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A José Luis Rodríguez Chávez, activista y arquitecto de Ciudad Juárez, de 65 años, lo apodan con humor —pero sin imaginación— el Puma. Solo que él no canta; a veces grita y lo hace muy fuerte, lo que le ha costado detenciones, hostigamiento, en fin, algo que comparte con el resto de los activistas de este país. Este hombre alto y robusto de acento juarense descubrió uno de los fraudes inmobiliarios más grandes en contra de los trabajadores que se hayan documentado en el país: seiscientas casas adeudadas o abandonadas que pasaron a manos del Infonavit mediante juicios exprés.

Todo empezó en 2015. “Desconocía las irregularidades que había. En aquel tiempo, a través de un colectivo de aquí, que se llamaba Ciudadanos Vigilantes, atendíamos diferentes problemas. Y nos empezó a llegar información del Infonavit”, narra en entrevista. “La gente se acercaba: personas que llevaban pagando diez, quince años una casa y ahora debían ¡un millón de pesos! O sea, debían hasta tres veces más de lo que costaba su casa. Pero todavía no sabíamos los fraudes que descubriríamos en 2017”, agrega.

El despojo de viviendas con créditos imposibles de pagar sucedía simultáneamente por todo el país. En Ciudad Juárez, sin embargo, los medios hicieron público el fenómeno una vez que el colectivo liderado por el Puma emprendió manifestaciones frente a la delegación local del Infonavit, lo que obligó a crear las primeras mesas de negociación; después, en agosto de ese 2017, les prohibirían el acceso a las instalaciones. Así que, determinados a proseguir en la lucha, Ciudadanos Vigilantes reunió fondos para viajar a la Ciudad de México, donde protestaron frente a las oficinas centrales, provistos de pancartas y altavoces.

En ese entonces, el director del Infonavit era el actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien ya implementaba un programa de recuperación de viviendas irregulares por medio de despachos de abogados. Los funcionarios a su cargo recibieron al grupo, sin darle vías de solución. El daño, dijo, tenía su origen en las administraciones de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, ante lo cual poco podía hacerse. Se abría un laberinto legal y burocrático, un rompecabezas de dos mil piezas diminutas y oscuras.

José Luis pidió ayuda a especialistas para entender lo que tenían enfrente. Desconocía ante qué instancia debían llevar el caso para iniciar una ruta procesal que imaginaba larga y tortuosa. Entenderlo le tomó un par de años. Por su experiencia como activista, era consciente de las tramas del sistema, pero una cosa era atisbar la corrupción y otra distinta, hallarse frente a su piedra fundacional.

Al conocer los casos de este fraude inmobiliario, se intuye que esta inasibilidad no es privativa de los créditos que da el organismo; en el país, si alguien tiene un problema o una denuncia que levantar ante la autoridad, es probable que deba acudir a más de una oficina, hacer más de una o cinco filas antes de llegar con el burócrata al que se le pueda plantear el problema. Y, muchas veces, ni así. Lo mismo ocurre con la responsabilidad: nunca hay a quién adjudicarla, ya que el entramado burocrático es tan complejo y tortuoso que, en muchas ocasiones, no hay forma de determinar dónde estuvo el giro chueco. Los ciudadanos no sabemos adónde acudir y la culpa es tan elusiva como enorme es la burocracia. Y esta es quizás la piedra fundacional de la corrupción en México.

***

A inicios de marzo de 2017, José Luis Rodríguez Chávez recibió una llamada que marcaría la ruta.

—¿José Luis Rodríguez?
—Sí, a la orden.
—Tengo información de un megafraude que está haciendo el Infonavit, quiero saber si se avienta usted el tiro de denunciar.

El Puma recibía llamadas de mucha gente. Ante el aumento de casos de derechohabientes que no podían seguir pagando sus casas, decidió darle forma a la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción (Ficiac) en noviembre de 2016, compuesta “por 120 miembros activos, principalmente mujeres”. Por muy rimbombante que sonara, no dejaba de ser una organización civil, sin mayor poder judicial. José Luis recibía llamadas de gente, conocida y desconocida, todos los días. Pero esta llamada, sin duda, captó su atención.

