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Andrea Hernández, una joven colombiana de veinticinco años, se encontraba vacacionando en Tulum. Había ido a disfrutar el sol y la playa de ese codiciado destino turístico del Caribe mexicano. De regreso al hostal donde se hospedaba, montada en bicicleta, agentes federales del Instituto Nacional de Migración (INM) la detuvieron de manera arbitraria, el 26 de septiembre de 2021, en un retén que instalaron a la entrada de la zona hotelera. Aún con bikini y sandalias la subieron a una camioneta oficial y la trasladaron hasta Cancún, donde la intentaron extorsionar por tres mil dólares para sacarla de la estancia migratoria temporal en la que había sido encerrada, un sitio en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos de los extranjeros.

Acoso sexual, detenciones arbitrarias, discriminación, perfilamiento racial, separación familiar, hacinamiento, amenazas y castigos; impedimento de visitas o llamadas telefónicas con abogados, familiares y representación consular; retenciones por arriba del tiempo permitido, negligencia médica, alimentos en mal estado, negativa a dar información sobre el refugio y extorsión son algunos de los hechos que suceden y que cometen impunemente agentes federales dentro de la estancia migratoria de Cancún, en Quintana Roo, de acuerdo con una serie de testimonios, especialistas y documentos consultados para esta investigación. Pese a que la ley indica que todo extranjero detenido tiene el derecho a conocer la ubicación de la estancia a la que se le traslada y a ser informado del motivo de su ingreso, a Andrea no le dieron ninguna explicación.

“Me llevaron a la estación y uno de los agentes me dejó hacer una llamada, a mi amigo, para que me llevara mis cosas. Me las llevaron, eso fue un jueves. Y a mí me tomaron la declaración hasta el lunes en la mañana”, dice la joven, quien, como cualquier turista, tiene hasta 180 días para transitar libremente por el país. Los agentes intentaron extorsionarla. Como su plazo vencía en dos semanas, se aprovecharon y la encerraron hasta que se venciera el tiempo, como un método de presión.

En una segunda llamada telefónica, Andrea se comunicó con unos amigos en la Ciudad de México, quienes le consiguieron una abogada. “Ella fue a verme, habló con el director de la estancia [Germán Luis Sánchez Naranjo]. Fui un caso de extorsión porque ellos le dijeron a mi abogada que, si yo no pagaba tres mil dólares, no me dejaban salir. Eso para mí fue algo muy impactante porque yo no tenía nada que pagar, yo todavía tenía tiempo para salir del país. Estuve ahí sin razón”, dice.

Andrea demostró que contaba con boletos de avión para su regreso, pero no bastó. Hasta que intervino a su favor el consulado colombiano, pudo quedar en libertad y regresar a casa. Este no es un caso aislado.

En 2022 se hicieron públicas al menos tres detenciones arbitrarias de turistas en Cancún. Una de ellas, la de María Fernanda Vallejo, joven argentina de veintinueve años, cobró mayor notoriedad. Desde 2020 se encontraba viajando por México. Fue detenida el 1 de febrero de 2022 por agentes migratorios en el aeropuerto de la ciudad, pese a que contaba con visado y permiso para permanecer en el país hasta marzo de ese año. Fue trasladada a la estancia, donde se le intentó extorsionar con 2 500 dólares que no pagó. Y solo porque el caso se hizo viral en redes sociales, porque intervino el consulado argentino y porque Graciela Chamorro, la madre, lo difundió en medios mexicanos e internacionales, a María la dejaron en libertad.

Cancún es el punto de internación más importante de México. Por el aeropuerto internacional de esta ciudad ingresan más extranjeros que por ningún otro lugar del país. Cada año llegan por esta vía casi diez millones de personas, de acuerdo con datos del INM, de los que seis millones son turistas. Es también un punto clave en la ruta migratoria hacia Estados Unidos para personas que provienen del resto de América Latina y el Caribe.

El INM es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene, entre sus facultades, la misión de vigilar la entrada y salida de personas al territorio nacional y revisar su documentación. Tiene a su cargo las estaciones y estancias migratorias de todo el país, donde alojan temporalmente a los extranjeros que no puedan acreditar su situación migratoria regular.

La estancia de Cancún, con capacidad para 96 personas, ha sido polémica desde un inicio. Fue construida en 2012 con una inversión de 78.7 millones de pesos, pero inició operaciones hasta agosto de 2020, lo que la convierte en una de las más nuevas. Su edificación estuvo a cargo de Proyectos La Silla, cuyo socio es Gerardo Arturo Peña Jara, sentenciado a cinco años de cárcel por fraude inmobiliario en 2021. Desde su inauguración y hasta diciembre de 2022, aquí han sido retenidas 2 535 personas de más de cincuenta nacionalidades, de acuerdo con datos del INM obtenidos vía Transparencia.

