Cuando la protesta feminista del 1 de mayo en Irapuato, Guanajuato, empezó a dispersarse, se escuchó un grito de parte de la policía: “¡Deténganlas!” Horas antes, alrededor de trescientas mujeres habían marchado por el centro de la ciudad, exigiendo el fin de la violencia de género y la impunidad; además, pidieron justicia por Ángel Yael, el estudiante asesinado días antes por la Guardia Nacional, también en Irapuato. Mientras las feministas hacían pintas en el Palacio Municipal, incendiaban papel frente a la puerta principal, rompían algunos vidrios y una encendía fuego en una de las oficinas, un grupo de mujeres policías las observaba desde el extremo opuesto del edificio.

Tiempo después se oyó el grito de arresto y las policías cargaron sobre los remanentes de la protesta. Comenzaron a golpear y sujetar a cuanta joven se encontrara en la zona: manifestantes, transeúntes, mujeres que simplemente estaban vestidas de negro y cruzaban la plaza al terminar la protesta, incluso detuvieron a las que intervinieron para pedirles a las policías que no usaran la violencia contra las manifestantes, según informaron sus familiares ante los representantes de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los arrestos indiscriminados causaron pánico y confusión. Durante varias horas no se supo cuántas personas habían sido consignadas y a dónde se las habían llevado. En la madrugada, la Secretaría de Seguridad de Irapuato informó que fueron detenidas 28 mujeres, entre ellas, cinco menores de edad (incluyendo una adolescente de trece años), y un hombre que trató de impedir que la policía se llevara a su novia. Estuvieron catorce horas incomunicadas y sin recibir alimentos. Fueron liberadas la tarde del lunes, después de que la organización Las Libres asumiera su defensa.

Algunas de las mujeres han relatado cómo las golpearon y les impedían moverse, constantemente las amenazaron con violarlas, matarlas, decapitarlas, tirarlas a un río “y nadie sabrá qué pasó con ustedes”, les decía el mando de la policía. Los testimonios acusan que a algunas detenidas les bajaron los pantalones y un policía golpeó los glúteos de una chica. El peor terror se dio cuando a algunas las bañaron en alcohol y el policía a cargo pidió unos cerillos para quemarlas. Las jóvenes han declarado que temen por sus vidas, pues los policías les tomaron fotografías para tener registros de su identidad.

Apenas unos días antes, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, había declarado que las policías municipales —como la de Irapuato, señalada ahora por ejercer tortura— debían fortalecerse, pues “se podrían evitar muchos de estos casos”. En ese momento, el gobernador se refería al abuso de la fuerza pública por parte de la Guardia Nacional que terminó en el asesinato de Ángel Yael y en la lesión de la que aún se recupera Edith Alejandra, ambos estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Tres días después, en la misma ciudad de Irapuato, se constató que la policía de proximidad, a la que le apuesta el gobernador, también hace un uso excesivo de la fuerza, pero esta vez él no condenó lo que sucedió. Por el contrario, en el informe de gobierno que rindió esta semana, festinó la reducción de la violencia, aunque Guanajuato aún es el estado con más homicidios.

El caos y el abuso en los arrestos también ha implicado a Lorena Alfaro, alcaldesa de Irapuato. Hace apenas dos meses, el 9 de marzo, ella declaró que la marcha feminista era “auténtica” y que demostraba que “Irapuato ya no es el mismo, que su historia se está transformando a partir de la lucha de las mujeres”. Incluso informó que su equipo había convocado a las colectivas feministas “para trabajar juntas, porque lo que le pasa una nos pasa a todas”. Después de la marcha del 1 de mayo, su discurso cambió radicalmente y dijo que aplicaría todo el peso de la ley a las personas detenidas, a quienes el municipio denunció por daños y lesiones en contra de once policías.

Tanto el asesinato de Ángel Yael a manos de elementos de la Guardia Nacional como el uso excesivo de la fuerza policial en los arrestos de la marcha feminista, dos actos que ocurrieron en Irapuato en un breve lapso de cinco días, lograron cimbrar al estado.

