En el mundo, la experimentación con fracking empezó a mediados del siglo XX y hace unos veinte años la técnica se implementó con fines comerciales. De inmediato, Estados Unidos vio la posibilidad de aumentar sus reservas y dejar de comprar petróleo a otros países. Pero los efectos nocivos del fracking se hicieron notar. Lo primero es el agua. La gran cantidad que se usa, lo contaminada que queda al mezclarla con los químicos –y, más aún, con los metales pesados y compuestos radioactivos que sueltan las rocas fracturadas– y el riesgo que supone una filtración que llegue a un acuífero subterráneo o de regreso a la superficie.

—La contaminación del agua está documentada, pero hay más impactos —dice Carlos Andrés Santiago—, por ejemplo, el impacto a la salud. Una investigación de la Universidad John Hopkins concluyó que las mujeres embarazadas que están cerca de proyectos de fracking tienen entre 30% y 40% de probabilidad de embarazos de alto riesgo o partos prematuros. También las afectaciones a la vida campesina y a la biodiversidad. Yo he estado en zonas de fracking en Estados Unidos y Argentina y no he encontrado un ecosistema parecido al del Magdalena Medio, de ciénagas y humedales, donde la gente vive de la pesca y hay especies en vías de extinción como el manatí.

El activista se refiere al extenso valle en el centro de Colombia, atravesado por el río Magdalena, que tiene una tradición de agricultura, pesca y, más recientemente, de petróleo. Allí, en Puerto Wilches, un municipio en el departamento de Santander, la empresa colombiana Ecopetrol y la multinacional ExxonMobil están por iniciar dos proyectos piloto de fracking.

Ese término –proyectos piloto– es polémico. En el documental El ciego avance del fracking en Colombia (2018), producido por la organización ambientalista Censat Agua Viva, la fundación Heinrich Boll y la Alianza Colombia Libre de Fracking, un equipo de geólogos, abogadas, ingenieros y lideresas explica que, debido a la falta de información, es difícil comprobar que los proyectos piloto, adjudicados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cumplan con el que en teoría es su cometido: la investigación científica para determinar si el fracking en los yacimientos no convencionales del país es viable.

También Carlos Andrés duda:

—Desde hace dos años hay una medida cautelar del Consejo de Estado que suspendió los contratos para yacimientos no convencionales. Como la exploración y la explotación están suspendidos, el gobierno se inventó la figura de los proyectos piloto para decir: esto es otra cosa. En la práctica son proyectos de exploración, sólo que los camuflan como investigación. Además, ya podrían dejar impactos ambientales fuertes porque la normatividad de los piloto permite las mismas actividades que una exploración comercial, aunque en menor escala. Claramente ExxonMobil no está invirtiendo en ciencia en Colombia, viene porque quiere sacar petróleo.

El trabajo de Carlos Andrés en defensa del agua y de oposición al fracking empezó en su pueblo natal, San Martín, en el departamento del César, al norte de Colombia. Ya era un líder juvenil cuando en 2015 se enteró de que el gobierno había firmado un contrato con ConocoPhillips. Entonces, como ya ocurría en otras zonas del país, la gente de San Martín empezó a consultar qué era el fracking, cómo se hacía y, sobre todo, qué impactos generaba. A falta de estudios locales o información suministrada por la empresa, leyeron documentos sobre lo que el fracking había causado en otras partes del mundo: el agua contaminada, la liberación de gas metano, la gente que no podía respirar, perdía el pelo, tenía erupciones en la piel, sufría de cáncer. Crearon la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec) desde la que se opusieron al proyecto.

—Alcanzaron a hacer la primera fase del proyecto, de exploración, y luego logramos suspenderlo. Lo logramos a punta de movilización, de presión, de incidir ante las autoridades. La ANLA [Autoridad Nacional de Licencias Ambientales] reconoció que después de la fase uno, la empresa quería seguir desarrollando las fases con una licencia ambiental para convencionales. Nosotros la obligamos a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental y cuando la ANLA lo evaluó, evidenció que no cumplía con la normatividad y archivó el trámite. Eso fue en 2018.

Del fracking no se sabe aún cómo varía el curso del agua subterránea cuando las rocas se fracturan. Dice Carlos Andrés que el último Estudio Nacional del Agua, publicado en 2018, indica que no se tiene un conocimiento certero del 70% de los acuíferos del país, ni cuáles son exactamente las sustancias químicas que se usan, ni cuáles los daños no inmediatos, sino a largo plazo que el fracking traerá.

—Hay investigaciones de pozos de fracking en Estados Unidos que fueron abandonados por las empresas hace más de cinco años y hoy siguen emitiendo fugas de metano a la atmósfera. Como ése, hay muchos impactos a perpetuidad y hoy la legislación colombiana no los contempla —dice que, en recorridos por las zonas petroleras de Colombia, sí ha visto las consecuencias de la explotación que por más de cien años se ha hecho de los yacimientos convencionales, es decir, aquellos que no necesitan del fracking.

—Llevamos más de cien años de explotación petrolera y lo que hay son pasivos ambientales. Yo he recorrido el país y he encontrado contaminación, afectación y daños. Hay que ir a la ciénaga de Palagua en Puerto Boyacá [Magdalena Medio] y ver lo que ha pasado. En esa ciénaga hace más o menos veinte años se presentó un derrame de petróleo que hoy no ha sido remediado. Los peces están llenos de metales y elementos radioactivos, a las mujeres jóvenes se les cae el cabello. Hay que ir a la ciudad de Barrancabermeja [sede de la refinería de petróleo más grande del país] y ver dónde está el supuesto desarrollo que le venden a las comunidades. En La Guajira o el César hay lugares sin hospitales dignos ni agua potable y uno dice: ¿esa riqueza para qué o para quién?

En el proyecto de ley recientemente hundido en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, que buscaba prohibir no sólo el fracking sino la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se lee: “Colombia no es un país petrolero. Su producción en 2019 fue del 0.0013% del total mundial. El sector de hidrocarburos tiene una gran importancia para la economía nacional, pero su aporte al PIB es muchísimo menor que el de sectores como manufacturas, comercio y agricultura”. Y, sin embargo, existen más de 230 beneficios tributarios para las empresas del sector.

Por eso, el proyecto de ley incluye dos solicitudes a las autoridades competentes que van más allá del fracking. La primera es un informe de los impactos socioambientales y de salud pública que han ocasionado la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia, así como acciones para corregir y compensar los daños. La segunda es un plan de diversificación energética y promoción de energías limpias para sustituir el uso de combustibles fósiles de aquí a diez años.

Pero el gobierno nacional, al menos por ahora, parece tener una agenda distinta a la de los territorios y la protección de la naturaleza, dice Carlos Andrés Santiago, y agrega que, además del Magdalena Medio y los departamentos de César y La Guajira, según información geológica, hay potencial de yacimientos no convencionales en la cordillera oriental, la cuenca de los llanos, la cuenca del Catatumbo y la cuenca Caguán-Putumayo.

—Hacia 2012, 2013 el gobierno firmó varios contratos para no convencionales y nosotros identificamos que afectarían alrededor de trescientos municipios. Entonces, si se permite ese “desarrollo”, puede que dentro de veinte años… no sé…