Oro negro para la mafia
Un fragmento del libro "El cartel negro: cómo el crimen organizado se ha apoderado de PEMEX".
febrero 4, 2019

I. Emporio apócrifo

El Ingeniero Vargas

Omar Vargas López, un veracruzano avecindado en Tabasco, se convirtió en proveedor de Pemex durante el sexenio de Vicente Fox, ofreciendo servicios de mantenimiento de automóviles, maquinaria, equipos de perforación y pozos. Desde Villahermosa, Vargas comenzó a coordinar la operación de una veintena de compañías que sin tener infraestructura ni cumplir con los requisitos básicos para participar en las licitaciones de Pemex, y mucho menos para su contratación, en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón le facturaron a Pemex por medio de su subsidiaria más importante, Pemex Exploración y Producción (PEP), más de mil millones de pesos por supuestos trabajos de mantenimiento y servicios diversos a instalaciones y equipo en Tabasco,Veracruz y Ciudad del Carmen.

En las actas constitutivas de las compañías aparecen socios mexicanos y estadounidenses que la Secretaría de la Función Pública (SFP) identificó como prestanombres. Los funcionarios de Pemex les adjudicaron los millonarios contratos respaldados con documentación fiscal y financiera apócrifa, donde se consignaba que estaban al corriente en sus declaraciones y pagos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) —requisito indispensable para licitar los contratos gubernamentales—, con domicilios inexistentes y hasta recibos telefónicos clonados. Los domicilios físicos de las compañías eran en realidad casas particulares, terrenos baldíos, giros empresariales distintos y hasta una guardería.

El modus operandi consistió en instalar un despacho en el número 401 del Periférico Carlos Pellicer Cámara, en la colonia Tamulté, una zona popular de Villahermosa, Tabasco. Desde allí se creó una especie de empresas satélite que ganaron licitaciones de alcance internacional, según los funcionarios de Pemex que les otorgaron los contratos.

Las compañías licitaban cada una de manera individual o en propuestas conjuntas, e incluso competían entre sí en algunos concursos. Sin embargo, en la revisión más elemental de sus propuestas técnicas y económicas cualquiera de los funcionarios de los que participaron en la asignación de los contratos habría podido sospechar que existían irregularidades en el hecho de que 20 empresas de Villahermosa que ofrecían los mismos servicios declararan el mismo domicilio. Más aún, debió resultar extraño que en sus actas constitutivas aparecieran socios comunes.

Una vez adjudicados los contratos, las compañías los respaldaron con pólizas que aparentemente les expidieron prestigiadas compañías afianzadoras, pero que a la postre resultaron falsas. Es significativo, por lo demás, que los funcionarios de Pemex encargados de cada contratación les dieran el visto bueno a esos documentos.

Por otra parte, para cobrar cada estimación de sus dudosos servicios emitieron facturas con sellos y registros de Hacienda donde aparecían los domicilios que no correspondían a sus supuestas instalaciones, pero que Pemex avaló y pagó puntualmente. Según la SFP tampoco hay evidencia clara de que tales servicios se hayan efectuado, pues las compañías eran “simuladoras”. Cada factura con la que dichas empresas cobraron sus “servicios” incluye dos y hasta tres sellos y firmas, y el visto bueno de empleados de Pemex de distintos niveles.

crimen organizado en PEMEX, torre PEMEX

Torre PEMEX, Ciudad de México

Empresas de portafolios

La primera empresa creada fue Marrob, S.A. de C.V., constituida el 26 de junio de 2001 ante el notario público número 15, Gonzalo Oyosa. Como socios aparecen Omar Vargas López, Roberto Carlos López López y Juan Carlos Ortiz Sánchez, inversionistas de profesión. Luego se registró la Agencia Diesel de México, el 29 de septiembre de 2001, ante el notario público número 27, Adán Augusto López Hernández. Como inversionista se consignó a Yexomina Ramos Naranjo.

En diciembre de 2002, la compañía Continental Serv, S.A. de C.V. se constituyó ante la notaría número 16, de Antonio Ulín Rodríguez. Como socios se registró a Eduviges del Carmen Hernández Cruz y José Atila Baeza Morales, de oficio mecánico automotriz, con domicilio fiscal en la calle El Duende número 135, en la colonia Las Gaviotas, norte, en el Municipio Centro de Tabasco. En el lugar hay una pequeña vivienda semiderruida.

