García Luna negocia su destino
El exsecretario de seguridad enfrenta a la justicia en E.U. por vínculos con el narcotráfico.
enero 13, 2020

Acusado de tres cargos de conspiración para traficar cocaína y uno de falso testimonio, Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México de 2006 a 2012, fue detenido el 10 de diciembre de 2019 en Texas. Ahí, un juez ordenó mantenerlo en prisión sin derecho a fianza, en espera de un juicio por recibir sobornos para permitir la operación del cartel de Sinaloa, mientras era el responsable de la estrategia de seguridad del país. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las operaciones de la organización delictiva elevaron sus ganancias por venta de cocaína a Estados Unidos durante la gestión del exfuncionario,

Jesús El Rey Zambada, ex socio de Joaquín El Chapo Guzmán al frente del Cartel de Sinaloa, fue quien reveló en febrero de 2018 esta información sobre García Luna durante el juicio en Nueva York contra Guzmán. En ese momento García Luna negó la información, pero los fiscales de Brooklyn comenzaron a investigarlo.

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Genaro García Luna inició su carrera en 1989 en el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen). El ingeniero mecánico por la UAM se dedicaba a ubicar a grupos guerrilleros activos en México y a rastrear bandas de secuestradores para desmantelarlas.

Una década después de su ingreso al Cisen fungió como Coordinador de Inteligencia en la Policía Federal Preventiva y más tarde, durante su sexenio, Vicente Fox lo nombró el primer director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), la versión mexicana del FBI.

En 2006 se dio a conocer que García Luna había planeado en diciembre de 2005 un montaje junto con Televisa en torno a la captura de una banda de secuestradores de la que presuntamente formaban parte la ciudadana francesa Florence Casséz y su pareja, Israel Vallarta. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó la libertad de Casséz al hallar las acusaciones en su contra poco consistentes.

Pese al escándalo internacional que provocó el caso, Felipe Calderón lo nombró Secretario de Seguridad Pública en 2006. Como titular de esa dependencia federal diseñó un protocolo de detenciones para volverlas más mediáticas y virar la opinión pública sobre la Policía Federal a un territorio positivo.

A lo largo de su gestión, los grupos delincuenciales más perseguidos fueron los rivales del Cartel de Sinaloa y sus detenciones se acompañaban de pomposas presentaciones a los medios de comunicación en el hangar de la Policía Federal, donde se exhibían armas y drogas decomisadas en cada operativo. Tiempo después se dio a conocer que el 80 por ciento de esos detenidos salieron en libertad meses más tarde por falta de solidez en las acusaciones.

El narcotraficante Edgar Valdez, alias “La Barbie” fue detenido con el modus operandi de García Luna en 2010. En ese entonces, Valdez declaró que el hombre de confianza de Calderón recibía dinero de los grupos narcotraficantes desde años atrás.

Tres años después, en 2013, la periodista mexicana Dolia Estévez denunció en la revista Forbes a García Luna como uno de los mexicanos más corruptos de ese año. La reportera especificó que el funcionario recibió el presupuesto más grande para el departamento de seguridad con un “cheque en blanco” otorgado por el presidente Felipe Calderón. Como parte de su denuncia Estévez citó a la periodista Anabel Hernández, quien escribió en su libro Los señores del narco (2010) sobre los diversos vínculos que García Luna mantenía con Guzmán Loera, además de denunciar amenazas de muerte por parte del funcionario.

Genaro García Luna se mudó a Miami 2013, luego de tres meses de dejar su cargo federal en México, pero fue hasta 2015 que una multa de tránsito reveló el domicilio del exfuncionario: una mansión con embarcadero propio en una playa de Florida, valuada en 3.3 millones de dólares, según una investigación de Univisión de 2019. Sin embargo, García Luna había reportado vivir en un pent house, también en Florida. Ambas propiedades pertenecían al grupo empresarial de la familia Weinberg, que se encarga de la venta de equipos tecnológicos de seguridad de origen israelí en países como Panamá, México y Estados Unidos. La investigación del medio reveló que la familia Weinberg y García Luna mantenían una amistad desde hace décadas y que le rentaban esas viviendas.

Acusación a García Luna por el Distrito Este de Nueva York. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Tras el arresto de Genaro García Luna, Felipe Calderón emitió un comunicado el 10 de diciembre en el que dijo desconocer los hechos que le imputan a su exsecretario de seguridad y que jamás tuvo información o evidencia sobre ellos. El exmandatario también dijo estar profundamente sorprendido por la detención de García Luna. “Espero que se realice un juicio justo y de confirmarse las imputaciones, se aplique la ley. Sería además una grave falta a la confianza depositada en él”, escribió el expresidente en su cuenta de Twitter.

Durante su primera comparecencia el 3 de enero de 2020, García Luna, quien apareció con grilletes en los tobillos y las manos esposadas, se declaró inocente por los cuatro cargos. El exfuncionario apareció con grilletes en los tobillos y las manos esposadas. A la audiencia acudieron su esposa y dos hijos con quienes tuvo interacciones a la distancia.

Los fiscales dijeron tener en su poder archivos financieros que probaban una fortuna “inconsistente” del funcionario, considerando su salario como servidor público, según reporta el New York Times.

Como reportó el periodista Jesús Esquivel en Proceso, ante su declaración como no culpable, los fiscales federales Ryan Harris y Erin Reid le pidieron a la juez federal Peggy Kuo no otorgarle libertad bajo fianza por temor a que huyera a México bajo protección exfuncionarios o miembros del narcotráfico.

Tras su primera comparecencia existía la posibilidad de que se iniciara un juicio contra él, en el que seguramente saldrían a la luz nuevos nombres de funcionarios públicos involucrados. Sin embargo García Luna se encuentra negociando un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para evitar el juicio. En todo caso, podría convertirse en una fuente de información útil para el gobierno estadounidense sobre la corrupción durante el sexenio de Calderón en torno al Cártel de Sinaloa.

Según cifras oficiales, las administraciones pasadas fueron de las más cruentas para el país y García Luna formó parte de ambas, pues colaboró con el secretario de gobernación de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, con servicios de software y espionaje, según dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, el 27 de diciembre.

Durante la administración de Felipe Calderón, se reportaron 102,859 homicidios dolosos, pero de manera extraoficial, se calcula que la cifra de asesinados en el país por la violencia vinculada al crimen organizado en su gobierno asciende hasta 150 mil. Durante el sexenio de Peña Nieto se registraron por lo menos 104,674 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

La próxima audiencia de García Luna –de no concretarse el acuerdo con el gobierno de Trump- sería el 21 de enero en Brookyln, Nueva York.


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