Tiempo de lectura: 9 minutosUn millón doscientos mil jóvenes entre los 14 y 28 años votaron para designar a quienes ocuparán por primera vez los Consejos de Juventud municipales, distritales y locales en las elecciones del 5 de diciembre. Parece poco –y lo fue–: sólo el 10% de los más de doce millones de votantes jóvenes acudieron a las urnas. Ese domingo, al filo de las cuatro de la tarde, la hora en la que finalizan los comicios y usualmente se ve a la gente corriendo para llegar a tiempo, un puesto de votación al norte de Bogotá lucía vacío, apenas custodiado por un grupo de policías. El panorama se replicó en otras partes del país. Pero eso no quiere decir, como lamentaron algunas voces en medios y redes sociales, que las elecciones hayan sido un fracaso, un gasto público innecesario o una demostración de desidia. Por el contrario, se trató de un ejercicio que refleja la realidad del país y que puede, potencialmente, transformarla.
Primero, los tropiezos. Los Consejos de Juventud –un mecanismo para que los jóvenes participen, vigilen y controlen la gestión pública y las políticas destinadas a ellos– fueron creados por ley en 2013, pero las elecciones no se llevaron a cabo hasta que en 2018 una modificación de esa ley obligó a hacerlas en el cuatrienio siguiente. Entonces se determinó que habría entre siete y diecisiete consejeros y consejeras en cada uno de los 1,097 municipios del país y en 33 localidades de algunas ciudades, que su trabajo duraría cuatro años y que, a su vez, elegirían consejos departamentales y uno nacional. Sus funciones son: ser interlocutores de la administración y las entidades públicas en temas concernientes a los jóvenes; participar en el diseño de una agenda nacional, proponer políticas y programas y concertar con las autoridades su inclusión en los planes de desarrollo; presentar informes de gestión; hacer veeduría de la ejecución de políticas; y fomentar la creación de procesos juveniles. Todo sin remuneración ni manejo de presupuesto.
Este año la Registraduría Nacional anunció un día de votación –en noviembre– que luego aplazó. Finalmente se decidió la fecha y se fijaron las elecciones del 5 de diciembre pero, a doce horas de abrir las urnas, la Registraduría expidió una resolución en la que habilitó a los menores de edad para que pudieran votar en cualquier mesa y no sólo en la que estaban inscritos.
“Fue una resolución de último minuto”, dice el economista y politólogo Mauricio Vela, coordinador en la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma que promueve el ejercicio de derechos civiles y políticos en Colombia. “La idea era facilitarles el voto a los menores de edad, pero los jurados no estaban informados. Los mecanismos para evitar el doble voto no fueron claros, no se sabía cómo controlar que la persona que había ido a un sitio de votación no fuera después al que estaba registrada”. En un primer informe sobre las elecciones del 5 de diciembre, publicado al mediodía, la MOE manifestó que le preocupaba que “esta decisión [de la Registraduría], implementada por los delegados de los 6,058 puestos de votación, se hubiera expedido un día antes”. En éste y en un segundo informe al final de la jornada se enumeran otras irregularidades electorales: posible compra de votos, suplantación, engaños y entrega de propaganda en las mesas. Sin embargo, el 40% de ellas se refiere al desorden que causó la resolución. “Se evidenció el desconocimiento por parte de los jurados sobre cómo funcionaba y también llegó muy poca gente, no todos los jurados se presentaron”, concluye Mauricio Vela.
En sus informes, además, la MOE lanza un dato desconcertante: casi el 23% de los votos se anuló, un porcentaje que contrasta con el rango de votos nulos en otras elecciones y que suele estar entre el 2% y el 6%. “Este resultado invita a revisar el diseño de la tarjeta electoral y a fortalecer los procesos de pedagogía”, sugiere la Misión. Por ley, un Consejo de Juventud debe estar compuesto por representantes de partidos políticos (en un 30%), por listas de candidatos independientes (el 40%) y procesos y prácticas organizativas (el 30%); en la tarjeta electoral estaban las tres opciones, cada una con sus respectivos aspirantes. “Ahí también faltó pedagogía”, dice Mauricio Vela. “Sólo se podía elegir un grupo, no tres ni dos, pero mucha gente seguramente se confundió porque vio los tres grupos y votó en cada uno. Eso, claro, anula el voto”.
Ahora los resultados de las elecciones del 5 de diciembre. Según la Registraduría Nacional, el 56% de los votos (523,110) corresponde a partidos y movimientos políticos; el 29% (269,613) a listas independientes y el 14% (134,860) a procesos y prácticas organizativas. El ganador del primer grupo –y de las elecciones en general– fue el Partido Liberal, el más antiguo de Colombia, que obtuvo 100,592 votos. La lista independiente con mayor votación fue Unidad Popular Cali en Resistencia con 2,345 votos, mientras que la Red Departamental de Jóvenes del Cauca (Redejoca) encabezó los procesos y prácticas organizativas con 2,352 votos. Con 11,100 consejeros elegidos, incluidas las curules especiales para comunidades étnicas y la población que es víctima del conflicto armado, entre más de 46,000 candidaturas, cualquier clasificación podría resultar apresurada.
