Samuel García, acompañado siempre de Mariana Rodríguez, acaba de tomar protesta como gobernador de Nuevo León, un estado mayoritariamente urbano –nueve de cada diez neoleoneses viven en la ciudad–, donde el 78% de los hogares tiene acceso a internet y el electorado se distingue por ser “muy volátil” y por estar “muy conectado”, tanto que “reacciona rápidamente a los estímulos para tomar decisiones electorales”, advierte Luis Ávila, director de la organización Cómo Vamos, Nuevo León.
Ante el inicio del nuevo gobierno, pese al entusiasmo de Samuel García y la popularidad de su esposa, la influencer, Mariana Rodríguez, Ávila resalta que los ciudadanos de Nuevo León cambian muy rápidamente de opinión; un botón de muestra: “la campaña fue emblemática, había una candidata puntera, luego otro candidato fue el delantero pero, al final, llegó Samuel”.
Otro ejemplo: de acuerdo con una encuesta de la organización que encabeza Ávila, para 2020, nueve de cada diez personas desaprobaban el trabajo del exgobernador Jaime Rodríguez, el Bronco, pese a que cinco años antes ganara la elección con 48.24% de los votos. Ante ese tipo de electorado, no se puede afirmar que Samuel García tenga a los neoleonenses en la bolsa; por el contrario, tendrá que demostrar su capacidad mediante políticas, resultados y acciones.
La desaprobación de Jaime Rodríguez, ahonda Luis Ávila, se explica por las omisiones de su gobierno. La última evaluación que realizó Cómo Vamos, Nuevo León revela que el 81% de sus promesas de campaña no se cumplieron y la ciudadanía terminó rechazando la manera en que el Bronco condujo el sexenio.
Un gobierno que termina tan mal como el del Bronco supone desafíos muy grandes para Samuel García. Los retrocesos más graves en Nuevo León ocurrieron respecto a los homicidios, la violencia sexual, la población en situación de pobreza y el transporte público.
La tasa de homicidios, cuando empezó el gobierno de Jaime Rodríguez, era de 5.7 por cada cien mil habitantes; en el momento de su salida es de 12.6. Aumentó también la violencia sexual en ese periodo: de 28.3 delitos a 54, por cada cien mil habitantes, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante el gobierno del Bronco hubo, además, un retroceso en el combate a la pobreza. Jaime Rodríguez deja el estado con un incremento de 4% en el número de personas en dicha situación y el porcentaje de quienes no pueden pagar con su sueldo la canasta básica subió de 4.2% a 7.3%, según datos del Coneval.
Por último, en cuanto al transporte público, el gobierno del Bronco redujo en 28% el número de camiones y la percepción general de la población sobre este servicio empeoró, según la encuesta Así Vamos, también realizada por Cómo Vamos, Nuevo León.
El director de esa OSC considera que la insatisfacción del electorado ante esos resultados provocó que la gente buscara nuevas alternativas políticas y, así, decidieron darle el beneficio de la duda a un nuevo partido, Movimiento Ciudadano, antes que regresar al PRI. Sin embargo, la estrepitosa caída del Bronco debería ser una lección para Samuel García.
Por si fuera poco, él tendrá que lidiar con una fragmentación sin precedentes en el área metropolitana: cinco fuerzas políticas distintas –el PRI, el PAN, Morena, MC y los candidatos independientes– gobiernan en nueve municipios citadinos. Para Ávila, la victoria de Luis Donaldo Colosio, del mismo partido que Samuel García, más bien, es anecdótica; el reto del gobernador será dialogar y coordinarse con tantos alcaldes de distinto signo.
Un gabinete hecho de secretarios heredados, secretarios activistas… y Mariana Rodríguez
Frente a semejantes problemas públicos y retrocesos, ¿qué planea hacer Samuel García? Una parte de la respuesta está en la conformación de un gabinete atípico que requirió una reforma a la ley, pues ahora cuenta con diecisiete secretarías –ninguno de los tres gobernadores anteriores tuvo un equipo tan grande.
En el crecido gabinete, sin embargo, hay secretarios de administraciones anteriores que conservan sus cargos. Aldo Fasci es uno de los funcionarios heredados. Fue secretario de seguridad en el gobierno de Rodrigo Medina y también lo fue durante los últimos dos años del sexenio de Jaime Rodríguez. Continuará en ese cargo aun cuando los homicidios y la violencia sexual aumentaron. El otro secretario de Estado que se mantiene es Carlos Garza, quien fue tesorero en el sexenio pasado y acaba de ser ratificado para seguir.
En contraste, el resto del gabinete que armó Samuel García está plagado de perfiles que habían permanecido ajenos a la función pública. No tienen mucha experiencia en el gobierno porque provienen de la academia, la sociedad civil y el mundo empresarial.
La nueva secretaria de salud, Alma Rosa Marroquín, fue directora de TecSalud, el área que maneja los hospitales del Tecnológico de Monterrey. Alicia Leal Puerta es activista de los derechos de las mujeres y ganó reconocimiento por crear Alternativas Pacíficas, una de las primeras organizaciones que ofreció refugio a las mujeres que huyen de situaciones de violencia; ahora Leal Puerta dirigirá la Secretaría de las Mujeres.