Las detenciones de personas en contexto de movilidad han aumentado dada la presión de Estados Unidos por frenar la migración desde Centroamérica y porque México ha aceptado fungir como muro de contención, incluso con la participación de militares en operativos y retenes. Los que tienen mayor probabilidad de pasar por aquí son aquellos migrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Guatemala, Argentina, Colombia, Honduras, El Salvador. Algunos de ellos, países con regímenes autoritarios o con violencia y pobreza exacerbada. También se reportaron migrantes extracontinentales, que llegaron de India, Turquía, Uzbekistán, Rumania, Egipto, Nepal, Yemen, Irán. Pero son los cubanos quienes ocupan el primer lugar de personas retenidas (30.4% del total) y quienes con mayor frecuencia son víctimas de extorsión.

Extorsiones

Dianelis Giménez, de veintiocho años, huyó del régimen cubano en noviembre de 2021. Abandonó su país en una lancha en la que navegó por mar abierto durante tres días, con dirección a Cancún, donde fue detenida por agentes migratorios, quienes la extorsionaron con cincuenta mil pesos para liberarla de la estancia migratoria cancunense, donde pasó encerrada tres meses. “Son tantas cosas que una pasa allá adentro que una está loca por salir”, será lo único que compartirá en entrevista. Dianelis se dice aún afectada por lo vivido y pide que, para conocer los detalles, mejor hablemos con su esposo Maikel Aguilera, quien pagó la extorsión para que ella fuera liberada.

Ella había participado en las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones antigobierno del castrismo en Cuba, que terminaron con más de setecientos acusados y casi trescientos condenados a prisión. En los meses posteriores, volvió a salir a las calles, ahora para exigir la liberación de los presos políticos. “Ella y un grupo de amistades salieron [en La Habana] a protestar pidiendo libertad para las personas detenidas. Cuando se acabaron las protestas, el Gobierno salió a buscar, casa por casa, a las personas que habían salido a las calles para encarcelarlas también. Ella se escondió un tiempo [en casas de conocidos] y luego en un bote salió”, dice Maikel, de 39 años, quien dejó Cuba hace más de una década y desde entonces radica en Estados Unidos.

Dianelis, tres conocidos suyos y once personas más, con quienes viajó en alta mar, desembarcaron en Isla Blanca, en la zona continental de Isla Mujeres, municipio vecino de Cancún, el 5 de noviembre de 2021. Se trasladaron en un taxi al centro de Cancún, donde se hospedaron cuatro días. El plan era volar desde el aeropuerto hacia Mexicali, Baja California, con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos, entregarse a las autoridades, solicitar refugio y reencontrarse con Maikel para iniciar una nueva vida juntos. Sin embargo, no lo lograron. Agentes migratorios los detuvieron en el aeropuerto al percatarse de que les faltaba la Forma Migratoria Múltiple, el documento que acredita su estancia legal en México. Dianelis informó vía WhatsApp de su detención a Maikel, quien decidió viajar a Cancún y contratar a un abogado para resolver el problema, que a su vez tramitó un amparo para evitar la deportación del grupo de detenidos. Como la pandemia provocó retrasos en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, la audiencia para el caso de Dianelis se agendó para meses más adelante.

“Habían pasado sesenta días sin respuesta de los jueces. Sesenta días en los que mi esposa seguía encerrada. En ese momento ya no confiaba en la vía legal. Lo que me dijeron después en la estación es que la vía para salir era pagando”, dice Maikel.

Desde el inicio, cuenta, el personal del INM lo intentó extorsionar. Si quería libertad para su esposa y sus amistades, debía pagar. Aunque Maikel se negó al inicio, luego de tres meses, desesperado, decidió ceder.

“Es a través de los custodios que se hace la transacción. Ellos son los que te proponen el asunto. Los custodios son los que toman el dinero y se lo dan a Germán [Luis Sánchez Naranjo]. Me costó sacar a las cuatro personas, 2 500 dólares por persona. Fueron diez mil dólares”, dice Maikel. “Los custodios se acercan cuando uno va a la visita. Te dan [una hoja] para que apuntes tu número de teléfono. Después te llaman y te empiezan a caer mensajes de WhatsApp. Te dicen: ‘Mira, yo puedo ayudarte, pero esto te cuesta tanto’. Una extorsión, así, con toda la palabra: extorsión. Y es la única manera que puedes salir de ahí”, prosigue.

El dinero se tiene que llevar en efectivo, en un sobre cerrado que se entrega al guardia de seguridad de una empresa privada que resguarda la entrada, quien presuntamente entrega el dinero al director de la estancia. “Usted pone el paquete de dinero en la entrada, en una gaveta y ya, se va. Imagínese cuál era la desesperación que preferimos pagar a que estuvieran un día más encerrados”, dice Maikel.