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Un día antes de las elecciones del 5 de diciembre, William José Pretel, hoy consejero de juventud del municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, al suroccidente del país, y candidato de la Redejoca, hizo un último recorrido por su pueblo. William tiene 24 años, es profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales y trabaja en la ciudad de Cali. En entrevista con Gatopardo dice que no se imaginaba que Redejoca, la organización juvenil social y política creada hace dos años con representación en todo el Cauca y cuyas banderas son la participación, la inclusión y la diversidad, iba a quedar primera en su grupo a nivel nacional. A su lado, en la pantalla de Zoom, está Luisa Muñoz, consejera por Popayán, capital del Cauca, y también integrante de la misma red. “Hicimos un trabajo muy duro, constante. Nuestra meta era motivar a los jóvenes para que supieran qué es el Consejo Municipal de Juventud. No sólo queríamos que votaran por nuestras propuestas, sino que se involucraran en el proceso”, dice Luisa, de 22 años, que está en octavo semestre de Derecho. “Nuestra campaña fue de tú a tú. Quisimos conocer las necesidades, problemáticas y realidades de cada joven porque, en cierta medida, nuestra función es visibilizar esas realidades”. “A los jóvenes les faltan oportunidades”, continúa William José. “Es muy diferente el tipo de oportunidad que puede conseguir un joven de ciudad, de la cabecera de un pueblo y aquél que vive en la parte montañosa. Visibilizar eso es nuestro trabajo”.
Gabriela Posso Restrepo tiene 25 años, estudia Administración de Empresas y es fundadora y lideresa de la organización estudiantil y juvenil Univalle Unida. En las elecciones a Consejos de Juventud quedó elegida como cabeza de la Unidad Popular Cali en Resistencia, la lista independiente más votada del país. Gabriela es militante de Colombia Humana, el partido liderado hoy por Gustavo Petro, el candidato a la Presidencia de la República que encabeza las encuestas. En julio pasado ella se reunió con jóvenes de distintos partidos alternativos para crear el Pacto Histórico Juvenil Cali, como parte de la coalición de centroizquierda que apoya a Petro, y decidieron que cada uno se lanzaría en uno de los tres grupos de la tarjeta electoral para cubrir todos los frentes. La Unidad Popular optó por ser una lista independiente.
“Esto no es sólo un asunto de campaña, sino una construcción de distintos procesos comunitarios y sociales que la juventud viene realizando en la ciudad de Cali. Nuestra lista es muy diversa y hay candidatos y candidatas que también son líderes de esos procesos y desde hace mucho tiempo vienen realizando un trabajo de base”, dice Gabriela para mostrar un contexto más amplio que el de las elecciones del 5 de diciembre. En 2018 ella fue parte del comité organizador del Paro Nacional Universitario.
Justamente, su ciudad, Cali, fue el epicentro del estallido social que en la primera mitad de este año condujo a miles de jóvenes colombianos a exigir mejores condiciones de vida, en un paro nacional que duró varios meses. “Claramente se generó una conciencia política después de lo que sucedió en Cali. A pesar de que hay jóvenes que no quieren participar en las organizaciones políticas, sí hay una mayor intención en términos de elegir bien, de saber a quién elegir. Nuestra apuesta es que los jóvenes se organicen. Actualmente ellos [se refiere a los chicos y chicas que participaron en la movilización social] están en la Unión de Resistencia Cali, en un proceso incluso con la alcaldía. Ellos decidieron no tomar una postura en términos electorales, pero muchos de sus voceros participaron en los Consejos de Juventud. Aunque ya no hay barricadas en Cali, sí hay una construcción social en los barrios donde se encontraban los puntos de resistencia”, comenta Gabriela.
Después de una campaña de pedagogía electoral –una falla a la que se refieren todos los que participaron en las elecciones del 5 de diciembre para explicar la baja votación–, la Unidad Popular Cali en Resistencia trabajará en sus líneas programáticas: empleo, emprendimiento, medio ambiente, participación ciudadana y defensa de la educación pública, de calidad y universal, y también para que los Consejos de Juventud sean vinculantes y no solamente consultivos. “Si no [para gestionar], dependeremos de quién sea el alcalde o el dirigente en turno”, explica Gabriela.
John Baquero es concejal del municipio de Funza, donde nació, militante del Partido Liberal desde los diecisiete años y director de la Organización Nacional de Juventudes Liberales que posicionó a cerca de 1,200 consejeros de juventud en todo el país. “Cada vez que hay un joven con un futuro político, el mismo partido le abre espacios, lo impulsa”, dice. La cifra de un millón doscientos mil votos en estas primeras elecciones –y alrededor de cuatrocientos mil de menores de edad– no le parece mala. Al contrario, está seguro de que, dentro de cuatro años, los votos van a sobrepasar los siete millones. “Estamos trabajando en un proyecto de ley para que lo que se decida en los Consejos de Juventud sea vinculante ante los gobiernos”, cuenta, “porque ahora, si los jóvenes quieren implementar recursos en tales aspectos y el mandatario de turno dice que no es acorde a su plan de desarrollo, ahí se queda”.
