Han pasado casi 30 años desde aquél día en que, en Lomas Taurinas, Tijuana, el entonces candidato presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado mientras caminaba entre la multitud que lo aclamaba. Los disparos resonaron para sumir las calles en caos mientras la melodía de “La culebra” de la Banda Machos opacaba los gritos de los asistentes. Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) busca revivir la investigación a través de una vieja teoría: la supuesta participación de un segundo tirador.

Recientemente, la FGR reveló nueva información sobre el caso Colosio. Sostiene que el 23 de marzo de 1994, Mario Aburto, el único detenido por este asesinato, no actuó solo. En el lugar estaba “un segundo tirador”, Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) que se encargaba de la seguridad del candidato presidencial.

Sánchez Ortega se encontraba en el lugar del homicidio “cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos”, describe el informe. Otra de las pruebas presentadas señala que en la ropa del exagente del CISEN se encontraron rastros de sangre de la víctima. Varios testigos lo identifican en el lugar de los hechos durante los disparos, pero en lugar de ayudar a transportar al candidato del PRI al hospital,  huyó.

En aquel momento, Sánchez Ortega fue sometido a pruebas de rodizonato que lo evidenciaron de haber disparado un arma. De acuerdo con la institución, el exagente pudo escapar con la ayuda de Genaro García Luna, quien en ese momento era subdirector operativo en el CISEN y en la actualidad enfrenta cargos en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Se encuentra debidamente probado que el CISEN de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”, puntualiza el comunicado de la Fiscalía. Aunque el juez Alberto Chávez Hernández negó la solicitud de una orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez, la FGR anunció que apelará este fallo.

El mismo día que las autoridades informaron sobre las nuevas líneas de investigación, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato del PRI y actual alcalde de Monterrey, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador indultar a Mario Aburto, el único detenido por este magnicidio.

“Este asunto ha estado ya muy manoseado y no es justo para la gente, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política. Apelando a la compasión del Presidente yo digo que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que dé un carpetazo final, que permita que tanto mi familia como México sanemos”, dijo Colosio Riojas.

¿Mario Aburto podría salir libre?

A lo largo de estas tres décadas, el único acusado que permanece tras las rejas es Mario Aburto. A pesar de enfrentar un laberinto jurídico, en marzo de 2024 podría finalmente encontrar la salida. Aburto siempre alegó que fue víctima de tortura para declararse culpable de asesinar a Colosio. Incluso figura la posible participación de Manlio Fabio Beltrones Rivera, entonces gobernador de Sonora, en la coacción del imputado.

Raúl Sánchez Carrillo, uno de los periodistas que estuvieron presentes en la cobertura, narra que un comandante le permitió entrar a los separos para ver a Aburto. Minutos después, Beltrones Rivera apareció gritándole al detenido: “¿Por qué a él?, ¿por qué a Donaldo?”, al tiempo que Aburto levantó el rostro para contestarle “no te lo voy a decir y menos a ti, hijo de la chingada”. Sánchez Carrillo narra que la respuesta del priista fue contundente: "Sí, me lo vas a decir”.

En 2023 el Poder Judicial federal ordenó a la Fiscalía investigar los presuntos actos de tortura cometidos contra el inculpado. “En este caso, el juez del amparo recibirá el dictamen de la Fiscalía General de la República, que a su vez creó una subfiscalía específica para ahondar en la investigación de la tortura en el caso Aburto”, mencionó Jesús González Schmall, abogado de Aburto, en entrevista con Gatopardo.

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Sin embargo, el amparo que podría dejarlo en libertad no está relacionado con la tortura porque su caso se juzgó en el ámbito federal cuando debió proceder acorde al código penal de Baja California, que en la actualidad contempla penas mínimas de 30 años por homicidio.

En 2021, el Instituto Federal de Defensoría Pública interpuso una demanda de amparo directo contra la sentencia de 1994, que le daba 45 años de prisión a Mario Aburto. El Tribunal Colegiado concedió en octubre de 2023 el amparo y determinó que el Tribunal Unitario emitiera una nueva sentencia que se apegue al Código Penal de Baja California. Lo anterior indica que el acusado no será absuelto, en cambio, la sentencia debe ajustarse al Código Penal del estado, que contempla 30 años de prisión por homicidio. Entonces, se consideraría cumplida la condena al tomar en cuenta el tiempo que Aburto lleva en prisión. La Defensoría señaló a través de un comunicado que aún existe una investigación penal abierta por los presuntos actos de tortura.

“Resultó ordenarle al juez que sentenció hace 28 años que modificara y anulara esa sentencia que le impuso de 54 años, conforme a lo que en aquel entonces estipulaba el Código Penal Federal. Dado que el delito de homicidio es un delito del orden común no local y debe aplicarse la ley del Estado, donde ocurrió, que fue Baja California, cuya mayor penalidad llega a los 30 años que se cumplen precisamente este próximo 24 de marzo de 2024”, explicó el abogado González Schmall.

Esta resolución permite que Aburto pueda conseguir una vía más rápida para su libertad, que si los magistrados del Colegiado decidieran analizar la tortura. “(Dos magistrados) hicieron un razonamiento jurídico y determinaron que hay muchos otros conceptos de violación, como el mismo de la tortura, que nos llevaría más tiempo si llegaran a determinar si fue o no es suficiente para anular el procedimiento completo. Debido a esto, nos vamos al camino de aplicar la ley que le correspondía cuando ocurrió el delito”, agregó González Schmall.

Si todo va conforme a lo planeado por la defensa de Aburto, se deberá emitir una nueva sentencia conforme a lo que estipula la ley de Baja California. Como dijo González Schmall, las penas por el delito del que se acusa a Aburto son de 30 años en esa entidad, y precisamente el próximo 24 de marzo se cumple la fecha.

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