En febrero pasado, a dos meses de haberse convertido en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la guerra contra las drogas había terminado. Sin embargo, su idea de pacificar al país, como lo prometió desde campaña, está muy lejos de ser real, prueba de ello es que la violencia sigue a la alza. Cada vez es más común ver en las noticias historias como el ataque durante una fiesta en Minatitlán, Veracruz en el mes de abril, donde un bebé perdió la vida; o encontrarse con imágenes desoladoras como la de las nueve personas que aparecieron colgadas en un puente en Uruapan, Michoacán.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una organización civil que acompaña de manera integral a víctimas de violaciones graves a derechos humanos y contribuye a la erradicación de las causas que las producen, compartió con Gatopardo los siguientes gritos de denuncia:

¿Qué opinión tienes de la estrategia de seguridad que el gobierno mexicano ha llevado a cabo estos meses?

Los procesos de pacificación y de justicia transicional que ha enarbolado el presidente desde su elección, como medio y fin para la reconciliación del país bajo los pilares de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes cometidos, resultan contradictorios con la política de seguridad centrada en el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad civil. La paz no se construye con los militares en las calles. El papel que le ha otorgado a las Fuerzas Armadas del país en las tareas de seguridad pública, desconoce a todas luces la evidencia y la realidad de las miles de víctimas en el país de crímenes atroces cometidos por la institución castrense, quienes aún siguen exigiendo justicia, verdad y medidas de no repetición.

Esta iniciativa no promueve el restablecimiento de la confianza cívica, sino que revictimiza. La Guardia Nacional no evaluó con seriedad y exhaustividad las causas estructurales que han dado lugar a la crisis de impunidad y derechos humanos que hoy enfrenta el país. Desconoce las violaciones graves a derechos humanos que han cometido las fuerzas de seguridad armada desde la denominada “guerra sucia”. El que desde 2006 se implementara una política militarizada contra el narcotráfico fomenta e incluso intensifica la impunidad, así como la imposibilidad de que en México, las víctimas y la sociedad en su conjunto, logren verdad y justicia.

Esta decisión no es coherente con los principios democráticos de un Estado de derecho. Por el contrario, implica asumir que las instituciones civiles no tienen la capacidad para hacer frente a los desafíos en materia de seguridad. El debilitar el control civil y aceptar la intervención militar pone en peligro grave los derechos civiles fundamentales, las instituciones y los procedimientos legales que forman parte de la base de la democracia. En ese sentido, el modelo de la Guardia Nacional, concebida y compuesta bajo un paradigma castrense, conllevará inexorablemente al fortalecimiento de las fuerzas armadas en detrimento de las corporaciones policiales, tal y como ha sucedido en los últimos 12 años.

La participación de militares en seguridad, ha incrementado el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, las privaciones arbitrarias de libertad, el asesinato, la tortura y la desaparición forzada. El uso indebido de sus atribuciones se ha dirigido principalmente en contra de civiles, a quienes les atribuyen pertenencia a organizaciones criminales o participación en actividades delictivas. Por ejemplo, de las 201 recomendaciones emitidas por la CNDH por violaciones graves a derechos humanos (específicamente tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales) entre el 2006 y el 2017, en el 68.66% se reconoce a las fuerzas armadas como autoridad responsable.

¿Cuáles serían las principales aristas a atender para corregir la crisis de seguridad en México?

Erradicar la corrupción e impunidad imperante en nuestro país. En un Estado democrático no puede haber más de 200 mil homicidios dolosos, más de 20 mil denuncias por tortura, ni más de 40 mil víctimas de desaparición, sin investigar y sin sancionar.

El gobierno de AMLO debe, en primer lugar, recobrar la confianza y credibilidad en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia. Para ese fin, necesitamos una Fiscalía General de la República capaz de conducir investigaciones de manera imparcial e independiente, garantizando que no funcione bajo ninguna instrucción política que afecte el curso de las investigaciones por crímenes y delitos de corrupción. Desde inicio de la actual administración, víctimas, sociedad civil y academia hemos solicitado al gobierno construir y diseñar juntas y juntos, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad.

No hace falta demasiada inspiración ni suspicacia para entender que mecanismos extraordinarios de justicia, permiten dar un respiro aún cuando la más pesada neblina no permite ver luz. De los países de la región, somos el único en donde no se ha sancionado a ningún servidor público de alto nivel a nivel federal por crímenes atroces o delitos de corrupción. En Guatemala, con una Fiscalía capaz e imparcial y el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), se logró desmantelar un esquema de corrupción masiva en donde se encontraba implicado el expresidente de ese país Otto Pérez Molina, quien fuera procesado y posteriormente encarcelado junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015. La misma suerte han corrido los expresidentes de El Salvador Antonio Saca en 2016, el panameño Ricardo Martinelli, el salvadoreño Mauricio Funes y el guatemalteco Álvaro Colom en 2018, todos procesados y en prisión por delitos de corrupción.

Si AMLO verdaderamente piensa buscar la reconciliación durante su gobierno, hay un mensaje importante que se debe de dar para que el sentimiento de impunidad y falta de justicia no se quede anidado en la ciudadanía mexicana. No basta con investigar y llevar ante los tribunales mexicanos a los autores materiales, sino que todo servidor público que haya hecho caso omiso o no diera conocimiento a las autoridades competentes de un delito para su investigación, o no haya adoptado las medidas necesarias para prevenir la comisión de crímenes y violaciones graves a derechos humanos, debe ser diligentemente investigado y en su caso, llevado ante la justicia.

El gobierno de AMLO, por más decidido que se encuentre a desterrar la corrupción e impunidad, no podrá solo. Tiene acercarse con quienes hemos solicitado el establecimiento de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad durante los últimos años. Este mecanismo tendrá por objeto fortalecer las capacidades de las fiscalías del país en la investigación de delitos como tortura, desapariciones forzadas y homicidios dolosos, cuando son cometidos a gran escala y como parte de un plan o política de organizaciones criminales o de instituciones del Estado. Dicho Mecanismo no será la solución para todos nuestros males, pero su carácter complementario y bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, con especialistas en investigación penal de otros países, nos ayudará a respirar aire fresco aún en nuestra brumosa realidad.

– Olga Guzmán, Directora de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

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