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El celular de Vidalina Morales sonó a mediados de la tarde. Era el 17 de mayo de 2023. Ella estaba en el estado rural de Cabañas, El Salvador. Escuchó la voz de su hijo Manuel, de 33 años, pero sonaba extraña. “Aquí me tienen en el puesto policial”, dijo apresuradamente. Lo habían arrestado mientras jugaba fútbol con amigos en un campo cercano. Morales intentó respirar. Este había sido durante mucho tiempo su miedo mayor: que sus seres queridos sufrieran represalias por su trabajo.

Morales, de 55 años, ha sido durante casi dos décadas una de las líderes más visibles del ambientalismo salvadoreño. Mide apenas un metro y medio de altura y recoge el pelo largo y negro en un moño sensato. Luce las blusas y faldas largas tradicionales de las mujeres rurales salvadoreñas, pero como presidenta de una organización en Cabañas llamada La Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), también conoce los pasillos del poder, desde el palacio de la Asamblea Legislativa salvadoreña hasta las fortalezas de Washington. Ya sea su interlocutor un campesino o un legislador extranjero, ya sea su tema la ciencia de la minería o el conocimiento empírico comunitario, ella habla igual: con simplicidad y franqueza. En marzo de 2017, ella y sus colegas, después de años de activismo, lograron una prohibición nacional de la minería metálica, la primera en el mundo. La minería representaba una amenaza para el suministro de agua salvadoreño. En todos los países, la industria suele anteponerse a las leyes y regulaciones locales y deja tras de sí violencia y destrucción ambiental. Para los salvadoreños, una prohibición era la única forma de proteger sus recursos.

Pero su victoria puede durar poco: después de que el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asumiera el cargo en 2019, ha habido señales de que el gobierno está considerando permitir nuevamente la minería. En 2021, la administración creó una entidad pública especial para supervisar las operaciones de la industria extractiva y se unió a un foro intergubernamental que asesora a los países sobre minería. Estas medidas hicieron que los salvadoreños temieran que la administración sacrificara recursos naturales a cambio de ganancias, y empujaron a Morales y sus colegas a regresar a sus antiguos roles como rostros nacionales de resistencia.

Después de enterarse de que la policía se había llevado a su hijo, Morales corrió al puesto donde lo estaban interrogando. Los oficiales acusaron a Manuel de ser pandillero. “¡Si ustedes me han conocido! ¡Ustedes saben dónde vivo, conocen a mi familia!”, protestó. No importaba; lo llevaron rápidamente a una delegación regional policial antes de que llegara Morales, que amonestó al inspector de turno por acosar a Manuel. El inspector insistió en que la policía tenía una foto de su hijo en sus archivos, como si fuera prueba de algún delito, y que tenía un apodo, como si fuera un alias de pandillero, según me contó más tarde. Morales sabía que muchas personas habían pasado por detenciones arbitrarias similares. Más de 70.000 salvadoreños han sido arrestados bajo un estado de excepción declarado por el gobierno de Bukele en marzo de 2022, y los que están tras las rejas no tienen acceso al debido proceso.

Morales pasó las horas siguientes levantando la alarma en la comunidad rural de Santa Marta, donde vive. La detención de su hijo fue la última de una serie de arrestos de alto perfil en la aldea. Cuatro meses antes, cinco líderes comunitarios habían sido encarcelados, todos ellos ambientalistas, como Morales. Uno era su colega Antonio Pachecho, director de ADES; otro, Saúl Rivas, asesor jurídico de ADES. Desde el momento en que fueron detenidos, vehículos con ventanas polarizadas sin placas comenzaron a pasar por la comunidad a horas intempestivas. Los habitantes de Santa Marta descubrieron más tarde que eran detectives de la policía.  

Los cinco hombres fueron acusados ​​de participar en el asesinato de una mujer durante la guerra civil del país, en 1989, cuando eran guerrilleros que luchaban contra el ejército salvadoreño. El Fiscal General Rodolfo Delgado presentó poca evidencia, más allá del testimonio de un testigo protegido que admitió no tener conocimiento de primera mano del asesinato. 

Morales y sus colegas de ADES realizaron protestas y conferencias de prensa en las que declararon que los hombres habían sido arrestados por defender el medio ambiente. El 16 de mayo de 2023, la ONU condenó los arrestos como un aparente “intento de intimidar” a quienes “defienden los derechos humanos de los impactos negativos de la minería” y afirmó que “deben ser liberados”. Al día siguiente, el gobierno de Bukele reaccionó, pero no liberando a los Cinco Defensores sino tomando prisionero a un sexto: el hijo de Morales.

