México es un país muy peligroso para los defensores del medio ambiente. Al menos 21 de ellos fueron asesinados en el país en 2018, dato que sitúa a México en el cuarto lugar de los países con más asesinatos de este tipo, según reporta el informe elaborado por Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). “Los asesinatos continúan, los conflictos continúan y no hay una solución. Tampoco se toman medidas preventivas para que éstos ya no se generen”, dice Alejandra Leyva, abogada de CEMDA. Las agresiones que sufren los defensores ambientales van desde amenazas, intimidaciones y criminalización, hasta asesinatos. Los ataques son resultado directo de su labor de protección a favor de los derechos humanos ambientales. 

En 2018, el sitio Global Witness (organización que investiga corrupción y conflictos para difundir el cuidado ambiental) reportó un total de 164 asesinatos perpetrados a defensores del territorio y medio ambiente en todo el mundo. El informe también precisa que estos números no retratan la verdadera dimensión del problema: “La situación real a la que se enfrentan los defensores del medio ambiente es difícil de medir en algunos países debido a la carencia de libertad de prensa, y porque ni gobiernos, ni ONGs monitorean o documentan las violaciones de forma sistemática”. México es uno de estos países en los que el deficiente sistema judicial no permite ni la defensa, ni la medición clara sobre el problema.

El pasado miércoles 21 de agosto, autoridades encontraron en un hostal de Palenque el cadáver de Nora Patricia López León, bióloga y activista ambiental que trabajó en un proyecto de conservación de la guacamaya roja, en el Parque Ecoturístico Aluxes. La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), de la cual López León formaba parte, condenó el hecho y dio a conocer que en 2019 han sido asesinados 11 trabajadores por los derechos medioambientales. Cinco días después del siniestro, la Fiscalía General del estado de Chiapas reportó la detención de dos presuntos homicidas. El proceso aún se desarrolla.

Ser activista y luchador por el medio ambiente es una actividad peligrosa alrededor del mundo.

En noviembre de 2018, el sitio mexico.com publicó un reportaje escrito por la periodista Laura Castellanos, en el que se habla sobre los activistas ambientales asesinados durante la década pasada. En él, Billy Kyte, representante de Global Witness (sitio de investigación sobre medio ambiente, corrupción y conflicto), detalla cuatro factores globales que posibilitan estos asesinatos en México: “exclusión de las comunidades por parte del gobierno en la toma de decisiones sobre megaproyectos en sus territorios, la ausencia de protección efectiva a defensores en riesgo, la impunidad y la expansión del crimen organizado”.

Leyva hace eco de esa idea: “Estos factores contribuyen a que una persona, afromexicano, campesino o cualquiera, defienda el medio ambiente y se enfrente a estos intereses en una lucha de desigualdad agravante. No hay mecanismos de justicia ni de acceso a la información, y hay medios locales que criminalizan las actividades que son normales para alguien que defiende un derecho humano”.

Además de los asesinatos, se registran otro tipo de violencias contra activistas ambientales. En 2018, CEMDA reportó un total de 49 casos considerados como agresiones; 12 de éstos fueron catalogados como “criminalización”, que refiere al uso indebido del sistema penal en contra de personas defensoras del medio ambiente, mediante la presentación falsa de cargos o incurriendo en una campaña de desprestigio con el fin de debilitar la tarea de los defensores. Esta es la segunda forma más notable de agresión después del homicidio. La desigualdad social y económica está en el seno de este problema.

El reporte de CEMDA aclara que en los países cuyas instituciones no protegen los derechos de sus habitantes y en los que se aplica la ley de forma represiva “lo que está predominando es una violencia estructural legalizada”. 

Es decir, en un sistema de justicia que criminaliza a defensores de los derechos humanos existe una clara colusión Estatal en la promoción de la injusticia. Estas características aplican para otros instrumentos que perpetúan dicha injusticia, como fuerzas fácticas, empresas y grandes corporaciones, delincuencia organizada, caciques y otros actores gubernamentales. La consecuencia natural de este sistema es la percepción negativa de la protesta medioambiental y la defensa de la tierra. Los activistas son vistos como revoltosos que perturban la calma, en lugar de personas que abogan por los derechos humanos. El Estado no sólo es promotor de esta problemática, también es perpetrador. “El 36 por ciento de los ataques —es decir 19 de los 49 registrados— fueron cometidos presuntamente por el Estado”, detalla el reporte.  Un porcentaje considerable es cometido por autoridades municipales y federales. 

En un sistema de justicia que criminaliza a defensores de los derechos humanos existe una clara colusión Estatal en la promoción de la injusticia. / Archivo Medio Públicos AP, Micaela Ayala V.

Como sucede en cualquier problema social, los estratos en intersecciones son los que resultan más afectados. Es decir, una mujer que lucha por los derechos medioambientales es más propensa a violencia que un hombre. El arresto a los perpetradores del asesinato de Nora López lo realizó la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, ya que el asesinato también es considerado un delito de género. De acuerdo al informe 2015-2016 de agresiones contra defensoras del ambiente, realizado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, en este periodo se registraron, en total, 862 agresiones contra defensoras. A eso se le suma la situación que viven las mujeres en relación con delitos, donde el desprestigio y menosprecio de su testimonio funcionan como herramientas para restarle gravedad al crimen cometido contra ellas.

Otro grupo desfavorecido por su condición preexistente es el sector indígena. La mayoría de las personas asesinadas y violentadas pertenecen a “comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y comunidades equiparables como organizaciones no gubernamentales e independientes”, informa al estudio de CEMDA. Julián Carrillo, hombre indígena de la sierra tarahumara es de los ejemplos más representativos. Él contaba con la protección del gobierno y, sin embargo, fue asesinado el pasado 24 de octubre. Erika Guevara Rosas, directora de las Américas para Amnistía Internacional declaró que este acto es “la evidencia más palpable e inaceptable del fracaso de las autoridades mexicanas en su intento por cumplir con su obligación y garantizar la protección efectiva frente a todo tipo de violencia, amenaza o represalia resultante de la labor en defensa de los derechos humanos”.

La declaración de Rosas está al centro de la relación entre la violencia y el activismo ambiental. “Al final, defender el medio ambiente es un derecho humano, y está reconocido por las Naciones Unidas. Aunque no es un tratado vinculante, también la corte interamericana en su jurisprudencia ha señalado la obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, así como generar las condiciones ideales para que cualquier persona pueda defenderlos sin restricción o violencia”. México, al estar sujeto a una serie de tratados y compromisos nacionales e internacionales, debe proveer seguridad a las personas que abogan por los derechos humanos. Sin embargo, el Estado promueve y perpetra esta agresión. Hasta que no se implementen políticas de protección con perspectiva de género e inclusión a grupos indígenas y similares en el tratamiento de esta problemática, y mientras no se pueda garantizar el cumplimiento de la ley de protección a víctimas, México mantendrá relación trágica con la defensa de los derechos humanos.

También te puede interesar:

México: un país de ecocidios autorizados

El Amazonas se quema

El visionario fundador de Greenpeace

Síguenos en Twitter