La inconstitucional “Ley Bonilla” se aprobó a puerta cerrada
El Congreso estatal autorizó ampliar la gubernatura de Jaime Bonilla de dos a cinco años.
julio 24, 2019

— ¡Vendidos!…¡Traidores!, gritaban ciudadanos frente al Palacio municipal de Playas de Rosarito en Baja California durante la tarde del martes 23 de julio.

Al interior, el Congreso de Baja California estaba por validar formalmente la “Ley Bonilla” a través de una reforma que amplía la gubernatura en el estado de dos a cinco años, misma que permitiría que el gobernador electo, Jaime Bonilla, tome posesión del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2024, aún cuando la ciudadanía votó porque el representante de la Coalición Juntos Haremos Historia estuviera al frente del estado solo por un periodo de dos años, hasta el 31 de octubre de 2021, tal y como lo dicta la reforma político-electoral aprobada de manera unánime por el Pleno del Congreso del Estado en julio de 2014 con la finalidad de que las elecciones locales se empataran con las federales para el 2021.

Las protestas frente a la sede del Congreso en Mexicali, donde la controversial sesión iba a tener lugar originalmente, no cesaron en todo el día, por lo que los involucrados decidieron trasladarse a Rosarito. En la reunión, que se realizó a puerta cerrada, estuvieron presentes quince diputados.

Prácticamente a escondidas, los diputados locales comenzaron por rechazar la solicitud emitida por la Comisión Política Permanente del Congreso de la Unión para dejar sin efecto la reforma aprobada el pasado 8 de julio. Una vez que la señalaron como “improcedente”, decantaron por validar la ampliación de mandato.

Foto vía Twitter /@Jaime_BonillaV

Bastaron 30 minutos para que el ambiente político en Baja California se complicara por completo. Aquel 8 de julio, el Congreso estatal también convocó a sesión de manera extraordinaria. Se discutió la iniciativa de Víctor Morán Hernández, Coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del estado. Él apuntó a reformar el Artículo Octavo transitorio de la Constitución local, con lo que sería posible la ampliación del periodo de Jaime Bonilla. Eran alrededor de las 21:00 horas y 21 de 25 diputados aprobaron la reforma. Una decisión que sin duda vulnera, no sólo las leyes estatales, sino que lastima la democracia del país.

La victoria de Jaime Bonilla a principios de junio fue contundente. El morenista fue elegido por los bajacalifornianos para ser el sucesor del panista Francisco Vega de Lamadrid. La gubernatura ya era suya y con su triunfo terminó con más de 30 años de predominio del Partido Acción Nacional. Sin embargo, ya con el triunfo en el bolsillo, dos años al frente del gobierno dejaron de parecerle suficientes. Su inconformidad quedó al descubierto cuando el presidente del Congreso de Baja California, Benjamín Gómez Macías, denunció un supuesto intento de soborno en el que dos funcionarios federales le ofrecieron un millón de dólares con tal de que la reforma de ampliación de periodo fuera aprobada.

Semanas más tarde, resultó que “el propio presidente del Congreso local fue quien convocó y votó a favor de la reforma de ampliación de periodo de Jaime Bonilla”, dijo a Gatopardo, Eduardo Huchim, miembro del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Extrañamente la decisión de aprobar la “Ley Bonilla” contó con el apoyo de miembros de la bancada del PAN y del PRI. “Acción Nacional aún conserva la mayoría en el gobierno de Baja California mientras que Morena solo tiene tres diputados. El PAN solo podría haber frustrado cualquier intento”, dijo Huchim. Pero eso no fue así, Bonilla y su equipo encontraron en el PRI y el PAN todo el apoyo que necesitaron.

“Lo que se dice que pasó en Baja California es que hubo un pacto entre el gobernador saliente [Francisco Vega] y el entrante [Jaime Bonilla]”, señaló Eduardo Huchim. En la sesión extraordinaria del 8 de julio, no solo se votó la ampliación de periodo, sino que también se designó a Carlos Montejo como Auditor Superior del Estado y se discutió sobre el proceso de selección de tres comisionados del Instituto de Transparencia local. Los acuerdos logrados en esa sesión apuntan a una negociación política en la que Bonilla consiguió la reforma, a cambio de que el PAN eligiera al Auditor Superior del Estado.

Foto vía Twitter /@Jaime_BonillaV

Las reacciones a la Ley Bonilla no se hicieron esperar. Tal fue el caso de la diputada Tatiana Clouthier quien calificó como “aberrante” la validación de una reforma que es completamente inconstitucional. La diputada de Morena había presentado, junto con la diputada Paola González, un punto de acuerdo exhortando al gobernador local a que devolviera y observara el proyecto del Congreso local referente a la ampliación del mandato.

“Lo que sucedió en Baja California es una violación clarísima a la Constitución”, señaló Huchim. Por fortuna, aún restan herramientas con las que las que se podría invalidar, las acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo. Las instituciones que pueden interponer acciones de inconstitucionalidad son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Consejería Jurídica de la Presidencia y los partidos políticos, además de los ciudadanos comunes de Baja California.

“Algunos están leyendo esta reforma como un experimento para los propósitos reeleccionistas del actual Presidente”, dijo Huchim. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador se deslindó de la polémica y aseguró que no hay conexión entre la presidencia de la República y lo sucedido en Baja California. Sin embargo, Jaime Bonilla, quien además de gobernador electo es un empresario de radiodifusión y telecomunicaciones en el norte del país, es un personaje cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso fue él quien en 2016 invitó al entonces líder de Morena al Juego de las Estrellas en Petco Park, Estados Unidos.


 

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