El pasado 10 de julio Grupo México confirmó un derrame de ácido sulfúrico en el mar de Cortés, dentro de la Unidad de Guaymas de la empresa Metalúrgica de Cobre SA de CV (subsidiada por GM). En redes sociales, después de las 3:00 pm, comenzó a circular través de twitter un video con una estela de vapor que salía del mar. De acuerdo a un comunicado de la empresa la cantidad derramada de ácido sulfúrico, un compuesto corrosivo utilizado en la industria metalúrgica, fue de tres metros cúbicos lo que equivale a tres mil litros de producto derramado. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la Semarnat investigará el caso y dará un resultado una vez hayan pasado los 5 días que, legalmente, la empresa tiene para armar su caso. “Es un hecho que hubo un derrame”, declaró el presidente.

Fernanda Hopenhaym, codirectora de PODER (organización no gubernamental dedicada a fomentar la rendición de cuenta por parte de empresas latinoamericanas), en entrevista con Aristegui Noticias, declaró que la empresa tardó en responder a la emergencia, misma que sólo fue realizada cuando el video difundido en redes sociales comenzó a circular.

Fernanda Hopenhaym, codirectora de PODER, declaró que la empresa tardó en responder a la emergencia.

Desafortunadamente este no es el primer caso en el que Grupo México se ve involucrado de manera nociva para el medio ambiente. Desde 1999, tanto GM como otras empresas subsidiadas por el conglomerado han sido acusadas de haber ejecutado una serie de daños al medio ambiente y al tejido social. En 2006, por ejemplo, la mina de Pasta de Conchos, de cuya ejecución se encargaba Grupo México, explotó por una acumulación de gas metano. El accidente pudo haber sido evitado, pues la mina llevaba más de media década operando bajo condiciones riesgosas, rompiendo una serie de regulaciones básicas, tales como la falta de polvo inerte para prevenir detonaciones, o la presencia de 60% de gas, proporción que supera los estatutos de seguridad. 

En 2014, Grupo México también se vio envuelta en un desastre ambiental de proporciones inmensas. La empresa Buenavista de Cobre —operada por GM— derramó más de 40 000 metros cúbicos de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, el cual desemboca en otros cuerpos de agua. Este incidente afectó a más de 22,000 personas, daño que a la fecha no ha sido resarcido. Hopenhaym agrega que la empresa adquirió una serie de compromisos para ayudar a la recuperación de la salud en la población, a la fecha ninguno ha sido cumplido. 

Mina de Grupo México

En el esquema nacional, que las corporaciones sean responsables de desastres ecológico-sociales no es novedad. No obstante, lo que llama la atención del derrame de julio 2019 es la particularidad de la zona en la que ocurrió. Camilo Thompson, abogado ambiental de la AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente), dió a conocer, en entrevista con Gatopardo, su preocupación por las implicaciones que un accidente como este puede tener en el área: “Esa zona es patrimonio cultural de la humanidad. Las islas e islotes del Golfo de California fueron inscritas desde 2005 en la convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural de la UNESCO. Este sitio es de gran importancia y relevancia, se habla de que tiene un valor universal, y esto es porque integra hábitats y especies con un valor importante”. 

Esta convención no es la única a la que responde el Golfo de California. Cerca del lugar de los hechos existe un humedal que corresponde a Sitios RAMSAR (“Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”), un tratado intergubernamental que “ofrece el marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos” y designa áreas que han sido reconocidas internacionalmente como áreas de importancia medioambiental. Bajo este tratado, ciertas áreas ecológicas deben recibir un cuidado especial, y son monitoreadas para que su explotación sea racional y justa con las capacidades del sitio. Con un total de 141 catalogados, México es el tercer país en el mundo con más sitios RAMSAR. Thompson alerta sobre la cercanía del siniestro con este tipo de sitios: “Identifiqué al menos 13 islotes en un rango, digamos, de 3 km a la redonda”. Uno de estos islotes se encuentra a escasos 330 metros del lugar del accidente. 

En verde están algunos de los islotes catalogados como patrimonio cultural de la humanidad.

Es difícil medir el daño que puede tener una acción como esta. Las consecuencias de verter ácido sulfúrico al mar dependen de algunas variables, entre ellas, la cantidad de químico derramado y los niveles de pH. En realidad no se sabe aún si el ácido fue efectivamente neutralizado, Grupo México asegura que este es el caso y la situación está bajo control, sin embargo tomará tiempo determinarlo con exactitud. Por lo pronto, a través de su cuenta de Facebook, el diputado local Carlos ‘Charlie’ Navarrete Aguirre difundió una serie de imágenes y videos que retratan una tortuga sin vida, fenómeno que puede ser resultado de las filtraciones del pasado 10 de julio. En redes sociales también circularon fotos de peces muertos en las cercanías del sitio afectado.

No obstante, otras fuentes indican que la cantidad de ácido vertido no es alarmante, y no provocará daños ambientales catastróficos. La coordinadora del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo en Sonora, Jaqueline García Hernández, declaró para el periódico La Jornada que el incidente no tendrá mayor repercusión en el sitio debido a que la cantidad de sustancia filtrada fue poca y la implementación de acciones de control fue rápida, esto previno que sucediera un proceso de acidificación en el océano. De acuerdo a Hernández, el máximo daño fue de 10 peces muertos. 

Independiente al impacto medioambiental, una cosa es cierta: el ácido sulfúrico sí puede incidir en daños irreparables. Ese hecho hace del acontecimiento de julio 2019 un hecho particular. ¿Por qué hay una planta metalúrgica con sustancias altamente corrosivas tan cerca de reservas ecológicas de importancia mundial? Camilo Thompson reflexiona al respecto: “Hay que repensar el modelo extractivista. ¿Hasta dónde debe llegar? Hay que ver sus límites en términos del territorio y la población que afecta. Normalmente cuando uno analiza un proyecto, uno ve que proyectos y concesiones son viables, muchos son incompatibles con la realidad del territorio debido a los ecosistemas que albergan y la realidad que se vive. Algunos proyectos pueden ser industrias que no sean del todo benéficas para la localidad, que puedan generar violaciones a derechos humanos”. 

Lo cierto también es que Grupo México lleva casi dos décadas en una serie de acciones destructivas para un estado ambiental que urgentemente necesita mejora. Thompson habla de esto: “Un derrame no ocurre porque sí, ocurre porque pudieron existir deficiencias o porque hubo un evento inesperado”. Bajo estos términos se debe ser exhaustivo con los procesos ejecutados por empresas como Grupo México, cuyo historial está lejos de ser impecable. Es imperativo que la Profepa y SEMARNAT pongan un alto a las acciones de corporaciones negligentes, solo así se evitarán catástrofes que perjudiquen a animales y humanos.

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