El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó la prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga a Rosario Robles, pues determinó que como exfuncionaria pública cuenta con los recursos económicos suficientes para salir del país y evitar los próximos citatorios.

En consecuencia, Rosario Robles Berlanga será trasladada al penal de Santa Martha Acatitla y se iniciará un proceso penal en su contra por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como en la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

El juez ordenó una investigación de dos meses antes de la próxima audiencia. 

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“Aquí estoy como lo prometí, dando la cara, como la he dado siempre y muy tranquila”, dijo Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), al arribar al Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur. Fue ahí  donde se celebró la audiencia inicial por el caso de La Estafa Maestra, investigación periodística de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que en 2017 evidenció un fraude de 7.670 millones de pesos. En este esquema de corrupción resultaron involucrados al menos, 11 instancias del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellas Banobras, dirigida entonces por Alfredo del Mazo, y Pemex, dirigido por Emilio Lozoya. También estuvieron involucradas ocho universidades públicas a las que se desviaron recursos públicos.

Hasta ahora, el crimen permanece en total impunidad. Sin embargo, la audiencia de este jueves pudo significar el inicio de un cambio en el rumbo en la historia nacional. Rosario Robles llegó acompañada por su hija Mariana Moguel, sus hermanas y Rocío Bolaños, quien fuera directora de Comunicación Social de Sedesol durante su administración. Los medios de comunicación ya la esperaban afuera del Reclusorio Sur. Entrar le fue complicado, todos querían mostrar su llegada a la audiencia inicial. Entre cámaras y empujones se alcanzó a escuchar que la llamaron corrupta. Su abogado y elementos de seguridad lograron abrirse paso hasta que la exfuncionaria logró ingresar al lugar.

Horas más tarde se dio a conocer que en este primer paso del proceso legal en contra de Rosario Robles, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a la extitular un posible daño al erario por un monto de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos. Con base en el artículo 214 del Código Penal Federal, la Fiscalía advirtió que Robles fue omisa en impedir las irregularidades y no denunciar éstas a su superior jerárquico, el presidente Enrique Peña Nieto, sobre la triangulación de recursos al interior de Sedesol y Sedatu, a pesar de haber sido notificada en reiteradas ocasiones. En el pliego de imputación, las autoridades indican que los desvíos del erario se hicieron a través de 27 convenios generales que las secretarías firmaron con universidades públicas y sistemas de televisión estatales.

Al menos cuatro funcionarios de Sedesol, Sedatu y la Auditoría Superior de la Federación, le entregaron a Rosario Robles diversos informes y dictámenes técnicos sobre el desvío de recursos. A pesar de su pleno conocimiento de la situación, no hizo nada. Al ser ésta la audiencia inicial, no se determinó aún si Robles es culpable o no de algún delito, sin embargo, se da luz verde a comenzar un proceso legal.

Luego de un receso durante la audiencia, la sesión se retomó. Fue entonces que la defensa de Rosario Robles solicitó ampliar el plazo constitucional para presentar pruebas de descargo. Pedían 144 horas, el juez de Control les otorgó 96, por lo que la audiencia de imputación se suspendió hasta el próximo lunes 12 de agosto. Antes de finalizar el proceso, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna advirtió a la exfuncionaria que si no se presentaba sería acreedora a medidas de apremio. Rosario Robles aseguró que se volverá a presentar de forma voluntaria.

De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, hasta el momento hay 50 empresas involucradas que están siendo investigadas por los desvíos durante la administración de Rosario Robles Berlanga. Por otro lado, informó que la UIF sigue la pista de otros seis servidores públicos inmersos en el esquema de corrupción.

Tal y como me comprometí desde el día que fui enterada del citatorio enviado por la @FGRMexico, estoy aquí compareciendo ante el Juez Federal, dando la cara como siempre lo he hecho. Enterándome de las acusaciones de que soy objeto, para preparar mi defensa pic.twitter.com/FyoASdMTpS

— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) August 8, 2019

La estafa maestra

En octubre de 2018, el efecto positivo de la investigación periodística realizada por Nayeli Roldán, Manuel Ureste y Miriam Castillo, comenzó a ser una realidad. Fue el 17 de ese mes cuando Rosario Robles se conviritió en la primera funcionaria en presentarse ante el Congreso para dar razón del paradero de los millones de pesos desviados. Durante siete horas la exfuncionaria negó cualquier responsabilidad e incluso acusó la decisión editorial «de poner el nombre y la cara de una mujer [en el reportaje de La Estafa Maestra] como violencia política y de género». Para ese entonces el desvío millonario ya había sido confirmado por la Auditoría Superior de la Federación, lo cual quedó demostrado en las 32 denuncias penales por maniobras irregulares en el caso.

– La Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema. Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013, se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado.

De acuerdo con La Estafa Maestra, entre las universidades que fueron parte del desvío millonario está la Universidad Autónoma de Morelos y la de Estado de México. A través de 10 convenios se logró mover un monto de 2 mil 224 millones de pesos. Esos recursos debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejorar los servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza. En efecto, este robo de miles de millones estaba destinado a los más pobres en el país. Por otro lado, fueron 20 empresas, algunas de ellas “empresas fantasma” a quienes se les entregó poco más de 2 mil millones de pesos por servicios que nunca prestaron.

Al saberse investigadas, las dependencias intentaron ocultar el desvío a través de la entrega de comprobantes falsos. De acuerdo con la unidad de investigación de Aristegui Noticias, Claudia Morones Sánchez, funcionaria de Sedesol y Sedatu, coordinó la entrega de los expedientes para comprobar la entrega de recursos públicos. Estos “entregables” son requisito que deben cumplir las empresas contratadas por el gobierno para recibir el pago correspondiente, sin embargo al estarse moviendo con empresas fantasma los expedientes fueron falsificados. La joya de la corona en este sistema de desvío de recursos.

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