Ximena Peredo fue una de las columnistas más críticas del diario El Norte y, a partir de ayer, es secretaria de Participación Ciudadana. Por su parte, Alfonso Martínez, quien fundó el Observatorio Ciudadano por la Calidad del Aire, una organización que fue clave para que el gobierno de Jaime Rodríguez reconociera este problema, será titular de la Secretaría del Medio Ambiente.
La migración de los integrantes de la sociedad civil al gobierno trae consigo beneficios y problemas. “La desventaja”, razona Luis Ávila, “es que el circuito de organizaciones sigue siendo muy pequeño, los huecos se sienten. La ventaja, en el caso de Nuevo León, es que se trata de un sector fuerte, institucionalizado y cuenta con un ‘servicio profesional’ que puede ayudar a llenar ese hueco con nuevos perfiles”.
Un buen punto de partida para dimensionar a la sociedad civil en la entidad es el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León. En él convergen 146 organismos, desde colectivos que hacen un trabajo más cercano a las comunidades hasta universidades privadas y cámaras empresariales, que ahí logran organizarse y dialogar. Sin embargo, esa institucionalización no se traduce en mayor participación ciudadana: la última encuesta Así Vamos, de 2019, revela que sólo el 7.4% de los encuestados participó en el último año en alguna organización o colectivo.
El mayor peligro es que “suceda lo que sucedió en Jalisco”, profundiza Ávila, donde la sociedad civil “se desfondó y se diluyó la exigencia”; la potencia crítica, la capacidad de hacer rendir cuentas al gobierno y las alianzas se perdieron.
Un ejemplo de ello es Margarita Sierra: después de fundar el Congreso Ciudadano de Jalisco –una organización muy vocal en cuanto a la promoción de la democracia participativa–, se incorporó al gobierno de Enrique Alfaro cuando fue alcalde de Guadalajara, en 2015; hoy se desempeña como secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, donde empezó a mostrar una actitud diametralmente opuesta a la que tenía antes, desde la sociedad civil. Uno de los episodios más sonados ocurrió cuando Sierra, como consejera municipal de Participación Ciudadana en Guadalajara, respondió en entrevista “ay, qué flojera me daaaan” a la pregunta sobre los costos de la consulta de ratificación del mandato de Alfaro.
Por todo eso, Luis Ávila insiste en la importancia de no perder de vista la exigencia que proviene de la sociedad civil para que el gobierno haga bien su trabajo. “La exigencia ayuda a fortalecer al gobierno en general, ya sea un gobierno emanado de la sociedad civil o no. Yo esperaría que en un gobierno con tantos perfiles de ese ámbito, ellas y ellos sean los primeros en reconocer que la tarea de vigilancia, diálogo y discusión es fundamental”.
Sin embargo, ninguno de los nombramientos que hizo Samuel García se robó tanto la atención como el de Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León. No está claro qué hará esta nueva dependencia, pero ella le ha dicho a los medios locales que trabajará en varios frentes, desde los centros de adopción del DIF hasta la migración y la protección de los animales, en coordinación con las demás secretarías. La declaración más críptica y escandalosa fue que estará “a la par del gobernador”.
Según Luis Ávila, la incorporación de Mariana Rodríguez como funcionaria supone un desafío para el gobierno, pero también para la sociedad civil y la prensa: separar a la persona de la funcionaria. “El gobernador tendrá que rendir cuentas sobre la centralidad que le da a Mariana; ése va a ser el principal reto que enfrente la administración de Samuel García en este tema”. No será cosa fácil.
Un antecedente que revela esa dificultad está en lo que ocurrió después de la campaña, cuando el INE sancionó a García por no registrar ni someter al proceso de fiscalización las historias de Instagram y Tiktok en las que Rodríguez promovió su campaña. Con ello, se desató una serie de discusiones importantes acerca de los influencers: ¿cuándo se puede considerar que usan sus redes sociales como negocio y cuándo las usan como una persona cualquiera, que ejerce su liberad de expresión? ¿Fue Mariana Rodríguez un factor que volvió injusta la contienda? ¿Las autoridades electorales están preparadas para regular este tipo de intervención en el mundo digital?
Este tipo de preguntas continuará durante el gobierno de su esposo: ¿Las cuentas de Mariana Rodríguez se volverán una extensión, más viral y poderosa, de las dependencias de Comunicación Social?, ¿le dará publicidad gratuita a las acciones del gobernador?, ¿responderá ella, por ese medio, las quejas de los ciudadanos?, ¿cómo debería regularse su participación ahora que forma parte del gobierno?
Hoy Samuel García y su equipo están en su primer día de trabajo. La fotografía del “primer gabinete paritario”, con Mariana Rodríguez al centro, servirá como punto de partida; conforme pase el tiempo, nos permitirá volver a ella para revisar si el “nuevo Nuevo León” se hizo realidad o si todo es parte de “la política de siempre”.