Grupo de Seguridad Privada Camsa es la empresa encargada de la seguridad de las estaciones migratorias en veintitrés estados en México, incluida la de Cancún. Fue contratada por el INM de manera irregular por un monto de 165 millones de pesos y, según una revisión de Connectas, no se encuentra en el padrón de proveedores autorizados. Al momento de la contratación tampoco contaba con capacidad para brindar tal servicio, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo más grave es que la firma está siendo investigada por su presunta responsabilidad en la muerte de al menos cuarenta migrantes que se encontraban detenidos el pasado 28 de marzo en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Estas personas, que habían sido detenidas y encerradas, protestaban supuestamente porque sabían que serían deportadas y no habían podido tomar agua, según reveló la prensa. La primera versión oficial indicó que uno de ellos provocó un incendio con los cables de la instalación eléctrica, el cual creció sin que los elementos de seguridad ni los agentes migratorios hicieran algo por salvarlos. “Un crimen de Estado”, señalaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

Maikel entregó al guardia los diez mil dólares que le pidieron, en efectivo y dentro de un sobre. A los dos días, su esposa y los demás fueron liberados. Lo primero que hicieron fue volar a la frontera norte del país, donde se entregaron a las autoridades estadounidenses para solicitar refugio, que finalmente les fue concedido.

El caso de Dianelis no es uno aislado. Al menos diez extranjeros que han pasado por la estación migratoria de Cancún —y que brindaron su testimonio para esta investigación— refirieron haber sido extorsionados con una cantidad que oscila entre los 1 500 y los cinco mil dólares (dólares (entre 25 950 y 86 500 pesos), la gran mayoría señalaron a Germán Luis Sánchez Naranjo, el encargado de la estancia, como el coordinador de la red de extorsiones dentro de la estancia de Cancún.

Acoso sexual

Sabrina, una joven argentina a quien se le cambió el nombre para proteger su identidad, no tuvo dinero para pagar los dos mil dólares que le pidieron como cuota para liberarla de la estancia migratoria de Cancún, así que tuvo que pasar dos semanas retenida en lo que se solucionaba su situación. Los últimos días de encierro fueron los más difíciles. Descubrió que los agentes migratorios grababan a las mujeres mientras se bañaban. “Donde nosotras nos duchábamos había como un hueco cuadradito en la pared. Por ahí metieron un celular. Nos estábamos bañando y una de las chicas comenzó a gritar cuando vio que estaban filmando”, dice Sabrina. En este sitio, los únicos que tienen permitido el ingreso y uso de dispositivos móviles son los funcionarios públicos.

 

La estancia migratoria de Cancún, ubicada sobre la avenida Chac Mool, a diez minutos del aeropuerto y administrada por el INM, es un edificio en forma de cubo con paredes altas y techo de lámina, sin ventanas, con una pequeña puerta de hierro para el acceso, que tiene una diminuta ventanilla corrediza por donde el guardia se asoma de vez en cuando. Al interior, cuenta con un comedor al centro, los cuartos en los extremos, de un lado el área para hombres y del otro la de mujeres. Los cuartos tienen tres paredes y una con barrotes. Cada pieza tiene dos literas, con espacio para cuatro personas; sin embargo, ante el hacinamiento, es común que la compartan seis y hasta diez personas, que duermen distribuidas en el piso. Las paredes están rayadas con plumones que ingresan de contrabando. En todos los cuartos está apuntado el celular de Carmina Gutiérrez, abogada especializada en movilidad humana del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). También hay denuncias en contra del personal del INM, insultos y pasajes bíblicos.

Sabrina recuerda cuando tuvo que darle contención emocional a una joven colombiana, a quien los guardias sacaron de su celda por la noche para llevarla con los directivos de la estancia, quienes le ofrecieron libertad a cambio de sexo. “Ella llegó llorando de rabia. Me contó que les dijo que no y que les escupió a la cara”, dice Sabrina sobre la extorsión. “Pero con ella y otras mujeres más jóvenes eran insistentes. Varias veces les ofrecían sacarlas si tenían sexo o sexo oral con los directivos”.

La extranjera, cantante de profesión, fue detenida en octubre de 2021, al salir del supermercado. Mientras compraba un esmalte rojo que usaría para arreglarse para una comida con su esposo e hijo, el INM instaló un retén sobre la carretera 307, a la altura de Playa del Carmen, donde agentes federales, acompañados de elementos armados de la Guardia Nacional, la interceptaron. A Sabrina y a su entonces pareja les habían ofrecido trabajo como cantantes, amenizadores de eventos sociales, en este otro destino del Caribe mexicano. Llegaron al país en julio de 2019 y con permisos de trabajo. Al cabo de un año sus documentos vencieron. Él pudo renovarlos, pero ella no: a causa de la pandemia le fue imposible mantenerse empleada y tampoco pudo encontrar un trabajo nuevo. Por esta falta administrativa, merecedora cuanto más de una multa de poco más de diez mil pesos, a Sabrina la detuvieron y trasladaron a la estancia migratoria de Cancún.

“Todo el tiempo, a mi pareja, quien era la que estaba ahí apoyándome, le pedían dinero. ‘Bueno, si quieres que salga tienes que pagar 2 500 dólares’. Y nosotros no teníamos, no tenemos, porque nos habíamos venido de nuestro país en malas condiciones económicas, apostando a un mejor futuro para nuestro hijo en este país”, recuerda.

