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Ciudadanos venezolanos se reúnen durante una protesta en apoyo de la oposición en medio de las disputadas elecciones presidenciales de Venezuela, en Concepción, Chile, el 3 de agosto de 2024. REUTERS: Juan González.
Compartir de manera fidedigna lo que ocurre en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, se volvió una tarea casi imposible para la prensa que se enfrenta a bloqueos del papel periódico, de los servidores de internet y un constante amedrentamiento paramilitar.
Las imágenes de la cadena CBS son contundentes: una periodista con un chaleco antibalas blanco en medio de un grupo de jóvenes menores de 30 años con el rostro cubierto, algunos con casco de motociclista, otros con piedras en las manos, todos detrás de una valla improvisada. En el fondo se escuchan detonaciones. La corresponsal Lilia Luciano suena agitada, pero da su reporte con firmeza desde Caracas, Venezuela, unas horas después de las elecciones que oficialmente dieron como ganador a Nicolás Maduro.
La violencia en las manifestaciones es tan cotidiana como los cortes de agua, electricidad o gasolina en las ciudades. Gabriela Rojas es codirectora y editora del portal Tal Cual, que en sus primeros 21 años enfrentó nueve demandas del chavismo. “Nosotros estamos llevando un conteo verificado con nombre y apellido, respaldado por familiares y organizaciones que han asistido a las personas. La cuenta que llevamos hasta el día de hoy [25 de julio] con el contexto de protesta son entre 14 y 17 personas muertas, prácticamente todas por armas de fuego”, dice desde el otro lado de la pantalla, en una videollamada que conecta más de 3 500 kilómetros de distancia, entre un país y otro que han perdido el respeto por sus periodistas.
En las agresiones están implicados civiles que actúan como paramilitares, según lo que ha observado Gabriela Rojas: personas en motocicletas o a pie que salen a las calles a amedrentar a quienes se manifiestan. “Tiene que ver con una larga y sistemática forma de amedrentamiento contra quienes están en protestas. No solo es totalmente normal que los periodistas salgamos a cubrir con chalecos antibalas, cascos y señales de protección, es que evitamos decir que somos de prensa porque complejiza más en vez de protegernos”, continúa. Si en contextos de guerra o incluso en las películas distópicas como Civil War (2024) ser periodista tiene una especie de aura de protección amparada en la libertad de expresión, en Venezuela te convierte en un objetivo para las agresiones.
Censura a través del papel
Luis Ernesto Blanco es director editorial de Runrunes, un diario digital multipremiado en el exterior, que nació de un acto de censura, cuando uno de los cofundadores fue sacado del aire en la radio. El periodista narra una estrategia de polarización que podría sonar conocida en México, Estados Unidos o Argentina: “La relación con la prensa independiente siempre fue muy mala. El gobierno mantuvo una estrategia de polarización que ubicó a la prensa independiente en la acera contraria. Entonces empezó a ser percibida como enemigo”.
Y del discurso a los hechos el camino va haciéndose cada vez más corto para la prensa, ya que los insumos para producir un medio escrito están en manos del poder desde que, en 2013, se creó un ente estatal para distribuir a discreción papel para periódicos y revistas. “En esa época Venezuela estaba sometida a un control de cambio muy severo que impedía la importación de muchísimas cosas y se impidió la importación de papel periódico. Entonces los medios impresos también quedaron, quedaron por fuera de la ecuación”, recuerda Luis Ernesto Blanco.
Desde la óptica de Gabriela Rojas, este hecho marcó un parteaguas: “Venezuela perdió su prensa escrita porque el papel periódico lo controla una corporación llamada Complejo Maneiro, que controla a su vez el Estado; es decir, no te venden papel. Por lo tanto es imposible que los medios impresos puedan seguir circulando”.
Guerra informativa
En 2003, las promesas de una red libre al alcance de tu computadora se materializaban en uno de los manifiestos del internet recogidos por la UNESCO, en el que se decía que “la libertad intelectual es el derecho de toda persona a mantener y expresar opiniones y a buscar y recibir información”. Dos décadas después la realidad es otra en el régimen de Maduro, donde el espacio digital se disputa con la misma intensidad que se hace en las calles. No obstante, Gabriela Rojas y sus colegas siempre encuentran las formas de informar: “Estamos hablando de una guerra informativa en radio, en la cual revocan licencias que son también controladas por el Estado; bloqueos digitales, de hecho, el medio que yo dirijo fue bloqueado hace dos semanas y estamos uniéndonos a un grupo de medios que ha sido bloqueado progresivamente. Fueron diez medios bloqueados que no tenemos acceso desde ninguna parte del país, solamente con VPN”.
Aquí coincide Luis Ernesto Blanco desde su experiencia en Runrunes. “En el caso de los medios digitales como nosotros, la situación en la que estamos es un bloqueo por parte de los proveedores de servicio de internet. Hay órdenes de Conatel, que es la oficina estatal que regula las telecomunicaciones en Venezuela, que pasan un listado a los proveedores de servicio de internet de páginas web que no pueden tener acceso dentro del país y hay decenas de medios digitales bloqueados dentro de Venezuela”. Esto, explica Blanco, reduce el tráfico a su sitio web porque las tecnologías VPN hacen más lentas las computadoras de las personas y pocas están dispuestas a instalarlos.
