“No se permite el acceso con animales. No se permite el acceso a homosexuales”, decía un muro en la entrada del Deportivo Ojocaliente, el balneario más famoso del centro de Aguascalientes, a quinientos kilómetros de la capital mexicana. Era el año 2000 y aquí —la tercera entidad con mayor población católica del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2020— germinaba una lucha que hoy está sumergida en una crisis.

En ese mismo año, Enoé Uranga, la primera diputada abiertamente lesbiana, entraba a la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, y el nuevo milenio había traído frescura y esperanza al movimiento LGBTQ+ gestado en México desde finales de los setenta. Pero en Aguascalientes, un estado donde el poder religioso, político y económico son uno mismo, el tiempo parecía haberse detenido.

El reloj se detuvo otra vez el lunes 13 de noviembre de 2023, poco antes de las nueve de la mañana. La noticia que comenzó a circular en medios locales y nacionales conmocionó al estado: Jesús Ociel Baena Saucedo, la primera persona no binaria (NB) en ser reconocida como magistrade electoral en México y Latinoamérica, había muerto de manera violenta junto con su pareja, Dorian Nieves Herrera. La noticia de su muerte cimbró al país, y en Aguascalientes sembró miedo.

La noche de ese lunes miles de personas en diferentes ciudades salieron furiosas a exigir justicia, pero en este estado —el sexto con mayor porcentaje de población LGBTQ+ en México, de acuerdo con el Inegi en 2022— apenas unas cien asistieron a un homenaje en el que reinaron la solemnidad y las lágrimas.

“Nos regresaron a hace veintitrés años. Nos dieron un golpe de realidad”, dice con frustración Chuy Tinoco, una reconocida activista que en septiembre de 2005 creó El Mal de Aguascalientes, la segunda organización lesbofeminista en el estado, semillero de mujeres que hoy protagonizan distintas luchas sociales en la entidad.

Las amenazas a Ociel Baena

Ociel Baena, de 38 años, tuvo logros jurídicos sin precedentes, como el reconocimiento legal de las personas NB, y fue la primera persona en recibir un pasaporte con una X en la sección de género, en lugar de una F o una M. También rompió profundos paradigmas al interior del Poder Judicial, donde sus tacones y su tradicional labial rojo contrastaban con la sobriedad de los tribunales, llenos de trajes, corbatas y mocasines.

Ociel Baena luchaba, sobre todo, por acciones afirmativas en materia electoral para la comunidad LGBTQ+. Por su activismo, en sus redes sociales recibía frecuentemente comentarios de odio y amenazas. Solo cuatro días antes de morir recibió una que era especialmente preocupante.

“En su última visita me externó su preocupación por esa amenaza, le detallaron la forma en la que iba a morir, [le dijeron que] degollado. No queremos decir que esa amenaza fue cumplida, pero sí existió”, afirmó su padre, Juan Baena. Según la Fiscalía local, Dorian Nieves Herrera asesinó con una navaja a Ociel Baena, su pareja, para después suicidarse. La herida mortal que recibió le magistrade fue un corte en la yugular que terminó por desangrarlo.

Ociel Baena había comentado el asunto de las agresiones con el fiscal estatal, Jesús Figueroa Ortega. Pese a ello, tres horas después de encontrar a las víctimas y sin avisar a sus familias, la Fiscalía dio una versión apresurada de los hechos, diciendo que se trataba de un “crimen pasional” en el que, además, hubo consumo de drogas.

La Fiscalía dio un trato similar a investigaciones por probables feminicidios y a casos que afectan la percepción de seguridad en el estado, uno de los indicadores que más presumen las administraciones estatales. La fórmula ha sido la misma: conclusiones apresuradas a investigaciones no concluidas, información relevante que es descartada y poca empatía hacia las familias de las víctimas.

De acuerdo con las diversas entrevistas que ofreció el fiscal a medios locales y nacionales, la línea de investigación de un probable crimen de odio no está descartada; sin embargo, no fue una prioridad para las autoridades ministeriales. Las organizaciones LGBTQ+ locales, como la Comunidad para la Diversidad, los Derechos y la Ciudadanía, consideraron que esto es prueba de un profundo odio hacia ellas, ellos y elles.

