Norma Sarabia Garduza fue asesinada a balazos frente a su casa. Minutos antes de las 21:30 horas, sujetos armados a bordo de un automóvil abrieron fuego en su contra. Las balas la alcanzaron, los agresores huyeron, la periodista de 46 años perdió la vida al instante y su cuerpo quedó tendido sobre la acera de la avenida Nicolás Bravo, de la colonia Club Liberal en el municipio de Huimanguillo, ubicado al extremo oeste del estado de Tabasco. Norma se convirtió en víctima de la violencia estructural que ha hecho de los periodistas mexicanos uno de sus principales objetivos desde hace ya un par de sexenios.

La tragedia ocurrió muy cerca de la carretera federal Cárdenas-Coatzacoalcos, un territorio que hoy se conoce como la ruta del huachicol. Es ahí donde Tabasco colinda con el estado de Chiapas y con Veracruz. El robo de combustible se había convertido en uno de los temas principales en sus notas. La mayoría de estos textos se publicaron en el diario Tabasco Hoy, en el que colaboraba desde hace 15 años.

Sus colegas dicen que si de notas policiacas se trataba, Norma era de las primeras en estar ahí. Siempre estuvo detrás de la noticia. A pesar de tener un hijo adolescente de 15 años con autismo, no tenía miedo de reportar la grave crisis por la que atraviesa su estado. Hoy su hijo es huérfano.

Periodista, madre soltera y candidata a psicóloga por la Universidad Popular de la Chontalpa, Norma, sin duda, era una mujer todo terreno. Logró equilibrar su labor periodística con la escuela y al mismo tiempo cubría un turno como secretaria en una escuela donde quería empezar a dar clases. Un plan que la noche del pasado martes se desvaneció en cuanto Norma se convirtió en uno más de los 126 casos de periodistas asesinados entre el año 2000 y el 2019, según los registros de la organización Artículo 19.

Esta es razón suficiente para que México sea considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo. A su vez, Norma Sarabia se convirtió en la primera periodista mujer asesinada durante los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de las expectativas positivas que se tenían para el arranque del gobierno de López Obrador, en cuestión de violencia contra periodistas y comunicadores, las cosas van cada vez peor. De acuerdo con el colectivo Reporteras En Guardia, durante el primer semestre del sexenio ocurrieron 13 asesinatos de periodistas en el país, una cifra alarmante comparada con los 9 homicidios ocurridos en el primer semestre del 2018, el último año de la administración de Peña Nieto, que cerró con 17 crímenes contra el gremio.

Los ataques en contra de la prensa se han convertido en parte de la cotidianidad que ha provocado la violencia estructural en México. De frente a esa crisis, un grupo de periodistas mujeres optó por unir esfuerzos para crear una memoria colectiva de todos los asesinatos de periodistas ocurridos desde el año 2000, abarcando los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de ahí surgió Reporteras en Guardia en 2018.

“Queremos que el gremio ponga atención en lo que está sucediendo, se trata de decir ‘compañeros y compañeras, estos son nuestros muertos, nos están matando ¿qué hacemos?’”, explicó Gina Montalvo, integrante del colectivo Reporteras en Guardia en entrevista para Gatopardo.

Ese mismo año lanzaron “Matar a nadie”, un proyecto que busca ser una recopilación de perfiles de cada uno de los 188 periodistas, comunicadores, fotoperiodistas y trabajadores de medios de comunicación víctimas de asesinato y desaparición desde 2000 a mayo de 2019. «Es una acción de resistencia», detallan. Con el proyecto no pretenden investigar la causa de los crímenes, “nosotros no juzgamos a los compañeros”, agregó la periodista Julieta Riveroll, pero aseguró que lo que sí hacen es destacar el grado de impunidad en el que suelen quedar estos casos.