Aproximadamente veinticuatro horas después de su captura, Manuel fue liberado sin explicación alguna. Morales, aunque aliviada, sabía que esto hacía que su caso fuera excepcional entre las muchas personas inocentes arrestadas durante el estado de excepción. “No es la suerte que corre la mayoría de la juventud”, me dijo en diciembre. El evento también había desencadenado traumas pasados: escenas de los momentos más duros de la primera batalla contra la minería, que comenzó a principios de la década de 2000, cuando una empresa canadiense llamada Pacific Rim llegó a Cabañas e intentó, sin éxito, establecer una mina en la región. Ahora que Bukele ha arrancado con la reconstrucción del andamiaje burocrático de la minería y ha encerrado a los líderes que movilizaron resistencia contra ella, Morales se siente atormentada por los recuerdos. Ella y sus colegas sacrificaron mucho para convencer a los políticos de la capital de que la minería era una enfermedad que consumiría a El Salvador. Ahora todo esto podría desmoronarse, generando pérdidas incalculables para la tierra y su gente.

2.

A pesar de su desprecio por los derechos humanos, Bukele es muy popular entre los salvadoreños. Recientamente se postuló para un segundo mandato, en violación a la Constitución salvadoreña y, aun así, en febrero retuvo la presidencia con más del 80% de los votos. Pero su control sobre el país tiene una vulnerabilidad latente: la economía. Hay indicadores preocupantes. El país tiene la inversión extranjera directa más baja de la región. Uno de cada tres habitantes no puede cubrir sus gastos básicos mensuales de alimentación, salud, vivienda y educación, lo cual constituye el porcentaje más alto de la población que enfrenta tal nivel de pobreza desde hace años, incluso en el tiempo más duro de la pandemia de coronavirus, que comenzó apenas nueve meses después de que Bukele asumiera el cargo y generó gastos masivos no planificados. Hubo decenas de millones de dólares desviados en aparentes actos de corrupción por parte de funcionarios de alto nivel, o perdidos en lo que parecían ser estafas y negociaciones ilícitas. A partir de septiembre de 2021, la administración gastó cientos de millones más del dinero público en la compra de Bitcoin. Se retrasó en el pago de las cuentas adeudadas internamente, y tuvo dificultades para pagar la deuda externa. Para salir adelante, ha tomado préstamos de un banco de desarrollo regional, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y ha saqueado los ahorros de pensiones de los salvadoreños, entre otras medidas. Pero todavía tiene una extrema necesidad de dinero.

Poco después de que Bukele asumiera la presidencia, la gente de Cabañas empezó a notar cosas extrañas y a reportarlas a Pacheco, Morales y sus colegas de ADES. Varios residentes cerca del sitio del fallido proyecto minero de Pacific Rim afirmaron que extraños les estaban pidiendo que alquilaran o vendieran sus tierras, a veces a valores inflados. Dos alcaldes de Cabañas informaron en reuniones privadas que habían sido informados por la oficina nacional de exportaciones e inversión extranjera, PROESA, que Bukele iba a reabrir el país a la minería.

En mayo de 2021, Bukele se unió silenciosamente al Foro Intergubernamental sobre Minería (IGF), un grupo internacional que asesora a los gobiernos sobre las mejores prácticas de la industria. “Buscamos aprovechar los beneficios que el IGF pone a disposición de los países miembros para la capacitación y el desarrollo de capacidades”, dijo en un comunicado la Ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé. Cinco meses después, el congreso, controlado por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, creó una nueva Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, y posteriormente le asignó fondos suficientes para mantener un personal de 140 empleados. En el presupuesto nacional de 2023, la administración reservó 4,5 millones de dólares para “revisar y actualizar” la legislación sobre la minería.

La administración Bukele, PROESA y el Ministerio de Economía no respondieron a las solicitudes de respuesta para este artículo.

3.

Hace veinte años, Morales, Pacheco y el equipo de ADES se enteraron de la presencia de una empresa canadiense después de escuchar rumores sobre la aparición de extraños en las aldeas remotas de la zona. El primero en informarles habia sido otro líder comunitario de Cabañas, Marcelo Rivera, un hombre nacido para los artes, para crear, y que daba talleres de teatro a la juventud de Santa Marta. Al principio, a los líderes les pareció que la minería podría ser algo bueno: la riqueza natural de su país alquimizada para mejorar la vida de su pueblo.

Pacheco habló con colegas en Guatemala y Honduras, donde había minas activas que le aconsejaron que visitara. ADES organizó varios viajes entre 2005 y 2007. Marcelo fue con Morales y tres reporteros de una radio comunitaria, Radio Victoria, al Valle de Siria, mientras que el hermano de Marcelo, Miguel Ángel, se dirigió a Santa Rosa de Copán, ambos sitios en Honduras. “Nos habían hablado de las bondades de la minería, que traería trabajo, que invertirían en educación, que significaría desarrollo para nosotros”, me dijo Miguel Ángel años después, en 2017. Pero lo que él vio fueron desechos de roca mezclados con productos químicos extraídos de la mina, y vecinos con enfermedades que vivían en pueblos demasiado parecidos a los de Cabañas. Los líderes filmaron entrevistas con los hondureños y, al regresar, compartieron los testimonios con los salvadoreños. Crearon un programa de certificación en minería metálica en una universidad local, tomaron el curso y después enseñaron lo que habían aprendido a sus vecinos.