“Reconozco que estaba en situación irregular. Estaba juntando dinero para poder iniciar mi trámite de regularización. Asumo mi falta, pero eso no justifica todo el maltrato que viví allá adentro”. Durante los dieciséis días que Sabrina pasó encerrada fue víctima de acoso, negligencia médica y castigos por “protestar” ante las condiciones dentro de la estancia. La comida que recibía estaba descompuesta, lo que provocaba que las personas detenidas enfermaran. En vez de que un doctor les recetara medicación para contrarrestar los síntomas, les suministraban valeriana o somníferos “para calmarnos, para dormir, para que no siguiéramos protestando. Y si nos quejábamos, nos dejaban sin las llamadas”.

Cada persona recluida debía firmar diario una hoja como comprobante de que recibió alimentos. Los agentes migratorios, cuenta Sabrina, condicionaban las llamadas que por derecho podían hacer los martes y jueves. Se aprobaban solo si se firmaba aquel documento. “Un día no firmé porque les dije que los alimentos estaban podridos. Y me dijeron: ‘Si no firmas, no hay llamadas’”, recuerda. Y esto no lo podía comunicar a su pareja, supervisaban las llamadas y era interrumpidas cuando se hablaba al respecto.

También sufrió acoso sexual por parte de elementos de la Guardia Nacional. Los militares, con rifles al hombro, le pedían con insistencia su número de celular, con sonrisas cínicas y socarronas. También le arrojaban miradas lascivas y comentarios inapropiados. “Uno alguna vez nos dijo que el sueño de todo hombre era estar en un lugar como este, lleno de mujeres. Todas nos miramos horrorizadas. Nos tenían en contra de nuestra voluntad. ¿Sueño de qué hombre estamos hablando, o sea, qué mente dice eso?”.

Lorena Cano, coordinadora de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), asegura que en la organización cada vez son más comunes los casos que atienden de agresiones y delitos sexuales contra mujeres migrantes perpetrados por elementos de la Guardia Nacional en las estaciones: “Ha habido una serie de abusos, vejaciones y golpizas de parte de estos elementos, que tienen formación castrense, que son militares. Tenemos muchos testimonios de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y de género por parte de la Guardia Nacional en varias de las estaciones del país”.

Violaciones a derechos humanos

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió durante su campaña electoral de 2018 apoyar a las personas en contexto de movilidad y cambiar el paradigma de las detenciones y medidas de fuerza contra los migrantes que cruzan el país en busca del sueño americano, esto no solo no se ha cumplido, sino que se ha recrudecido. México alcanzó en 2020 cifras récord de detención de migrantes: 318 660, a un ritmo de 873 por día, de los cuales 51.3% son centroamericanos, de acuerdo a la Unidad de Política Migratoria. En Cancún también se ha llegado a un máximo histórico. Si en 2017, último año de la administración pasada, se capturó a 286 personas en esta ciudad, para 2022 la cifra ascendió a 958: un repunte de 234%.

Este aumento ha corrido en paralelo al de denuncias por violación a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De hecho, el INM figura como el tercer ente público que más ha sido mencionado en las quejas. Para el caso de Quintana Roo, en 2017 dicho organismo autónomo recibió catorce señalamientos por hechos cometidos por el instituto. Y en 2022, tramitó 56: cuatro veces más, de acuerdo con información obtenida vía Transparencia.

Entre las quejas contra el INM figuran detención arbitraria, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones; intimidación, acciones y omisiones que transgreden los derechos humanos a los migrantes y sus familiares, omitir proporcionar atención médica e incomunicación. El repunte, sin embargo, no se ha reflejado en las recomendaciones públicas, solicitudes a la autoridad para que se brinde la adecuada atención a la víctima. Aunque desde 2015 en Quintana Roo se han tramitado 153 quejas por violaciones a derechos humanos por parte de personal del INM, solo hay una recomendación emitida, según una solicitud de información.

En 2019, Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, afirmó que a su llegada encontraron un INM corrupto, con extorsiones generalizadas. “El Instituto Nacional de Migración era uno de los que más estaba penetrado de corrupción, estamos renovando prácticamente a todo el personal”, declaró en una visita a Tamaulipas, luego de comprometerse a “renovar al instituto”, incluidas sus estaciones migratorias, algo que está aún pendiente, de acuerdo con Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.

“Creo que es una de las decepciones más grandes que tenemos en este gobierno: el tema migratorio, porque, efectivamente, en precampaña y campaña electoral había un discurso y unas propuestas interesantes y no se han llevado a la práctica ni a la realidad. Justo me acuerdo [de] que parte de las propuestas de campaña era eliminar las estaciones migratorias y crear albergues. El único cambio que hemos visto es en el discurso. Vemos cómo el presidente se refiere a las instalaciones como albergues, no como estaciones. Pero en la realidad vemos cómo todo se ha recrudecido: la persecución, la criminalización de personas migrantes. Es una perspectiva que considera a las personas migrantes una amenaza que hay que perseguir, detener y deportar”, afirma Núñez en entrevista.