Tres o cuatro horas después, José Luis entraba a un café del centro de Ciudad Juárez para reunirse con quien se identificó como Mario Sánchez, un hombre de unos cuarenta años, tez blanca, cabeza a rape y barba cerrada. Lo conocían en la ciudad como un acaudalado empresario, proveniente de Monterrey, que había llegado a Juárez en 2015 y se dedicaba al mercado inmobiliario. Vivía en una de las zonas más caras de la ciudad, en una pequeña mansión sobre Campos Elíseos, con estacionamiento para ocho autos y alberca. Las malas lenguas dicen que esa casa perteneció a un narco. Aunque no es posible confirmarlo, esto aporta una idea de cómo percibían a Mario en la ciudad.

Mario también tenía problemas con el Infonavit. En 2015 había puesto a nombre de su esposa una casita de las que él compraba para revender. Pero un día, sin previo aviso ni juicio de por medio, el inmueble pasó a ser propiedad del Infonavit. Lo que hacía el caso aún más misterioso era que la nueva escritura se había realizado en una notaría en San Blas, Nayarit, a casi 1 500 kilómetros de Ciudad Juárez. Y su caso no era el único, explicó el empresario.

Entonces, Mario colocó su laptop sobre la mesa, la abrió y le mostró la documentación que tenía. Juicios en paquete: en un solo proceso, quinientas casas cambiaban de dueño. Y varios de estos juicios aglutinaban al menos sesenta mil casas “recuperadas” por el Infonavit de esta misma forma. Todo avalado por un juez de Compostela y de la notaría de San Blas, ambos municipios de Nayarit. “Mario tenía toda esa información en la laptop. Alguien se la dio, alguien probablemente de adentro”, recuerda.

José Luis llamó al abogado que auxiliaba a su organismo con amparos y trámites, Alberto Velázquez, quien examinó los documentos. Alberto, de unos cincuenta años, sugirió revisar el Registro Público de la Propiedad de Ciudad Juárez, para tratar de entender lo que estaba pasando.

Los tres (Mario, Alberto y José Luis) visitaron al entonces director del Registro, Rubén Trejo Ortega, un abogado con fama de honesto, forjado en el PAN juarense en los años ochenta. Tenía poco tiempo en el cargo, cinco meses al frente, cuando los recibió. El funcionario confirmó que había una anomalía en Nayarit. Meses atrás —específicamente, el 8 de enero de 2017—, él había frenado la inscripción de un paquete de casi quinientas casas en el Registro Público de la Propiedad que había pasado por un proceso similar: un aparente “juicio exprés” en Compostela y luego una nueva escritura en el notariado de San Blas.

En entrevista, Trejo Ortega cuenta lo ocurrido: “No los rechacé, los suspendí”, precisa. Y lo hizo básicamente porque a los documentos les faltaba una constancia “indubitable” de que al demandado lo hubieran citado a juicio. Este requisito se encuentra contemplado en la carta magna, la Constitución, justo para garantizar la legalidad de los juicios contra bienes personales que ocurren en diferentes entidades del país. Así que Trejo Ortega ya había enviado un oficio a la notaría de San Blas, en el cual pedía que agregaran documentos probatorios de que los anteriores dueños sabían del juicio.

Trejo Ortega advierte algo más: antes de que él fuera registrador público había unas seis mil casas en un proceso similar y, de estas, unas tres mil ya habían sido inscritas como propiedad del Infonavit. Probablemente alguna de esas era la de la esposa de Mario.

—Pues todo parece indicar que algo muy irregular está ocurriendo en Nayarit. Vamos a tener que ir —les dijo Alberto a Mario y José Luis.
José Luis secundó la propuesta, pero el otro se negó:
—No. Yo no voy a Nayarit. Ahí es la tierra del Diablo.

Édgar Veytia, entonces fiscal general de Nayarit —conocido como el Diablo—, ya había sido señalado en reportajes por estar vinculado con narcotraficantes. De hecho, casi por las mismas fechas en las que Alberto Velázquez hablaba de viajar a Nayarit, a Veytia lo detenían en Estados Unidos, acusado de traficar drogas. El fiscal se iba, pero toda su estructura criminal quedaba intacta.