Los posibles problemas medioambientales derivados del plan de Pacific Rim también se estaban haciendo evidentes. Estaba la cuestión del cianuro que la empresa utilizaría para extraer el oro de la roca. Incluso un derrame menor sería desastroso, me dijo Andrés McKinley, especialista en agua y minería de la Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador. También había un efecto de la minería de oro, llamado drenaje ácido, que ocurre cuando la roca dividida libera sustancias peligrosas que se filtran en el área circundante. El proceso es prácticamente imposible de detener y deja inutilizable el agua afectada, que no se puede beber, en la que no se puede pescar, con la que no se puede criar animales ni regar cultivos.  

Las minas requieren grandes volúmenes de agua para funcionar y El Salvador no tiene suficiente agua potable para su población, me explicó McKinley. “La minería de oro compite con el ser humano por este recurso tan esencial”, afirmó. La empresa necesitaría un estimado de 328 millones de litros de agua por año tomada de la cuenca del río Lempa, la principal fuente de agua potable de El Salvador, que comienza en las montañas de Guatemala y recorre 422 kilómetros, primero por la parte norte de El Salvador, trazando la frontera con Honduras, cruzando el país y lanzándose precipitadamente hacia el Océano Pacífico.

Morales pasó su niñez en un pueblo a orillas del Lempa, donde el río forma la división con Honduras, y los residentes se identificaban más con el agua que con la nacionalidad. “El río lo usábamos todos de ambos lados”, me dijo Morales años después, sentada en su escritorio en la oficina de ADES. “Nunca lo conocí como frontera”. A los 28 años, se mudó a Santa Marta con su esposo y sus cuatro hijos, y después de unos años y un hijo más, se sumó a la organización comunitaria. Un día Pachecho la invitó a aportar su carisma a ADES.

Óscar Beltrán, periodista del equipo de liderazgo de la Radio Victoria, estaba perturbado por lo que habían aprendido en el viaje a Honduras. Sabía que informar a la audiencia de la radio significaría “ponernos en contra de la empresa minera y confrontar a poderes económicos fuertes”, me dijo en 2017. “Habiamos conocido las experiencias de como se dividían las comunidades y la violencia que resulta siempre a partir de la minería en otros países. Ya sabíamos que venía. La decisión era clara, pero aceptar lo que implicaba era lo difícil”.  

La familia de Beltrán se había radicado en Santa Marta después de la guerra, cuando él era un niño. Ya adolescente se sintió atraído por Radio Victoria; todos se sentían orgullosos de ella. La radio llegaba a todo el municipio, y más allá, en una época anterior a los teléfonos, por lo que los lugareños, la mayoría de los cuales se ganaba la vida como agricultores, pasaban por la radio en sus viajes al centro de la ciudad para avisar a sus familias a qué hora esperaban regresar a casa. Acudían a la radio también por motivos menos pintorescos, como denunciar la corrupción, escuchar debates políticos y recibir talleres de alfabetización. Beltrán, un adolescente de alma vieja, se hizo periodista antes de cumplir los veinte años. Recuerda cuando, en 2004, Pacific Rim presentó un informe al gobierno describiendo el impacto de su futura mina. En respuesta, ADES contrató a un geólogo estadounidense independiente con más de cuarenta años de experiencia, el doctor Robert Moran, para revisar el informe. Moran lo encontró inadecuado y poco transparente acerca de los riesgos reales que planteaba el proyecto. “Nosotros tenemos claro que en la gente humilde de las comunidades hay mucha sabiduria”, me dijo Morales, “pero los tomadores de decisiones no se dan cuenta de eso. Ahí es necesario el estudio técnico”.El entonces director ejecutivo de Pacific Rim, Tom Shrake, argumentó más tarde en un comunicado de prensa que la compañía crearía “la mina más progresista jamás construida en las Américas en lo que respecta a la protección del medioambiente”. Prometió que “cualquier agua que fluya de la mina será más limpia que el agua que fluya hacia ella”. La compañía estimó que Cabañas tenía en el suelo más de mil millones de dólares en oro, pero la ley salvadoreña exigía que la empresa sólo dejara el 2% de las ganancias al gobierno como regalía. La gran mayoria del dinero no la recibiría El Salvador. Pacific Rim encargó a un ex ministro de finanzas salvadoreño un informe que terminó proyectando que la mina aumentaría el PIB de Cabañas en un 8,4% y reduciría la pobreza extrema en un 23%.

