Consejos de Juventud: las elecciones del 5 de diciembre no fracasaron

Las elecciones de los jóvenes en Colombia

Aunque apenas participó el 10% de los votantes jóvenes, las elecciones para designar a quienes integrarán los Consejos de Juventud no fueron un gasto innecesario, sino el primer paso para construir políticas que atiendan a esa población. ¿Qué se proponen los ganadores?, ¿cómo organizaron sus campañas?, ¿qué queda pendiente para tener más influencia en el gobierno?

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Un millón doscientos mil jóvenes entre los 14 y 28 años votaron para designar a quienes ocuparán por primera vez los Consejos de Juventud municipales, distritales y locales en las elecciones del 5 de diciembre. Parece poco –y lo fue–: sólo el 10% de los más de doce millones de votantes jóvenes acudieron a las urnas. Ese domingo, al filo de las cuatro de la tarde, la hora en la que finalizan los comicios y usualmente se ve a la gente corriendo para llegar a tiempo, un puesto de votación al norte de Bogotá lucía vacío, apenas custodiado por un grupo de policías. El panorama se replicó en otras partes del país. Pero eso no quiere decir, como lamentaron algunas voces en medios y redes sociales, que las elecciones hayan sido un fracaso, un gasto público innecesario o una demostración de desidia. Por el contrario, se trató de un ejercicio que refleja la realidad del país y que puede, potencialmente, transformarla.

Primero, los tropiezos. Los Consejos de Juventud –un mecanismo para que los jóvenes participen, vigilen y controlen la gestión pública y las políticas destinadas a ellos– fueron creados por ley en 2013, pero las elecciones no se llevaron a cabo hasta que en 2018 una modificación de esa ley obligó a hacerlas en el cuatrienio siguiente. Entonces se determinó que habría entre siete y diecisiete consejeros y consejeras en cada uno de los 1,097 municipios del país y en 33 localidades de algunas ciudades, que su trabajo duraría cuatro años y que, a su vez, elegirían consejos departamentales y uno nacional. Sus funciones son: ser interlocutores de la administración y las entidades públicas en temas concernientes a los jóvenes; participar en el diseño de una agenda nacional, proponer políticas y programas y concertar con las autoridades su inclusión en los planes de desarrollo; presentar informes de gestión; hacer veeduría de la ejecución de políticas; y fomentar la creación de procesos juveniles. Todo sin remuneración ni manejo de presupuesto.

Este año la Registraduría Nacional anunció un día de votación –en noviembre– que luego aplazó. Finalmente se decidió la fecha y se fijaron las elecciones del 5 de diciembre pero, a doce horas de abrir las urnas, la Registraduría expidió una resolución en la que habilitó a los menores de edad para que pudieran votar en cualquier mesa y no sólo en la que estaban inscritos.

“Fue una resolución de último minuto”, dice el economista y politólogo Mauricio Vela, coordinador en la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma que promueve el ejercicio de derechos civiles y políticos en Colombia. “La idea era facilitarles el voto a los menores de edad, pero los jurados no estaban informados. Los mecanismos para evitar el doble voto no fueron claros, no se sabía cómo controlar que la persona que había ido a un sitio de votación no fuera después al que estaba registrada”. En un primer informe sobre las elecciones del 5 de diciembre, publicado al mediodía, la MOE manifestó que le preocupaba que “esta decisión [de la Registraduría], implementada por los delegados de los 6,058 puestos de votación, se hubiera expedido un día antes”. En éste y en un segundo informe al final de la jornada se enumeran otras irregularidades electorales: posible compra de votos, suplantación, engaños y entrega de propaganda en las mesas. Sin embargo, el 40% de ellas se refiere al desorden que causó la resolución. “Se evidenció el desconocimiento por parte de los jurados sobre cómo funcionaba y también llegó muy poca gente, no todos los jurados se presentaron”, concluye Mauricio Vela.

En sus informes, además, la MOE lanza un dato desconcertante: casi el 23% de los votos se anuló, un porcentaje que contrasta con el rango de votos nulos en otras elecciones y que suele estar entre el 2% y el 6%. “Este resultado invita a revisar el diseño de la tarjeta electoral y a fortalecer los procesos de pedagogía”, sugiere la Misión. Por ley, un Consejo de Juventud debe estar compuesto por representantes de partidos políticos (en un 30%), por listas de candidatos independientes (el 40%) y procesos y prácticas organizativas (el 30%); en la tarjeta electoral estaban las tres opciones, cada una con sus respectivos aspirantes. “Ahí también faltó pedagogía”, dice Mauricio Vela. “Sólo se podía elegir un grupo, no tres ni dos, pero mucha gente seguramente se confundió porque vio los tres grupos y votó en cada uno. Eso, claro, anula el voto”.

Ahora los resultados de las elecciones del 5 de diciembre. Según la Registraduría Nacional, el 56% de los votos (523,110) corresponde a partidos y movimientos políticos; el 29% (269,613) a listas independientes y el 14% (134,860) a procesos y prácticas organizativas. El ganador del primer grupo –y de las elecciones en general– fue el Partido Liberal, el más antiguo de Colombia, que obtuvo 100,592 votos. La lista independiente con mayor votación fue Unidad Popular Cali en Resistencia con 2,345 votos, mientras que la Red Departamental de Jóvenes del Cauca (Redejoca) encabezó los procesos y prácticas organizativas con 2,352 votos. Con 11,100 consejeros elegidos, incluidas las curules especiales para comunidades étnicas y la población que es víctima del conflicto armado, entre más de 46,000 candidaturas, cualquier clasificación podría resultar apresurada.

Cortesía de Redejoca.

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