Mario se negaba a involucrarse y, sin una carta poder firmada por él, Alberto y José Luis no podrían iniciar una investigación. Pero había otras quinientas personas despojadas de sus casas, así que solo era cuestión de encontrar, al menos, a un propietario que estuviera dispuesto a pelear su vivienda legalmente. Así que Ciudadanos Vigilantes difundió por Facebook su hallazgo: que quinientos casos ilegales de escrituración estaban detenidos en el Registro Público de la Propiedad por irregularidades cometidas en Nayarit, que había que interponer amparos, que era necesario viajar e investigar.

Tres días después de aquella primera y única visita, y dos días después del escándalo en los medios que provocaron los juicios masivos, Trejo Ortega renunció al cargo. Y aunque la prensa conjeturó que se debió al fraude de las casas, él asegura que no fue así.

En medio del ruido mediático, la Ficiac logró documentar cinco casos de personas que, de la noche a la mañana, perdieron sus casas. “Cinco casos de quinientos que sabíamos que existían”, dice José Luis.

Con esos expedientes, Alberto interpuso varios amparos que fueron concedidos por los juzgados federales quinto y noveno en Ciudad Juárez, que les permitían acudir a Nayarit y pedir explicaciones a jueces y notarios. Así, Alberto y José Luis viajaron a Nayarit, entre el 26 y el 28 de abril de 2017, tres días de investigación que pueden resumirse como una peregrinación por oficinas públicas y privadas que, como carambola, destaparon el peor fraude orquestado contra derechohabientes hasta el día de hoy.

***

José Luis Rodríguez Chávez, el Puma, y Alberto Velázquez volaron a Guadalajara y de ahí rentaron un carro y manejaron un trayecto de casi tres horas hasta Tepic, adonde llegaron por la noche. Al día siguiente, ataviados con sacos y camisas de manga larga, pese a la humedad y el calor de la región, frente al Pacífico, condujeron hasta San Blas, un bello y sencillo puerto pesquero que es popular por una canción de Maná y porque, hace más de quince años, tres pescadores salieron de ahí y naufragaron por casi diez meses en el océano. De sitios turísticos, Alberto y José Luis vieron poco. Se dirigieron directo a la Notaría 3, a cargo del licenciado Antonio Humberto Herrera López.

La notaría ocupaba una casa pequeña en el centro. Probablemente esperaban hallar una oficina pública más en forma: cubículos, asistentes, abogados. “Parecía una oficina para venta de tiempos compartidos”, recuerda el Puma. Menos amable es la descripción de Alberto: “Una palapita”. Los atendió un hombre de unos sesenta años, que salió con la guayabera manchada de salsa porque lo habían interrumpido a medio comer. José Luis se presentó como representante de la Ficiac.

—El licenciado Herrera aquí no despacha, despacha en Tepic. Le dieron la notaría aquí, pero él está en Tepic —dijo, y enseguida lograron sacarle la dirección.

Alberto dejó su tarjeta de abogado.

No hubo más remedio que volver de inmediato a Tepic, solo que hicieron una breve parada frente al mar, para que José Luis se tomara una foto, la subiera a Facebook y les anunciara a sus seguidores que estaban investigando, una manera de seguir haciendo presión. Una vez en Tepic, llegaron a las oficinas referidas, atrás del Palacio Municipal. Otro señor salió a preguntar qué se les ofrecía. De nuevo, José Luis habló:

—Venimos de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción a revisar un caso de Infonavit.
—¡Ah! Todo lo del Infonavit lo ven en otra oficina que tiene el licenciado Herrera. Está muy cerca —dijo el hombre amablemente—. Juárez 105, esquina con San Luis.

Y caminaron hasta llegar a un edificio de tres pisos, con la pintura blanca ennegrecida. La entrada, sobre San Luis, una calle más pequeña y tranquila que Juárez, estaba resguardada por un hombre malencarado que portaba un arma a simple vista.

—¿A quién buscan? —preguntó.
—Venimos de la Fiscalía Anticorrupción.