El 6 de marzo de 2004, en la notaría pública número 15, crea- ron tres empresas: VC International, en la que aparecen como accionistas los jóvenes de 20 años de edad Ricardo Hernández Álvarez y Jesús Leonardo Ortiz García, de profesión inversionistas; True Services, S.A. de C.V., con Lucía Guadalupe Trinidad Torres como inversionista; y Red Constructions, S.A. de C.V., con Ángel Amador Alcázar Hidalgo y Juan Carlos Ortiz Sánchez como accionistas.

El 10 de enero de 2005, en la notaria 15, crearon otras dos empresas: Mantenimiento y Control del Sureste, S.A. de C.V., con Lidia Arellano Miranda y Jonathan Sánchez García como inversionistas; y Almir Industrial Services, S.A. de C.V., a nombre de Mauricio Adrián Álvarez Salazar, como accionista.

El 5 de enero de 2006, en la notaría número 15, se registró CS Control de México, S.A. de C.V., con Jorge Alberto Rico Meza como inversionista. El 8 de marzo de ese mismo año, en la notaría 27, crearon otras dos empresas: TR del Golfo, S.A. de C.V., a nombre de Jaime Mora Custodio; y Global Control de México, S.A. de C.V., con Elsi Ramos Naranjo y Gabriela Gómez Pascual como inversionistas.


También te puede interesar:

Odebrecht: El Gigante de lodo

Ascenso del Chapo Guzmán, el cartel de Sinaloa y la caída de los carteles colombianos

Arranca construcción de refinería sin permiso


El 11 de marzo de 2008, ante la notaría número 6, cuyo titular es Jorge Antonio de la Cerda, crearon la empresa Wifer, S.A. de C.V., en la que aparecen como accionistas Guillermo José Ibarra y Fernando Guzmán. Ese miso día, pero en la notaría número 1, del municipio de Jonuta, crearon dos empresas más: Petroservicios de México, S.A. de C.V., a nombre de Jorge Rico Mendoza y José Alberto Berthely López, y ER Technology de México.

El 16 de marzo de 2009, en la notaría número 36, ante el notario Darwin Andrade Díaz, crearon MF Integral Services, S.A. de C.V., en la que aparece como inversionista Jorge Antonio Meneses Chew. Al día siguiente, en la misma notaría, se establecieron otras dos empresas: LG Services, en la que están como inversionistas Mario Pérez Ortiz y Víctor Javier Gutiérrez; y la compañía Tiger Diesel, a nombre de Ovidio León Hernández. El 26 de marzo del mismo año, ante el titular de la notaría numeró 1 de Jonuta, Tabasco, Jorge Sánchez Brito, se registró la compañía Sana International, a nombre de Mario Pérez Ortiz. Finalmente, el 26 de agosto de 2009, en la notaría número 6, se estableció la empresa Presition Inspection México, a nombre de Mario Pérez Ortiz.

Como empresas asociadas en sus contratos con Pemex aparecen también la empresa texana McAllen Oilfield Supply, en la que aparecen como socios Gilberto Rico Meza, Jack Smith y Michael Bosley; y Axis Industrial, donde el administrador e inversionista es Jorge Alberto Rico Meza.

Algunos de los funcionarios de mayor nivel dentro de Pemex que adjudicaron contratos a las empresas citadas arriba son los subdirectores de PEP en la Región Norte, Alfredo Guzmán Baldizán; en la Región Marina Noroeste, Juan Javier Hinojosa Puebla; el subdirector de Administración y Finanzas, Rafael Juan Bracho Ransom; el subdirector de Perforación y Mantenimiento de Pozos, Ricardo Palomo Martínez.También los gerentes de Recursos Materiales, Miguel Ángel Lugo Valdés; de Perforación y Mantenimiento de Pozos, Baudelio Ernesto Prieto, y Abelardo Córdova Hernández; de Administración y Finanzas, Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera; de Mantenimiento Integral, José Guadalupe de la Garza Saldívar.

En el número 1735 de la avenida Insurgentes del Distrito Federal, un enorme edificio con fachada de cristal alberga las instalaciones centrales de la Secretaría de la Función Pública. En uno de los pisos superiores, en su oficina, el secretario Salvador Vega Casillas describe los detalles de una auditoría especial que la dependencia a su cargo hizo a algunos de los millonarios contratos petroleros firmados con el grupo de compañías de Tabasco “coordinadas” por Omar Vargas.

