“¿Y por qué apenas vienes a denunciar?”, “¿vienes para vengarte?”, “¿por qué no lo corriste?”, “¿por qué seguiste con él?”, “¿qué traías puesto?”. Las preguntas aturdieron a Mariana. Se enfrentó a lo mismo cada vez que la joven de 23 años narró ante diferentes autoridades, como parte de su denuncia, el momento de la violación que sufrió a manos de su expareja. Este 25N, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, ellas siguen padeciendo la revictimización de las autoridades.
Primero, una funcionaria del programa Abogadas de las Mujeres —que el gobierno de la Ciudad de México implementó para dar orientación gratuita, con la promesa de brindar atención con perspectiva de género— la cuestionó por el tiempo que le había tomado acudir a levantar una denuncia. Luego, también dentro de la fiscalía de justicia local, la dirigieron al área de delitos sexuales y, tras un tiempo considerable de espera, otra mujer insistió reiteradamente en que su denuncia se trataba de una venganza por despecho. Ante la agente del Ministerio Público que tomó su declaración, el nivel de estrés bajó; pudo volver a narrar cronológicamente lo que ocurrió y no recibió ningún cuestionamiento ni revictimización. Incluso en la revisión física –innecesaria, considerando que el delito se cometió años antes– recuerda no haberse sentido tan vulnerada. Pero cuando la pasaron a la oficina de la psicóloga forense todo empeoró.
“Ahí fue cuando me rendí. Te mete en una presión fuerte, te explica que básicamente ella va a decidir si la violación ocurrió o no. Yo tengo pruebas. Tengo una grabación donde él confiesa que me violó y aún así toda la responsabilidad se recargó en mí”, dice la joven. La psicóloga le exigió representar gráficamente en qué posición estaba su cuerpo en el momento de la agresión, que ocurrió sin consentimiento porque Mariana estaba dormida. Le preguntó qué ropa estaba usando. La acusó de mentir. Mariana tuvo un ataque de ansiedad a la mitad de la sesión y la obligaron a trasladarse desde el centro de la ciudad hasta la alcaldía Tlalpan, al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez para atender la crisis que las autoridades provocaron con su revictimización. “Lo gracioso es que me atendió un doctor hombre y ahí recibí más empatía. Ya no quise regresar a la fiscalía. Detuve el proceso de denuncia. Quienes deberían ayudarnos, terminaron de romperme”.
Los testimonios como el de Mariana no sólo son importantes en este Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, sino durante todo el año. Al respecto, la organización México Evalúa calcula que no se denuncia el 98.6% de los delitos sexuales que se cometen en México, por lo tanto, es uno de los que más cifra negra tienen. El análisis de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU, 2020) muestra que la mayoría de los casos de violencia sexual rara vez llegan al Ministerio Público. Pese a ello, hasta octubre de 2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 58,489 presuntos delitos contra la libertad y la seguridad sexual, todos con carpetas de investigación. Esto representa un aumento del 7.7% respecto a los datos de todo el año pasado, cuando se acumularon 54,314 denuncias.
Estas carpetas pocas veces se traducen en una sentencia. Teresa Villalobos, terapeuta familiar y fundadora de la organización Red por la Igualdad de Género (Redige), explica que se perpetúa el machismo dentro de las instituciones de justicia. Entre cuestionamientos que son parte de la revictimización de las mujeres y el desinterés por investigar y resolver los casos de violencia contra ellas, la mayoría de las denuncias terminan en el limbo. “Tenemos leyes, protocolos, acuerdos internacionales que en papel están perfectos, pero las personas que están frente a las víctimas repiten una y otra vez los mismos patrones: ponen la responsabilidad de las violencias en ellas”.
Para mostrarlo, sirve el número de sentencias que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó en 2020 en cuanto a los delitos sexuales: 248, mientras que en ese mismo periodo se abrieron 6,446 carpetas de investigación por los mismos delitos. Este Día Internacional de la No Violencia conviene saber lo siguiente: cada vez que un juez dicta una sentencia, en el Ministerio Público se abren 26 carpetas de investigación nuevas, y miles de ellas quedan, año con año, en el olvido.
