En una ciudad como la capital mexicana cualquier área verde, por pequeña que sea, debería tratarse como un tesoro. Sin embargo, está muy lejos de ser así. La sombra y el oxígeno que nos proveen los árboles se sacrifican por cientos cada año, ante los ojos de todos. El pasado sábado 4 de mayo la empresa Mítikah, taló 60 árboles sobre la calle de Mayorazgo, frente al centro comercial Centro Coyoacán en la delegación Benito Juárez, donde se pretendía construir un paso a desnivel, de acuerdo a un comunicado de la SEDEMA (Secretaría de Medio Ambiente).

El suceso rápidamente se tornó viral. El organismo intervino, paró la tala y detuvo a “nueve personas puestas a disposición de la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales y Protección Urbana, junto con los camiones y árboles talados”. Tanto Los Supercívicos como la agencia Quadratín reportaron que estos vehículos llevaban la leyenda “Al Servicio de…” arriba del logo rosa y negro de la CDMX, escondido bajo unas hojas de papel pegadas. Aunque el gobierno de la ciudad tomó cartas en el asunto, la respuesta llegó algo tarde y el daño estaba hecho: la ciudad tiene 60 árboles menos.

El corredor frente al metro Coyoacán ya no cuenta con ese respiro verde que tanta falta le hace a la zona, que recientemente se ha plagado proyectos inmobiliarios. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX se pronunció en conferencia de prensa sobre el caso: “No vamos a tolerar lo que pasaba antes, no puede ser que un desarrollador inmobiliario sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente derribe árboles sólo para poner un edificio adicional”, añadiendo también que actuará “con mucha fuerza” para castigar este caso, desde los autores materiales hasta las personas que dieron la orden.

Sin embargo, el comunicado de la SEDEMA es poco claro sobre quiénes son los detenidos, no sólo en términos de sus identidades, sino de su relación con el caso. El sitio de La Jornada reporta que ellos “sólo seguían órdenes”.

Una noticia como ésta no es algo extraño en México. A principios de abril 2019 una investigación conjunta entre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Los Supercívicos y el grupo Tojil denunció la tala nacional desmedida orquestada por Farmacias del Ahorro. Más de 1800 árboles fueron talados para abrirles visibilidad y estacionamientos a sucursales de la farmacia.

La investigación ciudadana reveló una forma sistemática de ecocidio. Se documentó que durante al menos dos años, la empresa taló árboles sin contar siempre con los permisos de tala completa: en al menos un caso, el permiso era solamente para podar. Y si en el resto de los casos hubo permisos para hacerlo, estamos ante un nuevo caso de corrupción que vincula el crecimiento desmedido de la empresa a nivel nacional, con el deterioro ambiental. No sería la primera vez que una empresa ocupa herramientas punibles y corruptas para favorecer sus intereses comerciales. 

En 2012 Walmart México realizó una serie de pagos ilícitos con el fin de construir más tiendas. Eduardo Solórzano, exdirector general de Farmacias del Ahorro y jefe ejecutivo de Walmart México entre 2005 y 2010, buscaba duplicar el tamaño de la empresa rumbo a 2020.

Si uno analiza estos casos a escala nacional, la perspectiva es mucho más que alarmante. Durante 2017, surgió una serie de protestas en Tepoztlán por la tala desmedida (aunque aprobada legalmente) de árboles en la carretera Cuautla-La Pera. El fallo, no obstante, fue a favor de la constructora Angular SA de CV. La PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) en declaración a BuzzFeed News determinó que el asunto estaba «en regla» pero que estarían atentos al desarrollo del proyecto.

Otro ejemplo es la lucha por mantener vivo el bosque de Picátaro en Michoacán, que continúa entre manifestaciones violentas, tala clandestina y la necesidad que el pueblo tiene de continuar cortando árboles para mantener viva su economía. En la misma situación está la Selva Lacandona, a pesar de que algunas de sus áreas son reservas de la biosfera y están protegidas. La selva, que es uno de los pulmones más importantes de nuestro país, palidece ante la vorágine humana que destruye sus alrededores, a pesar de que áreas como Montes Azules resguardan la mayor cantidad de especies silvestres por ecosistema en nuestro país. 

Un elemento clave de esta emergencia es que muchos casos se han dado con autorizaciones oficiales. En México todos los días se aprueban proyectos inmobiliarios y comerciales a costa del deterioro ambiental.  

A principios de 2019 una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que, poco antes de que terminara la gestión de Eruviel Ávila, una serie de contratos fast track fueron emitidos a los empresarios Francisco Javier y Ricardo Funtanet Mange, para convertir parte del municipio de Jilotzingo (con 82% del territorio registrado como área protegida) en un desarrollo inmobiliario inmenso —de nombre Bosque Diamante, el más grande que el Estado de México ha tenido en 13 años— a través de la tala de 186,000 árboles.

Afortunadamente, la construcción de Bosque Diamante se detuvo a través de un amparo judicial, pero desafortunadamente, eso no sucede en la mayoría de los casos, donde los ecocidios se concretan en total impunidad. 

La tala de los 60 árboles junto a Centro Coyoacán fue ilegal. La empresa responsable no contaba con los permisos necesarios y, de acuerdo a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente —Marina Robles—, la multa podría estar entre 7 y 50 millones de pesos, así como la revocación de un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) que tenía.

La sanción económica, informó la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) es independiente al procedimiento judicial que se está llevando en la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales y Protección Urbana.

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