 

Detención arbitraria

El 7 de marzo de 2020, la cantante Lúa Castro, finalista de La Voz Argentina, fue invitada a Oaxaca, Oaxaca, donde, se supone, se presentaría en un show musical. El hombre que se hacía pasar por productor la llevó con engaños, la secuestró e intentó abusar sexualmente de ella. A causa de esos hechos, se abrió la causa penal 307/2020 por los delitos de privación ilegal de la libertad con fines sexuales y abuso sexual en contra del ahora vinculado a proceso, L. J. G. V. Como extranjera víctima de un delito, Lúa y su representación legal solicitaron una autorización de estancia como visitante por razones humanitarias, la cual aún estaba en trámite cuando la cantante fue detenida en Cancún por agentes migratorios, sin cumplir con el debido proceso ni las garantías judiciales, el 23 de septiembre de 2021. De hecho, la detención de Lúa y su posterior encierro ilegal en la estancia migratoria de esta ciudad se dio a unos días de la celebración de la audiencia intermedia que los jueces habían agendado como parte del proceso en contra del agresor, misma que tuvo que perder por quedar incomunicada, denuncia la artista.

 

“Yo estaba viviendo y trabajando [dando shows musicales en hoteles y bares] en Playa del Carmen. Me fui a la Terminal 2 del aeropuerto de Cancún porque iba a viajar a la ciudad de Monterrey [Nuevo León], donde iba a presentar mi nuevo álbum musical. Pero me detuvieron. Yo tenía todos mis papeles que decían que fui víctima de delito, que mi residencia estaba en trámite, que ya tenía turno para cita con Migración, pero no corroboraron nada y me detuvieron”, recuerda Lúa. Sin mayor explicación, los agentes la abordaron, le impidieron subir al avión y la llevaron primero a la “zona estéril” de la Terminal 3 y luego a la estación migratoria. En la declaración que hizo al ingresar explicó su situación, narró los hechos de los que fue víctima, pero nada funcionó.

Durante los veintiséis días de encierro, la acosaron elementos de la Guardia Nacional, quienes le pedían su contacto para poder hablar con ella cuando estuviera en libertad. “Me pedían mi número, mi usuario en redes sociales”. Le lanzaban piropos. “‘Qué linda que estás’, me decían, mirándome las tetas”. También le hacían tocamientos. “Me tomaban mucho de la cintura, del brazo, de la espalda cada que me trasladaban de un lugar a otro”. Le tocó comida caducada que la enfermó. Y por quejarse la dejaron dos días sin probar alimentos. Fue gracias a la intervención de los abogados de oficio del IFDP que Lúa pudo finalmente quedar libre el 18 de octubre de 2021.

Separación familiar y daños a la salud

Cansada del ambiente convulso y hostil del barrio donde vivía en Honduras, cansada también de las amenazas y agresiones que le lanzaba su expareja, Diana decidió huir del municipio de Yoro. Perseguiría el sueño americano. Contrató entonces a un pollero, parte de una red de tráfico de migrantes bastante bien organizada, que la sacó del país en un tráiler, junto a uno de sus hijos, de trece años, y a otras treinta personas, el 21 de julio de 2020, en plena pandemia. “Salí enferma de covid. No me hice la prueba, pero traía todos los síntomas: dolor de cuerpo, calentura. Yo temblaba por más que venía tapada. Y también se lo contagié a mi hijo. N’ooombre, si le contara”, dice Diana, hoy de 35 años, trabajadora de limpieza en un hotel de la zona hotelera de Cancún.

No sabe si fueron tres o cuatro días. Solo recuerda que viajaron enfermos, con fiebre, dolores musculares y en articulaciones, sedientos; cruzaron Guatemala y Belice, y llegaron a Chetumal, capital de Quintana Roo. Ahí los trasladaron en una camioneta a Cancún, donde los hospedaron un día. Posteriormente, los llevaron a la colonia Tierra Maya, en la periferia, a una casa donde aprovecharon para descansar en lo que les fabricaban identificaciones mexicanas falsas. Al tercer día regresaron por ellos para conducirlos al aeropuerto de Cancún, a fin de que tomaran un vuelo con destino a Tijuana, donde los recibirían otras personas que los ayudarían a brincar el muro fronterizo. Pero en el aeropuerto “nos revisan los documentos y se dan cuenta [de] que son falsos”, dice Diana.

Personal de la Fiscalía General del Estado la detuvo, la trasladaron a la Vicefiscalía y le iniciaron una carpeta de investigación por falsificación de documentos. De ahí la canalizaron a la estancia migratoria, donde inició el verdadero tormento: la separaron de su hijo, menor de edad, lo cual contraviene el derecho a la unidad familiar, considerado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que deberían permanecer y alojarse juntos mientras se resuelve su situación jurídica. El hijo quedó a disposición de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de la entidad y fue trasladado al Centro de Atención Temporal (CAT) de Cancún, donde también debería haberse trasladado a la madre, a fin de preservar el interés superior de la niñez.