Por si fuera poco, el poder tiene también herramientas legales a su alcance para continuar el acoso por la vía judicial, como la llamada “Ley del odio”, que prometía pacificar luego de protestas muy violentas, pero que puede llevar hasta 20 años a la cárcel a quienes no eliminen contenidos considerados como discurso de odio, según la lectura del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela). A lo anterior se le suman las restricciones cotidianas que narra Gabriela Rojas: “Todos estos elementos se han configurado en unas restricciones fortísimas a la prensa. La prensa independiente no está invitada, no puede participar de las ruedas de prensa de organismos oficiales y hay un sistema de opacidad establecido en el que no hay información pública”.
¿Elecciones transparentes?
La organización Reporteros Sin Fronteras ubica a Venezuela en el lugar 156 de 180 países en materia de libertad de expresión y hasta inicios de agosto tiene registro de un periodista herido de bala en las protestas y tres reporteros detenidos en las manifestaciones. El núcleo de las protestas postelectorales y de los reclamos de la oposición es la falta de transparencia en las actas electorales que Maduro se ha negado a presentar con el argumento de un supuesto ataque informático.
La periodista Nadeska Noriega, miembro del equipo de investigación de El Pitazo, tiene mucha claridad sobre este tema: “El proceso electoral venezolano cuenta con un sistema automatizado. Las máquinas electorales son volcadas en cada centro de votación. Dependiendo de la cantidad de electores, cada centro de votación puede contar entre una y seis máquinas de votación. Una vez que termine el proceso [que cuenta con unos miembros de mesa y con testigos electorales de cada partido político que participe en la contienda], esta máquina arroja un acta que es la original y tres copias fidedignas de esta. El acta original la recibe el Plan República y el Consejo Nacional Electoral y las copias los testigos que representan a cada candidato”. Esas son las actas que reclama hoy la oposición.
Te recomendamos el artículo de Maurizio Montes de Oca: "La voluntad anticipada en Puebla y una novela para pensarla".
La crisis en Venezuela hoy es multidimensional: es económica ante las sanciones y las decisiones de política pública del régimen; es internacional ante el rompimiento del acuerdo de Barbados y el boicot estadounidense; es política, ante las presiones de la oposición que crecen cada día más, y es de derechos humanos ante los más de mil manifestantes que fueron detenidos, 700 de ellos acusados de terrorismo, según Amnistía Internacional.
“Lo que pide la mayoría de los venezolanos es que el Consejo Nacional Electoral realice una auditoría y que sea transparente. Mientras ese manejo oculto sigue siendo el norte de nuestro proceso electoral, los venezolanos nunca vamos a tener paz, porque siempre va a haber la duda si nos engañaron, si el proceso electoral fue real”, reflexiona Noriega.
El cerco internacional sobre el chavismo parece cerrarse cada vez más, pero esto ya pasó antes sin que las cosas cambien mucho. La clave será la posición de sus aliados democráticos en la región: ¿cuánto más están dispuestos a presionar por elecciones transparentes México, Brasil o Colombia? Esa es la pregunta para los próximos días.
¡Gracias!
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Compartir de manera fidedigna lo que ocurre en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, se volvió una tarea casi imposible para la prensa que se enfrenta a bloqueos del papel periódico, de los servidores de internet y un constante amedrentamiento paramilitar.
Las imágenes de la cadena CBS son contundentes: una periodista con un chaleco antibalas blanco en medio de un grupo de jóvenes menores de 30 años con el rostro cubierto, algunos con casco de motociclista, otros con piedras en las manos, todos detrás de una valla improvisada. En el fondo se escuchan detonaciones. La corresponsal Lilia Luciano suena agitada, pero da su reporte con firmeza desde Caracas, Venezuela, unas horas después de las elecciones que oficialmente dieron como ganador a Nicolás Maduro.
La violencia en las manifestaciones es tan cotidiana como los cortes de agua, electricidad o gasolina en las ciudades. Gabriela Rojas es codirectora y editora del portal Tal Cual, que en sus primeros 21 años enfrentó nueve demandas del chavismo. “Nosotros estamos llevando un conteo verificado con nombre y apellido, respaldado por familiares y organizaciones que han asistido a las personas. La cuenta que llevamos hasta el día de hoy [25 de julio] con el contexto de protesta son entre 14 y 17 personas muertas, prácticamente todas por armas de fuego”, dice desde el otro lado de la pantalla, en una videollamada que conecta más de 3 500 kilómetros de distancia, entre un país y otro que han perdido el respeto por sus periodistas.
En las agresiones están implicados civiles que actúan como paramilitares, según lo que ha observado Gabriela Rojas: personas en motocicletas o a pie que salen a las calles a amedrentar a quienes se manifiestan. “Tiene que ver con una larga y sistemática forma de amedrentamiento contra quienes están en protestas. No solo es totalmente normal que los periodistas salgamos a cubrir con chalecos antibalas, cascos y señales de protección, es que evitamos decir que somos de prensa porque complejiza más en vez de protegernos”, continúa. Si en contextos de guerra o incluso en las películas distópicas como Civil War (2024) ser periodista tiene una especie de aura de protección amparada en la libertad de expresión, en Venezuela te convierte en un objetivo para las agresiones.