Subieron hasta el tercer piso, donde se encontraron ante una suerte de bodega de unos ocho metros cuadrados, y ahí había lo que José Luis llamó “un laboratorio clandestino de documentos”. Unos treinta jóvenes, “chavitos con pinta de becarios o pasantes de Derecho”, sentados alrededor de mesas blancas portátiles, cada uno con una laptop, transcribían machotes de escrituras. Al fondo, sobre un rotafolio, estaban las listas de escrituraciones por estados: Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León. El Puma y Alberto pidieron hablar con el notario. Un hombre que dijo estar a cargo respondió que el licenciado no se encontraba ahí. Mientras tanto, los jóvenes poco a poco cerraban discretamente sus laptops y salían del edificio, como para evitar meterse en problemas. De nuevo, Alberto dejó su tarjeta, y se fueron.

Diez meses después se sabría que estas eran las oficinas de un despacho jurídico propiedad de Hugo Rosales Badillo, quien había sido secretario de Gobierno de Durango. ¿Qué tenía que ver él con una notaría en Tepic y con la maquila de miles de escrituras exprés para el Infonavit?

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Al día siguiente, el 27 de abril, José Luis y Alberto acudieron a Compostela, Nayarit, una ciudad a casi cincuenta minutos de Tepic. Buscaban el juzgado que determinó el cambio de propietario de cientos y cientos de casas; estaba instalado en lo que había sido una casa particular, pintada de color salmón. Una cartulina pegada en la entrada advertía: “Cerrado por depuración de procesos”. Tocaron a la puerta. Una señora se asomó y dijo lo mismo que el anuncio: “Depurando procesos, no hay nadie”.

Aquellos días tocaron la puerta de varios funcionarios para tratar de entender qué estaba pasando. Entre ellos, buscaron al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto, el único que les respondió. Él era una figura reconocida en el mundo legal y universitario del estado: doctor en Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Sección Mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y profesor en la Universidad Autónoma de Nayarit. También era conocido por su trato amable, admirado por alumnos y litigantes. Entonces se hablaba de su cercanía con el gobierno de Roberto Sandoval; se decía incluso que pretendía candidatearse como sucesor. Enríquez Soto los recibió en su oficina del Tribunal: amplia, iluminada, con libreros de madera retacados de tomos judiciales, libros de derecho y obras de arte en las paredes.

Los visitantes le narraron la razón de su visita. Enríquez Soto se mostró sorprendido. Revisó la documentación y aseguró que debía haber un error; el juzgado de Compostela no había tratado ningún asunto de Ciudad Juárez, sino de un inmueble en Nayarit.

—Pero, magistrado, entonces, ¿cómo es que yo tengo un amparo? —preguntó Alberto y mostró documentos que lo corroboraban.

Enríquez Soto, aún atribulado, se comprometió a investigar. La reunión finalizó de la manera más cordial; antes de despedirse, los tres se tomaron una fotografía, sonrientes, y José Luis, de nuevo, la subió a Facebook.

El día de hoy, ese magistrado está sujeto a proceso, acusado de haber cometido fraude con juicios simulados. Había sido él, como titular del Tribunal Superior de Justicia, según se reveló dos años después, quien había firmado un convenio en 2013 con el entonces director jurídico del Infonavit (José Lorenzo Natera Ruelas, actual síndico de Gómez Palacio, Durango). “Básicamente, […] casas de Ciudad Juárez se litigaban en un juzgado de Nayarit, entonces no se le daba derecho de audiencia ni reclamo a la gente”, dice Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit. Pero aquella tarde, Enríquez Soto fingió no saber nada.

Alberto, en entrevista, muestra satisfacción: “Yo lo metí a la cárcel”, dice.

Y sí, Enríquez Soto, el doctor en Derecho, está en la cárcel. Solo que no sucedió en 2017. Ocurriría casi dos años después y tras muchas peripecias y peligros, un giro político partidista en Nayarit y otro más en el país (con las elecciones presidenciales de 2018).

La noche de aquel viernes, el dúo regresó por carretera a Guadalajara. José Luis tomaría esa misma noche un avión a la capital para exponer los hallazgos ante diputados y funcionarios federales: el “laboratorio clandestino de documentos” de Tepic. Alberto lo llevó al aeropuerto y después se dirigió a un hotel cercano, ya que al día siguiente volaría de vuelta a Ciudad Juárez. Pero después de dejar a José Luis, su celular recibió una llamada desconocida.