También se filtraron ilegalmente fotografías sangrientas de las víctimas. La primera fue publicada por el comunicador José Luis Morales, quien en 2015 llamó “jotos vestidos de mujer” a las personas transgénero, comentario por el que fue denunciado ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Morales, sin embargo, es uno de los comunicadores más populares del estado. Él y su familia poseen una radiodifusora de gran audiencia y dos periódicos locales. Según datos consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia, tan solo en 2023 estos medios han recibido recursos públicos, bajo el concepto de publicidad oficial, por al menos 67.3 millones de pesos. Los contratos fueron otorgados tanto por el gobierno estatal como por el municipal, ambos encabezados por el mismo grupo político del Partido Acción Nacional (PAN). Sus medios, además, son percibidos como unos de los favoritos de la gobernadora y exalcaldesa capitalina, Teresa Jiménez Esquivel.

“Eso se llama dolo y representa el profundo odio que nos tienen. No es posible que ese grupo periodístico esté ganando dinero con esto y que sea cobijado por el estado. Resulta que estamos tan enfermos que ya nos matamos entre nosotros”, agrega molesta Chuy Tinoco, de la organización El Mal de Aguascalientes.

Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigieron al Estado mexicano realizar una investigación diligente que considere el contexto de violencia alrededor de le magistrade.

El silencio del gobierno estatal también ha sido condenado. Desde aquel lunes fatal hasta el cierre de esta edición, la gobernadora no se ha pronunciado sobre el crimen ni ha respondido a la exigencia de las diversidades sexogenéricas para garantizarles mayor seguridad.

“Hay más represión, más ostracismo y violencia estructural. Invisibilizar y violentar a nuestra comunidad es el eje de este gobierno”, dice en entrevista Julián Elizalde, fundador del Colectivo SerGay, el primero creado en Aguascalientes para personas LGBTQ+.

El trabajo de Ociel Baena originó algunos, aunque pocos, comentarios discriminatorios en la política local. En julio de 2023, Martha Márquez, expanista y actual senadora por el Partido del Trabajo (PT), criticó, al grito de “Con los niños no”, que el Tribunal Electoral local realizara una actividad en las escuelas de educación básica para hablar a los estudiantes sobre cultura de la legalidad. Márquez no quería que Ociel Baena entrara a las escuelas porque iba “a promover la ideología de género y trans, y a dar mensajes que van a confundir a nuestros hijos”.

Ociel Baena la denunció ante el Instituto Nacional Electoral, y el caso fue resuelto por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se determinó que no se habían violado los derechos político-electorales de le magistrade.

Aguascalientes y su clima de violencia

El letrero cargado de homofobia estuvo en la entrada del balneario Ojocaliente al menos desde los noventa y hasta el año 2000. Entre otras restricciones como usar las albercas solo con traje de baño o no alterar el orden, decía: “No se permite el acceso con animales. No se permite el acceso a homosexuales”.

Quienes vivimos la infancia en esa década lo vimos muchas veces con bastante naturalidad, aunque también con vergüenza. A algunas personas adultas les parecía indignante, pero nadie dijo nada hasta agosto del año 2000, cuando el periodista Eleazar Bañuelos llegó a este estado como corresponsal de Televisa y, escandalizado, envió una nota al noticiero nacional, uno de los más vistos en el país.

En Televisa la nota causó un escándalo y en Aguascalientes derivó en la primera marcha de la diversidad sexogenérica, que nació luego de que Chuy Tinoco —que es originaria del Estado de México y que desde 1996 había iniciado en el activismo lésbico— viera la televisión y llamara a su amigo César Velázquez, integrante del Frente de Liberación Homosexual, para viajar desde la capital mexicana.

En aquellos años, Tinoco y Velázquez se dedicaban a impulsar redes y liderazgos LGBTQ+ en cada entidad del país, en un proyecto llamado Comités de Orgullo. Tinoco cuenta que instancias como la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas y la entonces Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex hicieron un llamado “por todo el mundo” para denunciar la homofobia que se estaba viviendo en Aguascalientes.

