Los guardianes del agua de Homún, Yucatán - Gatopardo

Los guardianes del agua en Homún, Yucatán

El pueblo maya de Homún, en Yucatán, lucha contra una mega granja porcícola para evitar que contamine el agua en esta zona de cenotes. El caso, atraído por la SCJN, podría sentar un precedente de peso en defensa de la naturaleza y los pueblos indígenas.

La cita fue el 8 de octubre de 2017. Aquel día, 789 personas participaron en la consulta organizada por el comité Kanan Ts’ono’ot –Guardianes de los cenotes–, un grupo de pobladores mayas que siguiendo estándares internacionales convocaron al pueblo a ejercer su derecho a la libre autodeterminación. El cuestionamiento era sencillo, se trataba de decidir si se seguía o no con la construcción de la granja de puercos que la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) había estado instalando desde 2016 en el municipio de Homún, al sur de Yucatán. De acuerdo con los resultados, 732 personas expresaron un “no” rotundo al proyecto, mientras que solo 52 se manifestaron a favor y cinco más hicieron nulo su voto. El rechazo fue evidente y no solo a la granja porcícola, sino al proceso bajo el cual una industria de este tipo, tan dañina para el ecosistema, había llegado a establecerse en una de las áreas protegidas más importantes de México.

De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas para los derechos de los Pueblos Indígenas (2007) en su artículo tercero, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Es decir, que pueden elegir su organización política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Esto antepone su participación plena y efectiva ante cualquier acción que pueda afectarles directa o indirectamente. Sin embargo, los pobladores de Homún no supieron del proyecto de la granja porcina hasta que las naves estaban en un punto muy avanzado de construcción, pues el Estado nunca les informó o les consideró para tomar la decisión. Luego de la consulta organizada por el comité Kanan Ts’ono’ot, inició una serie de juicios, entre ellos el referente al impacto ambiental que la industria porcina podría traer a la región maya.

“Ha sido un camino muy largo”, cuenta a Gatopardo Lourdes Medina, una de las abogadas miembro del equipo del Grupo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que desde el inicio del proceso ha brindado acompañamiento a los pobladores de Homún. “No importó ni la consulta, ni la molestia de la gente, o que comenzaran los juicios, la empresa siguió construyendo aceleradamente”, dice.  Quien está detrás de esta construcción es el Grupo Porcícola Mexicano Kekén, que funciona como subsidiaria del Grupo Kuo, que tan sólo en 2018 inauguró tres plantas porcícolas en Yucatán con una inversión de 200 millones de dólares.

Ante estos casos, “el gobierno y toda autoridad, a nivel municipal, estatal e incluso los propios jueces, tienen la obligación a nivel internacional y como dicta la Constitución, de aplicar el principio precautorio, el cual señala que ante un daño irreversible se deben tomar todas las medidas necesarias para evitarlo”, asegura la abogada.

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