Acuerdos de paz en Colombia: los enemigos de la reconciliación

Los señores de la crisis: a cinco años del sabotaje a los acuerdos de paz en Colombia

En este aniversario de la ratificación de los acuerdos de paz, conviene recordar la campaña de desinformación contra ellos que emprendió el expresidente Álvaro Uribe, su partido y sus aliados empresarios y terratenientes. En Colombia sistemáticamente se han incumplido esos acuerdos: hasta ahora 291 excombatientes de las FARC han sido asesinados y el uribismo, de cara a las elecciones de 2022, está renovando su campaña de odio contra la paz.

El 27 de septiembre de 2016, el entonces presidente Juan Manuel Santos y el comandante guerrillero Timoleón Jiménez apretaron manos en Cartagena como símbolo del final de un conflicto sangriento que duró más de cinco décadas. Fue un gesto inesperado en un país ya acostumbrado a la guerra. Todo estaba listo: los invitados entonaron el himno nacional, John Kerry —secretario de Estado gringo— se puso una guayabera blanca y Ban Ki-Moon llegó personalmente a darle el visto bueno al acuerdo de paz en nombre de las Naciones Unidas. Frente al público jubiloso, Santos y “Timochenko” firmaron el esperado tratado con un “balígrafo”. Sólo faltaba un detalle: Santos había decidido convocar a un plebiscito para que el electorado colombiano ratificara los acuerdos de paz en Colombia, una manera de legitimar lo pactado y darle a la población alguna sensación de poder decisorio sobre los asuntos de la patria. El plebiscito debía ser casi una formalidad, un trámite con éxito asegurado porque, presuntamente, la gran mayoría de colombianos apoyaría la paz.

Encabezada por el expresidente Álvaro Uribe y una coalición de terratenientes, empresarios, iglesias cristianas y políticos de extrema derecha, la oposición a los acuerdos de paz había convocado a rechazarlos. Pero, según todas las encuestas, su llamamiento iba rezagado por varios puntos porcentuales.

El plebiscito consistía de una única pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”, con sólo dos posibles respuestas: “sí” y “no”.

El 5 de agosto de ese mismo 2016, tuve una conversación informal con el presidente Santos y uno de sus consejeros cercanos en un salón de paredes doradas y muebles estilo Luis XVI en la Casa de Nariño. El entonces mandatario me aseguró que se había tomado muy en serio la campaña por el “sí” y la actitud de ambos dejaba entrever confianza en el resultado de la votación. “El pacto que hicimos es el resultado de un proceso serio y responsable y sus consecuencias sólo pueden ser positivas. La guerra siempre será más costosa”, me dijo Santos ese día.

Por su parte, la oposición daba por sentada la derrota. En nombre del partido político de Uribe, María Fernanda Cabal, en ese entonces representante a la Cámara, lanzó una acción legal desesperada para intentar detener la votación: demandó el plebiscito ante el Consejo de Estado argumentando que la pregunta que contenía era “compuesta, sugestiva y confusa”.

Ese 2 de octubre, día del esperado plebiscito, millones de personas alrededor del mundo nos levantamos convencidos de que, por fin, el punto final de la guerra en Colombia estaba a la vuelta de la esquina. Pero a las 5:45 pm, en contra de todos los pronósticos, el reporte #20 del preconteo de la Registraduría Nacional dejaba claro que el “no” ganaría la elección por un margen mínimo —de apenas el 0.47%–. Había ocurrido lo impensable.

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