Pero los ambientalistas de Cabañas habían iniciado una campaña de cabildeo a nivel nacional, y los centros de poder en la capital estaban tomando partido. El arzobispo católico Fernando Sáenz Lacalle, de la secta conservadora Opus Dei, se había formado como químico y habló inequívocamente en contra de la mina propuesta, la cual dijo que tendría “efectos irreversibles de contaminación”, razón por la cual el Estado no debía permitirlo “para la defensa del pueblo salvadoreño”. Un cable de la Embajada de Estados Unidos en San Salvador señaló que la compañía estaba “frustrándose cada vez más” después de haber hecho un trabajo considerable de cabildeo y “enfatizado su compromiso con la minería responsable con el medioambiente”.También decía que “los oficiales de la Embajada se han reunido varias veces con oficiales de Pacific Rim y han dado seguimiento con el MARN [Ministerio de Medio Ambiente] expresando las preocupaciones de la empresa” (entre otras, que había gastado 30 millones de dólares en El Salvador, y había “arriesgado su reputación y valor empresarial” en la mina).

En 2007, una encuesta nacional encontró que el 62,4% de la población se oponía a la minería. En Cabañas, el creciente apoyo “nos dio más fuerza”, dijo Morales. Al año siguiente, recuerda Beltrán, la ambientalista hondureña Berta Cáceres visitó Radio Victoria. Ocho años después, Cáceres sería asesinada por su activismo. La violencia en Cabañas comenzó poco más tarde. 

4.

El primero en ser desaparecido fue Marcelo Rivera. En la noche del 17 de junio de 2009, él y su hermano Miguel Ángel estaban en su casa elaborando estrategias acerca de cómo analizar el agua local antes de que se construyera cualquier mina, para establecer una base de calidad que la empresa tendría que mantener. Un ingeniero italiano había recomendado que hicieran esto, además de analizar la sangre de los residentes de la zona para que, en el futuro, pudieran rastrear cualquier daño que pudiera ocasionar la minería por la creciente cantidad de metales pesados ​​fluyendo hacia las venas de sus vecinos. Los hermanos terminaron su trabajo y se fueron a la cama. A la mañana siguiente, partieron hacia reuniones por separado con planes de verse más tarde. Marcelo nunca llegó a ese encuentro con su hermano. 

La familia Rivera comenzó a investigar. Un hombre le dijo a Miguel Ángel que su sobrino había visto a Marcelo en un bus público la mañana de su desaparición. Una niña de 7 años le contó a su madre que había visto a Marcelo atado en un campo.

Finalmente, unos días después, la dueña de una tiendita local llamó por teléfono contándole a Miguel Ángel algo que le había dicho un cliente: que Marcelo había sido víctima de sicariato y que su cuerpo estaba en un pozo seco en un pueblo llamado Agua Zarca. La familia denunció las pistas al fiscal a cargo del caso, Rodolfo Delgado, quien ahora es fiscal general de El Salvador. A finales de junio de 2009, un equipo de especialistas del estado, además de una parte de la familia de Marcelo, fueron a Agua Zarca. El pozo tenía unos treinta metros de profundidad, y en el fondo encontraron a Marcelo.

Su cuerpo presentaba señales de tortura. Miguel Ángel y otro de sus hermanos fueron a sacarse una muestra de sangre para hacerle al cadáver una prueba de ADN. Sentado, con la aguja en su brazo, Miguel Ángel estaba atrapado entre el estupor y la logística. Apenas unos días antes, él y Marcelo estaban sentados planeando hacer exactamente esto, analizar la sangre de sus vecinos. Pensó en su madre que aún no sabía que habían encontrado un cuerpo. Se volvió hacia su hermano y le dijo: “No podemos dejar que ella se entere, antes debemos decirle”.

Miguel Ángel recordó todo esto años después, en 2017, en un pequeño salón de la oficina de ADES. Por su altura, desbordaba de una silla de plástico, cambiando de posición cada tanto como un niño ansioso. Marcelo era su hermano mayor. Fijó su mirada en el suelo y habló en voz baja, haciendo contacto con los ojos cansados ​​cuando le hacía preguntas. Limpió un polvo imaginario de la mesa, se quitó y volvió a colocar su gorra de béisbol. Recordó los días cuando, hace unos veinte años él y Marcelo estaban fundando la asociación comunitaria ASIC, que colaboraba mucho con ADES. Los hermanos comenzaron construyendo una biblioteca en un edificio abandonado que había sido utilizado para almacenar cadáveres durante la guerra. Pronto encabezarían marchas de protesta. La gente siempre seguía a Marcelo, que era teatral y divertido, tenía chispa. Los hermanos iban juntos en la motocicleta familiar a las reuniones de ADES. Pero aquí estábamos ahora, sin Marcelo. Una libélula revoloteaba contra la ventana, atrapada en el aire caliente. Miguel Ángel se levantó para liberarla.

Después del asesinato, la policía arrestó a un grupo de pandilleros. La teoría del fiscal Delgado era que Marcelo estaba bebiendo con amigos de una pandilla y se había desatado una pelea, durante la cual lo mataron. La familia Rivera rechazó rotundamente la teoría.

