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Las dos expertas comparten opinión sobre un aspecto de las elecciones en Colombia, quizá menos notorio, aunque crucial: la elección inédita de representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como curules de paz, para los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030. Decretadas el año pasado, luego de una orden de la Corte Constitucional tras una serie de dilaciones, las circunscripciones fueron establecidas en el Acuerdo de Paz como un mecanismo de participación y representación de las víctimas del conflicto en zonas donde, justamente, ha habido marginación política histórica. Son dieciséis circunscripciones repartidas en diecinueve departamentos del país.

Por lo tanto, agrega Márquez, en estas elecciones también está en juego la construcción de paz. “Uno puede pensar que, si salen elegidas, las víctimas harán un control de la implementación del Acuerdo de Paz, apoyarán proyectos que ataquen las raíces estructurales de la guerra, la inequidad, la mala distribución de la tierra”. Sin embargo, Márquez recuerda el tamaño del desafío: hay 167 municipios afectados históricamente por distintos tipos de violencia. “Lo que hacía la guerrilla era no dejar que se celebraran las elecciones y que la gente no saliera a votar; los paramilitares, más bien, llevaban gente a votar. Son distintas formas de proceder y ahora se abre una oportunidad, pero resulta que ha habido un incremento de la violencia”.

Dos informes recientes así lo demuestran. El primero es “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2022”, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y el segundo es el “Cuarto informe de violencia y dinámica electoral y riesgos en las circunscripciones de paz”, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Ambos concuerdan en que, desde el inicio de este periodo la violencia se ha incrementado.

Del 13 de marzo de 2021 al 13 de febrero de este año, la Fundación Pares ha contabilizado que hay una víctima de violencia electoral cada dos días; en otros términos, ya hay un total de 163 víctimas y 124 hechos de violencia en este periodo, sin incluir ataques contra líderes y lideresas sociales que también han ocurrido en el contexto de las elecciones en Colombia. La MOE, por su parte, establece que en 131 municipios, de los más de mil que tiene el país, existe un riesgo conjunto de fraude y violencia –49 de ellos están en riesgo extremo– y en 319 hay riesgo de violencia electoral.

“La violencia se ha incrementado en comparación a lo que ocurría hace cuatro años. Muchos líderes y lideresas sociales, candidatos a las curules de paz, están expuestos. El aumento de la violencia contra líderes políticos es del 92% y contra líderes sociales, del 134%”, dice Mauricio Vela, coordinador de la MOE e investigador del informe. Puntualiza que en casi la mitad de los 131 municipios que tienen riesgo de fraude y violencia electoral hay circunscripciones de paz. “Estamos hablando de sitios donde está la mayor parte de grupos armados ilegales y donde cometen las mayores acciones violentas”.

En lo que va de 2022, la Fundación Pares destaca: un incendio en la casa del alcalde de El Charco (en Nariño); un atentado contra el gobernador del departamento de Caquetá; dos contra diputados del departamento de Chocó; y un explosivo en la sede del partido Comunes en Bogotá. El informe establece que han ocurrido hechos de violencia en 27 de los 32 departamentos del país, también en Bogotá, donde se registran veinte víctimas. En el 70% de los casos, que incluyen desde amenazas hasta homicidios y cuyas principales víctimas son funcionarios de elección popular, se desconoce el perpetrador debido, en parte, al reacomodo del orden criminal tras la salida de las FARC de los territorios. El informe señala además que la violencia es hoy un mecanismo más de la competencia en las elecciones en Colombia, que ésta se recrudece conforme se acerca el día de la votación y que “los hechos victimizantes han sido de forma indiscriminada, contra todos los sectores políticos”.

En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el informe advierte: “A la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilegales se suma la cooptación de la política electoral por parte de clanes políticos que han buscado hacerse con las curules de las víctimas en el Congreso a través de las fallas de la Registraduría y la ausencia histórica del Estado”.

“La génesis de esto fue una oposición férrea al Acuerdo de Paz por parte del Centro Democrático [el partido que está en el gobierno], los clanes políticos, Cambio Radical, los conservadores, en algunos escenarios el Partido Liberal y los partidos cristianos”, dice a Gatopardo Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. “Torpedearon la regulación de las circunscripciones de paz que tienen que ser para las víctimas. Su aprobación llegó de forma tardía, cinco meses antes de las elecciones, sin seguridad jurídica, pedagogía electoral o medidas de protección y con fallas estructurales que la Registraduría no ha resuelto”.

Como menciona el informe, en las circunscripciones de paz confluyen tres factores de riesgo: presencia de estructuras armadas ilegales, dinámicas de economías ilegales y cooptación democrática por parte de clanes políticos. Al respecto del primero, Esteban Salazar comenta: “En las Citrep, las [estructuras armadas ilegales] que mayormente vemos son disidencias de las FARC, en noventa municipios, seguidas del Clan del Golfo, en 73, y después el ELN. El fracaso de la política de seguridad del actual gobierno lleva a que, en departamentos como Arauca, Norte de Santander, bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca una víctima se enfrente a no poder hacer proselitismo ni actividad política. Es una barrera compleja porque, así el actor armado no se pronuncie, el hecho de que esté poniendo artefactos explosivos y de que haya enfrentamientos con la fuerza pública no da ninguna garantía para una campaña”.

Sobre las economías ilegales, Salazar afirma que muchas de las organizaciones de víctimas han emprendido procesos de sustitución de cultivos ilícitos para salir de esos escenarios y, sin embargo, al estar en las zonas, deben enfrentarse a dinámicas de control de las rutas y los espacios por parte de grupos narcotraficantes.

Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer factor agrega: “En los 167 municipios hay, por lo menos, 35 clanes políticos que tendrían algún interés por cooptar espacios. Como esos clanes tienen problemas para su supervivencia en el Congreso, hacen uso de mecanismos de competencia electoral para permanecer y empiezan a buscar en las circunscripciones de paz donde hacer campaña es más barato y necesitan menos votos que a nivel departamental. De esa forma pueden garantizar una curul desde la representación o supuesta representación de las víctimas”.

Para estas elecciones en Colombia, Salazar espera que se elija a víctimas legítimas de cada territorio que visibilicen demandas sociales históricamente relegadas. Sin embargo, concluye que, en lo que respecta a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: “En este momento, bajo las condiciones estructurales del país, no hay garantías suficientes para que se pueda ejercer el derecho al voto”.