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Sí, faltó pedagogía, no sólo al informar sobre la existencia de los Consejos de Juventud, sino sobre la importancia que las y los consejeros podrían llegar a tener, su posible incidencia frente a las decisiones de alcaldes, gobernadores y a nivel nacional; faltó fomentar la participación en las elecciones del 5 de diciembre para que los jóvenes se sintieran representados por los candidatos. Y, sin embargo, luego de enumerar esas fallas, Mauricio Vela, de la MOE, dice que los Consejos de Juventud son una incubadora de liderazgos y un espacio –aún por verse– para proponer agendas y autogestionar aquello que atañe a los casi trece millones de jóvenes colombianos.
Según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas titulado Análisis de la situación de la juventud en Colombia 2021, los departamentos de Magdalena, La Guajira y Caquetá suman el mayor número de personas nacidas de madres adolescentes –de entre 15 y 19 años– por cada mil mujeres: se elevan a 96, 95 y 92, mientras que en Bogotá la cifra desciende a 34. En Guainía, Vichada y Vaupés –departamentos de la Orinoquía y la Amazonía– la cobertura en educación media es 50% más baja que en la región central. Lo mismo ocurre en la educación secundaria y la brecha crece en educación superior. A comienzos de 2021 la tasa de desempleo para los jóvenes de 14 a 18 años llegó casi al 24% –al 31% para las mujeres–. Un 27.7% de los chicos y chicas de esa edad no participaba en el mercado laboral ni estaba matriculado en un plantel educativo. Del total de víctimas de homicidio en Colombia en 2020, el 46% fueron jóvenes de quince a veintinueve años y en ese mismo lapso 6,488 niñas de entre diez y catorce años fueron víctimas de un delito sexual. Un 34.7% de las personas registradas como víctimas del conflicto armado entre 1965 y 2021 tiene de doce a veintiocho años.
Alejandro Miranda es uno de los consejeros de Entramada Juvenil Ciudad Bolívar, la lista independiente más votada en esa localidad, la tercera más extensa de Bogotá, con una zona rural y una población, en su mayoría, de nivel socioeconómico bajo. Alejandro, de 22 años y estudiante de Licenciatura en Educación Especial, hace parte de la Asociación Social por la Recuperación Ambiental en su barrio y, al igual que las doce personas que integran la Entramada Juvenil, conoce bien Ciudad Bolívar.
Ellos caminaron las tres montañas que la conforman para recoger quinientas firmas que les permitirían inscribirse y luego repartieron volantes, perifonearon y escucharon las demandas de los y las jóvenes: educación pública de calidad, gratuita y de fácil acceso, un sistema de salud de iguales condiciones y vivienda digna. Además, Alejandro menciona tres asuntos puntuales de la localidad: la cercanía del Relleno Sanitario Doña Juana, el acaparamiento de tierras y las mal llamadas “invasiones”, el transporte –al ser una localidad periférica, a sus habitantes les toma más de dos horas llegar al centro de Bogotá– y el empleo: contratos que garanticen salud, pensión, vacaciones, y no por horas o por prestación de servicios.
A la mencionada falta de pedagogía para explicar la baja participación en la votación de los Consejos de Juventud, Alejandro agrega las dinámicas de vida de las y los jóvenes: compañeras y compañeros suyos no pudieron votar en las elecciones del 5 de diciembre porque ese domingo debían trabajar como meseros, auxiliares de cocina o vendedores hasta las seis de la tarde. Pero, además, está el distanciamiento que sienten los jóvenes hacia las instituciones, e incluso el recelo y el rechazo a ellas.
“Entre los retos de hacer política en Ciudad Bolívar, compartidos a nivel nacional, está el riesgo de asumir escenarios de participación. En Colombia tenemos una democracia y un sistema electoral, pero hay poderes políticos que impiden una participación certera. Es el tema de la persecución, la estigmatización y la criminalización. Por estar al sur de la ciudad, por ser periferia, por tratarse de personas empobrecidas, desplazadas y migrantes, las vidas en Ciudad Bolívar están bajo el lente de la criminalización. Acá ha habido cosas como los falsos positivos, desapariciones, torturas. En el marco del estallido social hubo montajes judiciales. El fin entre quienes ejercen esas violencias es generar miedo y paralización para que tú no puedas hacer frente de forma directa porque las consecuencias van a ser todas las que acabo de nombrar”, explica Alejandro.
Y, sin embargo, agrega: “Todo eso dificulta hacer política, pero asumes el miedo […] Para nosotros es una ganancia llegar los Consejos de Juventud, estar ahí para dar la disputa, aunque es una disputa que no recoge la totalidad de la indignación, el rechazo y la rabia con los que salimos a la calle a exigir nuestros derechos. Es un espacio más, una práctica más, una lucha más”.