“Llegamos a un desierto”, recuerda Chuy. En cuanto se instalaron en el municipio pusieron lonas en la plaza principal y regalaron folletos sobre las diversidades sexuales. Eso comenzó a reunir a las personas.

En respuesta a la polémica generada, esa misma semana, Jorge Álvarez Medina, director de Reglamentos del municipio, entonces gobernado por el PAN, hizo declaraciones explosivas:

“Estoy en contra de ese tipo de personas. Mientras me encuentre a cargo de los reglamentos municipales no permitiré el acceso a homosexuales”, “Si yo fuera la máxima autoridad del gobierno y me diera cuenta de que en mis filas hubiera un homosexual, lógicamente esa persona se iría para afuera”, y “Sí, lamentablemente esas personas tienen derechos”. Días después tuvo que disculparse públicamente.

En aquellos años eran frecuentes las redadas en Mandiles, el primer bar para hombres homosexuales, que operó desde inicios de los noventa de la mano de Alfredo González Gascón, un hombre que también fundó las primeras organizaciones LGBTQ+ en el estado.

Policías municipales y personal del área de Reglamentos de la capital de Aguascalientes solían irrumpir en ese lugar para detener a todo hombre que sorprendieran expresando cariño a otro hombre. “Hacían vallas, llegaban y cerraban el lugar. Decían cosas horribles, como que olía a sida. Había golpes, la gente salía huyendo”, narra Julián Elizalde, del Colectivo SerGay, organización que nació en 1994 para nombrarse cuando nadie les reconocía.

Ya en el año 2000, en el bar se habían instalado sirenas que alertaban a los clientes de la llegada de policías. Entonces todos levantaban las manos en señal de inocencia y también como signo de protesta.

“Los gobiernos del PRI y el PAN estaban llenos de odio y discriminación, lo fomentaban con el discurso de rechazo. Ese letrero siempre existió [el que les prohibía la entrada al balneario] y el contexto era lleno de agresividad y violencia. Los policías te detenían por el hecho de verte homosexual o femenino. Estaba en el Código Municipal como faltas a la moral y las buenas costumbres, así decía literal”, recuerda Elizalde.

“Son faltas contra la integridad moral del individuo y de la familia y se sancionarán con multa de cinco a diez días de Salario Mínimo General Vigente en el Estado o arresto hasta por treinta y seis horas, las siguientes: Ejecutar, exhibir o asumir actitudes obscenas, de manera pública y por cualquier medio, que atente contra la moral y las buenas costumbres”, decía la fracción VI del artículo 633 del Código Municipal abrogado hasta 2007.

Las mujeres trans no podían caminar “ni cinco o seis cuadras” sin ser detenidas, según Wilfrido Salazar, abogado litigante de casos de feminicidios, transfeminicidios y reconocimiento jurídico de las diversidades sexuales. “Los policías les decían cosas horribles, las detenían sin justificación y las violaban, también las obligaban a hacerles sexo oral, les robaban”, cuenta.

Ociel Baena: Una lucha que no termina

Ociel Baena, originarie de Coahuila, llegó a Aguascalientes once años después de ese agosto del año 2000 que marcó a la entidad, cuando lograron quitar el letrero del balneario. En este estado, su transformación fue lenta y casi imperceptible, hasta octubre de 2022, cuando obtuvo el nombramiento de magistrade y se convirtió en una figura reconocida en el país, pero ahí las cosas no han cambiado mucho.

En febrero de 2023, un comando armado, que incluyó a policías estatales y municipales, irrumpió en un albergue para migrantes LGBTQ+ y personas con VIH o sida. Les levantaron a punta de pistola y les tomaron fotografías. Por los hechos, las organizaciones denunciaron intimidación.

Meses después, en julio, fue asesinado a balazos el activista Ulises Nava, quien viajó desde Guerrero para asistir al primer Congreso Nacional de Litigio Estratégico para la Defensa de la Cuota Arcoíris en México, organizado, entre otras personas, por Ociel Baena, su amigue.