Guanajuato militarizado

En Guanajuato se han cometido más de 25 mil homicidios en los últimos siete años, por lo que lidera esta categoría a nivel nacional desde 2018. A partir de la tasa de asesinatos por cada cien mil habitantes, el estado se ubica por encima de Honduras y El Salvador. Según el más reciente informe de ONU Mujeres, el estado también pasó del lugar número veinticinco al cuarto, en el país, por el incremento en los homicidios de mujeres y la violencia feminicida.

Además, entre enero de 2009 y diciembre de 2020, se localizaron 235 fosas clandestinas en la entidad —Salvatierra, Cortazar y Acámbaro se encuentran en la lista de municipios con más fosas—. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indica que hay 2,682 reportes (en 2020 desaparecieron 650 y en 2021, 77). Irapuato, en específico, ocupa el segundo lugar en número de desaparecidos de la entidad y también es la segunda ciudad guanajuatense con más homicidios: 496 en 2020 y 349 en 2021.

Por eso, Guanajuato es una de las zonas más violentas de México. Todo empezó cuando los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación pelearon por el control de la venta de combustible robado. En 2009 sólo había nueve tomas clandestinas, sin embargo, para 2017 ya eran 1,852, lo que volvió a Guanajuato el líder del huachicol.

Las alertas sonaron cuando empezaron a ser más cotidianos los asesinatos y no sólo eso: sucedían en espacios públicos y concurridos, a cualquier hora del día y cada vez con más saña. No sólo ejecutaban a los hombres, también a familias y bebés. Según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional, en 2015 se cometieron cerca de 2,400 asesinatos y para 2020 fueron poco más de 4,500.

Ante el aumento constante de homicidios, en julio de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el envío de fuerzas federales a Guanajuato y fue justo a Irapuato a donde llegaron seiscientos integrantes de la Guardia Nacional. Hoy hay más de seis mil efectivos en la entidad, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional. Es habitual verles recorriendo las calles, haciendo compras en supermercados o tomando un descanso en parques públicos. Eso sí, siempre fuertemente armados. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de enero de 2020 al primer trimestre de 2022 se han interpuesto 61 quejas en contra de elementos de la Guardia Nacional en esta entidad.

El caso más reciente fue el de Ángel Yael Ignacio. El 27 de abril, él y un grupo de compañeros iban saliendo de un convivio escolar en la comunidad El Copal, donde se localiza un campus de la Universidad de Guanajuato, cuando se encontraron con integrantes de la Guardia Nacional que vigilaban los ductos de Pemex. Al ver el convoy, los conductores de los automóviles donde iban los estudiantes decidieron abandonar el lugar. El último vehículo en arrancar fue en el que iba Ángel Yael. Los disparos se hicieron a 150 metros y sin orden de por medio, porque se “desconcertaron” los efectivos, según dijo la dependencia en un boletín.

El “desconcierto” de los elementos terminó en el asesinato de Ángel Yael y en una lesión en el hombro de Edith Alejandra, ambos con la misma bala, que se partió en dos luego de herir a la joven. Una parte atravesó el respaldo del asiento del copiloto y se alojó en la cabeza del estudiante de diecinueve años, según expusieron los fiscales y asesores de las víctimas en una audiencia ante un juzgado federal.

Para la presidenta de Amnistía Internacional México, Marcela Villalobos, la presencia de militares en las calles ha provocado “graves violaciones a los derechos humanos y van en aumento”. Al respecto, Villalobos destaca que la población joven es la más perjudicada: “Hemos visto casos de hombres jóvenes asesinados o desaparecidos”.

Miles de estudiantes de la Universidad de Guanajuato marcharon por la capital exigiendo justicia, no sólo por su compañero acribillado, sino por otros quince estudiantes asesinados en años recientes. En un comunicado recriminaron a los tres niveles de gobierno por su incapacidad para protegerles y resolver los crímenes. “Me quiero titular, me quiero titular, no quiero que le lleven el cuerpo a mi mamá”, fue una de las consignas de una comunidad que se siente vulnerable.

La presidenta de Amnistía Internacional en el país recuerda que “varias sentencias del ámbito internacional le han pedido al Estado mexicano que retire a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y ahora el último informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU también le pide abandonar la estrategia de militarización”. La activista dice que su organización ha advertido en muchas ocasiones que no funciona la militarización de la seguridad, no sólo por el aumento de homicidios y agresiones, sino también por el incremento de fosas clandestinas.