Censura a través del papel
Luis Ernesto Blanco es director editorial de Runrunes, un diario digital multipremiado en el exterior, que nació de un acto de censura, cuando uno de los cofundadores fue sacado del aire en la radio. El periodista narra una estrategia de polarización que podría sonar conocida en México, Estados Unidos o Argentina: “La relación con la prensa independiente siempre fue muy mala. El gobierno mantuvo una estrategia de polarización que ubicó a la prensa independiente en la acera contraria. Entonces empezó a ser percibida como enemigo”.
Y del discurso a los hechos el camino va haciéndose cada vez más corto para la prensa, ya que los insumos para producir un medio escrito están en manos del poder desde que, en 2013, se creó un ente estatal para distribuir a discreción papel para periódicos y revistas. “En esa época Venezuela estaba sometida a un control de cambio muy severo que impedía la importación de muchísimas cosas y se impidió la importación de papel periódico. Entonces los medios impresos también quedaron, quedaron por fuera de la ecuación”, recuerda Luis Ernesto Blanco.
Desde la óptica de Gabriela Rojas, este hecho marcó un parteaguas: “Venezuela perdió su prensa escrita porque el papel periódico lo controla una corporación llamada Complejo Maneiro, que controla a su vez el Estado; es decir, no te venden papel. Por lo tanto es imposible que los medios impresos puedan seguir circulando”.
Guerra informativa
En 2003, las promesas de una red libre al alcance de tu computadora se materializaban en uno de los manifiestos del internet recogidos por la UNESCO, en el que se decía que “la libertad intelectual es el derecho de toda persona a mantener y expresar opiniones y a buscar y recibir información”. Dos décadas después la realidad es otra en el régimen de Maduro, donde el espacio digital se disputa con la misma intensidad que se hace en las calles. No obstante, Gabriela Rojas y sus colegas siempre encuentran las formas de informar: “Estamos hablando de una guerra informativa en radio, en la cual revocan licencias que son también controladas por el Estado; bloqueos digitales, de hecho, el medio que yo dirijo fue bloqueado hace dos semanas y estamos uniéndonos a un grupo de medios que ha sido bloqueado progresivamente. Fueron diez medios bloqueados que no tenemos acceso desde ninguna parte del país, solamente con VPN”.
Aquí coincide Luis Ernesto Blanco desde su experiencia en Runrunes. “En el caso de los medios digitales como nosotros, la situación en la que estamos es un bloqueo por parte de los proveedores de servicio de internet. Hay órdenes de Conatel, que es la oficina estatal que regula las telecomunicaciones en Venezuela, que pasan un listado a los proveedores de servicio de internet de páginas web que no pueden tener acceso dentro del país y hay decenas de medios digitales bloqueados dentro de Venezuela”. Esto, explica Blanco, reduce el tráfico a su sitio web porque las tecnologías VPN hacen más lentas las computadoras de las personas y pocas están dispuestas a instalarlos.
Por si fuera poco, el poder tiene también herramientas legales a su alcance para continuar el acoso por la vía judicial, como la llamada “Ley del odio”, que prometía pacificar luego de protestas muy violentas, pero que puede llevar hasta 20 años a la cárcel a quienes no eliminen contenidos considerados como discurso de odio, según la lectura del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela). A lo anterior se le suman las restricciones cotidianas que narra Gabriela Rojas: “Todos estos elementos se han configurado en unas restricciones fortísimas a la prensa. La prensa independiente no está invitada, no puede participar de las ruedas de prensa de organismos oficiales y hay un sistema de opacidad establecido en el que no hay información pública”.
¿Elecciones transparentes?
La organización Reporteros Sin Fronteras ubica a Venezuela en el lugar 156 de 180 países en materia de libertad de expresión y hasta inicios de agosto tiene registro de un periodista herido de bala en las protestas y tres reporteros detenidos en las manifestaciones. El núcleo de las protestas postelectorales y de los reclamos de la oposición es la falta de transparencia en las actas electorales que Maduro se ha negado a presentar con el argumento de un supuesto ataque informático.
La periodista Nadeska Noriega, miembro del equipo de investigación de El Pitazo, tiene mucha claridad sobre este tema: “El proceso electoral venezolano cuenta con un sistema automatizado. Las máquinas electorales son volcadas en cada centro de votación. Dependiendo de la cantidad de electores, cada centro de votación puede contar entre una y seis máquinas de votación. Una vez que termine el proceso [que cuenta con unos miembros de mesa y con testigos electorales de cada partido político que participe en la contienda], esta máquina arroja un acta que es la original y tres copias fidedignas de esta. El acta original la recibe el Plan República y el Consejo Nacional Electoral y las copias los testigos que representan a cada candidato”. Esas son las actas que reclama hoy la oposición.
Te recomendamos el artículo de Maurizio Montes de Oca: "La voluntad anticipada en Puebla y una novela para pensarla".
