Los indígenas son desplazados por la minería del oro

Los embera katío: desplazados por la minería de oro en Colombia

Hay resoluciones que obligan a las autoridades a facilitar el retorno de los desplazados a sus territorios, pero siguen siendo incumplidas. Los embera katío –en su mayoría, niños de cero a trece años y mujeres– llevan un mes viviendo en un campamento en el Parque Nacional de Bogotá. La minería legal e ilegal de oro explota sus recursos, además del narcotráfico, los expulsa de sus hogares.

Centenares de personas, integrantes de trece pueblos indígenas de Colombia –en su mayoría, embera katíos–, llevan casi un mes viviendo a la intemperie, pese a la constante lluvia en Bogotá, en un campamento improvisado sobre el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, no muy lejos del Congreso de la República y el palacio presidencial. Fueron desplazados de territorios que atraviesan una situación de violencia debido al narcotráfico y la minería de oro.

La cifra de quienes se encuentran allí no es exacta. La Personería de Bogotá, encargada de proteger los derechos de las y los ciudadanos, calculó unos cuatrocientos en su boletín del 19 de octubre –1,460 personas más están asentadas en el Parque La Florida, a las afueras de la ciudad–. Frente a ese número, la lideresa Ati Quigua, concejala de Bogotá por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), señaló en su cuenta de Twitter que son mil trescientos indígenas; algunos líderes del campamento hablan de novecientos.

Fotografía de Lina Vargas.

El 70% son niños, niñas, mujeres embarazadas y lactantes, según la Personería. Eso es lo que se ve hoy, 17 de octubre, al mediodía. Entre los árboles históricos, se advierte una sucesión de tiendas elaboradas con plástico negro y sostenidas de palos: son las carpas del campamento de los indígenas que huyen del narcotráfico y la minería del oro; con ellas, se resguardan de la lluvia en Bogotá, capaz de prolongarse durante horas y continuar hasta la madrugada, cuando la temperatura desciende a menos de siete grados. Basta con caminar unos pasos hasta el monumento del pensador y militar Rafael Uribe Uribe, la enorme escultura en bronce y piedra reposa sobre una cama de agua, para ver a niñas y niños indígenas jugando en la fuente. Son 420, tienen entre cero y trece años, según la concejala Ati Quigua. Unos apenas son más grandes que otros –aunque los mayores llevan alzados de la mano o en coches a los más pequeños–; morenos, delgados, con el pelo alborotado y casi siempre con flequillo, vestidos con ropa no tradicional, ligera, y calzan sandalias, como para un clima muy distinto al de la temporada de lluvia en Bogotá.

“No se puede tomar fotos”, pide un joven indígena que está en la explanada del monumento, con una variedad de collares, pulseras y aretes de formas intrincadas y de tantos colores como las plumas de una guacamaya, dispuestos en una tela negra para la venta. Frente a él está Leonibal Campo Murillo, artesano de 34 años, estudiante de noveno semestre de Educación Infantil en la Universidad Tecnológica de Chocó y líder embera katío en el campamento de desplazados por la minería del oro, el narcotráfico y la violencia.

“Nosotros somos del Chocó”, empieza Leonibal, “del municipio de Bagadó, resguardo Tahami del Alto Andágueda. En el resguardo había como 34 comunidades y dentro de las comunidades, unos catorce mil habitantes”.

De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el territorio de los embera katíos, con 48,117 habitantes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), comprende a Antioquia, Risaralda, Chocó y Córdoba, al noroccidente del país. Durante cinco siglos, la región selvática del Alto Andágueda, donde nacen y corren varios ríos, ha sido objeto de disputa por el oro que guardan sus montañas y por la actividad de la minería. “En los últimos años, el control por las minas ha enfrentado a comunidades y mineros locales con [empresas de minería] multinacionales. Estas pugnas han pisoteado los derechos ancestrales sobre las tierras de las comunidades indígenas”, se lee en un artículo publicado en 2014 por el portal Verdad Abierta, llamado “El oro, la maldición del territorio embera en Chocó”. En él se hace un recorrido de los emprendimientos de la minería de oro en el Alto Andágueda, que se reconoció como resguardo en 1979. Para entonces, de sus cincuenta mil hectáreas, trece mil habían sido concesionadas mediante títulos y otras veintisiete mil se habían pedido para su explotación. A esto se sumó la presencia de grupos armados y los bombardeos de la fuerza pública en el marco del conflicto que dejó miles de desplazados embera katíos que huyeron a ciudades aledañas.

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