“Lo que pasa es que a este CAT llegan niños mexicanos y migrantes. Está sobresaturado. Hay un cupo de cien personas, pero se alberga el doble o más. Por eso es que suelen separar a las familias. Además, no existe ningún albergue para infancias migrantes”, dice una fuente conocedora del caso, que pide el anonimato. La separación se explica, dice, porque llevaban documentos falsos, por lo que no podía acreditarse el parentesco entre madre e hijo. Sin embargo, eso debió resolverse de inmediato, porque la ley establece que el INM debe resolver la situación migratoria de los extranjeros en no más de quince días hábiles. En cambio, pasaron dos meses y los agentes migratorios se negaban a brindarle cualquier información sobre el paradero y estado de su hijo. “Yo me colgaba hasta de la puerta pidiendo que quería saber de él. Y nunca me daban respuesta […], les decía: ‘Necesito platicar con él, saber que está bien, ¿qué les cuesta?’”, recuerda.

Fue en octubre de 2021, a un trimestre de su detención, y gracias a la intervención del IFDP y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), quienes adoptaron el caso, que Diana pudo tramitar un amparo, solicitar refugio y conseguir la libertad.

De acuerdo con datos obtenidos vía Transparencia, 505 migrantes estuvieron encerrados más de quince días en la misma estancia migratoria y otros 69 pasaron más de sesenta noches. Además, hay un caso de una mujer estadounidense que estuvo alojada por 296 días, el máximo periodo de encierro registrado hasta ahora.

“Es terrible, terrible, que pasen tantos días encerrados. Con tantos días ahí y con todas las violaciones a los derechos humanos que viven, se genera un trauma en los migrantes, eso tiene consecuencias orgánicas importantes”, dice Gerardo Talavera, director general de Casa Refugiados, organización especializada en temas de movilidad humana. Precisamente, la salud de Diana se deterioró tanto a causa de lo vivido ahí adentro que llegó al grado de ser internada en un hospital. “Imagínate. Pasé dos meses sin saber de mi hijo, imaginando lo peor. Yo no tenía hambre, estaba deprimida, lloraba todo el tiempo, con miedo a que me fueran a regresar, de no ver a mi hijo nunca más”.

A la incertidumbre se sumaron las enfermedades por el mal estado de los alimentos. Una vez el espagueti venía con cabellos y, en otra ocasión las lentejas tenían gusanos. El colmo fue cuando llevaba dos meses encerrada: de un mordisco partió a una cucaracha en dos. “Se escuchó como crujiente, porque la comida que estábamos comiendo era arroz y ensalada. Estábamos comiendo tranquilas. Galletitas que le ponen a uno. Frijoles. Cuando escuché algo crujiente. Siento que me golpean el labio, ¿no? Una patita de cucaracha. Ya ve que esas cosas tienen como espinitas en sus patitas. Y en lo que yo hice así [hace el ademán de extraer algo de la boca] sentí raro. Me lo saqué. Ya vengo y lo veo. No tuve para más. Ahí es cuando me empecé a enfermar. Ya no comía”, relata Diana.

En 2021 el INM adjudicó un contrato por 1.3 millones de pesos a las empresas Coordinación de Distribuciones y Servicios Logísticos y Pigudi Gastronómico para que ofrecieran el servicio de alimentos para los migrantes detenidos en las estancias del sur de México. En julio de 2021, organizaciones de la sociedad civil señalaron a la primera empresa por dar comida descompuesta en una estación de Chiapas; en ese entonces, sesenta migrantes presentaron cuadros de diarrea aguda por haber ingerido alimentos en mal estado, según la prensa local.  La segunda empresa ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación por la irregularidad e incumplimiento en varios contratos.

Diana padeció la falta de higiene: colchonetas y baños sucios. Como ingresó con poca ropa, tenía que lavarla cada día, incluso vestirla aún húmeda. También batalló por conseguir toallas sanitarias y papel higiénico. Durante su encierro le negaron revisiones, prescripciones o estudios médicos adecuados.

Una vez en libertad, después de tres meses, con los ánimos bajos, la salud frágil y un dolor insoportable en el abdomen, Diana acudió a uno de esos consultorios médicos anexados a Farmacias Similares para realizarse análisis, el 7 de octubre de 2021.

Connectas solicitó a Víctor Olivo Iglesias Guzmán, médico de primer contacto, adscrito al departamento de Salud Pública de la UNAM, una interpretación de los estudios. “En el examen general de orina hay presencia de sangre, de proteínas, de una cosa que se llama ‘nitritos’, que son metabolitos que se producen en el metabolismo de ciertas bacterias que pueden ser patológicas en las vías urinarias: su presencia nos sugiere que hay una infección urinaria”, dice el médico, y comenta que podría deberse a la falta de higiene en la estación.

El doctor también diagnostica piedras en los riñones, bacterias en abundancia, anemia, glucosa baja y bilirrubina alta. Del estudio de química sanguínea de veinticuatro elementos al doctor le preocupan algunos valores relacionados a la función hepática que indican una posible hepatitis o pancreatitis aguda (inflamación del páncreas). Esta enfermedad, apunta el médico, es causada por una mala dieta, tal como ocurrió con Diana.

