, el género o el tono de piel. El azar existe en esos factores que no tienen que ver con el esfuerzo, pero que influyen de manera determinante en el acceso a las oportunidades. Entre menos pese el azar de esas circunstancias, mayor será la igualdad de oportunidades para todos. Y segundo, porque el hecho de que recibas, por ley, un monto de dinero con cierta periodicidad no significa que tus derechos estén garantizados, justo porque los derechos no son mercancías que se pueden adquirir en el mercado. Los derechos no se construyen por decreto, requieren instituciones y políticas públicas que amplíen efectivamente el acceso a las oportunidades.

CBR: Leyendo el último capítulo de Por una cancha pareja, la parte sobre cambio climático, pensé en la devastación provocada por Otis en Acapulco y sus alrededores, así como en lo tardía y lenta que fue la respuesta de las autoridades. Ustedes dicen que una buena política pública para atender ese tipo de problema era el Fideicomiso del Fondo para Desastres Naturales (Fonden), que desapareció en este sexenio sin que hubiera mucha discusión pública ni resistencia social. Además, lo insuficiente que fue la reacción oficial no parece haber tenido mayor costo político para las autoridades. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso?

LAMGF: A muchas instituciones creadas en México en los últimos veinte años, durante la época democrática, nunca se les construyó legitimidad social. Hizo falta y eso fue evidente con lo de Acapulco. Se debió explicar mejor por qué el Fonden sí funcionaba. Tenía reglas de operación que garantizaban que la gestión de los recursos fuera local, que se atendieran las necesidades inmediatas, como reparar caminos, de modo que se pudiera llevar ayuda o evacuar a los heridos más rápido. Todo eso permitía echar a andar más eficientemente la atención del desastre y la reconstrucción económica, en comparación con lo que es posible ahora.

Si para el gobierno fue tan fácil tomar la decisión de convertir el fideicomiso en un apartado del presupuesto, fue, en parte, porque no estaba claro para la población qué suponía esa reforma y cuáles podían ser sus consecuencias. La gente nunca supo qué iba a suceder, y lo que cambió fue la institucionalización. Creo que no hubo reacción pública porque nunca se hizo el esfuerzo de explicar que sí funcionaba y cómo. A esto se debe la falta de resistencia ante el desmantelamiento de muchas instituciones creadas desde los años noventa. Hubo cierta arrogancia tecnocrática, como si dijeran “no tenemos que explicarlo, la gente no tiene que entenderlo”. Así nunca se construye legitimidad para las instituciones. ¿Eso dónde nos pone, a futuro, en términos de institucionalización y políticas públicas pro-igualdad de oportunidades? Creo que nos deja una lección clara: tenemos que hacer la labor de explicar y convencer. Esa fue, de hecho, una de mis principales motivaciones cuando escribimos Por una cancha pareja: tratar de explicar y convencer por qué creemos que el enfoque de igualdad de oportunidades es el adecuado.

RVG: Más allá de Otis, pienso en la pandemia porque ese fue un golpe generalizado. Hay que anticipar la posibilidad de que esos escenarios, de carácter más amplio y sistémico, ocurran con más frecuencia. El tamaño de ese problema hace palidecer la desaparición del Fonden, porque habrá que construir un seguro que reduzca riesgos de una escala mucho mayor. Desde el punto de vista de las restricciones fiscales, el costo de esos acontecimientos extremos implica que se va a achicar la capacidad del Estado para minimizar su impacto en los resultados de vida de las personas. Es un reto de economía política mayúsculo.

De los dos grandes temas de ese capítulo, el cambio climático y la automatización, creo que el segundo es más manejable que el primero en términos de la solución política, porque tenemos más control sobre el avance y la regulación de la tecnología y es más viable crear acuerdos al respecto. Con el cambio climático es diferente. No tenemos control sobre sus manifestaciones. Entonces ¿qué podemos hacer? Desde el flanco de la igualdad de oportunidades, hay muchas políticas para prevenir o mitigar el impacto de los fenómenos climáticos en la productividad laboral o el rendimiento escolar que requieren planeación e inversión pública, o una combinación entre pública y privada. Estos fenómenos tienen una característica en común: la territorialidad. Por eso en el libro hablamos de la importancia de pensar las políticas públicas en términos regionales, desde lo local, según las condiciones y necesidades de cada lugar.