—Licenciado Velázquez, ya sabemos que anduvieron por aquí. Queremos que las cosas se arreglen. Dígame cómo podemos hacerle, no queremos que esto se haga más grande. ¿Cómo podemos hacerle para que usted y su cliente queden satisfechos? Incluso podemos ir a visitarlo a Ciudad Juárez.

No lo volvieron a llamar.

Lo que el abogado no contó en su entrevista con Gatopardo —pero que sí narró el Puma— fue que, dos meses después, las oficinas de Alberto y su domicilio particular en Ciudad Juárez fueron baleados de manera casi simultánea.

¿Por qué a Alberto y no a José Luis?
—Porque quien dejaba las tarjetas era él —explica José Luis—. Yo solo me presentaba como parte de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción. Quien dejaba su tarjeta era él.

Los meses siguientes fueron de denuncia. Ciudadanos Vigilantes y otras organizaciones revelaron el fraude: colgaron lonas en las oficinas regionales del Infonavit con los nombres de los defraudados, y la reportera Patricia Mayorga, de El Diario de Juárez, ayudó a publicar las listas en internet. Las organizaciones anunciaron que interpondrían amparos para evitar que despojaran a los trabajadores de sus casas.

“Pero la gente se deja robar”, acusa José Luis. De aproximadamente cinco mil casos de despojo ilegal documentados en Ciudad Juárez, que tenían nombre y apellido, se acercaron a pedir ayuda “si acaso cincuenta”. Esos no perdieron su casa. Todos los demás, sí. Incluso las casas protegidas por Rubén Trejo Ortega se perdieron. Meses después, su sucesor en el Registro Público de la Propiedad, Jesús Martínez, validó las dos mil escrituras detenidas por Trejo Ortega, como lo reportó Norte Digital, en una nota en la que se habló de veinte mil afectados en Ciudad Juárez.

Los Ciudadanos Vigilantes fueron a la Ciudad de México y cerraron simbólicamente las oficinas. José Luis de nuevo pidió la ayuda de Mayorga para difundir el caso, y ella buscó a amigos de las redacciones de diarios y revistas. Pero hubo poca o ninguna cobertura. Sobre el Infonavit, los mismos funcionarios respondían: “La cartera vencida era —y es— enorme e impagable”, “Los trabajadores no tenían cultura ni del ahorro ni del pago”, “Algo tenía que hacerse”. La inercia ante la ilegalidad fue minando el activismo de Juárez.

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Petronilo Díaz Ponce Medrano es el hombre que sustituyó al Diablo Veytia en la Fiscalía de Nayarit. Cuando se destapó el escándalo de los juicios exprés, dio una entrevista que se publicó en El Universal, cuyo encabezado rezaba “Así se fraguó el megafraude de Infonavit en Nayarit”. Ahí explicó que, desde junio de 2017, supo de un caso de despojo en Tamaulipas; el juicio, en el que un derechohabiente había perdido su casa, se había realizado en un tribunal de Xalisco, municipio conurbado de Tepic. Entonces, la Fiscalía estatal atrajo el caso y pidió información al magistrado presidente, Pedro Antonio Enríquez Soto.

El poder judicial le dio largas a la Fiscalía durante un año entero, hasta que Enríquez Soto dejó el cargo. Finalmente, en octubre de 2018, la Fiscalía tuvo acceso a la información solicitada y, “mediante denuncias anónimas”, efectuó dos cateos, el 10 de diciembre de 2018, en dos despachos de abogados: uno era aquel edificio blanco ennegrecido de humedad, al que José Luis Rodríguez Chávez, el Puma, calificó de “laboratorio clandestino de documentos”; el mismo que denunció casi dieciocho meses antes, tanto con las autoridades del Infonavit como en la Cámara de Diputados. Un caso que permitió que medio centenar de juarenses recuperaran sus casas.

Las autoridades nayaritas denunciaron haber hallado, además, casi cuatro millones de pesos en efectivo, con etiquetas que señalaban que se trataba de “aguinaldos” para los jueces. También encontraron sellos originales del Infonavit. En aquellos despachos se abreviaban procesos legales que debían hacerse directamente en el Infonavit. También aseguraron documentos que el Puma, Alberto Velázquez y Mario Sánchez denunciaron un año antes: escrituras al mayoreo, redactadas a partir de machotes; centenares de casas recuperadas en Veracruz, Tamaulipas, Nayarit, Chihuahua.