Shrake, de Pacific Rim, destacó en un comunicado de prensa que la empresa no había tenido participación alguna en el asesinato. “Pacific Rim está entristecida e indignada por la horrible muerte de Marcelo Rivera”, decía. “Siempre hemos respetado el derecho de Marcelo y de todos los demás a participar en el debate minero, lo cual lo hizo de manera no violenta. Seamos muy claros: la empresa no tiene conocimiento del delito… pero acoge con agrado todas y cada una de las investigaciones”.

Hasta el día de hoy, el Estado no vincula el asesinato de Marcelo con su activismo, sino que culpa de su muerte al derramamiento de sangre espontáneo de las pandillas. (Delgado no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo).

A finales de julio de 2009, apenas dias después del funeral de Marcelo, una periodista de Radio Victoria, Isabel Gámez, recibió una amenaza. Estaba sola en la oficina –los demás habían ido a cubrir un acto municipal- cuando sonó el teléfono. Ella respondió y escuchó una voz de hombre: 

“¿Isabel?”

“Sí, Isabel, digame ¿qué desea?”.

“Ah, te quedástes sola, mamita”, se burló. “Estoy afuera, y voy a matarte”.

La persona que llamó enumeró todo lo que Isabel había hecho ese día. Ella sabía que un par de días antes unos desconocidos habían intentado asesinar a un sacerdote ambientalista en la zona, que escapó por poco. Isabel colgó. “Me van a matar”, pensó, con el corazón latiéndole en los oídos.

El teléfono volvió a sonar. Era una llamada desde ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Se le había olvidado que en ese momento debía hacer una entrevista sobre la lucha minera en Cabañas. Las personas que llamaron le preguntaron si estaba lista para salir al aire. “No, yo no puedo, no puedo”, suplicó, pero ya estaban al aire. “Estaba llorando, y estaba así con un trauma horrible, y me dicen: ‘Tranquilizate, sos periodista, entonces ubicate en ese punto y contanos qué esta pasando.’”. Isabel pensó: “Claro, soy periodista y voy a decir lo que esta pasando.” 

Durante los cuatro meses siguientes, grupos de vecinos se turnaron para vigilar la radio todas las noches, algunos durmiendo en el suelo mientras otros hacían rondas en el exterior. 

Las amenazas contra los rostros de la resistencia aumentaron, y se hicieron tan frecuentes que Elvis Zavala, un periodista del equipo de liderazgo de Radio Victoria, recordó ocasiones en las que subía a un bus público y la gente se resistía a dejarlo compartir su asiento, por temor a que ese fuera el lugar y el momento en que lo asesinaran a tiros.

A finales de diciembre de 2009, en la aldea de Trinidad, mataron a dos activistas más. El primero, Ramiro Rivera, fue acribillado el 20 de diciembre. Ramiro, sin parentesco con Marcelo y Miguel Ángel, era miembro del regional Comité Ambiental de Cabañas. El Estado le había asignado guardaespaldas después de un intento de asesinato en agosto, cuando regresaba a caballo desde sus campos y logró sobrevivir a una lluvia de balas. La segunda vez no tuvo esa suerte. Incluso con los guardias, los hombres armados lo alcanzaron mientras manejaba subiendo un camino empinado y rocoso.

Seis días después, Dora Recinos Sorto, de 32 años, embarazada de ocho meses y con su hijo de dos años en brazos, fue baleada en la espalda. Su hijo recibió un disparo en la pierna pero sobrevivió. 

A penas un año antes, una colega mía había entrevistado a Dora y a su esposo. Mi colega registró en sus notas que el esposo de Dora era el activista de la familia, que había sido recientemente atacado con un machete y herido en la mano derecha por un vecino que estaba a favor de la minería, y durante la entrevista hubo momentos en los que estaba demasiado alterado para hablar. Dora, sentada a su lado, lo apoyaba, hablando cuando él no podía, explicando lo que el agua significaba para ellos. El día de su asesinato, Dora regresaba de lavar ropa en el río.

Asistí al velorio de Dora y Ramiro, y escuché mientras el predicador se dirigía a la multitud. Pero fue sólo un ungüento. “El asesinato de Dora fue desastroso para nosotros”, me dijo Beltrán años después. “El mensaje era que cualquiera de nuestra familia que pueden agarrar lo van a matar “.

Era un mensaje que Vidalina Morales tenía muy presente en mayo de 2023, cuando la minería amenazaba de nuevo con su avance, y arrestaron a su hijo.

5.

La apertura de una mina implica una serie de pasos regulatorios. En primer lugar, las empresas solicitan permiso para explorar el terreno. Si encuentran minerales, deben cumplir una serie de requisitos, incluida una rigurosa Evaluación de Impacto Ambiental, antes de solicitar la explotación. Pacific Rim había recibido permiso para explorar durante la administración del presidente derechista Francisco Flores, quien dejó el cargo en 2004. El presidente que le siguió, Tony Saca, era del mismo partido conservador pero anunció que, por razones de “principio” no otorgaría “ni un solo permiso”. Cuando el izquierdista Mauricio Funes asumió posteriormente la presidencia, en 2009, reiteró esa política, prohibiendo a Pacific Rim extraer oro.