Mucha presión feminista, poco compromiso del gobierno
Mago llegó sola a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, después del tiempo que le llevó procesar que su pareja la había violado. Luego de diez horas, para cerrar el proceso de denuncia, tuvo que firmar un documento que afirmaba que no había sufrido revictimización. “Caí en cuenta de que todo el tiempo el personal te está diciendo ‘no te estamos revictimizando, ¿eh?’, ‘aquí te estamos tratando bien’”, recuerda Mago. En realidad, la atención no fue la mejor: una de las fallas más notorias fue que acudió a denunciar una violación, pero la autoridad definió que su carpeta sería un caso de violencia intrafamiliar.
Ha sido un ir y venir a la fiscalía desde que ingresó su denuncia en septiembre. Su carpeta no aparecía por ningún lado. Aunque tiene derecho a un abogado de oficio, la persona que le asignaron nunca se presentó. Entonces intentó seguir el proceso por cuenta propia, hasta que hace dos semanas decidió dejar de hacerlo. “No iba a ir a ningún lado. Están tan acostumbrados a recibir estos casos que no se detienen a ver que las víctimas no somos iguales, que cada historia requiere una atención diferente. No les importamos”, explica.
Diana tomó la misma decisión hace cinco años. Después de ir semana tras semana, durante un año, a la fiscalía para darle seguimiento a su denuncia por la violación tumultuaria que sufrió, finalmente descubrió que le habían dado carpetazo. “Di nombres y apellidos de las personas que me agredieron. Di la dirección. Puse incluso mi cuerpo porque fui inmediatamente a la agencia a denunciar y ahí encontraron todas las pruebas de la agresión. ¿Y qué pasó? Nada. Ellos siguen libres y mi carpeta, enterrada”.
Las tres jóvenes entrevistadas coinciden en que la atención de la autoridad en estos casos no ha mejorado con el paso del tiempo, aunque pase una y otra vez la efeméride del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. “El movimiento feminista ha presionado a las autoridades y ha provocado cambios en la sociedad de poco en poco, pero dentro de las instituciones parece que todo sigue igual”, advierte Diana.
Teresa Villalobos enfatiza que dar el paso para presentar una denuncia requiere de mucho esfuerzo físico, emocional y, a veces, económico, pero no tiene ningún resultado en la mayoría de los casos. “La cifra negra viene de ahí, de saber que al denunciar no va a haber consecuencias para el agresor. Es un círculo vicioso porque el mensaje que se envía desde el Estado es que agredir a las mujeres no tiene consecuencias. Es algo que tenemos que romper ya”.
Como parte de la estrategia para impulsar un cambio, este Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, se colocó un tendedero en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, una antimonumenta temporal instalada en honor a las madres que exigen justicia por sus hijas, víctimas de feminicidio, colocada por colectivos feministas en donde solía estar la estatua de Colón. El tendedero tiene el nombre de otros agresores, aquellos que no cometieron los delitos con sus propias manos, pero que sí ejercieron violencia institucional y revictimización contra las denunciantes: abogados, ministerios públicos, psicólogas forenses, peritos, jueces… un sinfín de impartidores de justicia les han fallado en garantizar su acceso a la justicia.
Adriana Greaves, de la organización Tojil, ha dado capacitación al personal que atiende estos casos. “Hay ministerios públicos que terminan frustrados porque, después de la investigación y de presentar el caso ante un juez, las mujeres se echan para atrás porque no lo ven con perspectiva de género. Por eso es urgente una política de Estado que mande un mensaje muy fuerte de cero tolerancia, que impulse que estos casos se persigan de oficio, sin dejarlos a merced de la voluntad de las víctimas porque muchas veces no tienen ni la fortaleza emocional ni la seguridad económica para continuar”, detalla.
“El problema no son las mujeres”, especifica la abogada, “sino un sistema que no permite que nos acerquemos a él, que no genera confianza, que permite la impunidad. Si queremos cambiar la realidad, por ahí se tiene que empezar”. La revictimización y la impunidad siguen siendo las deudas pendientes en este 25N.
