Desde muy temprano, en Cali a las seis de la madrugada y en Bogotá a las nueve de la mañana, a pesar de la lluvia en el caso bogotano, miles de colombianos salieron a las calles el 28 de abril para unirse a la jornada de movilización convocada por el Comité Nacional de Paro que integran centrales obreras, sindicatos, organizaciones feministas, trans, indígenas y ambientalistas para exigir el hundimiento de la reforma tributaria, presentada el 5 de abril como proyecto de ley por Alberto Carrasquilla, ministerio de Hacienda, con el respaldo del presidente Iván Duque.
De hacerlo, la reforma sería “un asalto tributario”, se lee en un comunicado del Comité Nacional de Paro en el que, como alternativa, propone: “Consideramos que si se eliminaran las exenciones a las empresas y a los grandes empresarios (más de 23 billones), si se hicieran controles efectivos a la evasión que alcanza 43 billones, así como a los paraísos fiscales, y si no se compraran aviones de guerra por 14 billones, no habría necesidad de esta agresiva reforma contra el país”. Estas cantidades, en pesos colombianos, son equivalentes a 6 mil 440 millones, 12 mil 40 millones y casi cuatro mil millones de dólares.
Fotografía de Luisa González / Reuters
En un video publicado en su cuenta de Twitter, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, integrante de la Bancada de Oposición y actual candidata a la Presidencia de Colombia, mencionó el efecto nocivo de la eventual reforma: “Iván Duque le miente a Colombia. En campaña dijo que no habría un aumento de impuestos, que no tocaría el IVA. […] Y le llama Solidaridad Sostenible. ¿Solidaridad con quién? El argumento es el hueco fiscal que ha dejado la pandemia. Mentiroso, porque ese hueco fiscal viene de tiempo atrás, Colombia tiene una evasión fiscal del 40% y ahora se anuncia un recaudo que cada vez se apalanca más en el IVA, regresivo [porque tiene potencial de aumentar la desigualdad], no redistributivo e inequitativo”.
En medio de la recesión económica atizada por la crisis –insuficientemente manejada– del covid, una pobreza monetaria (de ingresos) que escaló al 42.5% el año pasado y un desempleo del 17%, la jornada del 28 de abril estuvo teñida de rabia y hastío. Imágenes desde distintos puntos del país colmaron las redes sociales: una enorme fila de motocicletas tocando sus bocinas en el municipio de Tibú, en el nororiente de Colombia; banderas de colores en la carretera que conduce a la ciudad de Popayán, al suroccidente; el sonido de cientos de flautas andinas en la ciudad de Pasto, al sur; el aplauso de indígenas y estudiantes bajo el sol de la ciudad de Neiva, al centro; una caminata de jóvenes afrodescendientes bajo el cielo plomizo del puerto de Buenaventura que da al océano Pacífico; tambores y el cántico de “El pueblo no se rinde, carajo” en el municipio de Arabuco, en Boyacá, ubicado al oriente.
En su portada, el diario El Espectador publicó una foto histórica tomada en Bogotá: una multitud con pancartas, banderas de Colombia y los brazos en alto a la que tituló “Un país sin tapabocas”. “Pudo más la indignación que el miedo a contagiarse de covid-19”, dice la nota.
Fotografía de Luisa González / Reuters
“¡Ayer tuvimos una movilización masiva!”, se lee en el informe de Temblores ONG, una organización que construye puentes entre la ciudadanía, el Estado y la administración de justicia. Su documento registra a una persona fallecida, tres víctimas de violencia homicida, 35 víctimas de violencia física, 22 detenciones arbitrarias, 27 intervenciones violentas y cinco allanamientos por parte de la Policía Nacional y la fuerza pública contra las personas que, en su derecho constitucional, participaron en la protesta de manera pacífica. Los números han ido aumentando conforme pasan las horas y los días: hasta el 30 de abril, suman 184 casos de violencia policial y 75 arrestos arbitrarios.
Según una denuncia difundida por el Consejo Superior Estudiantil de la Universidad Surcolombiana, en Neiva, hacia las dos de la tarde, durante una marcha que transcurría sin tropiezos, “la policía atacó con gases lacrimógenos a los manifestantes, detuvieron a dos. […] De igual forma, hubo un estudiante fallecido, se desconocen los hechos”. Su nombre era Juan Diego Perdomo y tenía 21 años.
Ataques similares ocurrieron en Bogotá y Cali, donde la movilización empezó con un acto simbólico emprendido por más de tres mil indígenas del pueblo misak: derribaron una estatua de Sebastián de Belalcázar, el español que fundó Cali, como una reivindicación de la verdad histórica y los derechos de los pueblos indígenas.
Fotografía de Luisa González / Reuters
Al finalizar el día, con el retumbar de los cacerolazos desde las casas de todo el país, el presidente Iván Duque se pronunció en contra del “vandalismo criminal” y los “hechos de violencia” (al parecer, refiriéndose a sucesos aislados que poco tuvieron que ver con el descontento de miles de manifestantes). La mañana del 29 de abril, en entrevista con la emisora W Radio, dijo que no retirará la reforma tributaria, aunque está dispuesto a concertar modificaciones.
Por lo tanto, el paro continúa. Al mediodía del jueves 29 ya había marchas en distintos barrios de Bogotá y, hacia la una, quienes empezaron un recorrido en el Parque Nacional llegaron a la Plaza de Bolívar, en el centro. En un comunicado, el Comité Nacional de Paro celebró la jornada del día anterior, con la participación de 500 municipios del país y 50 ciudades alrededor del mundo, y convocó a una nueva protesta para el 19 de mayo. A su vez, la aprobación o el rechazo de la reforma tributaria se decidirá por el Congreso antes del final del periodo legislativo, a mediados de julio.