Las consecuencias para los migrantes no terminan con su salida de la estación. Diana tuvo que ser hospitalizada en dos ocasiones en las semanas posteriores a su liberación. Aún ahora, dos años después, sigue sin recuperarse.

“Y en todo esto no hay que olvidar al hijo”, advierte Monserrat Alviso, exoficial de ACNUR. “La separación de niños, niñas y adolescentes migrantes de sus padres es una de las experiencias potencialmente más traumáticas durante ese periodo de la vida. Eso tiene implicaciones para su salud emocional, mental y física, como carencias afectivas, ansiedad, depresión, retraso de su desarrollo, hipertensión, enfermedades cardiacas. Y son expuestos a peligros como maltratos físicos, abuso emocional, abuso sexual”.

La relación con su hijo, cuenta Diana, se deterioró a raíz de su experiencia. “Él ya no me habla. Piensa que lo abandoné esos tres meses”, se lamenta.

Impunidad y sin vigilancia 

Margarita Núñez, de la Universidad Iberoamericana, sostiene que las estaciones migratorias se asemejan más a cárceles que a los albergues, como los llama ahora el Gobierno federal. “En México no es un delito migrar; es una falta administrativa. Sin embargo, la acción que corresponde al INM es detener a las personas y encarcelarlas como si sí fuera un delito y ameritara una acción penal”, dice la especialista. Por eso, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Coalición Internacional contra la Detención han instado al Estado mexicano a adoptar alternativas a la detención.

Alejandro Solalinde, sacerdote católico, fundador del refugio para migrantes Hermanos en el Camino, ubicado en Oaxaca, sostiene que las estancias migratorias deben desaparecer. “Suena ridículo, suena incongruente que México siga persiguiendo a sus hermanos del sur; siga persiguiéndolos, encarcelándolos, deportándolos: una cosa horrible. A mí se me hace una ofensa horrible”, dice. Solalinde elaboró en 2020 una propuesta de reforma al INM, que incluía la desaparición de las estaciones, ignorada hasta el reciente caso de la muerte de los cuarenta migrantes en Ciudad Juárez.

Entre 2017 y 2022, el Órgano Interno de Control (OIC) sancionó a solo once funcionarios públicos del INM por haber incurrido en alguna falta administrativa. En todos los casos se trató de personal operativo: diez agentes federales y un oficial de servicios migratorios. Ningún mando superior figura entre ellos. En cuatro ocasiones, la pena consistió en la separación del cargo por cuatro días; en otro, por quince días; en cuatro más, por un mes, y en las dos restantes se determinó la destitución del puesto e inhabilitación temporal, por diez años y un año, respectivamente. En dos ocasiones, el INM clasificó como confidencial la información solicitada por Connectas sobre los hechos cometidos por dichos funcionarios, impidiendo revisar a detalle los expedientes. El OIC, respondió, no ha interpuesto denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por dichas faltas administrativas.

A decir de Núñez, los agentes federales violan sistemáticamente los derechos de los migrantes recluidos porque saben que tienen garantizada la impunidad.

Por otro lado, a pesar de ser su facultad, la CNDH no realiza visitas para verificar el cumplimiento de los derechos universales en la estancia migratoria de Cancún. Solo ha realizado una inspección, según documentos en poder de Connectas, el 11 de marzo de 2021. En el oficio se indica que recibieron una queja por la falta de higiene en las colchonetas, pero nada más, algo que dista de lo relatado por turistas y migrantes consultados para este trabajo.

Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, evadió los cuestionamientos sobre los asuntos consignados en este trabajo. Al término de una conferencia de prensa celebrada el 24 de mayo de 2023 en el aeropuerto de la ciudad, el funcionario reconoció estar al tanto de todas estas situaciones, pero se limitó a decir que hace falta fomentar las denuncias y hacerlo del conocimiento del OIC para que se realicen investigaciones contra el personal en cuestión. “Hay que fomentar la denuncia”, dijo escuetamente, luego de evitar responder sobre los diversos asuntos consultados.

En varias ocasiones Connectas solicitó al INM entrevistas para que se pudiera ampliar la respuesta y contar con su versión, pero se negaron a concederlas.

Perfilamiento racial

En 2022, la oficina en México de la ONU-DH elaboró un informe, aún inédito, sobre las inadmisiones de personas extranjeras en los aeropuertos de la Ciudad de México y Cancún, que da indicios de un perfilamiento racial por parte de agentes migratorios. Connectas solicitó, vía Transparencia, copia del informe al INM, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, los tres organismos federales a los que la ONU-DH había presentado resultados. Sin embargo, a pesar de que el informe debería ser público, se negaron a entregarlo y alegaron “la no competencia o inexistencia” de dicha información.