La auditoría inició cuando el área financiera de Pemex en las oficinas corporativas de la ciudad de México buscó hacer válidas las fianzas de algunos de esos contratos, y la Afianzadora Monterrey, que supuestamente las había emitido, le respondió a los funcionarios de la paraestatal que esas pólizas eran apócrifas. Las fianzas originales correspondían a compañías del Distrito Federal para contratos de diversas entidades gubernamentales distintas a Pemex.

Pero lo más grave es que después descubrirían que el asunto iba mucho más allá del uso de pólizas apócrifas, con las cuales los funcionarios de Pemex avalaron que esas compañías respaldaran su contratación. Al respecto, el propio secretario Salvador Vega Casillas asegura que se iniciaron diversas auditorías a las empresas:

“Yo mismo participé en la investigación de las compañías; cuando fui a buscar las instalaciones de una de ellas, en un terreno que parecía baldío, una señora vestida con mandil y sandalias lavaba en un lavadero asentado sobre unos tabiques. Le pregunté si allí era la empresa Mantenimiento y Control del Sureste. Me respondió que cuál empresa buscaba: “¿En la que soy dueña o en la que soy accionista?” Las compañías eran de papel, de portafolios. Todas de un mismo empresario, Omar Vargas López, con prestanombres. Esa mujer era una de ellos”.

crimen organizado en PEMEX, torre PEMEX Veracruz

Torre PEMEX, Puerto de Veracruz

Costosas omisiones

Los primeros focos rojos que apuntaban a irregularidades graves de estas compañías se encendieron en 2004. Continental Serv concursaba en la licitación internacional TLC 18575041-024-03 para el mantenimiento preventivo y correctivo a las motobombas contra incendio en las instalaciones petroleras de la Región Marina Suroeste. En el proceso la empresa fue descalificada porque no cumplía con los requerimientos técnicos, aunado a que para concursar incluyó en su propuesta documentación apócrifa. A pesar de lo anterior, Continental Serv presentó en la SFP una inconformidad porque no había ganado el contrato (expediente CI-S-PEP-0165/2004). Para sustentarla, exhibió de nuevo documentación apócrifa con sellos y logos falsos de Pemex que supuestamente constituían una parte de la licitación. En abril de 2004 la SFP declaró infundada la inconformidad, que a nombre de la compañía atendió un abogado llamado Alexandro Rovirosa Martínez, a quien se ubica como mano derecha de Omar Vargas.

En abril de 2006, contratistas de Pemex denunciaron ante la SFP que funcionarios de la paraestatal otorgaban millonarios contratos a las compañías de Vargas, a pesar de que operaban fuera de la ley (expediente DE-058/2006), y de que los precios de sus propuestas eran irreales e insolventes tanto en el mercado nacional como en el internacional. Los contratistas señalaron que las compañías recibían información confidencial previa de las propuestas económicas del resto de las licitantes para ofrecer un precio más bajo y que de esta manera se justificara su adjudicación.

Sin embargo, los encargados de la investigación se limitaron a solicitar a los funcionarios de Pemex una relación de los contratos otorgados a las empresas denunciadas (True Service, Red Constructions, SIA Talleres, VC Internacional y Marrob), pero el informe les fue enviado por los mismos funcionarios que adjudicaron los contratos justificando lógicamente su asignación. Sin más, los representantes de la SFP argumentaron no haber encontrado elementos para investigar y cerraron el caso. Para entonces, las compañías deVargas habían facturado 172 millones 536 mil 817 pesos.

En julio de 2006 los funcionarios de PEP declararon a Marrob ganadora de la licitación 18575099-003-2006, en la que supuestamente concursó mediante una propuesta conjunta con American Block Manufacturing Company, una empresa de Houston.

Antes, la American Block había realizado algunos trabajos de equipos de perforación para Pemex, a través de la empresa Unicornio Proveedora Industrial, en Tampico. Sin embargo, según su director general, nunca tuvo tratos con Marrob. En noviembre de 2006, cuatro meses después de que se anunció el fallo del contrato a favor de Marrob y American Block, Rajani Shah, presidente de la compañía texana, envió una notificación a directivos de Pemex donde les alertaba sobre el fraude:

“El nombre de nuestra empresa aparentemente se está usando en li- citaciones sin nuestra autorización. Le pido su atención a la licita- ción número 18575099-003-2006, con fecha del día 12 de julio de 2006.American Block Manufacturing jamás ha participado conjun- tamente con la empresa Marrob, S.A. de C.V. Nuestra empresa no ha otorgado ninguna autorización a Marrob, S.A. de C.V. para que nos represente legalmente

Por favor acepte este documento como aviso legal de que Ame- rican Block Manufacturing Co. no es responsable de cualquier acto que Marrob, S.A. de C.V. haya hecho usando el nombre de nuestra empresa.”