El 13 de diciembre de 2018, la Fiscalía local le solicitó al Congreso estatal una declaración de procedencia contra los magistrados Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, así como los jueces Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez. A inicios de 2019, la oficina del nuevo fiscal de Nayarit, Díaz Ponce Medrano, buscó al Puma y a Mario para proceder legalmente. A grandes rasgos, la prensa publicó que el magistrado presidente y un magistrado más, cuatro jueces de instancia y un notario público realizaron una ejecución hipotecaria ilegal del Infonavit contra sesenta mil derechohabientes, despojados de su casa entre 2013 y 2018, mediante “juicios espejo”.

Y se fueron a juicio. Pero el único caso firme fue el de Tamaulipas. Solo que, saliendo de la primera audiencia, el demandante fue interceptado por representantes de los despachos Molrod, Silber y Asociados y Rosales Badillo Abogados (propiedad de Hugo Rosales Badillo, exsecretario de Gobierno de Durango). Así lo declara Rodrigo González Barrios, activista de Tepic. El derechohabiente tamaulipeco desistió de la denuncia.

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Quien conoce lo que ocurrió en Nayarit es Rodrigo González Barrios, de 64 años. Cuando él habla de despojos no se refiere solo al tema del Infonavit. Él estableció la Comisión de la Verdad, de la que hoy es presidente, con la que empezó a documentar casos en los que personas fueron obligadas a “vender” sus propiedades a punta de torturas, extorsiones y amenazas de muerte. Son casos independientes al megafraude inmobiliario, pero en ambas historias se entrecruzan algunos nombres y sistemas: el uso de notarios públicos para despojar de forma expedita a los propietarios; un pacto de alianzas criminales entre los tres poderes. Entre los nombres involucrados destaca, en específico, el del titular de la Notaría 3 en San Blas, Antonio Humberto Herrera López —el de la palapita—, vinculado al “laboratorio clandestino de documentos”, que, después se sabría, eran despachos de abogados contratados por el Infonavit.

González Barrios pudo documentar que en un solo juicio hipotecario se despojó a veinte mil personas de sus casas. El procedimiento era el siguiente: en un único proceso se “notificaba” a veinte mil derechohabientes de todo el país. Para hacerlo, un despacho iba a un solo domicilio situado en el municipio de Compostela; en realidad, aquella casa color salmón, donde se depuraban documentos en la visita de José Luis y Alberto, era propiedad de un empleado del tribunal local. Ahí, el empleado aseguraba legalmente que conocía a las veinte mil personas morosas de pago y se comprometía a notificarlas del hecho. Con esto se daba por resuelto el requisito legal de la notificación.

—Este trabajo lo hicieron los despachos —advierte González Barrios.
—¿Qué pasó con el notario de San Blas?
—Está libre. Parece que ni siquiera le han quitado la notaría.

La Comisión de la Verdad de Nayarit tenía las manos llenas: una treintena de desapariciones forzadas, decenas de secuestros y torturas. Pero en diciembre de 2019, González Barrios sufrió un atentado en compañía de su hija. Al año siguiente sufrió otro y recibió un balazo en el cuello. Como sucedió con la investigación de José Luis Rodríguez Chávez, el Puma, la Comisión de Nayarit tenía demasiados problemas y casos para llegar al fondo del asunto.

Entre 2012 y 2018 hubo 772 procesos de subasta, mediante los cuales se vendieron 87 200 viviendas recuperadas a despachos y particulares. De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en este proceso el Infonavit perdió casi 7 500 millones de pesos.

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Volvemos a las oficinas del director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, en la Ciudad de México. En una entrevista, con funcionarios del área de Comunicación Social presentes, preguntamos sobre estos juicios masivos y remates judiciales con los que las administraciones pasadas empacaron la cartera vencida, vendiéndola a inmobiliarias. El Infonavit, dice, ya no puede hacer nada con las casas que ya se perdieron. Pero el mecanismo ya fue frenado.