Tras el crimen, y por las amenazas que Ociel Baena recibía con frecuencia en sus redes sociales, el 26 de julio la Sala Superior del TEPJF solicitó dar vista al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, y a la Fiscalía estatal para que Ociel Baena recibiera medidas cautelares de seguridad. Desde entonces, una persona custodiaba a le magistrade, aunque aún no es claro dónde se encontraba este guardia de seguridad durante las horas en las que Ociel Baena perdió la vida.

La invisibilización también ha permanecido. Aguascalientes es una de las dos únicas entidades en el país —la otra es Chiapas— donde el matrimonio entre personas del mismo sexo aún no es reconocido en el Código Civil. Cada intento por impulsarlo ha sido rechazado por la mayoría panista que se mantiene en el Congreso desde hace más de tres legislaturas. El Código tampoco reconoce la identidad jurídica, por ejemplo, de las personas trans.

“Seguimos viviendo una violencia institucional, nuestros derechos no se han homologado, como el reconocimiento de nuestros hijos, derechos de sucesión y de seguridad social para nuestras parejas, no existen porque las legislaturas han sido omisas. Accedemos solo a base de amparos”, añade Wilfrido Salazar, quien también es integrante del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTQ+.

Este 2023, Salazar y un grupo de activistas promovieron una demanda de amparo para que el estado etiquete recursos específicamente para atender las necesidades de la comunidad LGBTQ+, como ocurrió en Guanajuato. Pero la administración se negó y el amparo aún es revisado por un Tribunal Colegiado de Distrito.

Las organizaciones coinciden en que la cercanía del PAN —que actualmente gobierna el estado— con la Iglesia católica y organizaciones de ultraderecha, como el Frente Nacional por la Familia, obstruye el avance de sus derechos.

“Ni siquiera es un control discreto, es totalmente frontal”, considera Manuel Gutiérrez, activista del Colectivo SerGay, quien criticó que, en mayo, la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel haya celebrado la visita de Eduardo Verástegui, candidato presidencial independiente, pero con fuertes vínculos con grupos de ultraderecha. Y, en contraste, nunca se ha reunido con los colectivos LGBTQ+.

El poder de las sotanas

En la elección a la gubernatura de 2016, por ejemplo, la diócesis de Aguascalientes, entonces dirigida por el obispo José María de la Torre Martín, fue acusada por la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza-PT de promover el voto panista en las capillas de la entidad, a favor de Martín Orozco Sandoval, el candidato blanquiazul.

El obispo envió una carta pastoral a los curas del estado con motivo de las elecciones. En ella los invitó a votar por el partido que salvaguarda el matrimonio entre hombre y mujer, y la libertad de educación para los hijos. La carta ya no se encuentra disponible en internet. Otros cinco ministros invitaron a votar por el PAN desde sus capillas.

La Sala Superior del TEPJF acreditó que tanto el obispo como los ministros intervinieron de manera ilegal en la contienda, violando los principios de laicidad y de separación de Iglesia y el Estado, pero resolvió que esas violaciones no fueron graves ni determinantes. En consecuencia, validó la elección. Pocos días después, el Consejo de Laicos, una organización católica, celebró el triunfo del nuevo gobernador Orozco Sandoval.

El obispo José María de la Torre Martín hizo diversos comentarios discriminatorios contra la comunidad LGBTQ+. En 2014, por ejemplo, comparó los matrimonios entre personas del mismo sexo con actos zoofílicos, y llamó “invertidos” a los homosexuales. El hecho fue denunciado ante el Conapred y, en 2015, el obispo tuvo que disculparse.

Durante la misa de cuerpo presente de le magistrade y su pareja, el martes 14 de noviembre, la bandera LGBTQ+ cubría sus féretros. La ceremonia se realizó en la Catedral del estado. Por primera vez en la historia los colores de la diversidad llegaron al recinto. Hasta la publicación de este texto, la Diócesis de Aguascalientes no había respondido a la solicitud de entrevista para conocer el proceso por el que decidió que esto ocurriera.