Para esa licitación, Marrob presentó supuestos convenios privados entre ambas compañías, en los que —entre otros asuntos— un hombre llamado Jack Franklin, de origen texano, otorgaba poderes al mexicano Juan Carlos Mendoza como representante de American Block en México, para gestionar contrataciones con Pemex. Los referidos convenios fueron validados por un notario deVeracruz, aunque, de acuerdo con Rajani Shah, eran apócrifos. La razón de utilizar el nombre de American Block, según las cláusulas contractuales, era para acreditar la capacidad técnica de la propuesta.

Con esa documentación, el 31 de agosto de 2006, Abelardo Córdova Hernández, gerente de Perforación y Mantenimiento de Pozos, firmó con Marrob el contrato 421226817 por 57 millones 994 mil pesos, para realizar trabajos de mantenimiento en los equipos de perforación de diversos pozos petroleros de septiembre de 2006 a julio de 2009. Esta maniobra contó con la aprobación técnica del superintendente Ángel López y el aval de José Tomás Humann, subgerente de Administración.

Las acusaciones de American Block en contra de Marrob supondrían motivo suficiente para cancelar el contrato, de acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM). Sin embargo no ocurrió así, los funcionarios de Pemex argumentaron que no había certeza de que Rajani Shah fuera en realidad presidente de la compañía norteamericana.

Mediante este tipo de prácticas, y sin acreditar capacidades técnicas para desarrollar actividades medulares en la industria petrolera, en los años subsecuentes las compañías domiciliadas en la colonia Tamulté siguieron recibiendo contratos por montos cada vez más altos, como se puede ver en la siguiente tabla:

Compañía

monto otorgado durante los sexenios de fox y Calderón

Marrob

255 millones 911 mil pesos

Continental Serv

12 millones de pesos

CS Control de México

420 millones 881 mil pesos

LG Services

99 millones 35 mil pesos

Wifer

68 millones 669 mil pesos

True Services

51 millones 984 mil pesos

Mantenimiento y Control del Sureste

140 millones de pesos

TR del Golfo

200 millones de pesos

Red Constructions

47 millones 580 mil pesos

Global Control de México

120 millones 227 mil pesos

Petroservicios

33 millones de pesos

MF Integral Services

215 millones de pesos

Fue hasta 2009 cuando la sfp revisó 27 de los contratos otorga- dos a Marrob,T R del Golfo, Continental Serv, VC International, Mantenimiento y Control del Sureste, McAllen Oilfield Supply, Suministros Industriales del Sur y True Services. Las auditorías de la dependencia comprobaron que en todos ellos se usó documentación fiscal y administrativa apócrifa.

“Las afianzadoras no tenían registrado ninguno de los códigos de seguridad”, explica Rogelio Aldaz Romero, el funcionario de la SFP que como director general de Inconformidades emitiría en 2010 la inhabilitación de las empresas por un periodo de tres años y tres meses. Ese mismo año, los señalamientos contra las compañías llegaron a la Procuraduría General de la República (PGR). La SFP las denunció penalmente por el delito de fraude.

Un notario influyente

Para sus trámites contractuales las empresas citadas arriba presentaban de manera frecuente documentos notariados, incluso aquellos señalados como apócrifos. De entre los notarios que dieron fe a la documentación de las compañías “simuladoras”, como las definió la SFP, destaca el caso de Darwin Andrade Díaz, hermano del ex gobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz.

En diciembre de 2006, un mes antes de concluir su gobierno, Manuel Andrade autorizó 13 notarías para sus familiares, amigos y ex colaboradores de su gobierno. Una de esas 13, la número 36, fue para su hermano, a quien convirtió, a sus 31 años de edad, en el notario más joven de Tabasco.