La crisis en Venezuela hoy es multidimensional: es económica ante las sanciones y las decisiones de política pública del régimen; es internacional ante el rompimiento del acuerdo de Barbados y el boicot estadounidense; es política, ante las presiones de la oposición que crecen cada día más, y es de derechos humanos ante los más de mil manifestantes que fueron detenidos, 700 de ellos acusados de terrorismo, según Amnistía Internacional.
“Lo que pide la mayoría de los venezolanos es que el Consejo Nacional Electoral realice una auditoría y que sea transparente. Mientras ese manejo oculto sigue siendo el norte de nuestro proceso electoral, los venezolanos nunca vamos a tener paz, porque siempre va a haber la duda si nos engañaron, si el proceso electoral fue real”, reflexiona Noriega.
El cerco internacional sobre el chavismo parece cerrarse cada vez más, pero esto ya pasó antes sin que las cosas cambien mucho. La clave será la posición de sus aliados democráticos en la región: ¿cuánto más están dispuestos a presionar por elecciones transparentes México, Brasil o Colombia? Esa es la pregunta para los próximos días.
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Ciudadanos venezolanos se reúnen durante una protesta en apoyo de la oposición en medio de las disputadas elecciones presidenciales de Venezuela, en Concepción, Chile, el 3 de agosto de 2024. REUTERS: Juan González.
Compartir de manera fidedigna lo que ocurre en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, se volvió una tarea casi imposible para la prensa que se enfrenta a bloqueos del papel periódico, de los servidores de internet y un constante amedrentamiento paramilitar.
Las imágenes de la cadena CBS son contundentes: una periodista con un chaleco antibalas blanco en medio de un grupo de jóvenes menores de 30 años con el rostro cubierto, algunos con casco de motociclista, otros con piedras en las manos, todos detrás de una valla improvisada. En el fondo se escuchan detonaciones. La corresponsal Lilia Luciano suena agitada, pero da su reporte con firmeza desde Caracas, Venezuela, unas horas después de las elecciones que oficialmente dieron como ganador a Nicolás Maduro.
La violencia en las manifestaciones es tan cotidiana como los cortes de agua, electricidad o gasolina en las ciudades. Gabriela Rojas es codirectora y editora del portal Tal Cual, que en sus primeros 21 años enfrentó nueve demandas del chavismo. “Nosotros estamos llevando un conteo verificado con nombre y apellido, respaldado por familiares y organizaciones que han asistido a las personas. La cuenta que llevamos hasta el día de hoy [25 de julio] con el contexto de protesta son entre 14 y 17 personas muertas, prácticamente todas por armas de fuego”, dice desde el otro lado de la pantalla, en una videollamada que conecta más de 3 500 kilómetros de distancia, entre un país y otro que han perdido el respeto por sus periodistas.
En las agresiones están implicados civiles que actúan como paramilitares, según lo que ha observado Gabriela Rojas: personas en motocicletas o a pie que salen a las calles a amedrentar a quienes se manifiestan. “Tiene que ver con una larga y sistemática forma de amedrentamiento contra quienes están en protestas. No solo es totalmente normal que los periodistas salgamos a cubrir con chalecos antibalas, cascos y señales de protección, es que evitamos decir que somos de prensa porque complejiza más en vez de protegernos”, continúa. Si en contextos de guerra o incluso en las películas distópicas como Civil War (2024) ser periodista tiene una especie de aura de protección amparada en la libertad de expresión, en Venezuela te convierte en un objetivo para las agresiones.
Censura a través del papel
Luis Ernesto Blanco es director editorial de Runrunes, un diario digital multipremiado en el exterior, que nació de un acto de censura, cuando uno de los cofundadores fue sacado del aire en la radio. El periodista narra una estrategia de polarización que podría sonar conocida en México, Estados Unidos o Argentina: “La relación con la prensa independiente siempre fue muy mala. El gobierno mantuvo una estrategia de polarización que ubicó a la prensa independiente en la acera contraria. Entonces empezó a ser percibida como enemigo”.
Y del discurso a los hechos el camino va haciéndose cada vez más corto para la prensa, ya que los insumos para producir un medio escrito están en manos del poder desde que, en 2013, se creó un ente estatal para distribuir a discreción papel para periódicos y revistas. “En esa época Venezuela estaba sometida a un control de cambio muy severo que impedía la importación de muchísimas cosas y se impidió la importación de papel periódico. Entonces los medios impresos también quedaron, quedaron por fuera de la ecuación”, recuerda Luis Ernesto Blanco.
Desde la óptica de Gabriela Rojas, este hecho marcó un parteaguas: “Venezuela perdió su prensa escrita porque el papel periódico lo controla una corporación llamada Complejo Maneiro, que controla a su vez el Estado; es decir, no te venden papel. Por lo tanto es imposible que los medios impresos puedan seguir circulando”.