Policía ¿feminista?

El problema, sin embargo, no se limita a las fuerzas armadas, y lo que sucedió en la marcha feminista del 1 de mayo da cuenta de ello. Sobre las detenidas, Verónica Cruz Sánchez, directora de Las Libres, una organización que acudió al Ministerio Público para asumir la defensa de estas mujeres, dice: “Encontramos a la mayoría golpeadas, las policías les robaron los teléfonos a algunas. Los delitos que nosotras advertimos son lesiones, abuso de autoridad y, en algunos casos, el robo del celular”.

Ese domingo, dice la activista, se cometió “un uso desproporcionado de la fuerza pública, brutalmente ejercieron violencia contra las mujeres, manifestantes o no. Encontramos que muchas de las detenidas eran testigos de cómo las policías estaban golpeando brutalmente a algunas manifestantes. Se acercaron a ayudarlas y se las llevaron también. Eso habla de que no había un protocolo, fue un operativo desorganizado”.

En las indagatorias que ha hecho Cruz Sánchez sobre el caso, ha encontrado que “no hubo una orden de reprimir, fue peor, era una desorganización total. Lo que las policías advierten es que nadie les dio una orden y, a pesar de tener el distintivo morado, no eran policías de las unidades de género, no estuvieron ahí las que sí han tenido un poco de capacitación para la prevención y atención de estos casos. Para la manifestación, pensaron en que fueran mujeres sin armas y con el distintivo para decirles simbólicamente a las manifestantes: ‘estamos aquí para protegerte’. Pero si esa era la lógica, ¿cómo y cuándo se sale de control?”

En redes sociales también se encontraron publicaciones de policías burlándose de las agresiones contra las manifestantes, con comentarios como “les pudo haber ido peor”.

Según la activista, las policías argumentan que reaccionaron con violencia por temor a que las feministas incendiaran el Palacio Municipal de Irapuato y porque querían proteger a la población. Al respecto, insiste en que “se necesita profesionalización para atender estas manifestaciones” y recuerda que, a raíz de la represión de una marcha feminista en León en agosto de 2020, la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación no sólo a la policía de esa ciudad, sino a las de los 45 municipios de Guanajuato.

Cuando, en agosto de ese mismo año, una marcha de familiares de personas desaparecidas fue reprimida en la capital de Guanajuato por fuerzas estatales, el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, dijo que se actuó para evitar que el estado se convierta en un “manifestódromo” como la Ciudad de México. El hecho llegó incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos informó a finales de 2021 que las denuncias contra policías en el estado crecieron 21% respecto al año anterior.

Después de la recomendación a la policía leonesa, “cada corporación municipal debió tener un protocolo para atender de manera específica las manifestaciones feministas que, como ya sabemos, no les gustan las formas, lo performativo. Pero no estamos hablando de si les gusta o no; el tamaño de la indignación y la rabia que se expresan en estas manifestaciones es el tamaño de la incapacidad del Estado de resolver, prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres”, sentencia Cruz.

Para ella, es inexplicable que los municipios sigan sin atender las recomendaciones ni capacitar a las policías para que manejen el estrés y aprendan a no abusar de la fuerza pública. “Lo que puedo advertir es que, en general, a los gobiernos y a la gente de los gobiernos les choca que la ciudadanía les exija. Las manifestaciones feministas se han convertido en un fenómeno social para llamar la atención de la población y de las autoridades de una manera distinta, porque han sido incapaces de resolver estos problemas y no les importa. Así lo demuestran cuando no los resuelven y eso va generando más enojo en la población, más exigencia. Los gobiernos, lejos de ponerse a trabajar en la solución, criminalizan, reprimen y ejercen más violencia”.

Estos dos casos recientes en Irapuato muestran, según Marcela Villalobos de Amnistía Internacional en México, que “las juventudes en Guanajuato y en el país están en riesgo, que los estudiantes están en riesgo. La comunidad estudiantil ya se había manifestado antes por los asesinatos en contra de sus compañeros”. Y siguen haciéndolo.

Kennia Velázquez es reportera del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública en Guanajuato.