Montalvo explica que la base de datos de Reporteras en Guardia se formó luego de cruzar las bases de datos de organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y CIMAC. “Es por eso que en nuestros registros aparece un mayor número, pues tomamos en cuenta no solo a aquellos que fueron asesinados por ejercer su labor o en manos del Estado. Tomamos en cuenta a todas las víctimas de la violencia estructural que agita al país”.

En el caso de la periodista Norma Sarabia Garduza, se conoce que los responsables huyeron. Sin embargo, la Fiscalía de Tabasco aseguró el pasado miércoles que no se descarta “ninguna línea de investigación”. Reportó también que como parte del protocolo de protección a periodistas había iniciado los trámites ante la Fiscalía General de la República (FGR) para dar seguridad a los familiares de Sarabia. Como el caso de Norma hay muchos en los que los comunicadores y sus familias han tenido que acudir al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin embargo, “el Mecanismo no está funcionando”, dijo Montalvo. Prueba de ello, dice, es que de los 13 comunicadores que fueron asesinados durante los primeros seis meses del gobierno de AMLO, dos de ellos estaban acogidos a éste y aún así fueron asesinados. “Hay incluso una iniciativa de ley en el Senado que está tratando de crear fiscalías locales y mucha de la protesta es que sino está funcionando la herramienta federal, burocratizar más el proceso será terrible. Además, con la falta de recursos que presenta el mecanismo, no van a llegar al municipal”, señaló.

“Lo ideal es que no estemos en peligro, el mecanismo tendría que ser preventivo y no lo es. Eso es algo que ha reconocido el mismo Encinas. Las estrategias de prevención vienen del propio gremio, de las organizaciones que trabajan con libertad de expresión, hacen talleres para capacitarte en temas sensibles, pero siendo honestos, cubras o no temas sensibles, vivimos en un contexto de violencia y entonces te matan”, dijo Riveroll.

Activistas o comunicadores

Reporteras en Guardia explicó que actualmente, el gobierno solo ha reconocido ocho casos de asesinatos a periodistas durante el primer semestre de López Obrador y eso se debe a que al resto los consideran activistas, a pesar de que «eran comunicador indígenas”, explicó Riveroll.

Montalvo señaló que en los planes del colectivo estaba terminar un memorial con las cifras tras el sexenio de EPN. Sin embargo, al dar inicio el nuevo gobierno comenzaron a aparecer más casos. “Algunas compañeras del colectivo nos alertaron de lo que sucedía en sus estados. Fue entonces que comenzamos a investigar y dimos con que eran 13 los comunicadores asesinados”. El colectivo urge al gobierno federal a «investigar y enjuiciar penalmente a los responsables de todos estos crímenes. Además de la implementación de acciones eficaces en el Mecanismo de Protección.»

Las integrantes de Reporteras en Guardia explicaron que los asesinatos de Gustavo Cruz Mendoza (chinanteco), Samir Flores (nahua), José Lucio Bartolo (nahua) y Modesto Velares (nahua), merecen ser reconocidos como violencia en contra de la libertad de expresión y a ellos como comunicadores, pues parte de su trabajo era en las radios comunitarias de su localidad. Tal y como ocurrió con Telésforo Santiago (zapoteco), el fundador y director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal.

«Al final, para nosotros sigue siendo un comunicador, no es que no estaba haciendo la gran investigación o descubriendo la gran red de corrupción, pero es un integrante de los medios de comunicación y hay que tomarlo en cuenta», explicó la periodista.

«A lo largo de los años se ha tratado de silenciar estas voces que son incómodas para el gobierno», denuncia Riveroll.  Ahora con el nuevo gobierno, la expectativa continúa.  «A estos periodistas no los ha matado AMLO», es una frase que suelen suelen escuchar, y en efecto, el colectivo no culpa al Ejecutivo de los crímenes.

«Lo que sí hacemos es llamar su atención, porque ni siquiera se está dando cuenta de lo que está sucediendo. La violencia estructural sigue en pie», agregó.

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