—Yo los paré y los estamos tratando de arreglar jurídicamente. Están, si lo quieres ver así, en un impasse.
—¿Cuánta gente está en esa situación? —pregunto.
—No sé —admite—. En mi administración ni siquiera hemos mandado nada a litigar, porque hay una instrucción clara del presidente de que se suspendan los desalojos por causas injustas. ¿Esto qué significa? Que nos dedicamos a reestructurar créditos.

Y suelta una cifra: se han reestructurado dos millones de créditos para que la gente no pierda su casa.

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Hugo Rosales Badillo, exsecretario de Gobierno de Durango, es dueño del despacho que fue asegurado en 2018, donde se realizaban los juicios masivos. Entrevistado en enero de 2022, da su versión de los hechos. Por ejemplo, tiene un punto de vista muy distinto al de Rodrigo González Barrios, quien repitió una y otra vez el hecho de que un juez reconoció que se trataba de juicios ficticios. También difiere en que su despacho haya servido de “laboratorio clandestino de documentos”. Rosales Badillo reconoce que pudo haberse presentado un “desaseo procedimental”: es decir, legalmente las cosas no se hicieron de forma impecable, pero haber violado la ley, dice, no es verdad.

—Primero te diría que no existe ningún delito de fraude. En el estado de Nayarit, la Fiscalía de Nayarit acusó que existía un fraude, pero no es fraude. Hay juicios masivos porque Infonavit así lo pidió, así lo autorizó y así se hizo.

—¿Cuál es su situación legal?

—Hemos ganado todos los amparos que han querido promover en contra de nosotros, y los hemos ganado porque no es un delito.

Dice que, a lo sumo, en los juicios masivos que procesó, “puede haber un defecto de emplazamiento”. Es decir, que quizá no se citó correctamente al demandado. “De los 150 000 extrabajadores que tuvieron un crédito y que no lo pagaron y que abandonaron su casa, ¿sabe cuántos amparos promovieron? Dos mil, pero para todos los despachos”. Porque el suyo, Rosales Badillo Abogados, es solo uno de una veintena de despachos que trabajaron bajo el mismo sistema en todo el país.

Continúa narrando su visión de esta historia: la urgencia de recuperar casas abandonadas por los trabajadores. “Muchas casas abandonadas son focos de infección en muchas ciudades. Figúrese usted, en Tamaulipas hubo una fuga, un penal completo se vació porque estaba bajo el control del crimen organizado, por 2011 o 2010, y se fueron todos los reos a meter a un fraccionamiento de Infonavit, hágame el favor. Y ahí era su centro de entrenamiento, ahí vivían los narcotraficantes, el crimen organizado”.

Hace diez años, recuerda, el Infonavit implementó un procedimiento administrativo (Procedimiento Administrativo de Ejecución) para arrebatar esas casas so pretexto de que no pagaban el impuesto predial. Entonces los municipios iniciaron procedimientos de cobro a petición del Infonavit. “Y así remataron miles y miles de casas […]. El problema se presentó cuando muchos líderes, hay muchos líderes [vecinales], invaden mil casas, dos mil casas, y las rentan. Y entonces, a esos líderes, en ciertas ciudades, pues no les interesa o les perjudica que Infonavit recupere sus casas. Esos líderes empezaron a generar movimientos contra los municipios que remataban vía cobro fiscal del impuesto predial”.

Por eso, cuando Alejandro Murat llegó al Infonavit en 2012, acusa, ya se había complicado este tipo de procedimiento masivo de recuperación de viviendas.

Al escuchar su versión es imposible no pensar en Ciudad Juárez, en el fraccionamiento Palmas del Sol, en el que tres ancianos están a punto de perder su casa, y el primer paso que las autoridades dieron para ello fue a través del predial, pero su caso tiene dos años. ¿Será que métodos antiguos conviven con los nuevos?

