Dictadura fue la de Franco, la de Videla, la de Pinochet, donde la sangre corrió, donde hubo muertos, masacres, donde ocurrieron barbaridades, dicen los defensores a ultranza de la Cuba ficticia para esquivar la clasificación, como si el asunto se tratara exclusivamente de los muertos y no de pensar en el estado de las cosas, en el sistema imperante que le pone cuño a la realidad. En Cuba y esto es la esencia del asunto, al régimen no le hace falta asesinar y por ende, no lo hace, pero hay quienes han muerto tratando de escapar de la mordaza que ata al país, el molde fundamentalista de un Estado que se considera comunista. Esa mordaza define a la dictadura cubana: esto es un país de partido único, el comunista, donde todas las instituciones y organizaciones son de un estado soberano, por lo que no está permitida la libre asociación; donde la prensa labora subordinada al aparato de propaganda del partido; donde los ciudadanos no eligen directamente al presidente del país y éste no es la persona de más poder, sino el primer secretario del partido comunista. Un país donde se criminaliza el disenso político, el pensar distinto; donde el sistema está por encima de los derechos humanos e individuales de las personas. Por tanto, al articular una idea contraria a quienes gobiernan, a sus indicaciones, doctrinas y fundamentos, puedes ir a la cárcel o quedar tachado para siempre y volverte una suerte de peste bubónica, porque al trabajo que vayas te rechazarán, al sitio que ingreses te mirarán con cara de asco; si tienes una obra artística o intelectual, en ese preciso momento la desestimarán e incluso el régimen podría impedirte salir del país o de tu domicilio, sin fundamento legal alguno. El régimen cubano no tiene la más mínima intención de pegarle un disparo en la sien a nadie, para luego lanzarlo a una cuneta en un campo perdido. Le es innecesario. Asesinarte cívicamente y estrangularte en el día a día es su estrategia: aniquilar la mente, para apoderarse del cuerpo, de los cuerpos todos, de la masa.

Un ejemplo reciente. En diciembre pasado, Luis Robles, de 28 años, un informático de Guantánamo que decidió venir a buscar trabajo a La Habana hace ocho años y que encontró un puesto como técnico de equipos electrodomésticos en un pequeño negocio privado, decidió tomar un pedazo de cartón y escribirle a penas tres frases: “libertad”, “no + represión” y “#Free_Denis”. Por esos días Cuba ardía de rabia: el Movimiento San Isidro y otros activistas de la sociedad civil acababan de terminar una huelga de hambre para exigir la liberación del rapero Denis Solís, en prisión por un supuesto caso de desacato, una de las figuras legales a las que más ha recurrido el gobierno para encarcelar a disidentes, periodistas independientes y artistas contestatarios. Luis Robles llegó al boulevard de San Rafael, en La Habana Vieja, vestido de negro y con una mochila de donde sacó el cartel. Ante la mirada de las personas que caminaban por allí, levantó las manos sosteniendo las tres frases. Caminó un mismo tramo de alrededor de 10 metros, dos veces hacia adelante y dos veces hacia atrás, hasta que varios policías lo hicieron lanzar el cartel al suelo y lo detuvieron. Del boulevard lo trasladaron a Villa Marista, sede central de la Seguridad del Estado. Allí, le impusieron una multa de mil pesos cubanos al amparo del decreto 272, Artículo Nº 11 del código penal, que prevé sanciones por “afear el ornato público” con vallas. Además, lo acusaron de alterar el orden público y de desacato, aunque luego desestimaran dichos cargos porque varios videos en las redes sociales se esparcieron como pólvora y demostraron que el joven ni siquiera se había resistido al arresto. Después de varios días de detención e interrogatorio, a la familia de Luis Robles le notificaron la verdadera causa penal por la cual lo estaban procesando: “actos contra la Seguridad del Estado”, delito que se castiga según el capítulo IV del código penal con privación de libertad de 10 a 20 años. Para ello, el gobierno debía encontrar alguna pista que incriminara a Luis Robles como un sujeto movido por algo más allá de su libre expresión. A su casa en el municipio Cerro, donde residía con un amigo, llegaron los investigadores y registraron su teléfono móvil en busca de esa prueba inexistente, porque Luis Robles no pertenece a ninguna organización política de la oposición. Pero, ¿cómo alguien va actuar por sí mismo?, ¿cómo va una persona a salir a la calle con un cartel y pedir libertad sin que haya alguna fuerza que lo obligue?

«Algo está mal aquí, algo no encaja, hay que encontrar su relación con la CIA, con el gobierno extranjero que le está pagando. Es imposible que un ciudadano se revele de semejante manera ante el Estado”, se dice el gobierno, desde su autoritarismo.

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