Guerra informativa
En 2003, las promesas de una red libre al alcance de tu computadora se materializaban en uno de los manifiestos del internet recogidos por la UNESCO, en el que se decía que “la libertad intelectual es el derecho de toda persona a mantener y expresar opiniones y a buscar y recibir información”. Dos décadas después la realidad es otra en el régimen de Maduro, donde el espacio digital se disputa con la misma intensidad que se hace en las calles. No obstante, Gabriela Rojas y sus colegas siempre encuentran las formas de informar: “Estamos hablando de una guerra informativa en radio, en la cual revocan licencias que son también controladas por el Estado; bloqueos digitales, de hecho, el medio que yo dirijo fue bloqueado hace dos semanas y estamos uniéndonos a un grupo de medios que ha sido bloqueado progresivamente. Fueron diez medios bloqueados que no tenemos acceso desde ninguna parte del país, solamente con VPN”.
Aquí coincide Luis Ernesto Blanco desde su experiencia en Runrunes. “En el caso de los medios digitales como nosotros, la situación en la que estamos es un bloqueo por parte de los proveedores de servicio de internet. Hay órdenes de Conatel, que es la oficina estatal que regula las telecomunicaciones en Venezuela, que pasan un listado a los proveedores de servicio de internet de páginas web que no pueden tener acceso dentro del país y hay decenas de medios digitales bloqueados dentro de Venezuela”. Esto, explica Blanco, reduce el tráfico a su sitio web porque las tecnologías VPN hacen más lentas las computadoras de las personas y pocas están dispuestas a instalarlos.
Por si fuera poco, el poder tiene también herramientas legales a su alcance para continuar el acoso por la vía judicial, como la llamada “Ley del odio”, que prometía pacificar luego de protestas muy violentas, pero que puede llevar hasta 20 años a la cárcel a quienes no eliminen contenidos considerados como discurso de odio, según la lectura del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela). A lo anterior se le suman las restricciones cotidianas que narra Gabriela Rojas: “Todos estos elementos se han configurado en unas restricciones fortísimas a la prensa. La prensa independiente no está invitada, no puede participar de las ruedas de prensa de organismos oficiales y hay un sistema de opacidad establecido en el que no hay información pública”.
¿Elecciones transparentes?
La organización Reporteros Sin Fronteras ubica a Venezuela en el lugar 156 de 180 países en materia de libertad de expresión y hasta inicios de agosto tiene registro de un periodista herido de bala en las protestas y tres reporteros detenidos en las manifestaciones. El núcleo de las protestas postelectorales y de los reclamos de la oposición es la falta de transparencia en las actas electorales que Maduro se ha negado a presentar con el argumento de un supuesto ataque informático.
La periodista Nadeska Noriega, miembro del equipo de investigación de El Pitazo, tiene mucha claridad sobre este tema: “El proceso electoral venezolano cuenta con un sistema automatizado. Las máquinas electorales son volcadas en cada centro de votación. Dependiendo de la cantidad de electores, cada centro de votación puede contar entre una y seis máquinas de votación. Una vez que termine el proceso [que cuenta con unos miembros de mesa y con testigos electorales de cada partido político que participe en la contienda], esta máquina arroja un acta que es la original y tres copias fidedignas de esta. El acta original la recibe el Plan República y el Consejo Nacional Electoral y las copias los testigos que representan a cada candidato”. Esas son las actas que reclama hoy la oposición.
Te recomendamos el artículo de Maurizio Montes de Oca: "La voluntad anticipada en Puebla y una novela para pensarla".
La crisis en Venezuela hoy es multidimensional: es económica ante las sanciones y las decisiones de política pública del régimen; es internacional ante el rompimiento del acuerdo de Barbados y el boicot estadounidense; es política, ante las presiones de la oposición que crecen cada día más, y es de derechos humanos ante los más de mil manifestantes que fueron detenidos, 700 de ellos acusados de terrorismo, según Amnistía Internacional.
“Lo que pide la mayoría de los venezolanos es que el Consejo Nacional Electoral realice una auditoría y que sea transparente. Mientras ese manejo oculto sigue siendo el norte de nuestro proceso electoral, los venezolanos nunca vamos a tener paz, porque siempre va a haber la duda si nos engañaron, si el proceso electoral fue real”, reflexiona Noriega.
El cerco internacional sobre el chavismo parece cerrarse cada vez más, pero esto ya pasó antes sin que las cosas cambien mucho. La clave será la posición de sus aliados democráticos en la región: ¿cuánto más están dispuestos a presionar por elecciones transparentes México, Brasil o Colombia? Esa es la pregunta para los próximos días.
¡Gracias!
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Compartir de manera fidedigna lo que ocurre en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, se volvió una tarea casi imposible para la prensa que se enfrenta a bloqueos del papel periódico, de los servidores de internet y un constante amedrentamiento paramilitar.
Las imágenes de la cadena CBS son contundentes: una periodista con un chaleco antibalas blanco en medio de un grupo de jóvenes menores de 30 años con el rostro cubierto, algunos con casco de motociclista, otros con piedras en las manos, todos detrás de una valla improvisada. En el fondo se escuchan detonaciones. La corresponsal Lilia Luciano suena agitada, pero da su reporte con firmeza desde Caracas, Venezuela, unas horas después de las elecciones que oficialmente dieron como ganador a Nicolás Maduro.