CBR: Para terminar quiero preguntarles sobre las elecciones que vienen, sobre la posibilidad de que la agenda de igualdad de oportunidades y movilidad social pueda adquirir más relevancia en las campañas. ¿Cuál es su valoración sobre se ubican las fuerzas políticas que se disputarán el poder en 2024 respecto a esta agenda?, ¿qué les preocupa?

RVG: En el caso de Claudia Sheinbaum, me preocupa la confusión de que lo importante son los derechos, no las oportunidades; en el caso de Xóchitl Gálvez, me preocupa que su historia de vida acabe reducida a un mero eslogan. Más allá de las candidatas, me preocupa cómo vamos a convencer a las distintas fuerzas políticas para que discutan a fondo la desigualdad de oportunidades. En este momento, me parece que ninguna campaña está poniendo sobre la mesa una visión sobre el tema, ninguna se está comprometiendo con un planteamiento sobre cómo cerrar las brechas de desigualdades. Tampoco veo que eso vaya a cambiar en los próximos meses. Me preocupa que esa discusión no forme parte del debate público ni de la oferta electoral en las campañas, ni siquiera durante la transición. Por eso importa construir la demanda social: si no les exigimos a los candidatos, los partidos y las coaliciones, ¿cómo hacemos que nuestros dirigentes se tomen en serio estos asuntos?

También creo que no ayuda la distancia en la intención de voto que, por el momento, registran las encuestas. Una candidata va muy arriba y no necesita poner grandes temas en el debate ni hacer propuestas audaces; la otra va tan abajo que tampoco le conviene invertirle mucho a ideas un tanto arriesgadas. Por ahora no parece que la distancia entre ellas vaya a reducirse, es decir, que la competencia vaya a obligarlas a cambiar de estrategia. Creo que van a seguir igual, que se va a completar un ciclo de doce años, y ya después veremos qué pasa con el país. La verdad, hay cuadros interesantes en ambas campañas, pero políticamente no veo que ninguna de ellas esté asumiendo la obligación de tomarse en serio la desigualdad de oportunidades.

LAMGF: Yo quisiera saber qué piensan hacer las candidatas respecto al sistema de cuidados, al de salud y al educativo: ¿hacia dónde los quieren encaminar en términos de igualdad de oportunidades? Tiene que haber una concepción integral del problema, con esos tres ejes más el hacendario; tendrían que estar armonizados en cierta medida.

Del lado de Sheinbaum, me da un poco de esperanza que se esté empezando a discutir una reforma fiscal. Al menos esa discusión abre la pregunta de para qué quieren el dinero, y por ahí se puede plantear más agresivamente la agenda de igualdad de oportunidades. Del lado de Gálvez, podríamos esperar que su campaña adoptara esta agenda por su historia de vida, pero no está pasando. En su coalición hay varios personajes que son más “echaleganistas”, que cuando llegan a hablar de la desigualdad lo hacen sin mencionar el racismo, el clasismo, el machismo, las causas estructurales. Hablan de la desigualdad como lo hacen tradicionalmente las fuerzas de derecha: poniendo mucho énfasis en la educación, confiando en que ese es el vehículo y como tal basta para que haya movilidad social, pero sabemos que no basta. Al final, como suele decir Roberto, con que hubiera un entendimiento sobre el problema de la desigualdad de oportunidades y los mecanismo institucionales que contribuyen a él, ya sería un gran avance. Pero no parece haberlo, por eso no soy optimista. Me preocupa que el tema de pronto aparece en algunas partes, pero no está –como debería estar– en el centro de la discusión.

 

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CARLOS BRAVO REGIDOR. Ciudad de México, 1977. Es internacionalista por El Colegio de México e historiador por la Universidad de Chicago. Fue profesor asociado en el CIDE, donde dirigió el programa de Periodismo. Es consultor independiente y actualmente se desempeña como analista político en medios como Expansión Política, Reforma, ForoTV y Radio Fórmula. Es miembro del consejo editorial de Gatopardo.