En redes sociales, las personas dejaron comentarios agresivos y ofensas crueles para acusar una falta de respeto a la Iglesia. Otras celebraron el hecho y la apertura del clero al reconocimiento de las diversidades sexuales. En la política local —ante la conmoción que ocasionó la muerte de la pareja—, nadie se posicionó al respecto.

Antes de este inusual gesto, el discurso de las organizaciones católicas, y de la propia Iglesia, se había materializado en hechos de violencia. Susan Muñoz, una mujer transexual que coordina la Red Hidrocálida de Personas Trans y de la Diversidad Sexual, narra que, en 2015, un policía municipal “muy católico” golpeó y amarró a una chica trans al árbol de un parque donde se encuentra una estatua del papa Juan Pablo II.

De acuerdo con Muñoz, la noticia no fue publicada ni se denunció el hecho por el miedo de la víctima a sufrir represalias. Según la plataforma Visible, que documenta casos de violencia contra las personas LGBTQ+ en México, 2023 ha sido el periodo con el mayor número de denuncias en Aguascalientes desde 2018, con 31 casos en lo que va del año.

Lo que deja le magistrade

Los liderazgos más visibles de la lucha LGBTQ+ han expresado su temor y el de sus familias a que algo les suceda, en respuesta a un discurso de odio exacerbado tras la muerte de le magistrade y su pareja.

“Se burlan. Están invitando a acabar con los que siguen, mostrando armas y cosas así. Activistas de la vieja guardia nos lo advirtieron, nos decían: ‘Cuidado, todo avance implica una respuesta de contraataque. Avanzas hoy y te van a buscar chingar el doble’. Y Ociel Baena estaba avanzando, iba a penetrar en las estructuras más profundas del Poder Judicial. No se iban a quedar con los brazos cruzados”, dice con lágrimas en los ojos Marco García, historiador y fundador de la organización VIHDA.

“No es fácil describir y nombrar a los poderes fácticos. Es peligroso. Algunes estamos en la reflexión de hasta dónde podemos involucrarnos. Es un proceso difícil. Lo hemos estado hablando en las colectivas, hay mucho miedo”, añade.

“Definitivamente hacía muchos años que las personas LGBTQ+ no teníamos o no vivíamos con este miedo tan presente. En mi caso muy personal, mi madre y mi familia se encuentran realmente afectadas y preocupadas por la situación. Derivado de los hechos se han estado tomando medidas de seguridad extras con mi familia”, declaró Juan Carlos Regalado, morenista y la única persona NB en ocupar una curul en el Congreso estatal.

El temor es compartido por Alicia Cruz, uno de los pocos liderazgos jóvenes en la lucha de la comunidad LGBTQ+, que reconoce a Ociel Baena como alguien que dio visibilidad estructural a las personas NB, quienes ahora, dice, son las que viven con mayor miedo, especialmente aquellas que enfatizan sus rasgos femeninos.

“Históricamente nunca nos han garantizado seguridad. A partir de lo que hemos recolectado en el archivo [de la organización Diversx], quienes somos mayoritariamente agredidas somos las personas trans, particularmente mujeres transgénero. Personas muy afeminadas o expresiones de género muy afeminadas. No les importan nuestras vidas. Le magistrade tenía un puesto importante, pero hay personas que no tenemos esos puestos, y aunque tengamos miedo seguimos apostando con el cuerpo, seguimos defendiendo. Pero nadie nos está garantizando absolutamente nada”, añade Cruz, que se identifica como persona NB y coordina Diversx.

Sentade en la casa donde construye el archivo histórico de la comunidad LGBTQ+ en el estado, Cruz dice: “En algún momento pensé que esto podía ser un parteaguas para que la gente de la disidencia sexogenérica, las personas que somos trans no binarias en Aguascalientes, podamos tener un despertar como sucedió hace veintitrés años con lo del letrero. Históricamente nunca nos han garantizado la seguridad. Pero es un shock. Yo pensaba: ‘¿Por qué la rabia no nos atraviesa?’”.