Hace siete años que Mónica Esparza decidió ser pintora. Aprendió a hacerlo y le gustó tanto, que quiere dedicarse a eso. También le gustaría ser maestra de danza árabe, otra de las actividades que disfrutaba hacer durante su injusta reclusión en el Centro Femenil de Readaptación Social de Coatlán del Río (CEFERESO 16), en Morelos.

Pintar, bailar y hablar con sus hijos la impulsaba a seguir adelante y a olvidarse de los malos tratos dentro de la prisión mientras esperaba la sentencia absolutoria que merecía. El 12 de marzo del 2020 salió en libertad luego de que el juez federal, Yuri Alí Ronquillo Vélez, reconociera su inocencia y ordenara su libertad.

“Afuera era comerciante y aunque aún no tengo un proyecto de vida, mi único enfoque es mi familia, mis hijos y mi madre. Es mucho tiempo perdido y yo sé que el tiempo no se recupera, entonces es casi volver a empezar con ellos”, dijo Mónica Esparza, sonriente, el 13 de marzo ante la prensa.

Infierno de 14 horas

El 12 de febrero de 2013, Mónica Esparza, de 26 años de edad, transitaba por Torreón con su esposo y hermano cuando la policía municipal los detuvo.

Sin una orden de aprehensión, los agentes se los llevaron a una bodega cerca de la Dirección de la Seguridad Pública de Torreón. Mónica esperó dos horas afuera de la bodega con el rostro cubierto, pero metieron a su esposo y hermano.

“Bienvenida a la fiesta”, le dijo un oficial cuando la metió más tarde y por la fuerza. Vio a sus familiares desnudos y ensangrentados tras dos horas de tortura.

Le sumergieron la cabeza en una cubeta, la cortaron la respiración con bolsas de plástico, golpearon sus glúteos con una tabla de madera y la arrastraron por el suelo jalándole el cabello.

También vio cómo golpeaban a su esposo con látigos de espuelas de metal y como le desprendían la piel de la pierna con un cuchillo.

Para Mónica la tortura a manos de los policías municipales continuó con descargas eléctricas en los genitales y las piernas. Después un representante de la oficina de seguridad de Torreón la comenzó a besar y a morderle la cara y el cuello. Finalmente el agente la violó frente a su esposo y hermano. Luego lo hicieron seis policías más, mientras otros se masturbaron en su cara y la obligaron a practicarles sexo oral y a tragarse su esperma. En el lugar, agentes del ejército observaban la escena.

Al salir de ahí, cuando los llevaban rumbo a la sede de la Procuraduría General de la República en Torreón, su esposo falleció en sus brazos. Mónica Esparza fue trasladada en avión a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México y ahí un agente del Ministerio Público amenazó con matar a su madre y sus hijos si no firmaba una “confesión” en la que admitía ser integrante del cártel de Los Zetas.

Mónica y su hermano fueron presentados ante los medios como culpables de secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El infierno hasta ese momento había durado 14 horas.

Antes de ingresar a prisión, Mónica fue trasladada a un hospital e introducida en una cámara hiperbárica con hielo para tratar las graves lesiones que sufrió como consecuencia de los golpes y de la violación colectiva.

En los informes del hospital, consultados por la organización no gubernamental Amnistía Internacional, había registros de una hemorragia abundante y de multiples desgarres en la zona vaginal. Sin embargo, el médico de la PGR que examinó a Mónica, sólo apunto: “presenta lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días”, sin especificar de qué tipo de violencia se trataba.

De 100 casos de arrestos de mujeres en México, 33 registran violaciones durante el proceso de detención, de acuerdo con el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas de Amnistía Internacional presentado en 2016. La cifra podría ser más alta, al considerar que muchas mujeres no respondieron a la pregunta por el estigma social al que se enfrenta una mujer víctima de violación sexual.

En el informe se detalla que 72 de cada 100 mujeres reportaron manoseo, tocamientos, golpes o descargas eléctricas en los genitales o los pechos durante su aprehensión.

Camino a la libertad

Al darle seguimiento al caso de Mónica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2016 una recomendación para reconocer la retención ilegal, tortura, violencia sexual y ejecución arbitraria que vivió en 2013.

Sin embargo, fue hasta el 12 de marzo del 2020 que el Juez Primero de Distrito en Laguna, Torreón, reconoció las violaciones a Derechos Humanos de las cuales Mónica y su familia fueron víctimas. “Esto es muy relevante, porque en otros casos de violación a derechos humanos, aunque se resuelva a favor, no necesariamente se reconocen las inconsistencias”, explicó Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), tras la liberación de Mónica.

Además el juzgado excluyó las pruebas obtenidas de forma ilícita que se utilizaron para para injustamente a Mónica Esparza y reconoció la afectación que provocaron a la presunción de inocencia, tanto de ella como de su hermano, al ser expuestos ante medios de comunicación.

“Al reconocer, de forma muy novedosa, esa exposición mediática, el juzgado admite el impacto que puede tener en el proceso al generar una percepción anticipada e indebida de culpabilidad antes de concluir la investigación penal formal”, apuntó Aguirre.

El Mecanismo

Durante los últimos cuatro años, el Centro Prodh registró más de 110 casos de mujeres sujetas a procesos penales y sobrevivientes de diversas formas de tortura sexual. Muchos de estos casos siguen sin resolverse por la falta de voluntad del Estado para dotar de recursos al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida en contra de Mujeres.

En 2015, el Estado creó la la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, como parte de este Mecanismo para dar atención y documentar casos de mujeres víctimas de esos delitos.

El mecanismo está coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones de la sociedad civil y Amnistía Internacional México como observadora, entre otras.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso como plazo diciembre del 2020 para que el Estado mexicano delegue recursos al Mecanismo, que le permitan hacer un diagnóstico nacional de víctimas, informes anuales y propuestas en políticas públicas.

“La pregunta que tendríamos que hacer es, ¿qué falta para que eso pase? Falta la voluntad de construir una burocracia y formalizar el mandato. Es un modelo de trabajo sumamente eficiente, porque con una inversión relativamente modesta de recursos se puede generar un impacto estructural”, explica Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh.

Mónica Esparza dejará atrás su vida como comerciante, pues ahora es integrante de “Rompiendo el silencio”, junto a decenas de mujeres sobrevivientes de tortura sexual de todo el país que recuperaron su libertad. Ella planea seguir con sus actividades en la campaña para que otras mujeres puedan reconstruir su vida, tal y como ella lo hará.

“Hay muchísimo que hacer, es una de mis prioridades estar con mis compañeras injustamente apresadas, porque yo viví todo esto junto con ellas y sé lo que es estar allá. En eso sí, estoy firme como roble”, dicen Mónica Esparza y su temple de acero, en entrevista telefónica con Gatopardo.