La violencia en las manifestaciones es tan cotidiana como los cortes de agua, electricidad o gasolina en las ciudades. Gabriela Rojas es codirectora y editora del portal Tal Cual, que en sus primeros 21 años enfrentó nueve demandas del chavismo. “Nosotros estamos llevando un conteo verificado con nombre y apellido, respaldado por familiares y organizaciones que han asistido a las personas. La cuenta que llevamos hasta el día de hoy [25 de julio] con el contexto de protesta son entre 14 y 17 personas muertas, prácticamente todas por armas de fuego”, dice desde el otro lado de la pantalla, en una videollamada que conecta más de 3 500 kilómetros de distancia, entre un país y otro que han perdido el respeto por sus periodistas.
En las agresiones están implicados civiles que actúan como paramilitares, según lo que ha observado Gabriela Rojas: personas en motocicletas o a pie que salen a las calles a amedrentar a quienes se manifiestan. “Tiene que ver con una larga y sistemática forma de amedrentamiento contra quienes están en protestas. No solo es totalmente normal que los periodistas salgamos a cubrir con chalecos antibalas, cascos y señales de protección, es que evitamos decir que somos de prensa porque complejiza más en vez de protegernos”, continúa. Si en contextos de guerra o incluso en las películas distópicas como Civil War (2024) ser periodista tiene una especie de aura de protección amparada en la libertad de expresión, en Venezuela te convierte en un objetivo para las agresiones.
Censura a través del papel
Luis Ernesto Blanco es director editorial de Runrunes, un diario digital multipremiado en el exterior, que nació de un acto de censura, cuando uno de los cofundadores fue sacado del aire en la radio. El periodista narra una estrategia de polarización que podría sonar conocida en México, Estados Unidos o Argentina: “La relación con la prensa independiente siempre fue muy mala. El gobierno mantuvo una estrategia de polarización que ubicó a la prensa independiente en la acera contraria. Entonces empezó a ser percibida como enemigo”.
Y del discurso a los hechos el camino va haciéndose cada vez más corto para la prensa, ya que los insumos para producir un medio escrito están en manos del poder desde que, en 2013, se creó un ente estatal para distribuir a discreción papel para periódicos y revistas. “En esa época Venezuela estaba sometida a un control de cambio muy severo que impedía la importación de muchísimas cosas y se impidió la importación de papel periódico. Entonces los medios impresos también quedaron, quedaron por fuera de la ecuación”, recuerda Luis Ernesto Blanco.
Desde la óptica de Gabriela Rojas, este hecho marcó un parteaguas: “Venezuela perdió su prensa escrita porque el papel periódico lo controla una corporación llamada Complejo Maneiro, que controla a su vez el Estado; es decir, no te venden papel. Por lo tanto es imposible que los medios impresos puedan seguir circulando”.
Guerra informativa
En 2003, las promesas de una red libre al alcance de tu computadora se materializaban en uno de los manifiestos del internet recogidos por la UNESCO, en el que se decía que “la libertad intelectual es el derecho de toda persona a mantener y expresar opiniones y a buscar y recibir información”. Dos décadas después la realidad es otra en el régimen de Maduro, donde el espacio digital se disputa con la misma intensidad que se hace en las calles. No obstante, Gabriela Rojas y sus colegas siempre encuentran las formas de informar: “Estamos hablando de una guerra informativa en radio, en la cual revocan licencias que son también controladas por el Estado; bloqueos digitales, de hecho, el medio que yo dirijo fue bloqueado hace dos semanas y estamos uniéndonos a un grupo de medios que ha sido bloqueado progresivamente. Fueron diez medios bloqueados que no tenemos acceso desde ninguna parte del país, solamente con VPN”.
Aquí coincide Luis Ernesto Blanco desde su experiencia en Runrunes. “En el caso de los medios digitales como nosotros, la situación en la que estamos es un bloqueo por parte de los proveedores de servicio de internet. Hay órdenes de Conatel, que es la oficina estatal que regula las telecomunicaciones en Venezuela, que pasan un listado a los proveedores de servicio de internet de páginas web que no pueden tener acceso dentro del país y hay decenas de medios digitales bloqueados dentro de Venezuela”. Esto, explica Blanco, reduce el tráfico a su sitio web porque las tecnologías VPN hacen más lentas las computadoras de las personas y pocas están dispuestas a instalarlos.
Por si fuera poco, el poder tiene también herramientas legales a su alcance para continuar el acoso por la vía judicial, como la llamada “Ley del odio”, que prometía pacificar luego de protestas muy violentas, pero que puede llevar hasta 20 años a la cárcel a quienes no eliminen contenidos considerados como discurso de odio, según la lectura del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela). A lo anterior se le suman las restricciones cotidianas que narra Gabriela Rojas: “Todos estos elementos se han configurado en unas restricciones fortísimas a la prensa. La prensa independiente no está invitada, no puede participar de las ruedas de prensa de organismos oficiales y hay un sistema de opacidad establecido en el que no hay información pública”.
¿Elecciones transparentes?
La organización Reporteros Sin Fronteras ubica a Venezuela en el lugar 156 de 180 países en materia de libertad de expresión y hasta inicios de agosto tiene registro de un periodista herido de bala en las protestas y tres reporteros detenidos en las manifestaciones. El núcleo de las protestas postelectorales y de los reclamos de la oposición es la falta de transparencia en las actas electorales que Maduro se ha negado a presentar con el argumento de un supuesto ataque informático.
