Colombia, a un año de los acuerdos de paz con las FARC

Colombia: La paz esquiva

¿Qué ha pasado en Colombia un año después del final del conflicto entre el Gobierno y las FARC? ¿Cómo se ve el legado de Juan Manuel Santos?

Son dos mil personas —en unas horas serán quince mil— las que a las ocho de la mañana del 31 de marzo de 2017 se reúnen en las afueras del teatro Pablo Tobón Uribe, en Medellín. Hay de todo: hombres barrigones vestidos de soldado, amas de casa que llevan blusas con imágenes de la virgen María y muchachos con camisetas de la selección de fútbol que en cuestión de minutos desfilarán gritando que el presidente Juan Manuel Santos debe renunciar al cargo y darle paso a su antecesor, Álvaro Uribe Vélez, que siempre supo qué hacer con los jefes de las FARC: perseguirlos por el monte, bombardearlos. Pero de pronto aparece entre la gente Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, el único lugarteniente de Pablo Escobar que sigue vivo y que se ufana de haber matado a más de trescientas personas. La multitud, atónita al verse compartiendo espacio con él, se divide, no sabe si sacarlo a empujones o marchar a su lado, hasta que una mujer entrada en años dirime las emociones gritando: —Usted puede estar aquí porque usted sí pagó cárcel, los guerrilleros no.

Después de cuatro años de negociación entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, el acuerdo de paz tuvo una primera firma el 26 de septiembre de 2016, en Cartagena. Sin embargo, todo lo pactado se sometió a plebiscito el 2 de octubre bajo la pregunta cerrada “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. Ganó el “No” con un 50.21 por ciento, mientras que el “Sí” llegó a 49.79 por ciento, un margen estrecho que mostró la polarización del país en torno al desembarco de los guerrilleros en la vida civil. Pero, además de polarización, hubo apatía, puesto que el 62 por ciento de colombianos no acudió a votar. Después de ese resultado, el acuerdo tuvo que renegociarse con la oposición, lo que terminó en una firma de paz definitiva el 24 de noviembre de 2016. Pero el ala más radical de los opositores no quedó conforme. Y aquí están, en la marcha convocada por Uribe Vélez que, aunque tiene enorme apoyo nacional, guarda sus seguidores más fervorosos en Medellín. Pasada una hora son más de quince mil personas arengando hasta que aparece el mismo Uribe Vélez: lleva gorra, camisa blanca y dice que le duele la patria. Una mujer que viene cargada en los hombros de quien podría ser su esposo le grita al expresidente, ahora senador: “Papasito, usted sí sabe qué es lo que tiene en los pantalones, güevas”.

Después de recorrer unos quinientos metros por el centro de Medellín, la marcha llega al Parque de las Luces, junto a la Biblioteca Pública EPM, uno de los símbolos de la pacificación de la ciudad. Sus seguidores vivan a Uribe Vélez —pancartas en mano con fotomontajes de Santos abrazado con los comandantes guerrilleros— con un coro entonado a gritos: “Nuestro presidente, el de ayer, el de hoy y el de siempre”. Uribe Vélez empieza un discurso que durará cuarenta y cinco minutos. Le pedirá al presidente de la república, envuelto en varios escándalos de corrupción, su renuncia por entregarle el país a las FARC a través de una paz que considera una claudicación de la democracia y la justicia.

El odio a la guerrilla no es gratuito. De las seis millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado colombiano, un millón doscientas mil están en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín. Fue la región donde más se secuestró, donde más se masacró, donde más personas cayeron en minas antipersonales. Uribe Vélez también es una víctima —su padre fue asesinado por las FARC— y se ha forjado la imagen de quien puede vencerlas “sin entregar el país al comunismo”. Porque los acuerdos son para muchos la entrega del país a una corriente política que el discurso de la derecha colombiana llama “el castrochavismo”. Y nadie sabe qué es exactamente el castrochavismo pero se ha convertido en el miedo máximo. El Centro Democrático, partido político del expresidente Uribe Vélez, ha prometido hacer trizas esos acuerdos que pactan, en sus líneas más gruesas, devolver tierras a campesinos despojados durante el conflicto y darles subsidios para fortalecer el agro; crear un programa de sustitución de cultivos ilícitos; crear un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para beneficio de las víctimas, y establecer una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para juzgar a los comandantes guerrilleros y a comandantes del ejército dando “la amnistía más amplia posible”, exceptuando delitos de lesa humanidad, y concediendo sanciones penales que no inhabilitarán políticamente a los acusados, siempre y cuando cumplan con decir la verdad. De lo contrario, podrían enfrentar condenas de hasta veinte años de cárcel. El acuerdo implica la participación de las FARC en la vida política nacional, a través de la creación de un partido con diez escaños directos en el Senado para la legislatura que empieza en 2018. Según el plebiscito, para la mitad del país esto es lo que se necesitaba para terminar con cincuenta y tres años de conflicto armado; para la otra mitad, que encuentra voz en la oposición, es garantía de impunidad, y según ellos la paz no tuvo que acordarse sino ganarse en el campo de guerra.

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