Rosales Badillo continúa: Murat implementó el programa de recuperación de viviendas irregulares. “Nos contrataron como abogados para llevar ese tipo de procedimientos. A mí me tocó en Nayarit; a otros despachos les tocó en Guadalajara, Puebla, Coahuila, Tijuana. Y el diseño era que fueran juicios masivos, y le voy a explicar por qué: Infonavit ocupa recuperar sus casas, y como no encontramos al demandado, pues hay que llamarlo a notificar por edictos, y un juicio por edictos con búsqueda del demandado se tarda tres o cuatro años”. Tres años de juicio por una sola casa, advierte. “Multiplíquelo por diez, por veinte, por treinta mil casas”. En otras palabras, si se llevara un juicio regular por cada casa abandonada, no habría siglo que alcanzara para procesar las casas abandonadas.

Los juicios masivos se realizaron en varios estados del país; de los que se tiene conocimiento: Estado de México, Baja California, Coahuila. El de Nayarit solo es el caso más sonado. Con estos procedimientos, el Infonavit recuperó 150 000 casas, con ochenta despachos de abogados.

—El problema es ¿qué hacemos con la vivienda abandonada? y ¿cómo la recuperamos rápido? […]. Haga de cuenta que la vivienda abandonada va incrementando mes con mes; son muchísimas casas las que se abandonan. Entonces, hay funcionarios, empleados en cada estado, en cada delegación [del Infonavit] que están amafiados con los líderes [vecinales]. Y cuando tenían las listas de las viviendas abandonadas, les pasaban las listas a los líderes y las invadían luego, luego para rentarlas.

—O sea, digamos, hubo una corrupción grave al interior de Infonavit.

—¡Claro! Pero la corrupción más grave es la de los líderes. En Nuevo León, los notarios se prestaron. Haga de cuenta que van con usted: “Oye, te vendo una casa de Infonavit. Consíguete un préstamo en Banorte”. Y la llevaban con el notario y la escrituraban porque ellos ya tenían la posesión. Pero el verdadero dueño se había ido a Estados Unidos o a Oaxaca […]. El mercado negro de las casas abandonadas no tiene idea tan grande que es. Un día vaya a una colonia popular y usted vea cuántas casas tenemos aquí de Infonavit abandonadas, cuántas tienes tú y cuánta gente has metido. Es grandísimo.

Y da otra pista sobre la corrupción: la detección de casas en buen estado que son retenidas desde los despachos.

—Cuando nos pasaron este tipo de juicios, nos dijo Infonavit: “Van a rematar estas casas. No quiero que tengan ustedes contacto con constructoras ni quiero que me vayan a salir con la fregadera de que compareció un postor y que compró cien casas o doscientas casas o mil casas”. Porque también muchos despachos se podían prestar a decir: “Las voy a rematar baratas, me quedo con estas que están muy buenas”, y resulta que me asocio con un constructor y las compra, y ese constructor no tenía que ir a comprárselas a Infonavit después.

—Es decir, ¿la corrupción no solo estaba del lado de los líderes de los barrios, sino en todos lados, dentro del Infonavit y en estos ochenta despachos que me dice, también con las constructoras?

—Sí —responde, pero cambia inmediatamente de tema.

Habla de por qué la gente abandona sus casas; de lo peligrosos que se vuelven esos fraccionamientos abandonados por deudores y poblados por otras personas. Pero reitera una y otra vez: ni su bufete ni el Infonavit cometieron un delito. Quizá un desaseo procedimental, insiste. De nuevo, la violencia y el despojo quedan diluidos en una burocracia sin fin, en una corrupción que se encuentra en cada eslabón de la cadena, y al final de esa cadena quedan las víctimas: las familias que viven en lugares imposibles, endeudadas por décadas, los trabajadores que no pueden aspirar ni siquiera a un préstamo y deben invadir para tener donde vivir. En México, ser pobre suele salir muy caro. Y esto es gracias a la corrupción. Esta historia es solo un botón de muestra.

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LYDIETTE CARRIÓN. Periodista independiente. Se licenció en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM, donde impartió clases de periodismo narrativo. Sus reportajes se pueden consultar en la sección de investigaciones especiales de El Universal y en Pie de Página; en este último, es editora. Durante seis años documentó historias de violencia de género, desapariciones y feminicidios para El Universal Gráfico, su libro La fosa de agua (2018) es producto de esa investigación. En 2019, en colaboración con periodistas de Venezuela, Colombia, España y México, ganó el Premio Gabriel García Márquez de la Fundación Gabo, en la categoría de Innovación.