Además de su hermano, a su primo Javier Díaz Hernández le autorizó la patente de la notaría número 39; a su amiga y colaboradora Beatriz Plata Vázquez, la notaría número 3, en Paraíso. Plata Vázquez era directora del Registro Público de la Propiedad, área de gobierno ante la cual las compañías “simuladoras” registraron algunas de sus filiales

En enero de 2010, ya en la administración de Andrés Granier Melo, la Secretaría de Gobierno de Tabasco emitió una amonestación para Darwin Andrade, derivada de quejas presentadas en su contra por supuesto incumplimiento de sus obligaciones notariales. En abril de ese año un juez local ordenó retirarle la patente de la notaría 36, al declararla “irregular”. En este fallo se determinó la misma acción para otros de los 13 beneficiarios de Manuel Andrade, entre ellos Beatriz Plata Vázquez.

Por otra parte, la prensa local publicó que Darwin Andrade tenía en Villahermosa un despacho jurídico en sociedad con el abogado Francisco Javier Estrada Sánchez. No ha de pasarse por alto que, en abril de 2009, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detuvo a Estrada bajo los cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/92/2009, dentro de la causa penal 67/09, el abogado

“… pertenecía a la organización criminal de “Los Zetas” e intervino como abogado defensor en varias de las detenciones de miembros de dicha agrupación tanto en Veracruz como en Tabasco, con la finalidad de saber sobre el contenido de sus declaraciones ante las autoridadesministeriales y/o judiciales, sobre sus casas de seguridad y la conformación del grupo delictivo”.

En noviembre de 2010, un juez de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit le dictó sentencia de 10 años de prisión al Goli o el Quemado, como se conocía a Estrada en la organización delictiva.

crimen organizado PEMEX, refinería

II. Corrupción, terreno fértil para la mafia

La droga viaja en pipas

La corrupción en Pemex, donde un solo grupo de empresas pudo embolsarse millones de pesos mediante simulaciones durante más de seis años, fue terreno fértil para la infiltración del crimen organizado. En Tabasco, por ejemplo, varios contratistas y proveedores de bienes o servicios —unos deliberadamente, otros forzados— vieron cómo sus empresas se convirtieron en fachada para que la delincuencia cobrara extorsiones o lavara dinero.

Es el caso de un prestador de servicios de mantenimiento de ductos que un día recibió la visita de personas que se identificaron como representantes del cártel del Golfo. En la intimidad de su oficina, sin preámbulo alguno, le expusieron que invertirían en su empresa. Abrieron el portafolios y le entregaron varios fajos de billetes. Un año después estaba fuera del negocio. En una notaría formal se hizo la cesión total de la empresa, que perteneció a su familia durante dos generaciones. Era eso o le tocaba plomo. No lo pensó dos veces. Ante el notario público estampó su firma, luego huyó de Villahermosa.

En 2009, en Tamaulipas, se detectó una célula de Los Zetas, de la que formaban parte empleados y contratistas de Pemex, dedicada a extorsionar y secuestrar empresarios para “expropiarles” sus compañías. Integraban este grupo Brendo Skylab Ruz García, alias Brandon, y Juan Antonio Olvera Gutiérrez, el Raro, trabajadores de Pemex, originarios de Ciudad Madero; según indagatorias de la SIEDO, su labor en la organización era brindar apoyo de logística, protección y seguridad al momento de secuestrar a sus víctimas.

Así también, Lino Romo Gómez, originario de Puebla, contratista y consultor, se encargaba de proporcionar información de algunas de las víctimas, para quienes hacía trabajos de construcción. Y Francisco Morlet Pérez, dueño de un negocio de renta de maquinaria en Tampico, cuya tarea era señalar a las personas que serían plagiadas.

Además de ellos, la sociedad delictiva la conformaban Vicente Saldaña, Sergio Maldonado, Jesús Meraz, Manuel Ulises Llamas Silva, Ángel Sierra y Manuel Casanova; este último, un abogado cuya función —según la SIEDO— consistía en gestionar los trámites ante las notarías, mediante extorsión y amenazas, para formalizar el cambio de propietario en los inmuebles y las empresas pagados como rescate. También vendían firmas y sellos de notarías a los coyotes con los cuales realizaban compras ilícitas.


Antes de esas prácticas la industria petrolera no le era del todo ajena al crimen organizado, pues desde hacía ya varias décadas los narcotraficantes habían visto en los sistemas de conducción de hidrocarburos una buena opción para trasegar su droga: oculta en un doble fondo en las pipas y los camiones transportadores, dentro de las llantas, o debajo del tablero y los asientos. Los estupefacientes se escondían en cualquier parte de la unidad, que podía recorrer prácticamente todo el país y una buena parte del territorio estadounidense con pocas posibilidades de ser detenida, dado el carácter de su carga oficial y los logos que la identificaban como propiedad de Pemex.