La periodista Nadeska Noriega, miembro del equipo de investigación de El Pitazo, tiene mucha claridad sobre este tema: “El proceso electoral venezolano cuenta con un sistema automatizado. Las máquinas electorales son volcadas en cada centro de votación. Dependiendo de la cantidad de electores, cada centro de votación puede contar entre una y seis máquinas de votación. Una vez que termine el proceso [que cuenta con unos miembros de mesa y con testigos electorales de cada partido político que participe en la contienda], esta máquina arroja un acta que es la original y tres copias fidedignas de esta. El acta original la recibe el Plan República y el Consejo Nacional Electoral y las copias los testigos que representan a cada candidato”. Esas son las actas que reclama hoy la oposición.
Te recomendamos el artículo de Maurizio Montes de Oca: "La voluntad anticipada en Puebla y una novela para pensarla".
La crisis en Venezuela hoy es multidimensional: es económica ante las sanciones y las decisiones de política pública del régimen; es internacional ante el rompimiento del acuerdo de Barbados y el boicot estadounidense; es política, ante las presiones de la oposición que crecen cada día más, y es de derechos humanos ante los más de mil manifestantes que fueron detenidos, 700 de ellos acusados de terrorismo, según Amnistía Internacional.
“Lo que pide la mayoría de los venezolanos es que el Consejo Nacional Electoral realice una auditoría y que sea transparente. Mientras ese manejo oculto sigue siendo el norte de nuestro proceso electoral, los venezolanos nunca vamos a tener paz, porque siempre va a haber la duda si nos engañaron, si el proceso electoral fue real”, reflexiona Noriega.
El cerco internacional sobre el chavismo parece cerrarse cada vez más, pero esto ya pasó antes sin que las cosas cambien mucho. La clave será la posición de sus aliados democráticos en la región: ¿cuánto más están dispuestos a presionar por elecciones transparentes México, Brasil o Colombia? Esa es la pregunta para los próximos días.
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Ciudadanos venezolanos se reúnen durante una protesta en apoyo de la oposición en medio de las disputadas elecciones presidenciales de Venezuela, en Concepción, Chile, el 3 de agosto de 2024. REUTERS: Juan González.
Compartir de manera fidedigna lo que ocurre en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, se volvió una tarea casi imposible para la prensa que se enfrenta a bloqueos del papel periódico, de los servidores de internet y un constante amedrentamiento paramilitar.
Las imágenes de la cadena CBS son contundentes: una periodista con un chaleco antibalas blanco en medio de un grupo de jóvenes menores de 30 años con el rostro cubierto, algunos con casco de motociclista, otros con piedras en las manos, todos detrás de una valla improvisada. En el fondo se escuchan detonaciones. La corresponsal Lilia Luciano suena agitada, pero da su reporte con firmeza desde Caracas, Venezuela, unas horas después de las elecciones que oficialmente dieron como ganador a Nicolás Maduro.
La violencia en las manifestaciones es tan cotidiana como los cortes de agua, electricidad o gasolina en las ciudades. Gabriela Rojas es codirectora y editora del portal Tal Cual, que en sus primeros 21 años enfrentó nueve demandas del chavismo. “Nosotros estamos llevando un conteo verificado con nombre y apellido, respaldado por familiares y organizaciones que han asistido a las personas. La cuenta que llevamos hasta el día de hoy [25 de julio] con el contexto de protesta son entre 14 y 17 personas muertas, prácticamente todas por armas de fuego”, dice desde el otro lado de la pantalla, en una videollamada que conecta más de 3 500 kilómetros de distancia, entre un país y otro que han perdido el respeto por sus periodistas.
En las agresiones están implicados civiles que actúan como paramilitares, según lo que ha observado Gabriela Rojas: personas en motocicletas o a pie que salen a las calles a amedrentar a quienes se manifiestan. “Tiene que ver con una larga y sistemática forma de amedrentamiento contra quienes están en protestas. No solo es totalmente normal que los periodistas salgamos a cubrir con chalecos antibalas, cascos y señales de protección, es que evitamos decir que somos de prensa porque complejiza más en vez de protegernos”, continúa. Si en contextos de guerra o incluso en las películas distópicas como Civil War (2024) ser periodista tiene una especie de aura de protección amparada en la libertad de expresión, en Venezuela te convierte en un objetivo para las agresiones.
Censura a través del papel
Luis Ernesto Blanco es director editorial de Runrunes, un diario digital multipremiado en el exterior, que nació de un acto de censura, cuando uno de los cofundadores fue sacado del aire en la radio. El periodista narra una estrategia de polarización que podría sonar conocida en México, Estados Unidos o Argentina: “La relación con la prensa independiente siempre fue muy mala. El gobierno mantuvo una estrategia de polarización que ubicó a la prensa independiente en la acera contraria. Entonces empezó a ser percibida como enemigo”.