Pacific Rim afirmó que el actuar del gobierno equivalía a un incumplimiento de la ley y que El Salvador le debía a la empresa 77 millones de dólares. El arbitraje tuvo lugar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal comercial en Washington, D.C. dirigido por el Banco Mundial. Después de que comenzara el arbitraje, la firma revisó la cantidad y reclamó más de 300 millones de dólares. En 2013, Pacific Rim fue adquirida por una empresa australiana llamada OceanaGold, pero la demanda contra El Salvador continuó.

Los tribunales como el CIADI existen debido a un extraño cuerpo de protecciones legales internacionales para las corporaciones que se ha arraigado a través del último medio siglo, llamado Solución de Disputas entre Inversores y Estados (ISDS), que pretende instalar la estabilidad necesaria para que las empresas asuman riesgos de inversión. Pero en la práctica, dicen algunos analistas y economistas, es un sistema inclinado hacia las corporaciones y propicio para el abuso. Las empresas han demandado, por ejemplo, cuando los países anfitriones aprueban políticas para frenar el cambio climático o proteger los derechos humanos y los empresarios argumentan que las regulaciones reducirán sus ganancias proyectadas. Pueden llegar a exigir miles de millones de dólares, cantidades muchas veces superiores a las que las empresas han invertido, lo que puede convertir al ISDS en una fuente potencial de ingresos para las corporaciones que optan por utilizarlo como un arma. Aveces, el miedo a que se dé un arbitraje lleva a un gobierno a evitar pasar regulaciones que favorecerían al público pero afectarían a los ingresos corporativos, un fenómeno que se conoce como “el enfriamiento reglamentario”. Otras veces, la simple amenaza de un arbitraje, sobre todo para un país pobre que se enfrenta con una corporación poderosa, es suficiente para que el gobierno se dé por vencido: acepta negociar en vez de arriesgar una derrota, y dentro de la negociación, la empresa logra lo que buscaba. 

Frente a tal sistema, el gobierno salvadoreño eligió para defenderse al abogado Luis Parada, un hombre de rostro redondo, cabello gris y voz suave que había sido capitán del ejército salvadoreño durante la guerra civil pero que ahora vivía en Washington. Parada recurrió a su educación militar para elaborar un plan de batalla de múltiples frentes, profundizando en cuestiones de jurisdicción y en la incapacidad de Pacific Rim para cumplir con los requisitos que el Estado salvadoreño había establecido, como el hecho de que poseía sólo una fracción de los títulos que necesitaba para el terreno que ocuparía de la mina.

El caso se prolongó durante casi una década. Parada, junto con su equipo – una docena de abogados y dos asistentes legales, muchos de los cuales eran mujeres jóvenes, varios con conexiones personales o familiares con El Salvador – siguieron adelante, trabajando jornadas maratónicas durante Navidades sucesivas, viendo Copas Mundiales en un televisor rodeado por montones de documentos, compartiendo innumerables cenas encargadas de su restaurante favorito de pupusas, el plato típico salvadoreño, en la sala de conferencias. 

Los arbitrajes del ISDS sólo deciden si el gobierno cumplió su acuerdo legal. Pero si el gobierno negó permisos a la empresa por respeto a la democracia o a los derechos ambientales, eso no figura en el caso. No obstante, a lo largo de este arbitraje se invocó a la gente de Cabañas repetidamente. En su declaración testimonial, una funcionaria de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Yanira Cortez, dijo que su gobierno había mostrado una “falta de diligencia debida” por no haber identificado a los autores intelectuales de las amenazas y asesinatos de los activistas y periodistas. Dijo haber detectado “en las denuncias y las acciones de resistencia realizadas por los habitantes de la zona (…) un grito desesperado ante la amenaza” de la minería. “Esta situación de resistencia debe permear a las empresas transnacionales mineras o de otra naturaleza, comprendiendo la responsibilidad que tiene en la generación de conflictividad social y sus consecuentes impactos, y que su interés en explotar recursos naturales no puede ser obstinado dadas las circunstancias de la falta de consentimiento”. Una coalición antiminera salvadoreña argumentó en un escrito de Amicus Curiae que la exigencia de la empresa era ilegítima; simplemente no tenía derecho a tierras salvadoreñas.

El 14 de octubre de 2016, Parada y parte de su equipo acudieron al CIADI para recibir personalmente la decisión del tribunal. La otra parte permaneció en el despacho, donde una abogada argentina llamada Gisela Paris estaba en su escritorio actualizando nerviosamente su correo electrónico una y otra vez. De repente gritó: “¡Salió! ¡Salió!”, y corrió por el pasillo hasta donde estaban reunidos los demás. Había sido unánime, les dijo: el tribunal había desestimado por unanimidad las reclamaciones de la empresa. Se tomaron una foto jubilosa y se la enviaron a Parada, quien todavía estaba esperando en el tribunal, pero cuando vio sus sonrisas, lo supo.