Este modus operandi lo adoptó el viejo cártel de Juárez de Amado Carrillo, así como los cárteles de Sinaloa, de Tijuana, del Golfo, y luego Los Zetas. Se sabe que estos grupos criminales también han utilizado los campos de Pemex para aterrizar y avituallar sus aeronaves. Quien llevó a la práctica esta idea con mayor frecuencia fue Albino Quintero Meraz, el Beto, a quien la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Secretaría de la Defensa Nacional identificaron como un narcotraficante equiparable con los capos Amado Carrillo y Joaquín Guzmán Loera.

El famoso Albino Quintero —fuente de inspiración de una decena de corridos— abastecía de cocaína colombiana a los cárteles de Juárez y del Golfo. Desde los campos petroleros veracruzanos a donde arribaban los cargamentos, su gente improvisaba pistas clandestinas y surtía de combustible los aviones con los cargamentos de droga pertenecientes a Osiel Cárdenas Guillén, que allí hacían escala.

Desde Tierra Blanca, Poza Rica o Coatzacoalcos —donde también Osiel Cárdenas tenía uno de sus centros de operaciones en una casa ubicada cerca del malecón— los cargamentos se metían en los dobles fondos o las llantas de las pipas de Pemex. En su declaración ministerial de 2007, el testigo protegido Rafael (Agustín Hernández Martínez), integrante del cártel del Golfo detenido junto con Osiel Cárdenas, el 14 de marzo de 2003, en Matamoros, Tamaulipas, describió las operaciones de la siguiente manera:

“En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, conocí a Javier Solís Garduza, alias el Loro Huasteco, y el Brujo Mayor, encargados de enviar los cargamentos de droga [cocaína] por aire. Ésta era trasladada en bayonetas y por tierra en pipas que eran conducidas por el Rancho y el Cantante, quienes eran coordinados por Manuel Alquisires García, alias el Meme. Dichas pipas eran llevadas hasta las ciudades de Tam- pico, Reynosa y Matamoros […] tomaban una brecha hasta la playa Bagdad donde es el sector controlado por Rogelio González Pizaña, alias el Kelín”.

Rogelio González Pizaña era entonces uno de los hombres clave de Osiel Cárdenas Guillén, y se perfilaba como su sucesor. Además de formar parte de su círculo de custodia, coordinaba el trasiego de la droga del cártel por tierra en las pipas fleteras de Veracruz a Tamaulipas. Allí los vehículos quedaban bajo custodia de Juan Carlos de la Cruz Reyna, alias el JC o el Tango. Después de la detención de Albino Quintero, González Pizaña asumió la coordinación de operaciones en la zona.

El testigo protegido Rafael refiere que Osiel Cárdenas lo invitó al recorrido que el JC organizó para mostrarles cómo tenía controlado Tamaulipas. Les enseñó las casas de seguridad y las bodegas a las que llegaban las pipas que transportaban cocaína y mariguana.

Tras el encarcelamiento de Cárdenas, y después de un breve periodo de repliegue y reacomodo, el cártel continuó con la misma mecánica de colocar embarques de drogas en pipas con hidrocarburo, custodiadas por agentes federales de caminos a su servicio. Por dejar pasar los cargamentos, estos últimos recibían cinco mil pesos mensuales, y sus mandos nueve mil, bajo la consigna oficial de que “no se molestara” al cártel en sus actividades, según declararon en junio de 2007 ante la PGR los testigos protegidos Eduardo, Halcón (Héctor Javier Carreto) y Chacaltianguis (Quenan Cano).

El mismo procedimiento era seguido cotidianamente por el cártel de Sinaloa, al que pertenecía, por ejemplo, un cargamento de cuatro toneladas de mariguana que en marzo de 2008 salió de la terminal marítima de Pemex en Topolobampo, dentro de una pipa cargada también con amoniaco. La droga fue descubierta en un retén militar ubicado en Benjamín Hill, Sonora.