Y del discurso a los hechos el camino va haciéndose cada vez más corto para la prensa, ya que los insumos para producir un medio escrito están en manos del poder desde que, en 2013, se creó un ente estatal para distribuir a discreción papel para periódicos y revistas. “En esa época Venezuela estaba sometida a un control de cambio muy severo que impedía la importación de muchísimas cosas y se impidió la importación de papel periódico. Entonces los medios impresos también quedaron, quedaron por fuera de la ecuación”, recuerda Luis Ernesto Blanco.
Desde la óptica de Gabriela Rojas, este hecho marcó un parteaguas: “Venezuela perdió su prensa escrita porque el papel periódico lo controla una corporación llamada Complejo Maneiro, que controla a su vez el Estado; es decir, no te venden papel. Por lo tanto es imposible que los medios impresos puedan seguir circulando”.
Guerra informativa
En 2003, las promesas de una red libre al alcance de tu computadora se materializaban en uno de los manifiestos del internet recogidos por la UNESCO, en el que se decía que “la libertad intelectual es el derecho de toda persona a mantener y expresar opiniones y a buscar y recibir información”. Dos décadas después la realidad es otra en el régimen de Maduro, donde el espacio digital se disputa con la misma intensidad que se hace en las calles. No obstante, Gabriela Rojas y sus colegas siempre encuentran las formas de informar: “Estamos hablando de una guerra informativa en radio, en la cual revocan licencias que son también controladas por el Estado; bloqueos digitales, de hecho, el medio que yo dirijo fue bloqueado hace dos semanas y estamos uniéndonos a un grupo de medios que ha sido bloqueado progresivamente. Fueron diez medios bloqueados que no tenemos acceso desde ninguna parte del país, solamente con VPN”.
Aquí coincide Luis Ernesto Blanco desde su experiencia en Runrunes. “En el caso de los medios digitales como nosotros, la situación en la que estamos es un bloqueo por parte de los proveedores de servicio de internet. Hay órdenes de Conatel, que es la oficina estatal que regula las telecomunicaciones en Venezuela, que pasan un listado a los proveedores de servicio de internet de páginas web que no pueden tener acceso dentro del país y hay decenas de medios digitales bloqueados dentro de Venezuela”. Esto, explica Blanco, reduce el tráfico a su sitio web porque las tecnologías VPN hacen más lentas las computadoras de las personas y pocas están dispuestas a instalarlos.
Por si fuera poco, el poder tiene también herramientas legales a su alcance para continuar el acoso por la vía judicial, como la llamada “Ley del odio”, que prometía pacificar luego de protestas muy violentas, pero que puede llevar hasta 20 años a la cárcel a quienes no eliminen contenidos considerados como discurso de odio, según la lectura del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela). A lo anterior se le suman las restricciones cotidianas que narra Gabriela Rojas: “Todos estos elementos se han configurado en unas restricciones fortísimas a la prensa. La prensa independiente no está invitada, no puede participar de las ruedas de prensa de organismos oficiales y hay un sistema de opacidad establecido en el que no hay información pública”.
¿Elecciones transparentes?
La organización Reporteros Sin Fronteras ubica a Venezuela en el lugar 156 de 180 países en materia de libertad de expresión y hasta inicios de agosto tiene registro de un periodista herido de bala en las protestas y tres reporteros detenidos en las manifestaciones. El núcleo de las protestas postelectorales y de los reclamos de la oposición es la falta de transparencia en las actas electorales que Maduro se ha negado a presentar con el argumento de un supuesto ataque informático.
La periodista Nadeska Noriega, miembro del equipo de investigación de El Pitazo, tiene mucha claridad sobre este tema: “El proceso electoral venezolano cuenta con un sistema automatizado. Las máquinas electorales son volcadas en cada centro de votación. Dependiendo de la cantidad de electores, cada centro de votación puede contar entre una y seis máquinas de votación. Una vez que termine el proceso [que cuenta con unos miembros de mesa y con testigos electorales de cada partido político que participe en la contienda], esta máquina arroja un acta que es la original y tres copias fidedignas de esta. El acta original la recibe el Plan República y el Consejo Nacional Electoral y las copias los testigos que representan a cada candidato”. Esas son las actas que reclama hoy la oposición.
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La crisis en Venezuela hoy es multidimensional: es económica ante las sanciones y las decisiones de política pública del régimen; es internacional ante el rompimiento del acuerdo de Barbados y el boicot estadounidense; es política, ante las presiones de la oposición que crecen cada día más, y es de derechos humanos ante los más de mil manifestantes que fueron detenidos, 700 de ellos acusados de terrorismo, según Amnistía Internacional.
“Lo que pide la mayoría de los venezolanos es que el Consejo Nacional Electoral realice una auditoría y que sea transparente. Mientras ese manejo oculto sigue siendo el norte de nuestro proceso electoral, los venezolanos nunca vamos a tener paz, porque siempre va a haber la duda si nos engañaron, si el proceso electoral fue real”, reflexiona Noriega.
El cerco internacional sobre el chavismo parece cerrarse cada vez más, pero esto ya pasó antes sin que las cosas cambien mucho. La clave será la posición de sus aliados democráticos en la región: ¿cuánto más están dispuestos a presionar por elecciones transparentes México, Brasil o Colombia? Esa es la pregunta para los próximos días.
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