Cinco meses después, el congreso salvadoreño aprobó, también por unanimidad, una ley que prohibía toda minería metálica en el país. En las calles aledañas a la sede legislativa la gente gritaba “¡No a la minería, sí a la vida!”

6.

La minería aún no ha regresado, pero en febrero de 2024, en Cabañas, durante las elecciones presidenciales y legislativas, se sentía el miedo de que pudiera hacerlo. Durante meses, las encuestas habían dado una victoria fácil tanto a Bukele como a su partido. Incluso antes de las elecciones, el partido Nuevas Ideas tenía la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, poder que utilizó para impulsar todo lo que pretendía la administración. Dada la aparente predilección del presidente por la minería y los arrestos de los Cinco Defensores de Santa Marta, la gente de Cabañas estaba preocupada por lo que harían Bukele y sus partidarios cuando desaparecieran las pocas limitaciones democráticas que quedaban. En su primer mandato, Bukele había dirigido un asalto destructivo a la democracia. La larga lista de agresiones incluía la persecución de políticos, periodistas y juristas de la oposición con excusas que a duras penas velaban los motivos que había detrás. Había concentrado el poder en su partido al borrar el 70% de los escaños municipales y legislativos. En la reducción de municipios, de 262 a 44, Cabañas perderá siete municipios – de los nueve que tiene actualmente sólo retendrá dos – y no está claro cómo afectará esto la capacidad de las comunidades para interceder democráticamente en planes para proyectos como los de las minas.

Para contrarrestar a Bukele en las elecciones, una coalición de oposición eligió al abogado Parada. Además de su victoria sobre la minería, era el tipo de candidato que tendría un jale fuerte entre los votantes de muchos países. Parada es esencialmente un moderado que, a lo largo de su carrera, ha roto filas para hacer lo correcto. Por ejemplo, cuando estaba en el ejército salvadoreño durante la guerra y una noche de 1989 un grupo de soldados asesinó a seis sacerdotes, una mujer y su hija en el campus de la UCA, la renombrada universidad jesuita. Luego mintieron, culpando a la guerrilla. Parada visitó la escena del crimen a la mañana siguiente, y vio los cuerpos de los sacerdotes extendidos en la grama bajo un sol resplandeciente, los cuerpos de la mujer y su niña siempre abrazadas en el suelo de un cuarto a unos metros de distancia. Venía de una reunión militar en la que confirmaron que los perpetradores habian sido de ellos mismos, pero poco después comenzó a escuchar la mentira oficial en la radio y en todas partes. Parada sabía la verdad. En los años siguientes, tomó la decisión poco común de testificar en investigaciones y tribunales sobre los hechos tal como habían sucedido. Años más tarde, cuando asumió el arbitraje, trabajó en estrecha colaboración con ambientalistas que en su mayoría eran de la izquierda política. Varios de ellos eran exguerrilleros, de modo que hasta poco antes habían sido enemigos de Parada en el campo de batalla. En 2020, cuando el presidente Bukele ordenó al ejército invadir el congreso y los militares obedecieron, Parada protestó, renunciando públicamente a sus títulos militares acumulados.

Tres años más tarde, ya en plena época electoral, Parada se vio obligado a realizar un extraño tipo de campaña adaptado a un clima autoritario. Esos eventos de campaña no fueron llamativos sino de bajo perfil, porque la gente tenía miedo de desafiar al presidente. Los empresarios, que en otro momento habrían donado fondos a su campaña, no querían que sus nombres aparecieran en una lista que no fuera la de Bukele. Antes de entrar a las reuniones, Parada metió su teléfono en una bolsa de bloqueo de señal para defenderse de los ataques de software espía que, desde que Bukele asumió la presidencia, se ha utilizado contra periodistas y activistas democráticos. Cuando entrevisté a Parada en noviembre de 2023, eligió un rincón apartado del jardín de un café de la capital, donde estábamos rodeados de una espesa vegetación tropical. No tenía cuenta bancaria de campaña, ni sede. Sólo tenía un miembro de personal remunerado (él mismo le pagaba el salario) y un voluntario. Había hecho arreglos con un grupo de amigos de su promoción de West Point, la academia militar estadounidense, sobre cómo podrían ayudarlo, a él o a su familia, si lo encarcelaban o mataban durante o después de la campaña. Correr contra Bukele fue como ser “un perro encadenado peleando contra un tigre”, me dijo.

El día de las elecciones, poco después de la apertura de las urnas, comenzaron a sonar denuncias de anomalías desde diversos centros electorales en distintos puntos del país, los cuales estaban dominados en su mayoría por miembros de Nuevas Ideas. Esa noche, cuando comenzó el conteo, hubo denuncias en X acerca de que se habían adjudicado papeletas a Nuevas Ideas a pesar de que eran claramente inválidas. Cuando llegó el momento de enviar los resultados al sistema digital nacional, el software duplicó erróneamente los votos en algunos centros y falló el internet en otros. En medio de un caos extraño para un sistema electoral que, desde hace años, funcionaba con fluidez, muchos equipos abandonaron el sistema digital y comenzaron a registrar todo en papel.