En entrevista, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la ONU-DH, comparte los principales hallazgos: el informe logra identificar “prácticas diferenciadas al momento de decidir los rechazos de ingreso al país, vigentes por un largo periodo (2017-2021), que podrían estar determinadas en función de la nacionalidad de las personas. Por ejemplo, conforme a los datos oficiales, los porcentajes de rechazo de personas nacionales de Ecuador, Venezuela, Rumania, Jamaica y Colombia son considerablemente más elevados que los de otras nacionalidades. A partir de un estudio con más información y análisis se podría determinar si estos rechazos obedecen o no, total o parcialmente, a prácticas de perfilamiento racial”, dice el representante.

Connectas volvió a solicitar información al INM. Esta vez pidió las estadísticas sobre las inadmisiones de personas provenientes de Colombia, Cuba, Ecuador, Venezuela y Rumania. Tras el análisis se nota un crecimiento exponencial de los rechazos a personas originarias de estos países que ingresan a México a través del aeropuerto de Cancún. Si en 2015 los rechazos sumaron 1 740, para 2022 se contaron 17 793: diez veces más.

Entre estos números, los colombianos han sido los más afectados. En 2015 fueron rechazados 628. Para 2022 inadmitieron a 14 162. Esto marca un récord histórico, un aumento de más de 2 000%. Para esta investigación se entrevistó por separado a cuatro colombianos que confirman el perfilamiento racial: personas que venían como turistas, que cumplían con todos los requisitos de internación, pero que fueron devueltos a su país sin otra justificación más que su nacionalidad. “Yo venía a pasear y me devolvieron solo por ser colombiano. Los de Migración me trataron mal, me dijeron que de mi país solo vienen personas malas a traer droga […] y no pude hacer nada”, dijo uno de ellos, en el anonimato.

Las inadmisiones han abierto un frente diplomático. María Fernanda Grueso, cónsul honoraria de Colombia en Cancún, hizo públicas, en 2021, las quejas por estos abusos y las arbitrariedades hacia sus connacionales, y exigió cambios que nunca llegaron. Días después, la cónsul fue amenazada: si seguía revelando información sería relevada del cargo, según contó una fuente conocedora del caso. “Se infiere que los consulados también están metidos en todo esto”, dice esta persona que pidió el anonimato.

El frente también es económico, el sector hotelero ha mostrado su disconformidad con las políticas migratorias de México en Cancún. “La gente de Colombia está muy temerosa de venir a Cancún por miedo a que sean detenidos o devueltos. Eso ya nos está afectando, pues el mercado se ha disminuido en un 50% desde hace un año. Y cada turista que perdemos aquí es uno que regalamos a otro destino turístico. Es absurdo que, además de pelear con la competencia, con otros países turísticos, batallamos con nuestro propio gobierno”, dice Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, quien asegura que con cada turista devuelto se pierden dos mil dólares de gasto promedio e impuestos durante su estancia.

De acuerdo con el INM, en 2022, fueron inadmitidos 585 cubanos en el aeropuerto de Cancún, 150 ecuatorianos, 1 199 rumanos y 1 697 venezolanos. Este perfilamiento racial ha fomentado del mismo modo un sistema extorsivo en el aeropuerto internacional del destino de playa más importante del país.

El método lo conoce bien Consuelo, a quien cambiamos el nombre para proteger su identidad. Ella salió de Venezuela hace ocho años y llegó a Cancún para solicitar refugio en México, que le fue concedido finalmente. En septiembre de 2021, uno de sus hijos, de dieciocho años, intentó alcanzarla. Voló a Cancún, pero fue detenido en los módulos del INM. Consuelo se encontraba a las afueras de la Terminal 3, esperando a su hijo, cuando este le envió un mensaje en el que le notificaba su detención y le contaba que los agentes lo amenazaron con retornarlo. Ante la noticia, Consuelo se alteró de forma tan visible que fue abordada por “coyotes”, gente que merodea por ahí y ofrece liberar a los familiares detenidos a cambio de una cuota.

Consuelo tuvo que pagar cuatro mil dólares para que dejaran ingresar a su hijo a territorio mexicano. “Estos tipos hablaron con gente de allí dentro, les dijeron que ya había pagado y soltaron a mi hijo”, dice, y concluye: “Hay gente mandada por Migración para verte desesperada para cobrarte dinero”.

 

Este trabajo fue realizado por Ricardo Hernández Ruiz para Gatopardo, Pie de Página, Canal 44, Revista Espejo, Aristegui Noticias, El Espectador, El Estornudo, Divergentes, Contracorriente, Novedades y CONNECTAS, con apoyo del International Center for Journalists y en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

 

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RICARDO HERNÁNDEZ RUIZ. Ciudad de México, 1992. Es internacionalista por la UNAM. Reportero con residencia en Cancún, Quintana Roo. Su trabajo ha aparecido en medios como Reforma, Pie de Página y Animal Político; en revistas como Nexos, Este País, Revista de la Universidad de México, El Caimán Barbudo y en el pódcast Así Como Suena. Es egresado del diplomado en Periodismo de Investigación que se impartía en el CIDE. Miembro del Connectas Hub y la Red de Periodistas del Mar. Ganador del primer lugar del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos por una historia publicada en Gatopardo. Escribió este reportaje «Infierno en la estancia migratoria de Cancún».