Al cabo de los años los cárteles ya no sólo se servirían del sistema de distribución de Pemex para traficar sus drogas, ahora su objetivo sería la sustracción de hidrocarburos y su comercialización ilícita en México, Estados Unidos, Guatemala y Belice. Así, comenzaron a operar gasolineras y a abastecer de refinados a otros depósitos pertenecientes a la Red de Estaciones de Servicio de la Franquicia Pemex. De esta manera cobraban cuotas y comisiones a compañías contratistas proveedoras y prestadoras de servicios en las distintas subsidiarias. Y luego se volvieron contratistas.

crimen organizado PEMEX, pipa

Diversificación Criminal

Frente al silencio oficial, el encubrimiento y, en el peor de los casos, la colusión de directivos y empleados de Pemex. En este contexto, cada pueblo, cada plaza, cada región petrolera sería disputada por las organizaciones criminales, cuyos reacomodos inscriben también su historia con violentas ejecuciones.

En julio de 2006, un empresario de Campeche, Alberto Gamboa Literas, dueño de Dragados Neptuno, contratista de Pemex en Ciudad del Carmen, corazón de la industria petrolera, fue ejecutado de tres disparos con un arma calibre nueve milímetros, y un cuarto como tiro de gracia. Cinco meses después, el cuerpo de su empleado, Eduardo Aguilar González, asesinado a golpes y arrojado al mar encadenado a una ancla, se encontró flotando en La Manigua.

En febrero de 2007, en la zona de las plataformas petroleras de la Sonda de Campeche, apareció el cuerpo de un empleado de Pemex del área de Seguridad, Aldo Iván Ventura Hernández, quien además era propietario de un hotel llamado Santa Cecilia y un table dance denominado El Cielo. Ventura Hernández, ex comandante de seguridad pública de Ciudad del Carmen, fue ejecutado al viejo estilo de la mafia siciliana: atado de pies y manos, y encadenado a varios bloques de cemento. Junto a él estaba el cadáver de su chofer Wilberth Martínez Roque, maniatado de la misma manera. Los crímenes serían un mensaje de la mafia inscrito en el corazón de la industria petrolera.

Ya en la administración de Felipe Calderón, las organizaciones delictivas gestionaban la adjudicación de contratos a determinadas compañías, mediante presión y amenazas de muerte a los funcionarios encargados de esas tareas. Para 2010, en Pemex se generalizó aquella vieja regla que en Colombia institucionalizó el capo Pablo Escobar Gaviria, y que en México replicaron todos los cárteles: la ley de plata o plomo.

El doctor Edgardo Buscaglia, asesor de la Organización de las Naciones Unidas en temas de seguridad y crimen organizado, y catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), plantea que la diversificación de los cárteles mexicanos en numerosos delitos logró su infiltración en 78 por ciento de los sectores económicos del producto interno bruto (PIB) nacional. La industria petrolera no es la excepción; por el contrario.

Irónicamente, cuando Felipe Calderón comenzó su guerra oficial contra el narcotráfico, los cárteles penetraron con mayor nivel de coordinación y operación en la industria más lucrativa del país: la petrolera, tan redituable como sus negocios de drogas.

“Nuestro negocio es el narcotráfico, pero dado que está flojo, pues robamos hidrocarburos”, declaró un jefe del cártel del Golfo a dos agentes de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex, cuando lo sorprendieron abasteciendo una pipa con gasolina que extraía de una toma clandestina en el municipio veracruzano de Juan Rodríguez Clara.

La GSSF es el área encargada de resguardar todas las instalaciones de Pemex y la constituye un grupo multidisciplinario integrado en su mayoría por militares y exmilitares, cuyos mandos son también elementos del Ejército mexicano con grados de general. En la industria petrolera, a los agentes de dicha dependencia se les conoce como especiales.

El 16 de septiembre de 2007, dos agentes especiales sorprendieron a seis hombres que portaban armas largas y vestían playeras con siglas de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes se identificaron como integrantes del cártel del Golfo. En el informe que los especiales hicieron sobre el “incidente”, narran que el comando los desarmó, les quitó sus celulares y la camioneta de Pemex en la que ellos se transportaban. Posteriormente terminaron de llenar la pipa y se retiraron.

En efecto, la veta del oro negro se convirtió en una importante fuente de ingresos para la mafia, pero esto no se dio de forma espontánea: se tejieron de manera gradual muchas redes de apoyo y colaboración de empleados y contratistas de Pemex. Debe recordarse que también hubo denuncias, advertencias, alertas desde el interior de Pemex, a las cuales, en muchas ocasiones, se le prestaron oídos sordos.

Ver Más