Esa noche, con menos del 13% de los votos presidenciales analizados, Bukele se autoproclamó ganador. Subió a la terraza del palacio nacional y se dirigió a miles de seguidores en la plaza, criticando a la comunidad internacional y a la prensa, a quienes acusó de desear un derramamiento de sangre de salvadoreños. Pregonó que, según sus cifras, los legisladores de Nuevas Ideas habían arrasado con 58 de los 60 escaños del congreso, aunque la fuente de sus cálculos no estaba clara. La autoridad electoral no había publicado ningún resultado y el conteo de los votos continuaría durante días. Una semana después de las elecciones, habían aumentado las alegaciones de fraude, incluida una posible manipulación de las papeletas. Parada dijo en una carta abierta a los observadores internacionales que había participado en las elecciones, a pesar de una derrota segura, porque consideraba que era su “responsabilidad de utilizar esta última oportunidad electoral antes que este espacio se comience a cerrar de una forma más burdamente autoritaria”. 

7.

En las dos décadas pasadas, mientras los Salvadoreños pelearon y ganaron su batalla inicial por el agua, hubo muchos países latinoamericanos que no tuvieron semejante éxito, y la minería ha llegado a instalarse. En México, Guatemala, Honduras, Colombia y otros, las mineras se han sobrepuesto a las regulaciones y criminalizado a la gente que protesta. Los impactos han incluido la carencia de agua, la pérdida de cosechas, el envenenamiento con metales pesados, el crecimiento de las tasas de pobreza. Hay gente desplazada, encarcelada, asesinada. En 2022, de todos los ambientalistas que fueron asesinados en el mundo, casi el 90% eran latinoamericanos. 

En El Salvador, McKinley, el experto de la UCA, lamenta el giro repentino en la trama. “El Salvador tenía tanta fama negativa por tantas cosas, y nosotros hicimos de este país el primero en el mundo en ejercer su derecho a decir ‘No’ a una industria tan destructiva para el futuro como es la minería. Perder eso va a ser trágico”, dijo.

En enero de 2024, un grupo de expertos centroamericanos, estadounidenses y canadienses publicaron un informe citando “evidencia que Bukele desea revertir un voto unánime de la legislatura salvadoreña de 2017 para prohibir la minería, una medida que pondría en peligro el abastecimiento de agua del país y violaría la voluntad popular”. Los expertos especularon acerca de que, además de los problemas económicos del gobierno, otra razón del interés de Bukele en la minería podría ser China, un país que ha invertido fuertemente en la extracción de minerales a nivel mundial y que también ha regalado una serie de megaproyectos a El Salvador, incluida una biblioteca y un parque de diversiones junto al océano. El Salvador se ha sumado a la iniciativa china Cinturón y Ruta, un proyecto de inversión en infraestructura, y, en noviembre de 2022, los dos gobiernos anunciaron que están negociando un acuerdo de libre comercio.

Recientemente, la presión internacional sobre el gobierno por el caso de los Cinco Defensores de Santa Marta produjo una pequeña victoria: a los hombres se les concedió arresto domiciliario para esperar su juicio, que aún no ha sido programado. En julio de 2023, seis meses después de que los cinco fueran encarcelados, un grupo de congresistas estadounidenses envió una carta abierta al Secretario de Estado, Antony Blinken, expresando “serias preocupaciones” sobre los arrestos, que calificaron de “motivados políticamente”.

En Cabañas, Vidalina Morales teme que la próxima ronda en la batalla minera sea más desgarradora que la primera. “Antes teníamos una evidencia más clara de que eran empresas transnacionales”, dijo. “Pero ahora sí podemos identificar que la amenaza prácticamente viene desde el Estado. El estado está atrayendo, jalando, ‘Vengan, vengan, aquí pueden explotar”, dijo. También teme por su hijo, y por las represalias que conoce demasiado bien. Hay un recuerdo que últimamente la invade con frecuencia. Es una escena del funeral de Dora, cuando sus seis hijos pequeños estaban inconsolables y se arrojaban sobre el cuerpo sin vida de su madre. En ese momento, Morales entendió: ese es el precio por defender el territorio. “Las fuerzas en esos momentos te fallan”, me dijo Morales en diciembre, mirándose las manos. “Eran momentos en los que me decía a mí misma: Dios mío, ¿qué hacer?”

Una versión de este artículo se publicó en inglés en The Dial. 

 

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DANIELLE MACKEY. Trabaja en medios estadounidenses y centroamericanos. Actualmente reside en Nueva York y colabora para The New Yorker, después de haber vivido principalmente en El Salvador desde 2008 hasta 2021 como periodista independiente de investigación y reportaje. Forma parte del consejo editorial de Contracorriente.

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